La basura nuclear rebosa y el Gobierno no se entera (o sí)

Tenemos un problema. Los residuos generados por la actividad de los siete grupos nucleares que funcionan en España rebosan. No es polvo que se pueda meter debajo de la alfombra. España carece de una instalación segura en la que almacenar todos los residuos acumulados en los últimos 40 años y cada central ha tenido que asumir el almacenamiento del combustible que gasta. A la espera de que se construya el polémico almacén previsto en Villar de Cañas (Cuenca), cada nuclear mantiene los residuos en piscinas y almacenes que están casi saturados.

Las últimas cifras del Foro Nuclear dibujan una realidad preocupante. La capacidad de almacenamiento se agota: la central en mejor situación es Vandellós II y está saturada en un 84%; Ascó I, por su parte, supera el 97%. Con todo, lo más grave es la falta de previsión. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos en vigor fue aprobado en 2006. Desde entonces…la nada. En 2014, ENRESA, la empresa pública encargada de gestionar los residuos, informó a la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de que todo estaba bajo control: existía un nuevo plan de residuos en marcha –el séptimo- y el Gobierno lo iba a aprobar. Cuatro años después, ni hay nuevo plan ni se le espera.

Lo que sí hay es una gran falta de transparencia. El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) publicó el único informe favorable con el que hasta ahora cuenta el almacén de Cuenca a regañadientes. Tuvo que intervenir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Todo alrededor de la energía nuclear, desde sus costes hasta su gestión, pasando por su propiedad, ha estado y está rodeado de secreto y confusión. Tanta que ni siquiera el ministro del ramo, Álvaro Nadal, se cree las cuentas que presentan las compañías: “Las nucleares ganan más de lo que dicen. Hacen mucha ingeniería contable” aseguró Nadal hace un año.

“La discusión en torno al negocio nuclear discurre sotto voce; es subterránea y también enconada”, recordaba esta semana un buen conocedor del sector. Eso es malo para el conjunto de la sociedad, a la que se priva de un debate serio sobre una energía muy cuestionada. Es malo también para el usuario de la electricidad que, al fin, es quien paga toda la fiesta. El ocultismo afecta, sobre todo, al prestigio del órgano encargado de supervisar al sector: el Consejo de Seguridad Nuclear.

Durante mucho tiempo y hasta principios de siglo, el organismo, constituido en 1980 tras la escisión de la Junta de Energía Nuclear (JEN) tuvo un gran prestigio. La base fundamental para elegir a sus consejeros era el conocimiento del sector, su funcionamiento y sus riesgos. La política no era determinante para la elección. Todo eso cambió. Aunque el CSN siempre estuvo más cerca de la industria nuclear que de las reclamaciones de buena parte de la sociedad, nunca lo estuvo tanto como con el nombramiento, en 2001, de Teresa Estevan Bolea como presidenta a instancias del PP. Apenas un mes después de llegar a cargo, en una entrevista en EL PAÍS , Estevan Bolea abogó por ampliar la vida útil de las centrales a 60 años y por construir nuevas instalaciones.

 

Como en la novela de Vargas Llosa, “el Perú se había jodido en algún momento”. El CSN se convirtió en escenario de juego y batalla política, con consejeros nombrados por el dedo de los partidos y con intensas batallas como las protagonizadas por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que denunció en sus votos particulares las maniobras que se han sucedido para facilitar, al fin, lo que Estevan Bolea reclamaba hace 17 años.

La política de nombramientos y las batallas ideológicas internas han desgastado la imagen del CSN. Donde únicamente deberían contar argumentos técnicos y de seguridad se entrometen con demasiada frecuencia los intereses políticos y empresariales. Todo en un país cuyo Gobierno es, junto con el que encabeza en EE UU Donald Trump, el único entre las grandes economías de la OCDE que defiende las centrales de carbón y las nucleares.

Conviene tomar nota. En España están saliendo a la luz datos que revelan un más que regular caos en la gestión de la basura nuclear. Tanto que hasta la patronal del sector, Foro Nuclear, lo ha utilizado para argumentar por qué es imposible cerrar las nucleares a corto plazo, ni siquiera de forma escalonada. Los siete reactores nucleares operativos  cumplen los 40 años desde su construcción entre 2024 y 2028. Mantenerlos cerrados es caro y demantelarlos, sostiene Foro Nuclear, imposible. Simplemente, no hay donde meter la basura.

Fuente:   lainformacion.com

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El Almacen Nuclear de Garoña puede provocar una nueva aberración de la Dirección General de Minas de Castilla y León

Vista del Monte Umión. Cuadrículas aproximadas en que ASFIBUSA y la Junta de Castilla y León podrían montar una cantera

El permiso Garoña pretende buscar áridos, es decir, gravas, arenas calizas o silícicas y materiales similares.

Incluye los pueblos de Barcina del Barco, Cuezva, Garoña, Santa Maria de Garoña y Pangusión.

Actualizado el 10/04/2018

La  Consejería competente de la Junta de Castilla y León no ha tenido en cuenta las alegaciones que presentaron desde el Valle de Tobalina, una pedanía y una asociación cultural.

González Mantero, funcionario que aparece mencionado en diferentes casos de corrupción  investigados en Castilla y León, firma el permiso de esta cantera. Más abajo se dan unas pinceladas sobre este oscuro personaje y los casos de corrupción en los que ha declarado.

Por si fuera poco han rechazado algunos de  los recursos de alzada presentados señalando que se hicieron fuera de plazo y la solicitud del Plan de Labores que es público y debiera incluso estar accesible desde Internet.

Varias de las cuadrículas mineras se encuentran dentro de zonas protegidas como: el parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, rio Ebro y el embalse de Sobrón. Todas afectan a zonas de siembra de diferentes especies.

Cuadrículas mineras del permiso Garoña de la empresa ASFIBUSA (filial de YARRITU)

La persona que firma la contestación de la empresa ASFIBUSA es  Francisco Javier Piron Meaza, persona que aparece como apoderado de varias empresas constructora con sede en Alava y Burgos.
Son constructoras y fabricantes de hormigón y materiales de construcción:
“Construcción de edificios residenciales”, “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS”, “FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN” y “CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.O.P.”

Aunque el ATI de Garoña dependa del Ministerio de Industria de Madrid, los funcionarios de la Junta de Castilla y León tienen su responsabilidad al dar el pase a esta mina, como hacen prácticamente con cualquier industria o mineria contaminante o destructiva que quiera implantarse en Castilla y León.  Hay una larga lista de ejemplo:  incineradoras de neumáticos, fracking, todo tipo de minas.

En su momento la Consejeria de Industria y Hacienda quiso apoyar e incluso subvencionar la extracción de  “gas no convencional” en su borrador del Plan de Industria de CyL, cuando hasta el más desinformado sabía que el fracking era una burbuja financiera.

Recientemente una vecina de Salamanca ha tenido que abrir los ojos a los funcionarios de la Junta de Castilla y León que tantos títulos parecen tener en sus curriculums (esperemos que no como el de Cifuentes).

Una de las últimas hazañas de la Dirección de Minas es el Permiso de Exploración Garoña en el norte de la provincia de Burgos, a menos de un kilómetro de la central nuclear de Garoña, que afectaria al parque natural Montes Obarenes- San Zadornil, al rio Ebro y al Embalse de Sobrón.

