La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com

 

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Los residuos radioactivos alargarán casi dos décadas el cierre de la central nuclear de Garoña

 

Enresa autorizó trasladar junto a la central 2.240 toneladas que están en la piscina del complejo

La central nuclear de Garoña requerirá de un largo proceso de desmantelamiento que se alargará por un periodo cercano a los 20 años y en el que una de las claves residirá en la solución que se adopte sobre el destino de las miles de toneladas de residuos radioactivos que ha estado consumiendo la planta desde que se puso en marcha el 2 de marzo de 1971, Después de 40 años y 10 meses de actividad -Nuclenor paralizó la actividad en diciembre de 2012- no está claro cuál es la cantidad exacta de los residuos del combustible de uranio que prácticamente llena la piscina interior en la que se encuentra almacenada. Según los datos recogidos por Enresa, Garoña almacenaba 947 metros cúbicos de residuos de baja y media actividad en 2005 y un total de 311 toneladas de uranio que ya entonces ocupaban el 79% de la capacidad de almacenamiento de la piscina. Ante las dificultades para gestionar esta enorme cantidad de estos dos tipos de residuos y los retrasos para activar un cementerio nuclear en España, Nuclenor consiguió la autorización para construir Almacén Temporal Individualizado (ATI) que aún no está finalizado y que tendría una capacidad de almacenamiento de 2.240 toneladas de material radioactivo.

La central de Santa María de Garoña no volverá a producir energía eléctrica pero el cierre definitivo de la central y su desmantelamiento se alargarán durante dos décadas sin que a día de hoy quede claro cómo se gestionarán las miles de toneladas de elementos radioactivos de esta instalación. La gestión de este material cuenta con una normativa muy definida pero la realidad dista mucho de lo recogido en los manuales. Nuclenor, que a día de ayer aún esperaba una comunicación oficial del Gobierno central para posicionarse, es la encargada ahora de trasladar el combustible de uranio que ha utilizado durante cuarenta años desde la piscina hasta un ATI que, según informó ayer Elconfidencial.es aún no se encuentra terminado pese a que la previsión para su puesta en marcha era el pasado mes de marzo. Este almacenamiento en superficie cuenta con una capacidad de unas 2.240 toneladas aunque los datos oficiales de Enresa que forman parte de su sexto plan de residuos radioactivos publicado en 2006 tampoco aclara la cantidad exacta del material más peligroso que se encuentra en el interior de esta instalación nuclear.

La normativa establece que tras vaciar la piscina y con el combustible ya en el ATI se procederá a su traslado al denominado ‘cementerio nuclear’ español o Almacén Temporal Centralizado que el Gobierno pretende poner en marcha en la localidad de Villar de Cañas pero que ha sido objeto de un enfrentamiento institucional con el Gobierno de Castilla La Mancha que se trasladó hasta el Tribunal Supremo.

Enresa tendrá que decidir si el complicadísimo proceso de gestión de los residuos más contaminantes paraliza o no la realización de un primer informe en el que, con la colaboración de Nuclenor, tendrá que catalogarse el grado de radioactividad de toda la instalación ya que elementos fundamentales como el núcleo del reactor también deberán ser objeto de un tratamiento específico muy distinto al del resto de la central. El informe formará parte de un estudio básico sobre el desmantelamiento que ya dará pie a la elaboración de un plan de desmantelamiento que necesitará de informes específicos por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y de un estudio de impacto medioambiental.

De esta manera, como ayer reconoció el cooportavoz de Equo y diputado de Podemos por Álava, el periodo para proceder al desmantelamiento de la central se extenderá durante unos 20 años. La referencia más próxima al lento proceso que vivirá Garoña es el desmantelamiento de la central José Cabrera situada en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que cesó en su actividad en 2006 y que tiene previsto que culmine su proceso de desmantelamiento en 2019. Uralde advirtió que su formación estará muy atenta al proceso en la central burgalesa al tratarse de material «altamente peligroso» pero se felicitó porque el cierre de Garoña signica «el principio del fin de las nucleares en España».

Fuente: elmundo

Garoña cierra ¿y ahora que? Experiencia de otros municipios con centrales cerradas

Localidades del burgalés Valle de Tobalina miran el turismo como una de las alternativas de desarrollo de la zona tras el anuncio de cierre de Garoña, una situación que han tenido que afrontar anteriormente otros municipios con nucleares: Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Vandellós (Taragona).

