«Los terrenos han sido utilizados como escenario de investigación»
Los votos particulares, que recuerdan que la ejecución de la limpieza ha sido «recomendada reiteradamente» por la Comisión Europea (CE), a la que España debe rendir cuentas sobre los avances al respecto a finales de 2021, recogen que se «tienen evidencias» de que los terrenos contaminados «han sido han sido utilizados desde el accidente como escenario para la investigación del comportamiento de radionucleidos en el medio natural, sin la debida transparencia e información al público en general, y a la comunidad científica en particular».
«Un elemental principio de precaución en materia ambiental exige que, por encima del interés que pueda tener para la investigación científica la no transformación de la situación de hecho, en especial en referencia a los isótopos del americio, se priorice el de salvaguardia de la salud pública y del medio ambiente, a pesar de que se considere que el riesgo de exposición radiológica no es alto, y aunque esté próximo a cumplirse el período en el que podrá observarse la máxima actividad del isótopo 241 Americio».
Los dos magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Nacional, cuyo tribunal ha prolongado la deliberación sobre el asunto más de un mes, ponen el foco, asimismo, en dos hechos que el fallo da como no probados pero que, según destacan, están «ampliamente documentados en el Plan de Rehabilitación, en la Memoria Palomares e informes de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea».
Por un lado, la existencia de dos zanjas de 1966 con «desechos radiactivos, cuya posición exacta fue determinada en el Mapa Radiológico Tridimensional» y que permanecen en la zona con «restricción total de usos» y, por otro, que la fuente de radiación se compone de isótopos de Plutonio: 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu y 241 Pu y de Americio: 241 Am todos ellos transuránicos». «Lo que se duda es sobre la presencia de uranio (U) en las bombas y su enriquecimiento en 235 U, aunque se dice que, caso de existir, su impacto radiológico será menor«, apuntillan.
Modificación de los criterios de intervención para limpiar
Los dos magistrados comparten, asimismo, que cuando se retomaron los contactos diplomáticos entre España y EE. UU., en 2015 el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio, aceptó la propuesta del Departamento de Energía estadounidense (DOE) de modificar los criterios de intervención en Palomares, «acuerdo cuyo contenido permanece clasificado».
«Casi inmediatamente después, se firmó el 19 de octubre del 2015 una declaración de intenciones» por el Ministro de Asuntos Exteriores y el Secretario de Estado de EEUU sobre Palomares, sin que se conozca ningún avance posterior», concluyen.
En su día y en el marco de procedimiento, el CSN aportó un documento que «no era copia certificada» del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a «todo el proceso relativo a Palomares» desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.
Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido «a instancias» del DOE de EE. UU. y asegura que, para ello, se «han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a», lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.
El objetivo, según mantiene el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría «únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada», lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EE. UU.
El BOE publica el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de la fase 1 de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña, así como el Estudio de Impacto Ambiental
Desmontar Garoña generará al menos 2.000 Tn de residuos radioactivos
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió ayer un plazo de 30 días hábiles hasta el 4 de mayo para que los ciudadanos presenten alegaciones al proyecto de la fase I de desmantelamiento de Santa María de Garoña y a su estudio de impacto ambiental. De ambos documentos se desprende que durante los tres años que durará esta primera fase -la segunda sumará otros siete- se generarán 1.945 toneladas de residuos radioactivos de media, baja y muy baja intensidad que serán trasladados al almacenamiento de El Cabril en Córdoba, el único autorizado en el país. A ellos se sumarán otras 2.892 toneladas de materiales desclasificables mecánicos, eléctricos o de climatización, además de hormigones, con un contenido radioactivo de menor entidad que hace que la normativa vigente permita gestionarlos de manera convencional.
Los residuos radioactivos que viajarán hasta Córdoba deberán realizar un trayecto de 800 kilómetros en camiones con contenedores estancos que sirven de blindaje cuando se trata de residuos radioactivos de media y baja intensidad y en camiones convencionales, cuando son de muy baja intensidad. El proyecto calcula que serán precisos 300 viajes al Cabril, lo que se traduce en 240.000 kilómetros. Pero además, los residuos de construcción y demolición de esta primera fase conllevarán otros 90 transportes, que se estima podrían ser de 100 kilómetros, si se localiza un gestor autorizado cercano, además de otros 100 viajes para sacar la chatarra. De media, se estima que se producirá un tráfico diario de treinta camiones con picos que podrían llegar a los ochenta.