El parque Obarenes  es ZEPA y LIC, el Ebro zona IBA y todo el área es zona protegida para el aguila perdicera por la Unión Europea.

Para los funcionarios de Minas y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León “los recursos y el lucro personal está por encima de 4 aldeanos”.

¿Porque no se enteran en las consejerias presuntamente competentes? ¿Funcionan por presiones o intereses de terceros?

Tanta culpa tienen los funcionarios como los que les mantienen en sus puestos tras despoblar y envejecer Castilla y León y dejarla como un erial industrial, a la vez que permiten todo tipo de industrias extractivas, contaminantes y sin futuro

  • Carlos Martín Tobalina. Presidente  de la empresa  SIEMCALSA. Director General de Industria y Competitividad.

Se le ha mencionado en el pelotazo urbanístico del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda conocido como ‘la Perla Negra’  (leer)

  • Ricardo González Mantero, es el vicepresidente y consejero-delegado de SIEMCALSA. Director General de Energía y Minas. Director del Ente Regional de Energía.

Mantero, estaba incluido en la lista de 43 nombres que debian comparecer en la comisión parlamentaria de investigación que intenta esclarecer la “trama eólica” y los pelotazos de la Perla Negra y Portillo.  (leer 1)   (leer 2)

El director de Energía de la Junta Gonzalez Mantero declaró ante el juez por el caso de los parques eólicos en CyL y señaló que la concesión a empresas locales de las autorizaciones de parques eólicos es decisión “política” que partía del difunto consejero Villanueva. (leer más)

González Mantero parece ser un peón clave en muchos de los casos de corrupción de Castilla y León con presuntas ramificaciones en la mineria del carbón, adjudicación de parques eólicos, cobro de dietas injustificadas y otras industrias extractivas que iremos comentando.

Atentos que SIEMCALSA tiene como objetivos:

– Desarrollar la minería y fomentar la investigación y explotación de yacimientos, principalmente de Castilla y León.

– Participación en proyectos, estudios o actividades relacionadas con los recursos energéticos.

  • José Ángel Arranz Sanz. Director General del Medio Natural. Tiene en su mano permitir o no la extracción en zonas protegidas.

Director de Espacios Naturales en 2003, José Ángel Arranz, hizo un nuevo informe en el que justificaba  la urbanización de un bosque en que criaba la cigüña negra y afectaba al lince y al águila imperial. Corregía al jefe de Ávila, contrario a la urbanización (leer).

El Tribunal Superior de Castilla y León  sentenció que esa decisión “vulnera frontalmente” el decreto de recuperación de la cigüeña de la propia Junta.

 

Varios funcionarios de la Junta de CyL están en el punto de mira de diferentes corruptelas inmobiliarias, mineras, eólicas, etc. siendo González Mantero uno de los más nombrados (ver algunos casos más abajo)

El fallecido exconsejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, expresó su «plena confianza» en los altos cargos imputados en el caso. «Las cosas se han hecho correctamente», bajo su dirección política, manifestó ayer en declaraciones recogidas por Ical durante la presentación de su balance de mandato en la Cámara de Comercio de Valladolid. (leer)

Villanueva cínicamente recalcó que si hubiera conocido alguna irregularidad la habría comunicado a la Justicia y aseguró que el Gobierno desea que se «aclare» lo ocurrido y recordó que ya tienen «experiencia» sobre otras investigaciones judiciales que posteriormente se han archivado.

AFECCIONES

Es de sobra conocido el efecto que una cantera puede tener en su entorno, el polvo, ruido de maquinaria, explosivos, transporte pesado de camiones y hormigoneras no deja lugar a la duda.

Afectará a las carreteras, árboles frutales, los sembrados y los cotos de caza de la comarca, que son la base de la economia de las pedanías arriba mencionadas.

Las  cantera afeará  el emblemático monte Umión con un impacto paisajístico similar a la cantera de Villalaín (Villarcayo).

Vista de la cantera de Villalain. Es visible desde más de 20 km. Ejemplo de lo que pretende hacer ASFIBUSA en Tobalina

El parque natural Montes Obarenes-San Zadornil 

Parques Naturales de Burgos. La UE paga la Junta de CyL no protege

El parque desempeña, un papel destacado en la conservación de numerosas especies amenazadas, vulnerables o raras, como el visón europeo, el cangrejo de río autóctono o el águila-azor perdicera, y contribuye también a asegurar la supervivencia y continuidad de los procesos migratorios de otras especies, como las aves acuáticas y la paloma torcaz, que la utilizan como zona de paso e invernada.

En virtud de esta excepcional riqueza ambiental, la zona fue propuesta como Lugar de Interés Comunitario por la Comunidad de Castilla y León, el 18 de marzo de 1999, y designada como Zona de Especial Protección para las Aves por la Unión Europea, el 31 de agosto de 2000.  Formó parte del Plan de conservación del águila perdicera en Castilla y León para el periodo 2008-2011.

Los Montes Obarenes constituyen las últimas y más meridionales estribaciones de la Cordillera Cantábrica y se alzan como un gran murallón natural sobre las llanas tierras de La Bureba, en Burgos. Presentan un modélico relieve estructural de estilo jurásico y sus máxima altura es el Pan Perdido, con 1.237 metros de altura. Limitado al norte por el río Ebro, en su interior comprende las sierras de Oña, La Llana, Pancorbo, Arcena y los propiamente llamados Montes Obarenes.

El Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) incluye la zona del Proyecto Garoña de Yarritu que la Junta de CyL ha permitido explorar (ver mapa)

Una serie de bellos y profundos desfiladeros son los protagonistas principales de su paisaje. Las hoces excavadas por el Ebro en Sobrón, el angosto desfiladero tallado por el río Oca en las proximidades de Oña y la garganta abierta por el río Purón en la sierra de Arcena son los más bellos ejemplos.

La riqueza de especies arbóreas y arbustivas que crecen en la zona viene dada por su privilegiada situación, a caballo entre las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. En los abundantes cortados rocosos de este paisaje protegido, en especial en la Hoz de Sobrón, tienen instalados sus nidos un gran número de aves rapaces.

Pico Umión y zona donde pretenden hacer una cantera

Pocos espacios naturales pueden presumir de contener en su interior tanta riqueza cultural como el de los Montes Obarenes. Desde la historia y el arte que atesora la villa de Oña, con su excepcional monasterio medieval de San Salvador, hasta la pintoresca estampa de la ciudad de Frías, presidida por la desafiante silueta de su castillo y con sus casas colgantes y su no menos famoso puente fortificado sobre el río Ebro.

Comportamientos de ciertos funcionarios de la Junta de Castilla y León.