Catorce son los municipios de este valle de Castilla y León que buscan ahora revitalizar su economía tras la clausura de la central, aunque el área de influencia de la actividad de Garoña abarque también localidades del País Vasco, La Rioja y Cantabria al encontrarse algunas de ellas a menos de 80 kilómetros de la instalación. .

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este martes un plan de reactivación para las localidades afectadas, sin detallarlo.

Y aunque la actividad de la central creó puestos de trabajo directos o por subcontratas, tampoco significó una solución a la despoblación para muchos de ellos.

Así, la alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como “una oportunidad” para el entorno, mientras otros regidores ponen ahora su vista en el desarrollo del turismo y el sector hortofrutícola como alternativa a su economía.

En España dos instalaciones, la José Cabrera, más conocida como Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y la de Vandellós I (Tarragona), se encuentran en el proceso de cierre con experiencias muy distintas.

Zorita, abierta en 1968 y cuyo desmantelamiento se inició en 2006, ha sufrido el despoblamiento y envejecimiento de la población, según ha explicado a la Agencia Efe su alcaldesa Elena Gordón Altares.

Además, la población de la localidad “está desanimada” ante la falta de salidas económicas para la zona, ha asegurado la regidora, quien trabaja junto a otros 200 trabajadores aproximadamente en el desmantelamiento de las instalaciones.

En su día, el Gobierno anunció el desarrollo de un plan de compensación al cierre de la planta, sin embargo, “nadie nos resuelve problemas como el mal acondicionamiento de las carreteras”, factor que ha alejado a los inversores, ha aseverado la alcaldesa de los 750 habitantes de Almonacid de Zorita.

“Nadie nos hace caso, es la pescadilla que se muerde la cola”, ha asegurado Gordón, a pesar de haber puesto en marcha proyectos como un vivero de empresas, el desarrollo del turismo, la construcción de un camping, “pero los emprendedores no vienen por el estado de la vía”.

La central “no hizo daño a la zona, hemos vivido tranquilos durante su funcionamiento”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha añadido que “poca gente en el pueblo dirá que estaba a disgusto” con la nuclear, porque “estamos perfectamente informados”.

“Es más el miedo de la gente de fuera, que los que vivimos en primera persona”, ha indicado.

Muy diferente es la situación de la localidad de Vandellós (Tarragona), según ha explicado a Efe su alcalde, Alfonso García, quien ha aclarado que hay dos factores distintos que influyeron en el cierre de esa central.

El primero, el accidente que se produjo en 1989, el más relevante ocurrido en España, y el segundo el proceso sociopolítico de la localidad de 6.200 habitantes.

Ha manifestado, además, que el cierre de Vandellós I coincidió con la apertura de Vandellós II -de mayor potencia-, lo que facilitó que un buen número de trabajadores pasaran a las nuevas instalaciones, mientras otros se acogían a la jubilación anticipada.

Asimismo ayudó, según García, la ubicación geográfica de la localidad cercana al litoral, lo que facilitó que otras personas se vincularan a actividades relacionadas con el turismo o con un polígono industrial cercano.

En el proceso de desmantelamiento “hay picos de trabajo”, ha dicho el alcalde, en los que se necesita “potenciar la formación de las personas para diversificar la economía local”.

“La energía nuclear es de transición”, ha sostenido García, por ello hace falta un plan de desarrollo con “recursos endógenos y exógenos” para la creación de alternativas, la planificación y diversificación, y que el territorio no empobrezca.

El gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila d’Abadal, ha manifestado a Efe que con el anuncio del cierre de Garoña “nos tememos lo peor”.

“Han dicho que van a mantener unas ayudas que existen y han existido desde 1990, que son compensaciones a los municipios por tener residuos de las nucleares, pero no son fondos por el cierre”, ha asegurado.

Ha anunciado que este viernes AMAC se reunirá con los alcaldes de los municipios del Valle de Tobalina afectados.

Esta mañana, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno Foral, que la Diputación Foral mantendrá “pleno contacto” con el Gobierno central sobre el proceso de desmantelamiento de Garoña y para la revitalización de los municipios de la zona.

Ha asegurado que es necesaria la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona afectada por la central.

El político ha añadido que en este plan deben estar presentes los municipios de la zona de Añana, que, ha recordado, quedaron fuera del primer plan de revitalización planteado en el momento de la primera parada de Garoña en 2012.