Debido a estas cifras, el estudio de impacto ambiental destaca entre los impactos negativos moderados que producirá el desmantelamiento «el volumen de tráfico, tanto de trabajadores como de transportes y maquinaria en el entorno de la instalación». Junto a este efecto también se fija en los posibles impactos sobre suelos y aguas subterráneas, en el caso de que «la retirada de elementos que pueden contener sustancias contaminantes o el propio trasiego de vehículos y maquinaria de obra puedan dar lugar a la contaminación puntual del suelo».
Asimismo, esta circulación intensa «puede dar lugar a la generación de nubes de polvo que pueden afectar a la vegetación de ribera del Ebro y a las poblaciones más cercanas». Por este motivo, en Mijaralengua y Barcina del Barco, dos localidades ubicadas a 750 y 1.000 metros en línea recta de la central, se instalarán captadores de partículas en suspensión con el fin de evaluar su incidencia sobre la población y poner medidas correctoras en caso de ser necesario. Otras medidas preventivas para paliar estos efectos negativos moderados serán «la contratación de personal local para minimizar los desplazamientos», así como «limitar la velocidad a 20 kilómetros hora» o «mantener los sistemas de recogida de drenajes y depuración para el tratamiento de cualquier derrame accidental» y evitar que llegue al río Ebro o al subsuelo.
En el proyecto redactado para la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, se explica como se ha decidido el desmantelamiento total inmediato de la planta frente a la alternativa de un desmantelamiento diferido, que dejaría en latencia durante un periodo de 30 a 100 años los elementos radioactivos más peligrosos. Enresa se ha decantado por el desmantelamiento inmediato por ser «la preferencia internacional» y la solución «menos costosa». Pero en este modelo, «es necesario que transcurra un tiempo de enfriamiento del combustible gastado para que pueda depositarse en los contenedores».
Por este motivo, Enresa ha decidido ir realizando tareas preparatorias junto con Nuclenor y dejar para la primera fase del desmantelamiento la operación de sacar el combustible en contenedores al Almacén Temporal Individualizado (ATI) y afrontar simultáneamente otras labores, entre las que destaca la adaptación del edificio de turbinas como edificio auxiliar del desmantelamiento.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido a Berkeley la renovación de la autorización inicial de la planta de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca) como instalación radiactiva, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En bolsa, la compañía ha llegado a dispararse hasta un 15,9%, pero al cierre ha amainado las subidas hasta un 1,85%.
Esta renovación sigue a la del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del pasado mes de julio, que informó favorablemente de la solicitud presentada por Berkeley para la renovación de la autorización previa de la planta y consideró que las circunstancias y características de la planta de concentrado de uranio son las mismas que se recogen en la autorización previa emitida en 2015.
La semana pasada, el Tribunal Supremo confirmó, además, la legalidad de la autorización previa para el desarrollo de la planta de concentrados de uranio en Salamanca.
El Alto Tribunal desestimó así el recurso de casación planteado por Foro de izquierdas-Los verdes y Adeco Ecologistas en Acción contra la autorización que había conseguido para esta mina, confirmando una sentencia previa de la Audiencia Nacional.
La compañía ha asegurado que sigue colaborando con las autoridades competentes en el proceso de aprobación de la mina de Salamanca y mantendrá al mercado plenamente informado sobre cualquier aspecto relacionado con la planta.
Noticias anteriores sobre la minera especulativa Berkeley:
Después de varias décadas de lucha ecologista y de partidos de izquierda por la clausura del cementerio nuclear, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos lo va a ampliar
El Cabril es el único cementerio nuclear que existe en España y siempre se ha mentido sobre su existencia. Lo construyó ‘clandestinamente’ Franco en 1961 y medio siglo después, en 2021, va a ser un Gobierno «socialcomunista», como lo llaman en la oposición, el que va a ampliar su capacidad; en contra de todas las promesas, propuestas y resoluciones que han aprobado desde hace años los partidos de la coalición gubernamental, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Por mucho que se busque, no se encontrará nada igual, un engaño que comienza con Franco y que lo continúa muchos años después el presidente que lo ha sacado de su tumba, Pedro Sánchez. Eso es El Cabril, y los restos que allí se han ido depositando seguirán allí varios siglos después de que estas mentiras, estos dirigentes, nuestras sociedades podamos recordar siquiera cómo fue posible que en España se decidiera abrir un cementerio nuclear en mitad de una sierra, el corazón de Sierra Morena, con las dificultades que conlleva para el transporte de los bidones nucleares, a solo cincuenta kilómetros de un núcleo de población, Hornachuelos, y, por si fuera poco, en una zona con un reconocido riesgo sísmico.