  • Ciudadanos pide la dimisión del leonés González Mantero por su implicación en la Trama Eólica (leer)
  • La mujer de González Mantero ( María Fe Alvárez Fortes)  trabajaba para el empresario minero de Carbones Viloria como administrativa entre enero de 2005 y junio de 2013 (leer). González Mantero fue nombrado director general de Minas en 2014, un año después de que su esposa entrara a trabajar a sueldo de Viloria.
  • Mujer de González Mantero (en régimen de gananciales) y cuñada montan una empresa solar y la Junta les da el permiso (leer).
  • González Mantero encargado del mamoneo de la adjudicación de los parques eólicos en Castilla y León (leer)
  • Facturas presuntamente achacadas al director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, en Bruselas cuando se negocia las adjudicacines de la  “Trama Eólica” (leer)
  • Martin Tobalina formaba parte del listado los integrantes del consejo de administración que autorizaron la compra de ‘la Perla Negra’. Empresarios procesados y con deudas millonarias con la Junta, tras el escándalo de ‘la Perla Negra’.  (leer)
  • El TSJCyL anula la autorizacion ambiental a una planta de incineracion de neumaticos, disolventes y otros residuos peligrosos. (leer)
  • El exgerente de GESTURCAL  asegura al juez que hubo ‘pelotazo’ en Portillo (leer)
  • Hacienda denuncia que políticos cobraron comisión por instalar parques eólicos. (leer)
  • La mesa de contratación expresó sus «dudas» sobre el edificio de Arroyo a la directiva de ADE (leer)
  • El 11 de noviembre de 2003, el director de Especies Protegidas de Valladolid, José Ignacio Molina, y el de Espacios Naturales, José Ángel Arranz, hicieron un nuevo informe en el que justificaban la urbanización y corregían al jefe de Ávila, contrario a la urbanización. La zona era crítica para la cria de la cigüeña negra y afectaba al lince y al águila imperial, nada menos (leer).

La empresa SIEMCALSA

Constituida en 1988 con el objetivo de promover la explotación de nuevos yacimientos mineros, SIEMCALSA (Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León S.A.) es una de esos chiringuitos que ha sobrevivido al “lifting” aplicado en el Sector Público de Castilla y León, donde coexiste con el Ente Nacional de la Energía (EREN).

El maravillos equipo de SIEMCALSA Avda. Rodrigo Zamorano, 6 Cp. 47151 Parque Tecnológico de Boecillo Boecillo (Valladolid)

En la Web de SIEMCALSA podemos echar un vistazo de la gente que trabaja desarrollando la mineria y los recursos geológicos en Castilla y León

Begoña Hernández ex viceconsejera de Política Económica de la Junta, y exasesora de Presidencia.

Según la “web” de la consultora KPMG  a fecha de de 2016 la ex viceconsejera de Política Económica de la Junta de CyL y “ex-asesora” de la consejería de la Presidencia presidia el consejo de Administración de SIEMCALSA  , empresa pública participada y controlada por la Junta de Castilla y León, mientras trabajaba en la empresa privada KPMG.

El fichaje de Hernández por la auditora KPMG  no supuso  su desvinculación total de la Junta, donde a lo largo de los 15 años anteriores fue encadenando numerosos cargos, entre ellos ¡¡ las presidencias de  GESTURCAL y ADE Parques, las empresas públicas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y un Juzgado de Valladolid !!  en relación con los sobrecostes abonados en las compras de la Perla Negra y los terrenos del inexistente parque empresarial de Portillo. Casualmente la trama en la que declaraban los funcionarios de la Junta de CyL arriba mencionados.

En 2016  figuraba como consejera de SIEMCALSA  la anterior directora general de la ADE, Mar Sancho, desde julio de 2015 directora general de Políticas Culturales de la consejería de Cultura, cargo que lleva implícito el de vicepresidenta segunda de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

El exdirector de ADE Internacional Excal, Alberto Esgueva, declaró que los 47,1 millones de beneficio que obtuvo tras una inversión de 24.000 euros, son “lícitos”.

El parque solar de la mujer y la cuñada de González Mantero

La Junta de Castilla y León adjudicó en 2007 una planta fotovoltaica a Hispano Noruega de Energías, una empresa de las esposa y cuñada del director general de Energía del Gobierno castellano-leonés, Ricardo González Mantero. González Mantero y su esposa están casados en régimen de gananciales.

Esta adjudicación fué  un nuevo capítulo del conocido como caso de los huertos solares, que provocó el cese de 13 funcionarios, acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio. El Gobierno regional de Juan Vicente Herrera (PP) intentó dar carpetazo al escándalo el 2 de septiembre de 2008, al negarse a seguir investigando en las Cortes de Castilla y León. El PP ha argumentado hasta ahora que el caso no afectaba a cargos políticos.

Accionariado familiar

La empresa adjudicataria del huerto solar Hispano Noruega de Energías, fué creada el 23 de junio de 2006 con domicilio social en Madrid. El capital se repartió, al 50%, entre María Fe Álvarez Fortes, mujer del director general de Energía, y Silje Grotle Nilssen, cuñada de dicho alto cargo. Ambas fueron designadas administradoras solidarias.

Hispano Noruega de Energías, cuyo objeto social es “la explotación de energía solar y eólica”, solicitó en septiembre de 2006 una autorización a la Junta para proyectar una instalación fotovoltaica en un huerto solar de Torrecilla de la Abadesa .

En septiembre de 2006, la empresa solicitó una autorización a la Junta de CyL para un planta solar en la localidad de Torrecilla de la Abadesa (Valladolid). La licencia fue concedida el 22 de agosto de 2007. Al día siguiente, María Fe vendió a Silje sus acciones por el valor nominal (esto es, sin incremento de ningún tipo) por 1.500 euros.

En ese momento, González Mantero era director general del Ente Público Regional de la Energía (EREN). Pocos meses más tarde, el 19 de junio de 2007, sumó a dicho cargo el nombramiento como director general de Energía y Minas, convirtiéndose así en el principal responsable en materia energética del Gobierno regional, subordinado únicamente al consejero y viceconsejero de Economía y Empleo.

María Fe Alvárez Fortes también trabajó como administrativa para el empresario minero de Carbones Viloria entre enero de 2005 y junio de 2013 (leer)

La familia de González Mantero como vemos  parece muy ligada al sector energético y extracctivo tanto desde el ámbito público como desde el privado.

Programa de Conservación de las IBA

El Programa de IBA es probablemente el programa de conservación más importante llevado a cabo en España ya que ha supuesto la protección legal de más de 10 millones de hectáreas como espacios protegidos red Natura 2000 en España. Este programa ha sido galardonado con el premio BBVA a la conservación de la biodiversidad.

El Programa de Conservación de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, desarrollado por la red de socios de BirdLife International, tiene carácter mundial, y como objetivo principal la identificación, conservación y gestión de los lugares esenciales para las aves a escala mundial.

El anexo 3 de la directiva de Pajaros:  overall, activities that directly threaten birds, such as their deliberate killing, capture or trade, or the destruction of their nests, are banned. With certain restrictions, Member States can allow some of these activities for 26 species listed here.

Amenazas para las IBA

Las canteras, graveras y minas a cielo abierto han sido una gran amenaza para las IBA. Hay decenas de ejemplos en las que estas actividades han afectado a especies muy amenazadas en las IBA. Por ejemplo, la mina a cielo abierto autorizada en Zilbeti, Navarra, y que se encuentra recurrida por SEO/BirdLife ante los tribunales, destruirá 4 territorios de pico dorsiblanco, un 6% de su población española.