Ha añadido que el principal problema de la Cuadrilla de Añana es la elevada edad de sus habitantes y que el objetivo primero es “fijar” población en la zona, para lo que es necesario dotarla de servicios.

Fuente: eldiario.es

El Gobierno se rinde y rechaza la prórroga de la central nuclear de Garoña

Razones políticas, y económicas para justificar el cierre definitivo de Garoña.

La realidad: sus múltiples averias y el alto coste de reparación y mantenimiento.

Deja una comarca en coma, envejecida y con la mayor tasa de paro de todo Burgos.

El “contexto político” es el elemento que más ha pesado en la decisión, según el ministro de Energía

La central se ha convertido en un “símbolo”, según Álvaro Nadal, que asegura que “esto no es lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”: “Espero que no haya más Garoñas”

El Gobierno se ha tenido que envainar su apoyo a la continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado este martes, 1 de agosto, el rechazo del Gobierno a la prórroga de la autorización de explotación de la central nuclear más vieja y pequeña de España, desconectada por decisión de sus propietarias, Endesa e Iberdrola, en diciembre de 2012.

En una comparecencia convocada en la sede del ministerio una semana antes de que se cumpliese el plazo de seis meses para adoptar la decisión tras el dictamen favorable que otorgó en febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el ministro ha señalado que el “contexto político”, el rechazo de todos los grupos salvo el PP a la continuidad de la planta, es el elemento que más ha pesado en la decisión sobre una central, que se había convertido en un “símbolo de discusión política”. 

Sin citarla, Nadal ha recordado que una de las propietarias de Garoña, Iberdrola, quería cerrar la central porque, tras haber pedido la prórroga en 2014, ahora “se desdice” y asegura que no es rentable por los impuestos que soporta el sector nuclear. Según Nadal, la tasa nuclear impuesta a los reactores no va a tocarse: “Se queda como está” porque “está bien calculada”.

Según el ministro, esta decisión no anticipa “lo que va a ocurrir con el resto del parque nuclear”, que el Gobierno es partidario de mantener. “Espero que no haya más Garoñas”, ha señalado el titular de Energía, que ha subrayado que el impacto de la no reapertura de Garoña es “nulo” para los precios de la energía.

En su comparecencia, Nadal ha lamentado la falta de un debate “sosegado” en los últimos meses y ha recordado las “características tan específicas que tiene esta central”, una planta “casi experimental” que es “de las más pequeñas que existen en Europa” y cuya aportación al sistema eléctrico, cuando estaba conectada, “ha sido relativamente pequeña”.

Se trata de una planta de primera generación, gemela de la de Fukushima, que tras la catástrofe de la central nipona requería “fuertes inversiones” que el sector cifra en más de 200 millones de euros para poder volver a conectarse.

La historia no será magnanima con una central de primera generación. Los habitantes de su entorno han sufrido la imposición de una central franquista, con un reactor de 2ª mano y cuyos accidentes se han ocultado.

 

Fuente: eldiario.es

HEMEROTECA

Garoña debería cerrar por problemas de seguridad

Garoña: ejemplo de mala praxis y desinformación

La lista de “incidentes” o accidentes es larga y en los últimos años fué in crescendo

Vertido radioactivo 1 en marzo de 2017 (estando ya parada)

Vertido radioactivo 2 en junio de 2017 (3 meses después)

1989: La rotura de la tuberia de Garoña dejó escapar más de 60.000 litros de agua radioactiva

 

 

“El desmantelamiento es un proceso con riesgos”

Juantxo López de Uralde, coportavoz y diputado de EQUO Berdeak ha mostrado su satisfacción por el anuncio del cierre.

Ha expresado su convencimiento de que las demás centrales también se van a clausurar.

La decisión de cerrar la planta nuclear de Garoña, comunicada esta martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha dibujado sonrisas entre los miembros de Equo, que llevaban mucho tiempo luchando por ello. Su coportavoz y diputado por Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, exlíder de Greenpeace, se mostraba muy satisfecho de que por fin llegara la noticia. “Hoy, por fin, es día de celebración”, comentaba en la Cadena Ser tras conocer la información.

López de Uralde ha considerado la resolución un gran éxito del movimiento nuclear. “Garoña se cierra porque no podía ser de otra manera, la decisión contraria no se habría entendido ni habría sido aceptada por la sociedad”, ha asegurado. Del mismo modo, comentaba que la planta no cumplía las condiciones de seguridad requeridas: “Mantenerla abierta, aunque se cumpliesen las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear, era un riesgo para las personas y el medioambiente”.