Como se puede imaginar, una conjunción de despropósitos como esa, pisoteando toda prudencia de seguridad de las personas y del medio ambiente, solo es posible concebirla en un régimen dictatorial como el de Francisco Franco y en una región, como la de Andalucía, maltratada por la planificación económica del general en favor de otras regiones, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, por mucho que luego, irónicamente, los nacionalistas de ambas comunidades se presenten como adalides de lo contrario.
Tanta fue la desconsideración hacia esas gentes de Sierra Morena que, con el sigilo absoluto de un gran secreto de Estado, a El Cabril se comienzan a llevar residuos nucleares en 1961, aprovechando una mina de uranio que estaba abandonada. Se van apilando los barriles nucleares durante años hasta que en 1975 se decide darle una cierta formalidad a aquello y se produce la primera aprobación administrativa para convertirlo, formalmente, en cementerio nuclear. Pero tampoco entonces se comunica nada a la población, todo se mantiene en secreto hasta que lo descubre un periodista de Córdoba, Sebastián Cuevas, ya fallecido. Junto al fotógrafo José Manuel de la Fuente, publican una información, en octubre de 1976, en la que prueban la existencia de ese ‘cementerio nuclear’ clandestino, hasta entonces desconocido por todo el mundo.
¿Y qué pasa cuando se descubre públicamente la atrocidad de estar acumulando residuos nucleares en una mina abandonada? ¿Cómo actúa la democracia? Pues, sin clausurar nada, lo que se hace es dotar de legalidad a la ilegalidad. Hasta 1983 no se aprueba la creación de un organismo público que se hiciera cargo de estas cuestiones, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), con el cometido principal de regularizar la existencia del único cementerio nuclear de España. Sobre la antigua mina de uranio se van edificando instalaciones y, cuando ya se ha adecentado todo, se inaugura formalmente el cementerio nuclear del El Cabril en octubre de 1992. ¿Alguien da más para el ‘ranking’ de chapuzas a la española? Treinta años después de que comenzaran a llegar barriles radiactivos, se inaugura el cementerio. Ocurre, sin embargo, que la legalización de aquellas instalaciones lo que no puede cambiar, ni modificar, es el entorno en el que se encuentra el Cabril ni el riesgo que entraña.
Desde los primeros años de la democracia, todas las organizaciones ecologistas y la mayoría de los partidos políticos, fundamentalmente de izquierda, han repetido los mismos argumentos: «El cementerio nuclear de El Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la península ibérica, muy alejado de la mayoría de instalaciones, nucleares y radiactivas existentes en España. Está en una zona colindante al Parque Natural Sierra de Hornachuelos, reserva de la Biosfera de la UNESCO, geográficamente dentro de la cuenca del río Bembézar, en terrenos geológicamente inestables y sísmicos, con importantes acuíferos y aguas subterráneas en la Sierra Albarrana. Además de los riesgos asociados a la alta sismicidad, existe un peligro asociado por los transportes nucleares terrestres de residuos a lo largo de su recorrido hasta esas instalaciones por carreteras sinuosas». Por el contrario, en Enresa, cada vez que surge la polémica, insisten en que, en la actualidad, ‘el Centro de Almacenamiento de El Cabril’, como se denomina evitando cualquier referencia radiactiva, cuenta con modernas instalaciones, preparadas para resistir cualquier incidente sísmico y dotadas de las mayores medidas de seguridad.
En el Parlamento de Andalucía, desde los años 80, se pueden encontrar sucesivas declaraciones o mociones en las que se exige la inmediata clausura del cementerio nuclear de El Cabril. La protesta ha llegado también al Parlamento Europeo, convencidos de que en Europa se respaldaría la clausura del almacén de residuos radiactivos. Pero nada, hasta que ha llegado al Gobierno de España una coalición de partidos de izquierda bajo la que, como esperaban las organizaciones ecologistas, se iba a decretar lo que ellos mismos llevan tanto tiempo reclamando. Pero no, y esa ha sido la sorpresa. Ha sido, precisamente, una senadora de la coalición de partidos con la que Podemos se presentó en las últimas elecciones en Andalucía la que ha ‘destapado’ el nuevo secreto que se ocultaba: El Cabril no solo no se va a clausurar, sino que se va a ampliar, quizá al doble de su capacidad. Pilar González, la senadora de Primavera Andaluza, es la que le dirigió la pregunta en el Senado a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: «Claro que me siento decepcionada porque tenía confianza en que un Gobierno de izquierda, progresista y ecologista, iba a actuar de otra forma», dijo la senadora en ‘Canal Sur Radio’. Y añadió: «Y no estoy decepcionada como andalucista, porque este Gobierno no lo es, sino por los mensajes progresistas de ‘no dejemos a nadie atrás’, ‘la vida en el centro’ que yo también comparto… Luego, cuando lo que se hace es lo contrario de lo que se dice, es la mejor definición de un político». Pues eso.