Otro ejemplo es la sentencia de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España porque la Junta de Castilla y León autorizó minas a cielo abierto que afectaban al urogallo y al oso.

 

Fuentes: noticiascyl.com

eldiario.es

ileon.com

trama eolica

salamancartvaldia.es

Mantero, mujer y Viloria

González Mantero el peón clave de la trama eólica en CyL

La mujer y la cuñada de González Mantero en los parques solares

El Tribunal de la UE condena a España por las minas a cielo abierto de León noviembre de 2011

¿La política se une con los delincuentes señor Mantero?    Tsobudelaciana.blogspot.com.

Filón Verde critica ante Herrera las declaraciones del director general de Energía y Minas en favor de Victorino Alonso

Sobre las minas de carbón a cielo abierto en León

De la ilegalidad de las minas a cielo abierto en Laciana (SOS Laciana)

Trabajadora del Balneario de Retortillo sabe más que los funcionarios de minas de la Junta de CyL

Consulta:

Zonas Important Bird Area (Área Importante para Conservación de las Aves)Web de SEO Birdlife

Ficha de la zona Red Natura 2000 del Parque Montes Obarenes-San Zadornil  Web de la Junta de CyL

Directiva 92/43/CEE de protección de la Red Natura 2000 (leer)

Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo  de 24/11/2011 contra España por vulnerar la Directiva 85/337/CEE . En realidad fué la Junta de González Mantera la causante de querer extraer carbón en la zona ZEPA y LIC del «Alto Sil», situado en el noroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla y León  (leer)

El Parque Montes Obarenes-San Zadornil es Zona de Especial Protección de las Aves y Lugar de Interés Comunitario. El rio Ebro, el emblase de Sobrón zona IBA.

 

Bonus Track:

Visita La Tertulia Ricardo González Mantero,

Director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. 7 mar. 2018

Coordinador general EREN· De 2003 a 2005 · León (España)

Director EREN· Desde el 2005 hasta la fecha · León (España)

Director General de Energía y Minas Junta CyL· Desde el 2007 hasta la fecha · León (España)

Energía tiene un agujero de 3.000 millones para desmantelar las centrales nucleares

 Un supuesto fallo de previsión hace que a la empresa pública Enresa no le basten los 5.000 millones acumulados desde 1985. Energía quiere cargarlo a las eléctricas y estas, al erario público.

Las nucleares son las nuevas radiales. La empresa pública Enresa, encargada de desmantelar las centrales nucleares y dependiente de Energía, necesita más dinero. Mucho más. Dinero público. Enresa ha transmitido al Ministerio de Energía que si las nucleares cierran a los 40 años de vida, cosa que ocurrirá a lo largo de los próximos 10 años, necesitará unos 3.000 millones más para acometer los trabajos de cierre. Y eso, a pesar de que el plan de residuos vigente establece que el fondo acumulado por Enresa desde 1985 —unos 5.000 millones, que primero aportaron los consumidores y luego las eléctricas— debía ser suficiente. El Gobierno acaba de caer en el roto que supone el que las eléctricas hayan aportado de menos e intenta alargar la vida de las nucleares al menos 10 años o que sean ellas las que carguen con el desmantelamiento. No es la primera vez que las malas previsiones en el sector nuclear acaban cayendo sobre el contribuyente, y esa partida está en la trastienda de la guerra de Nadal con las eléctricas.

El pasado 31 de enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció en el Congreso su intención de que las eléctricas pagasen el desmantelamiento de las nucleares. Respondía así a la decisión de las eléctricas, que ya hablan abiertamente de cerrar las plantas cuando cumplan los 40 años de vida útil, plazo que vence entre 2023 (Almaraz I) y 2028 (Trillo). “España es el único país del mundo en el que el desmantelamiento de una central nuclear —no del resto, el resto sí es responsabilidad de la propia empresa— es responsabilidad de todos, a través de la empresa pública Enresa. […] ¿Qué ocurre? Que cuando se decide el cierre de una central, el propietario quiere abandonarla y dejársela a Enresa cuanto antes, y no acometer una serie de inversiones de predesmantelamiento que están obligados a hacer”. Y añadía que el resultado era que “ahora mismo el cierre de cualquier central —y estamos en el proceso del cierre de la central de Santa María de Garoña— supone una aportación adicional por parte del sector público”.

Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares

Asumía así que Enresa no tiene dinero para pagar el desmantelamiento de todas las centrales nucleares. Eso choca frontalmente con el Plan General de Residuos Radiactivos vigente, aprobado en 2006 —y no renovado desde entonces, pese a que estaba prevista su revisión a los cinco años—. El agujero tumba todo el sistema español de gestión de residuos nucleares. Desde los años ochenta, una parte del recibo de la luz iba destinada a un fondo de Enresa. Esta empresa pública debía encargarse del cierre de las nucleares y de la gestión de los residuos, y así lo hizo con Vandellòs I, cerrada tras un incendio en 1989, y con Zorita, clausurada en 2006 por un acuerdo político. En 2005, el Gobierno del PSOE cambió la ley para que ese fondo se nutriera de una tasa que pagaban las eléctricas en función de la producción nuclear. Así se cumplía el principio de que quien contamina paga.

El sistema tenía importantes lagunas, como considerar pasados 70 años la gestión de los residuos nucleares, activos durante miles de años, ya no iban a costar nada al Estado. Pero era una forma de ir tirando que se vendía como idónea. El Estado acumulaba un fondo y no dependía de las eléctricas para algo tan sensible como desmantelar el parque nuclear. Estas a su vez descontaban ante sus inversores riesgos futuros de los residuos. En teoría, el sistema cuadraba. Así lo dice el plan de residuos: “Las dotaciones al Fondo solo se pueden destinar a costear las actuaciones previstas en el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), y al concluir el periodo de gestión de los residuos radiactivos y del desmantelamiento de las instalaciones contempladas en el PGRR, las cantidades totales ingresadas en el Fondo, a través de las distintas vías de financiación, deberán cubrir los costes incurridos de tal manera que el saldo final resultante sea cero“.

Sin embargo, antes de empezar, el sistema hace agua. Los plazos del cierre nuclear no pueden ser una sorpresa porque el “escenario de referencia” del plan de residuos ya preveía el cierre de centrales a los 40 años de vida. Sin embargo, fuentes del sector explican que Enresa ha trasladado al ministerio que necesitaría unos 3.000 millones si las centrales cierran al cumplir los 40 años. En realidad, es solo una estimación del orden de magnitud del agujero, ya que es un coste previsto hasta más allá de 2080 y puede variar enormemente en función de los tipos de interés, por lo que podrían ser 2.000 o 4.000. La cifra coincide con la estimación que hizo JP Morgan y que adelantó ‘El Independiente’.

Alcaldes de pueblos nucleares en Enresa en 2014

El viernes pasado, ni Enresa ni Energía contestaron a las peticiones de información de este diario. En su comparecencia, Nadal apuntó que el desfase se debía a los bajos tipos de interés, que han hecho que el fondo de Enresa, que durante años han codiciado distintas administraciones, apenas rinda. “Es verdad que el fondo de Enresa depende enormemente de la evolución financiera del mismo. Es decir, en función de qué tipos de interés se están pagando —llevamos una etapa de bajísimos tipos de interés— el fondo Enresa está teniendo menores ingresos, menores intereses de los que inicialmente se habían previsto”, dijo el ministro.