En sus declaraciones, López de Uralde ha lamentado la demora en el cierre de la central. “Debería haberse cerrado hace mucho tiempo, en la era Zapatero, ya que por aquel entonces estaba ya claro que Garoña no podría funcionar en condiciones seguras”, ha manifestado el portavoz. Sin embargo, no ha limitado la responsabilidad al expresidente socialista: “Por un lado, el miedo de Zapatero a las eléctricas y, por otro, la obsesión por lo nuclear del PP han llevado a que el culebrón se alargue sin sentido”, lamentaba. En su opinión, el hecho de que las eléctricas no considerasen la planta rentable ha sido más importante que la acción gubernamental para el cierre.

El portavoz es consciente de que el cierre da paso a otro proceso que también se presenta largo. “Hay que esperar unos años a que el reactor vaya adquiriendo las condiciones óptimas para comenzar con su desmantelamiento”, explicaba. Además, destaca la necesidad de gestionar de manera segura los residuos. “El problema de la energía nuclear —proseguía— es que el riesgo continúa aun después del cierre de la central. Es un proceso con riesgos y hay que estar alerta”.

“Fin de la pesadilla”

Equo Berdeak plantea el cierre progresivo y más ordenado de las centrales nucleares que se encuentran aún activas. “Las centrales nucleares se van a cerrar sí o sí; se puede hacer de manera ordenada, buscando alternativas energéticas a esas plantas, o, de lo contrario, será por accidentes, de una forma que sería mucho más desgraciada”, ha asegurado. Y ha recalcado la necesidad de aprender de lo ocurrido con Garoña: “Esperamos que este triste episodio sirva de lección para que cuando llegue el momento de cerrar plantas se cierren”.

Ha mostrado también su descontento por la forma en la que se ha gestionado hasta el momento la situación: “Lo de Garoña ha sido un viacrucis, sobre todo para la ciudadanía y los trabajadores, que han estado instalados en la incertidumbre durante un proceso innecesariamente largo y trabajoso”. Aun así, ha advertido un cambio de tendencia: “Con Garoña querían convencernos de que había que alargar la vida de las centrales nucleares, pero han conseguido lo contrario: nos han convencido de que las centrales se van a cerrar y, por lo tanto, hay que planificar ese cierre para que no haya problemas”.

El  portavoz del grupo ecologista, asimismo, se ha mostrado seguro de que esta es la definitiva. “Ha sido un proceso muy largo, con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, procesos de consultas del Ministerio de Industria, pero esta vez Garoña se cierra, fin de la pesadilla”, ha asegurado.

Iberdrola y Endesa no alcanzan un acuerdo en Nuclenor sobre el futuro de Garoña

El consejo de administración de Nuclenor, celebrado el pasado miércoles, volvió a vivir un nuevo episodio de bloqueo respecto a la posibilidad de adoptar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña ante la falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa, los propietarios al 50% de la sociedad dueña de la planta.

El órgano gestor de Nuclenor había convocado una nueva reunión con el objetivo de consensuar una posición que presentar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dentro del periodo de alegaciones abierto por el Gobierno español que expira la próxima semana, pero, una vez más, fue imposible el acuerdo entre sus dos accionistas.

En concreto, Iberdrola, en el primer punto del orden del día del consejo, propuso la presentación inmediata del desestimiento de la autorización de reapeartura de Garoña, al considerar que «no cabe ninguna otra alternativa a la viabilidad económica de Nuclenor que el desestimiento», según fuentes empresariales citadas por Europa Press.

Esta propuesta de presentar el desestimiento inmediato al Ministerio de Energía surge de un escrito consensuado entre ambas compañías basado en esta «inviabilidad económica» de Nuclenor, indican las mismas fuentes.

Sin embargo, Endesa planteó, en un segundo punto del orden del día, la presentación de alegaciones, dentro del proceso abierto por el Ministerio de Energía, una propuesta que Iberdrola consideró que no resultaba «jurídicamente viable», ya que puede abocar a que el Ejecutivo conceda la renovación de la central nuclear.

De todas maneras, Nuclenor tendrá siempre el veredicto final sobre el futuro de Garoña sea cual sea la decisión de Madrid. En todo caso, no podrá desviarse del informe aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 8 de febrero, que permitía la continuidad de la central nuclear con una serie de condiciones, que supondría unas inversiones calculadas en unos 200 millones, según informó este viernes el diario ‘Cinco Días’.