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado de manera favorable la modificación del diseño del contenedor para el combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña. Su vida de diseño es de 50 años
Respecto al informe favorable a la modificación de los contenedores de combustible gastado de Santa María de Garoña, el regulador responde así a la solicitud que planteó la empresa estatal Equipos Nucleares S.A (ENSA) para la revisión 3 del estudio de seguridad el contenedor ENUN 52B.
No sabemos nada sobre variaciones de su coste económico.
La solicitud aporta la documentación relativa a las modificaciones de diseño del contenedor que requieren autorización reguladora, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En concreto, el contenedor ENUN 52B es un contenedor metálico universal de doble propósito (almacenamiento y transporte) que puede albergar hasta 52 elementos.
Se trata de un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico y está provisto de dos tapas de cierre mediante pernos y su vida de diseño es de 50 años. En su interior dispone de un bastidor en el que se introduce el combustible gastado.
Esta solicitud ha sido presentada por ENSA en paralelo a la relativa a la revisión 1 del certificado de aprobación del diseño de bulto de transporte ENUN 52, asociada a los mismos cambios de diseño del contenedor, que también ha sido informada favorablemente.
El CSN aprueba las modificaciones de los contenedores para Garoña y autoriza el traslado de polvo de uranio a Juzbado
La solicitud aporta la documentación relativa a las modificaciones de diseño del contenedor que requieren autorización reguladora, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En concreto, el contenedor ENUN 52B es un contenedor metálico universal de doble propósito (almacenamiento y transporte) que puede albergar hasta 52 elementos. Se trata de un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico y está provisto de dos tapas de cierre mediante pernos y su vida de diseño es de 50 años. En su interior dispone de un bastidor en el que se introduce el combustible gastado.
Los cinco primeros contenedores ya están fabricados en ENSA. – Foto: Alberto Rodrigo
El pasado 24 de marzo de 2020, a los pocos días de comenzar el estado de alarma, el Consejo de Ministros autorizó a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa)a iniciar el procedimiento negociado sin publicidad para la compra de los 44 nuevos contenedores que se precisan para almacenar el combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña, teniendo en cuenta que 5 más ya están fabricados. El presupuesto que se manejó entonces era de 127,6 millones de euros, pero finalmente Enresa licitó el material por 140,3 millones y la empresa Equipos Nucleares S.A., ENSA, la única invitada al procedimiento, redujo el coste a 138,2, casi 11 más de los previstos inicialmente.
La firma elegida por el Gobierno para la fabricación y licenciamiento de los contenedores del tipo ENUN B-52 ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha comprometido a suministrar el primero en septiembre de 2023, cuatro meses antes del plazo que le marcó el pliego de condiciones de Enresa, mientras que el resto irán llegando cada 15 días. Éste es el tiempo estimado para la carga de elementos combustibles en los recipientes metálicos que se fabricarán en Santander. No obstante, antes llegarán los cinco primeros, ya fabricados. Las previsiones actuales de Nuclenor sitúan ese momento en el segundo semestre de 2021.
En un informe detallado, Enresa explica qué motiva el hecho de que se haya elegido a ENSA y no a otra empresa para esta tarea y que haya sido la única a la que se ha pedido oferta. Cuestiones técnicas y de tiempo afloran en los argumentos de la firma pública, que explica como cada año de retraso en el suministro de los contenedores le costaría 33 millones de euros a Nuclenor.
Ese es el dinero que la propietaria de Garoña está desembolsando para afrontar las tareas de vigilancia de la piscina de refrigeración del combustible gastado, el uranio irradiado. Los gastos de personal suponen la cantidad más elevada de esta cifra, al representar 27 millones anuales, a razón de 16,8 millones para las nóminas del personal propio de Nuclenor; 6,9 millones para el empresas subcontratadas pero que trabajan en la planta, y 3,3 millones para el de empresas subcontratadas que trabajan desde el exterior.