Enresa puede alegar que ha habido imprevistos, ya que el almacén temporal centralizado de residuos debía estar listo en 2015 y aún está empantanado en los tribunales. Debido a ese retraso, ha tenido que construir almacenes temporales (básicamente, una losa de hormigón sobre la que van bidones con las barras de combustible gastado) en varias centrales. Eso explicaría un desfase, pero nunca de 3.000 millones sobre un fondo de 5.000. Como tampoco se explica únicamente con los bajos tipos de interés que ya llevan años. Además, el plan de residuos permitía al Gobierno revisar las tasas al alza mediante real decreto si veía que los ingresos no llegaban.

Distintos informes dejan pistas de cómo se ha formado bajo la alfombra el agujero para el erario público.

En junio de 2012, nada más llegar el nuevo presidente de Enresa, la empresa hizo una revisión de costes y ahí ya afloraron 7.746 millones de sobrecoste en el tratamiento del combustible gastado sobre lo que preveía el sexto plan de residuos. A pesar de eso, las tasas que pagan las eléctricas no se actualizaron, por lo que el agujero siguió creciendo. En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró el desfase en 1.500 millones y advirtió a Enresa de que debía revisar año a año las tasas nucleares para evitar estos desajustes, lo que habría supuesto elevar las tasas a las nucleares. En 2012, el Gobierno creó un nuevo impuesto a la producción nuclear, pero lo recaudado no se destinó a Enresa.

Enresa incluye en su última memoria un aviso a las eléctricas sobre el desfase: “Las necesidades de financiación futuras por las posibles desviaciones de las hipótesis del PGRR están plenamente garantizadas mediante la posibilidad de modificación de los tipos de gravamen que la ley prevé que se lleve a cabo mediante real decreto”. Fuentes del sector explican que las eléctricas han entendido perfectamente el mensaje y que ante un tasazo que les suponga pagar 3.000 millones más, prefieren cerrar como ya hicieron con Garoña.

La solución del ministerio es la intermedia. Alargar la vida de las nucleares al menos 10 años más para que siga fluyendo dinero hacia la hucha de Enresa y así paliar el agujero —y que se lo encuentren otros ministros—. Tras el cierre de Garoña, en España hay siete reactores nucleares que el año pasado produjeron el 21% de la electricidad, lo que la situó como la primera fuente de electricidad. Nadal asegura que su cierre encarecería el precio de la luz.

Es relevante que la cifra de 3.000 millones de agujero salga antes incluso de empezar a desmantelar las centrales (con los sobrecostes que se producen como norma en la obra pública) y suponiendo que después de 2070 el coste para el erario público será nulo. Nadie descarta que la factura crezca. Enresa ha reconocido “la dificultad que presenta la estimación de determinados costes sobre los que no hay experiencia previa, como es el caso del desmantelamiento de la central José Cabrera“. Esa es la nuclear de Zorita, un pequeño reactor semiexperimental en Guadalajara en desmantelamiento. Enresa además ha elegido unos terrenos con yesos para el almacén temporal, lo que puede disparar sus costes.

El agujero de Enresa no es el primero que el sector nuclear deja al erario público. Cuando en 1982 el PSOE llegó al Gobierno, las eléctricas estaban inmersas en un ambicioso plan nuclear que amenazaba con llevarlas a la quiebra. El Gobierno dictó entonces una moratoria nuclear que en realidad fue un rescate al sector. A cambio de compensaciones milmillonarias que se pagaron en el recibo durante 30 años, estas dejaron de construir Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. El pasado nos alcanza.

Fuente: elconfidencial.com

 

Nadal desvía 1.500 M de impuesto nuclear al roto renovable a costa del agujero de Enresa

Cristóbal Montoro (2i), el secretario de Estado de Hacienda, Fernández de Moya (2d), el secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal (d), y Álvaro Nadal. (EFE)

La Ley 15/2012 justifica los gravámenes atómicos “al objeto de compensar a la sociedad por las cargas que debe soportar”. Sin embargo, destina esta recaudación al sistema eléctrico, no a Enresa.

El Gobierno embridó un déficit (el del sistema eléctrico) a costa de dar una patada hacia adelante de otro (el fondo de Enresa encargado de cubrir las externalidades nucleares). La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética recauda desde 2013 aproximadamente 250 millones de euros por gravar el combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en las centrales nucleares, así como su almacenamiento en instalaciones centralizadas. Sin embargo, estos fondos (alrededor de 1.500 millones desde 2013) van destinados a cubrir costes del sistema eléctrico, entre los que ocupan un lugar destacado las multimillonarias primas a las renovables (más de 5.000 millones de euros al año) y donde no está la financiación de Enresa, encargada de los impactos que genera la producción atómica.

La cuestión no es baladí, ya que el propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, reconocía en enero que la tasa que pagan las eléctricas a la generación nuclear y que se destina directamente al fondo de Enresa no es suficiente. El Gobierno lleva desde 2006 sin actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos, en el que se recogen “las estrategias, actuaciones necesarias y soluciones técnicas a desarrollar en España en el corto, medio y largo plazo” y que hace balance de la previsión de ingresos y gastos a que habrá que hacer frente cuando llegue el momento de desmantelar las centrales y gestionar los residuos.

El grupo de expertos nombrado por el Gobierno para tratar la transición energética abordará esta cuestión. Según fuentes conocedoras de los trabajos, en el documento que se presentará este lunes cuantifican cómo afecta la extensión de vida de las nucleares al déficit del fondo de Enresa encargado de la gestión y desmantelamiento nuclear. Todo este déficit está condicionado a que el Gobierno actualice el Plan General de Residuos Radiactivos, enterrado desde hace más de una década, que arrojaría luz sobre el embrollo financiero subyacente. El comité le pide en su informe al Gobierno que actualice ya el plan.

Desde el último plan, el sexto, los gastos de Enresa han subido por encima de lo esperado. Una parte importante se debe a los problemas con la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se preveía la creación de un almacén para la gestión centralizada de los residuos (ATC) que aún está en disputas judiciales. Esto ha obligado a crear junto a las centrales nucleares almacenes individualizados (ATI). Este panorama ha elevado el agujero de Enresa hasta los 3.000 millones de euros, con lo que aun habiendo destinado los cerca de 1.500 millones de recaudación fiscal al fondo de la compañía pública encargada del desmantelamiento y gestión atómica, a los que habría que sumar los rendimientos del mismo desde hace seis años, no sería suficiente.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía afirman que “el impuesto sobre residuos radiactivos que se creó en 2012 nunca tuvo por finalidad financiar el desmantelamiento de las centrales”. Sin embargo, el preámbulo de la Ley 15/2012 de medidas fiscales argumenta que “aunque en el Plan General de Residuos Radiactivos se prevén las necesidades de financiación, basadas en las mejores estimaciones disponibles, la valoración del coste total del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad”.

simismo, la normativa recaudatoria añadía que “dada la larga vida de determinados residuos radiactivos, que trasciende a generaciones, tras la gestión definitiva de estos será necesario el establecimiento de las medidas necesarias para evitar que cualquier agente externo pueda provocar su dispersión en el medio ambiente u otro tipo de efecto no deseado, lo que exigirá una supervisión institucional a largo plazo de la que deberá hacerse cargo el Estado​“.