Diferencias en Nuclenor

Este no es el primer distanciamiento en el seno de Nuclenor entre ambas compañías. Ya el pasado mes de abril, la sociedad celebró un consejo y una junta general en la que Iberdrola planteó desistir de la solicitud de renovación de la planta, que supondría el cese definitivo de la instalación, sin que se llegara a un acuerdo.

El distanciamiento entre Iberdrola y Endesa ha quedado más que manifiesto en los últimos tiempos en las figuras de sus respectivos presidentes, Ignacio Sánchez Galán y Borja Prado.

Así, en la pasada junta general de accionistas de Iberdrola, Galán ya denunció que en las actuales condiciones el negocio nuclear no era viable.

Por su parte, Prado también ha dejado clara la posición de Endesa respecto a Garoña al insistir en que esperarían a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva sobre la central nuclear.

Alegaciones del Parlamento

Por su parte, el Parlamento de Gasteiz ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central, según ha informado EH Bildu en un comunicado.

La coalición ha recordado que el pleno de la Cámara aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley sobre la necesidad de interponer recurso ante la resolución del CSN que posibilita la reapertura de la central nuclear de Garoña y los acuerdos y órdenes del Ministerio que puedan derivarse en este sentido.

Según ha detallado, el segundo punto de este acuerdo recogía el compromiso del Parlamento de «emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña».

En este sentido, acordó interponer recurso a la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear de 8 de febrero de 2017 que posibilita la reapertura de Garoña.

«Con ese fin los servicios jurídicos de la Cámara presentarán tal recurso en el órgano correspondiente, para anular la citada resolución», señalaba el texto aprobado.

EH Bildu ha anunciado que este viernes 21 de julio, al finalizar el plazo, el Parlamento ha presentado sus alegaciones a la resolución del CSN.

Castilla y León

Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha pedido en sus alegaciones al Ministerio la continuidad de Garoña y que sea hasta el 2031, para que se puedan amortizar las inversiones que exige el CSN para su puesta en marcha.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha detallado en declaraciones a los periodistas que con la premisa de la seguridad avalada en el informe del CSN, su apuesta es la continuidad de una central que hoy por hoy «no tiene alternativa» en la zona y que además de cerrarse permanentemente supondría «un lastre grande» en la economía regional y estatal.

Del Olmo ha recordado que la central genera seiscientos empleos directos y en momentos puntuales, en recargas de combustible y revisiones llega hasta el millar, y no tiene «un plan alternativo» en la zona del valle burgalés de Tobalina.

También ha esgrimido la Junta en sus alegaciones razones de competitividad tanto estatal como regional, ya que la energía nuclear es más barata que la de ciclo combinado de gas, y dejar de disponer de ese recurso puede hacer que «suba el precio del mercado de la electricidad».

La consejera de Economía y Hacienda ha sostenido que la división dentro de los dos propietarios de Nuclenor sobre la continuidad o no de la actividad de la central es algo «ajeno» a la Junta, ya que es el Ministerio el que debe decidir sobre el asunto.

Fuente:  naiz.eus

El Gobierno da 10 días a once interesados en alegar sobre el futuro de la central nuclear de Garoña

Las once entidades interesadas en presentar alegaciones y documentos al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrán diez días hábiles a partir de su notificación, una vez que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha anunciado la apertura de plazo.

Según ha informado el Ministerio todas las instituciones, asociaciones y empresas personadas han podido estudiar durante casi cinco meses el informe que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró sobre Garoña y de cuya recepción fueron informados por el propio Ministerio de Energía a principios de marzo.

En ese informe, preceptivo pero no vinculante, el regulador dio el visto bueno a la continuidad del reactor, cuyo titular, Nuclenor, solicitó volver a operar hasta 2031, cuando la planta cumpla 60 años de edad.

El Gobierno tomará una decisión sobre el futuro de la central nuclear una vez termine el procedimiento de audiencia y después de estudiar las alegaciones que se presenten al informe que el CSN emitió el 8 de febrero. A partir de esa fecha se abrió el plazo de seis meses para pronunciarse sobre la solicitud sobre la renovación o no de la autorización de explotación planteada por Nuclenor.

Las once entidades que se han personado y que podrán presentar alegaciones son el Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Junta de Castilla y León, Gobierno de Navarra, Diputación de Álava, Gobierno de La Rioja, Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Asociación Ecologistas en Acción-Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Fuente: elperiodico.com