Cuando Enresa licitó en 2012 la fabricación y licenciamiento ante el CSNde los primeros cinco contenedores sí que invitó a varias empresas. Ademas de ENSA, la ganadora del concurso, pudieron presentar sus propuestas la francesa AREVA, ahora ORANO-TN, y las estadounidenses NAC International y Holtec. Enresa explica como ENSA ya ha recorrido el largo camino del licenciamiento de los primeros cinco contenedores ante el CSN y lleva avanzado un trabajo que al resto de empresas le podría costar de 2 a 3 años, lo que supondría un retraso más en el desmantelamiento de la planta tobalinesa.
ENSA ya ha demostrado ante el CSN que su diseño «asegura el confinamiento del material radiactivo, el blindaje para minimizar la exposición a la radiación de los operarios y del medioambiente, el mantenimiento sub-crítico de la disposición de los elementos de combustible en el contenedor o la capacidad de evacuación del calor residual de dichos elementos para no superar los límites de temperatura establecidos».
Además de ello, Enresa señala en su informe que las propuestas de estas últimas empresas no serían compatibles con las características técnicas de Garoña, al tratarse de contenedores de 100 a 120 toneladas, cuando la grúa de Garoña solo tiene capacidad de carga para mover un máximo de 75 toneladas. O por el contrario bajan a 30 toneladas, lo que conllevaría un gran número de contenedores y que no hubiera espacio suficiente en el Almacén Temporal de la central, dado que se multiplicaría el número de contenedores.
En la fase inicial del desmantelamiento de Garoña, está prevista la extracción de combustible gastado de la piscina y su almacenamiento en seco, para lo que es preciso adquirir los contenedores correspondientes, y esta autorización significa un paso «real y efectivo» para ejecutar las obras.
La compra de los contenedores se realizará con cargo al Fondo para la finanaciación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que se dota de la prestación que satisfacen los productores de residuos.
En el caso de las centrales en explotación, la cuantía que se abona es el resultado de multiplicar la energía generada por cada central por una tarifa fija unitaria.
El Miteco recibió el pasado 16 de marzo el borrador del VII Plan de PGRR, que solicitó a Enresa y que dará cumplimiento a la Directiva europea relativa a la gestión de este tipo de residuos.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
A este respecto y en un comunicado, el Ayuntamiento, gobernado por el Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH), ha expresado su «asombro ante la contradicción en las declaraciones» esta semana de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha confirmado que El Cabril se ampliará, para dar cabida a los residuos que se generen por el cierre de las centrales nucleares, asegurando que estas actuaciones «requerirán diálogo con todos los municipios y vecinos afectados».
Pero, según ha señalado el Ayuntamiento de Hornachuelos, no habrá ningún diálodo si prospera la citada enmienda de PSOE y Unidas Podemos, «que pretende precisamente saltarse cualquier tipo de control por parte de los municipios afectados», en cuanto a «las ampliaciones, obras o reformas que se lleven a cabo en los almacenamientos de residuos ubicados en sus términos municipales».
En consecuencia, el Ayuntamiento de Hornachuelos, ante el anuncio de la vicepresidenta Teresa Ribera sobe la próxima ampliación de El Cabril, «en estos momentos solo se va a pronunciar sobre la enmienda presentada» por PSOE y Unidas Podemos.
De hecho, «en tanto que esta enmienda se esté tramitando y en el caso de que finalmente fuera aprobada, no tendría relevancia alguna la postura que el Ayuntamiento pudiera tener al respecto de la ampliación de las instalaciones o de cualquier otra cuestión relacionada con la gestión de los residuos radiactivos, ya que dichas actuaciones vendrían impuestas por la vía del interés general», al que alude la citada moción.
Por ello, en el Consistorio consideran «que todos los esfuerzos del Ayuntamiento en estos momentos deben centrarse en que no salga adelante la enmienda, más allá de hacer ahora declaraciones o establecer posturas sobre otras cuestiones, que no tendrían ningún sentido si el Gobierno saca adelante esta reforma de la Ley». LA ENMIENDA
En concreto y según ha recordado el Ayuntamiento de Hornachuelos, la enmienda indica que «las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desmantelamiento o cualesquiera otras que, en ejecución del Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno y con cargo al Fondo para su financiación, Enresa, por sí misma o a través de terceros, deba llevar a cabo para la prestación del servicio público esencial que tiene encomendado, constituyen obras públicas de interés general, que no están sometidas a ningún acto de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local».