Es decir, la propia ley que grava los activos nucleares pone el foco en que, debido a que existen incertidumbres no contempladas en el Plan General de Residuos Radiactivos, estos tendrán que ser gestionados por el Estado. Pero tal y como explican fuentes de Energía, el impuesto “se ingresa en el Tesoro y posteriormente se utiliza para financiar parte de los costes del sistema eléctrico, como se hace con otros, como el canon hidráulico”. Pese a que la ley incide en las externalidades nucleares, el destino de la recaudación es otro.

La extensión de vida reduce el problema

En este contexto, cobra especial relevancia la polémica y política extensión de vida de las centrales de 40 a 50 años, que se tendrá que tramitar de manera inminente. La tasa de Enresa que rige desde 1984 se calculó para pagar el desmantelamiento a los 40 años, pero no llega. Sin embargo, con 10 años más de producción atómica, se podría subsanar una gran parte de este problema financiero.

Desde el ministerio que dirige Álvaro Nadal sostienen que “si no se recaudara para el sistema eléctrico, los peajes que pagan los usuarios deberían subirse en aproximadamente un 2% para compensar los ingresos que se perderían por el impuesto sobre residuos”. Si esa recaudación se destinase a Enresa, se cubriría más de la mitad del déficit del fondo, según cálculos del sector.

Con el problema financiero de la empresa pública de gestión nuclear encima de la mesa, el ministro propuso en enero elaborar una ley que obligue a los propietarios de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) a asumir el coste de desmantelamiento de las plantas si deciden su cierre. La costosa medida puede actuar de palanca disuasoria y compensar el agujero de Enresa dando 10 años más de vida.

Uno de los propietarios nucleares, Iberdrola, ha mostrado su intención de cerrar por tener su parque atómico en pérdidas, dada la carga fiscal soportada desde 2012. Esta fue la principal razón esgrimida por las eléctricas para ejecutar la clausura de Garoña.

Este conflicto se intensificará, aunque al alargar la vida de las centrales se pueda subsanar el déficit de Enresa, ya que las plantas tendrán que incurrir en inversiones de seguridad que les plantee el Consejo de Seguridad Nuclear para poder continuar funcionando con plenas garantías.

 

Fuente: elconfidencial.com

12 razones para la desconexión nuclear

Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho y no un bien de consumo. Teniendo siempre claros los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

El pasado 8 de marzo vivimos una huelga sin precedentes, algo que muchas de nosotras no hubiéramos imaginado ni en nuestros mejores sueños. Y vimos como las calles se llenaban de mujeres, y de hombres, que pedían un cambio en la forma de entender la vida y las relaciones. El manifiesto feminista decía: “Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas”.

Una de las formas de gritar bien fuerte es gritar pidiendo el cierre de las centrales nucleares, porque no podemos decir que queremos cuidar el planeta y a la vez producir/consumir una energía que pone en peligro la biodiversidad cada segundo que pasa.Un mes antes de la huelga feminista, las mujeres que de una u otra forma (profesional o activista) nos movemos en torno a la energía, nos dimos cita en Bilbao en el I encuentro Género y energía para reflexionar juntas y una de las cosas que sacamos en claro fue que desde un planteamiento ecofeminista la energía debe ser un derecho.

Teniendo siempre claros, por supuesto, los límites del planeta en el uso que hagamos de la misma. Obviamente desde esta perspectiva sólo las energías limpias tienen cabida, sin embargo te traigo aquí algunos argumentos que pueden resultar útiles en un debate convencional, entre personas que no tengan tan claros los principios de la ecodependencia y la interdependencia.

Estas son doce razones argumentadas para exigir la desconexión nuclear. Comencemos por el principio:1.- La extracción del uranio
Cuando abres una mina encuentran rocas con un gran cantidad de este mineral que puede contaminar el aire, el agua y la tierra. Bruno Chareyron

Aproximadamente, por tonelada de uranio, se generan 3.700 litros de residuos líquidos. A lo que añadimos los residuos sólidos de radio (elemento que da el nombre a la radioactividad) y otros elementos, que suponen unas cien veces el peso del material obtenido; una mezcla donde hay restos de ácido sulfúrico, bióxido de manganeso, carbonato e hidróxido de sodio, cromo, cobalto, cobre, hierro, isodecanol, molibdeno, níquel, radio 226, radio 222, vanadio, y algo de uranio aún. Los compuestos radiactivos poseen una vida media que, en algunos casos, se cuenta en miles de años.

Para extraer el uranio se dinamitan cientos de hectáreas para poder acceder al mineral que de forma natural se encuentra diseminado. Una vez reunido se muele y se realiza la lixiviación para lo que es necesario el ácido sulfúrico que ayuda a decantarlo. En el proceso de decantamiento ya tenemos emisiones de radiaciones ionizantes alfa, beta y gamma, y metales pesados solubles en ácido y gas radón 222. Pero ya hemos obtenido el uranio y algunos otros elementos como el torio, radio, protactinio, plomo, polonio.

Todas sabemos que el uranio obtenido en este proceso es altamente cancerígeno, lo sabemos de forma natural al observar a las personas que viven cerca de estas minas y a quienes las trabajan. También lo sabemos por las pruebas realizadas en animales. Sin embargo, no se ha descrito ningún tipo de cáncer en seres vivos como resultado de la exposición al uranio natural o empobrecido.

Aunque sabemos que el uranio empobrecido (U-238) se utiliza en la industria armamentistica. Este tipo de uranio que tiene una vida media de 4.500 millones de años.

2.- Los reactores nucleares liberan radiactividad en el aire y en el agua de forma continua para su correcto funcionamiento
Sin necesidad de accidentes, aunque nos hacen creer lo contrario, las centrales nucleares mantiene un flujo pequeño pero constante de fluido que expone a todas las criaturas vivas a las radioactividad que pasa por la tierra, por el agua y por el aire.

Para su correcto funcionamiento deben liberar isótopos radiactivos en pequeñas cantidades.

3.- Los residuos nucleares se mueven de un lugar a otro.
Mover los residuos nucleares es un actividad de alto riesgo y sin embargo es algo que se hace de forma continuada porque los tratamientos necesarios para su almacenaje rara vez pueden realizarse en el mismo lugar en que se producen. Los residuos generados en España deben viajar a Francia, y regresar, antes de poder ser almacenados

4.- Almacenar residuos durante miles de años de forma permanente
Vamos por la cuarta razón para la desconexión nuclear y seguimos hablando de residuos. La verdad es que desconocemos aún cuál puede ser el método seguro que permita almacenar residuos nucleares. Por supuesto, no tenemos ni idea de como eliminarlos o al menos neutralizarlos de forma segura. Ya en 1977 el presidente estadounidense Jimmy Carter tomo medidas para detener la producción y en un artículo del periódico El País de octubre de 1985 se cita el Informe Flowers (sexto informe de la Comisión Real del Reino Unido sobre Contaminación Ambiental, septiembre 1976) concluía emitiendo un veredicto crucial: “No debería permitirse un compromiso con un amplio programa de energía nuclear (sería irresponsable y moralmente equivocado) hasta que no haya sido demostrado, por encima de cualquier duda razonable, que existe al menos un método que garantice la seguridad del almacenamiento de los residuos altamente radiactivos para el futuro indefinido”.
Estas cuestiones continúan sin respuesta.

5.- Nuestra salud o la de cualquier ser vivo
Los problemas de cáncer son la parte más visible de la cercanía a minas, centrales nucleares o cementerios de residuos. La leucemia es una de las enfermedades que suelen estar asociadas a la contaminación del cuerpo con uranio enriquecido (diferenciar del natural o empobrecido). La ingestión de la manera que sea, de grandes cantidades de uranio daña los riñones e impide su funcionamiento. También el cáncer de la glándula tiroides (uno de los órganos del cuerpo más sensibles a la radiación), es habitual.

Las radiaciones ionizantes no controladas provocan alteraciones en el ADN.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de forma normal una persona recibe unos 3 milisieverts (unidad que mide la dosis de radiación absorbida por la materia viva) en un año normal, el 80% a través de fuentes naturales de radiación y el resto a través de procedimientos y pruebas médicas.

No debemos olvidar que la radiación reduce el número de glóbulos blancos y eso nos hace más vulnerables a las infecciones.

6.- DDHH
Las normas sobre la seguridad en lo relativo al contacto con la radiación se están relajando de forma permanente. Cada nueva regulación es más laxa que la anterior, lo que significa que cada vez estamos más expuestas.
Los residuos siempre se llevan para su almacenamiento a zonas económicamente empobrecidas, lo que hace que sean las poblaciones más vulnerables las que, por una compensación económica, se arriesgan a vivir cerca de una fuente de radiación que va a durar miles de años. Si le sumamos lo anterior, parece que en lo que respecta a la energía nuclear, las clases sociales existen y los DDHH son continuamente vulnerados.

7.- Derechos medioambientales
En 1972 se comenzó a hablar de los derechos medioambientales durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo. Se habla de la necesidad de un entorno humano saludable. Y puede parecer que Naciones Unidas tiene bonitas palabras que nunca se pueden llevar a la práctica, pero en estos días en que la Constitución Española de 1978 está tan de moda, es bueno recordar que en su artículo 45, establece que tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

8.- Derechos Animales
Los animales no humanos con quienes compartimos el planeta tienen derechos, aunque no exista un documento que lo ponga por escrito. Los animales silvestres necesitan un entorno adecuado para el digno desarrollo de su vida. Las minas a cielo abierto, o el sobrecalentamiento constante del agua en la que viven o de la que beben, son aspectos que perturban gravemente el desarrollo de sus vidas.

Durante milenios el pensamiento occidental ha justificado la intervención en el medio natural y las consecuencias negativas para el resto de seres vivos, amparándose en una supuesta superioridad basada en una jerarquización de la vida. Cualquier acción humana realizada para nuestro propio interés, estaba por encima del interés de animales y plantas. Ya no podemos continuar amparándonos en este tipo de excusas, nuestra naturaleza biológica deja en claro que somos animales y nuestra ética debe ponernos en nuestro lugar, osea en un plano de igualdad respecto al resto de la vida en el planeta.

9.- Económicas 
Donde se produce un accidente nuclear no hay otra opción que abandonar el lugar. Tenemos el ejemplo de Chernobyl, actualmente un paraje abandonado, pero que significa un elevado coste monetario de más de 350 mil millones de dólares.

A partir de los 30 años de funcionamiento, cuando se amortizan la centrales nucleares, los propietarios de éstas pagan 1,5 € por kWh producido, mientras que lo venden a unos 5,5 € al mercado de la electricidad. Una empresa así es el sueño de cualquier capitalista, pero está fuera de cualquier otro análisis económico donde además del capital se ponga en el balance el coste en el bienestar de las personas, de los animales y del equilibrio ecológico.
Además, la obtención de kilovatios a través de centrales nucleares requiere la importación de uranio, que según datos del Foro Nuclear procede de Rusia en un 45%,Australia 22%, Níger en un 20% y el resto se reparte entre Kazajistán, Canadá, Sudafrica y Ucrania.

Según el Foro Nuclear , el uranio para alimentar a las centrales nucleares está garantizado durante los próximos 100 años, lo que desde el punto de vista de la economía feminista, significa que se acaba en tres generaciones. Osea, mañana mismo.

10.- La solidaridad intergeneracional
Creo que queda claro que la energía nuclear, desde su comienzo hasta su no-final, puesto que los residuos permanecen radiactivos durante miles de años, es uno de los mejores ejemplos de todo lo que de perverso hay en nuestra sociedad. Mantener la energía nuclear, cuando no sabemos manejar de forma segura los residuos que produce, delega en las generaciones futuras el riesgo, las consecuencias y la responsabilidad de gestionarlos.

11 .- Falta de transparencia
La desinformación es la norma en las zonas donde existe minería de uranio, centrales nucleares o puntos de almacenaje. La información que nos llega es gracias a filtraciones y lo más habitual es que los máximos responsables no acuden cuando son citados.

Aunque el CSN se define como un ente independiente de la Administración General del Estado que rinde cuentas al Congreso y al Senado, la verdad es que dilatan los periodos entre sus apariciones, a veces hasta dos años completos, y han ido relajando la normativa para la seguridad, dando así más facilidades a las grandes empresas energeticas, de las que también deberían ser independientes.

12.- Frena el desarrollo de las energías renovables
Uno de cada tres kilovatios utilizados en 2017 fue producido por el viento, el agua, el sol o la biomasa del territorio que compartimos. Sin embargo, esto no es una buena noticia, deberíamos producir más de esta energía limpia y a la vez replantearnos nuestro consumo, ya que nuestra dependencia energética está 20 puntos por encima de la media europea. Esta situación es la causa de que una buena parte de nosotras estemos expuestas al fenómeno llamado “pobreza energética”, dado que los precios que pagamos por la energía vienen impuestos por el mercado internacional.

En el estado español las importaciones han crecido un 18% en 2017 y el déficit energético ha aumentado un 30,4%, lo que nos aleja del objetivo con el que comenzábamos este artículo, entender la energía como un derecho.
Y quiero terminar con unas palabras en memoria de las casi dos mil encinas muertas en Retortillo. La vida de un árbol también debe ser defendida, un árbol tiene derecho a cumplir su ciclo y estas casi dos mil encinas perecieron en un acto de soberbia comercial, cuando Berkeley decidió darnos la impresión de que la mina a cielo abierto era un hecho incuestionable. Víctimas inocentes del marketing mal entendido, victimas inocentes de la prepotencia de unos animales que han olvidado que son solo una parte más en el delicado equilibrio de la vida: nosotros.

“No creo que llegue a ver jamás
un poema tan bello como un árbol”
Joyce Kilmer

Fuente:   elsaltodiario.com

La comarca de Garoña abandonada a su suerte.

Ningún plan económico, ni ayudas de la Junta de Castilla y León o Madrid.

Ecologistas exigen vigilar el cauce del Ebro.

La central sigue 5 años después en la fase previa a su desmantelamiento.

ENDESA e Iberdrola se han lucrado durante 45 años mientras el norte de España ha dispuesto de energía eléctrica para su desarrollo a un coste competitivo.

Ahora la comarca de Garoña recoge su herencia en forma de una despoblación y un abandono económico casi completos.

Sobre el Valle de Tobalina, rodeado por 2 Parques Naturales, atravesado por el rio Ebro y colindante a la ciudad medieval de Frias, han planeado varias amenazas en los últimos 10 años. Sólo la tenacidad de sus habitantes y veraneantes han conseguido parar la autopista AP69, una incineradora de neumáticos, un permiso de fracking … y esperemos que tambien una cantera que pretende establecer la empresa Yarritu de Miranda de Ebro.

El reactor central de Garoña fué detenido hace cinco años. A las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012, en concreto. Después de 42 años se desenganchaba de la red eléctrica, aunque hasta agosto de este año no se ha apagado el espíritu de esta planta nuclear levantada a 5 kilómetros de suelo vasco. Un lustro en el que estas instalaciones localizadas en el valle burgalés de Tobalina continúan estancadas en la fase previa a su desmantelamiento que según algunas voces expertas, no arrancará hasta 2020;y eso si los plazos son respetados. Y que, como mínimo, se extenderá durante cerca de siete años.

Al finalizar todo el proceso, allá por 2033, los terrenos ocupados a orillas del Ebro deberían quedar completamente liberados de cualquier fuente contaminante y ser destinados “a cualquier uso sin restricciones derivadas de la presencia de radiaciones ionizantes debidas a la operación de la central” ilustra Fernando Legarda, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU. A juicio de este experto, ese horizonte de 2033 “es coherente” con lo realizado en el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera [más conocida como Zoritapor estar ubicada en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, al paso del río Tajo] “donde no ha habido paradas en el proceso”.

Los grupos ecologistas no han quitado ojo a todo lo ocurrido en la central en las cuatro últimas décadas. Por eso, como subrayaban desde el Foro contra Garoña, una vez ganada la primera batalla [el cierre] viene la segunda “que es larga y también difícil”: el desmantelamiento. En este sentido, reclaman que tanto la Diputación Foral de Araba como el Gobierno vasco “hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo”. Además, solicitan que en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se informe debidamente y en tiempo de los procesos del trabajo a realizar: datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones…

La ‘basura nuclear’Y, por supuesto, que no se deje ningún residuo en las instalaciones de Santa María de Garoña. Los trabajos previos al desmantelamiento de esta planta, que ha visto reducida su plantilla a base de prejubilaciones (50) y recolocaciones (68), siguen su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la popularmente llamada basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos tiempos al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida-Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años se calcula que tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelamiento definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las nucleares ya desmanteladas. En paralelo, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años. El Parlamento Vasco exigía a finales de octubre que el Ministerio de Energía y las empresas propietarias de Garoña comiencen “sin más demora, el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento” de esta central.

La Cámara Vasca quiere que el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo garantizando la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente. Además ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que ejecute un plan de reactivación económica en la comarca que incluya también a los municipios vascos afectados, en el que participen el Gobierno vasco y la institución foral alavesa. Precisamente la Diputación gobernada por el PNV aprobaba hace un par de meses un texto que instaba a que el desmantelamiento de la central “transcurra con transparencia tanto en la descontaminación de la zona y en la gestión de los residuos radiactivos”.

El ATC importaEl combustible gastado, describía Legarda, será retirado de la piscina de Garoña para ser ubicado “en contenedores en seco” que se alojarán en el Almacén Temporal Individual (ATI) de la central hasta que sea trasladado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que se construye en Villar de Cañas, Cuenca. Los residuos de media, baja y muy baja actividad serán, en principio, remitidos al almacén que Enresa dispone en El Cabril. Eso sí, el retraso acumulado en el proyecto del ATC corre en contra del desmantelamiento de Garoña. En opinión del docente de la UPV/EHU, “que se prolongue la estancia del combustible gastado y residuos de alta actividad en el ATI de la central”.

Desde la plataforma Foro contra Garoña insisten en la necesidad de controlar el proceso de desarme de la planta nuclear a fin de evitar vertidos al Ebro y “eliminar todo riesgo de fuga radiactiva”. “No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales”, entonan al tiempo que añaden a su lista de requerimiento: “Ni que los residuos se queden ahí para siempre”.

La cifra 119

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa después de que el Ministerio certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña (no los miles que decían las empresas), el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece que “el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”, indicaban.

Fuente: deia.com

IU pedirá a la UE que “vigile” a España en el traslado de los residuos nucleares de Garoña

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy en Córdoba que pedirá a la Unión Europea (UE) que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares desde Garoña (Burgos) hasta el almacén de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba).

“Tenemos que tomar medidas urgentes” ha declarado en conferencia de prensa Maíllo, quien ha indicado que “Andalucía no puede consentir convertirse en el vertedero nuclear de toda la Península Ibérica” por lo que ya que el Ejecutivo mantiene una postura de “oscurantismo y opacidad”, es necesario “hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”.

IU forma parte junto a Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y otras organizaciones de una plataforma antinuclear constituida el 16 de noviembre, cuando se reunieron en el I Encuentro contra el cementerio Nuclear El Cabril y acordaron movilizaciones y medidas para frenar la ampliación del almacén de Enresa en Córdoba, algo que llevan demandando “desde hace 30 años, el desmatelamiento de los cementerios nucleares” ha recordado Maíllo.

La hoja de ruta es la petición de explicaciones a la Comisión de Medio Ambiente de la CE y la invitación del comisario de Energía y Cambio Climático, el español Manuel Arias Cañete, a que visite las instalaciones del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, donde “se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de la recién cerrada central nuclear de Garoña”.

Maíllo ha indicado que va a solicitar una visita de la plataforma antinuclear constituida en Córdoba el mes pasado y que integra a activistas de Extremadura y Andalucía para que “también puedan explicar en el Parlamento Europeo la situación que se está viviendo en España” y que, a juicio del coordinador general de IU en Andalucía “trasciende al cumplimiento de directivas europeas que prevalecen en las políticas medioambientales”.

“Necesitamos saber qué está pasando y qué planes tiene el Gobierno de España”, ha insistido Maíllo, que también ha criticado la posición de Enresa, a quien ha acusado de “no facilitar información por escrito más allá de las reuniones que mantiene con los alcaldes de los municipios colindantes a El Cabril”.

A su juicio, “también se ha evidenciado que la Junta de Andalucía no se mueve” pues ha sido tras la constitución de la plataforma antinuclear en la reunión del 16 de noviembre en la localidad cordobesa de Peñarroya, cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal López ha pedido explicaciones al Gobierno Central.

Es algo que Maíllo “celebra” pero que, como temen que “no van a decir nada”, acuden directamente a la Unión Europea para confirmar el traslado de residuos de una central a otra, informar de la ampliación prevista en El Cabril y saber cómo se van a gestionar todos los residuos que se emiten en España y Portugal.

Fuente: eldiario.es