Así, desde el Consistorio se ha aclarado que, «si finalmente se aprobase la declaración de interés general de las obras de Enresa, esto implicaría que la empresa tendría vía libre para realizar cualquier tipo de construcción sin tener que solicitar licencia de obra al Ayuntamiento y además significaría también que se vería liberada de abonar al municipio las tasas por licencia y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)».
Ante esa posibilidad, «se han emprendido acciones por parte de esta Corporación a través de la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares), entre las que se encuentra el encargo de un informe jurídico y el contacto con diferentes grupos políticos, para intentar detener» lo que el Consistorio de Hornachuelos considera «una injerencia en las competencias municipales por la vía de la imposición».
Junto a ello, se han reiterado, «como se ha hecho cada vez que esta corporación ha tenido oportunidad, una serie de reivindicaciones, algunas de ellas históricas, que tiene el municipio con respecto a las compensaciones que considera que le corresponden por albergar en su término municipal estas instalaciones».
El Gobierno reconoce que planea ampliar el almacén de residuos radioactivos para que acoja los restos del desmantelamiento de las centrales nucleares de España
La historia del almacén de residuos radioactivos de El Cabril (el eufemismo usado por el Gobierno para no llamarlo directamente cementerio nuclear, como popularmente se le conoció) está llena de secretos. Todo lo que pasa en la Sierra Albarrana desde los años cuarenta ha sido contado en susurros y a cuentagotas. Incluso en plena democracia tuvieron que ser un valiente periodista y un aguerrido fotógrafo, Sebastián Cuevas y José Manuel De la Fuente, los que disfrazados descubrieran, con el cadáver de Franco recién enterrado, que la antigua Mina Beta de la Sierra Albarrana era un “cementerio atómico”. Este almacén nuclear llevaba décadas funcionando de una manera bastante artesanal: a Hornachuelos llegaban barriles con basura nuclear que unos operarios bajaban al corazón de una antigua mina.
Han pasado 42 años justos desde que Sebastián Cuevas y José Manuel de la Fuente se la jugaran por arroyos, veredas, fincas de caza y caminos rurales del corazón de la sierra de Hornachuelos para publicar aquel icónico reportaje titulado Andalucía, vertedero atómico, en la revista Tierras del Sur. Muchos vecinos de Hornachuelos y del entonces próspero Valle del Guadiato leyeron así lo que escuchaban en las tabernas y le contaba algún familiar que trabajaba en la zona: que a la Sierra Albarrana estaba llegando la basura nuclear procedente de toda España. 42 años después, los vecinos se han enterado también por la prensa de una decisión que ya está tomada. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió en el Senado a la parlamentaria Pilar González que el Gobierno va a ampliar El Cabril para trasladar allí todos los residuos de muy baja, baja y media actividad procedentes del desmantelamiento de todas las centrales nucleares de España.
La historia de El Cabril arranca en 1947. En cada visita que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) organiza para la prensa en la Sierra Albarrana se repite el origen de la que hoy es la única solución al enorme problema que tiene España con la decisión tomada para desmantelar todas sus centrales nucleares: qué hacer con la basura generada. En 1947 el ingeniero Antonio Carbonell descubrió que en El Cabril había uranio. Eran los años cuarenta. Apenas dos años antes Estados Unidos había lanzado dos bombas atómicas en Japón que habían puesto punto y final a la Segunda Guerra Mundial. España entraba también en la carrera atómica. Se buscaba no solo la bomba (algo que nunca consiguió el régimen de Franco) sino el acceso a una fuente de energía que se sostenía barata.
En 1947, la Junta de Energía Nuclear (JEN) creada por el régimen franquista deslindó la zona. Y se comenzó a excavar lo que se llamó Mina Beta. Pronto se abandonó la extracción de uranio. El terreno era demasiado duro y los costes se disparaban. Entonces, el gobierno franquista se topó con un problema que ya estaba ocurriendo en el resto del mundo: qué hacer con los residuos nucleares que se generaban en las centrales. ¿La solución? Como en Europa, aprovechar minas abandonadas en zonas alejadas de la población y con escaso riesgo sísmico. En 1961 llegaron los primeros bidones al corazón de esta mina abandonada. Durante 20 años, hasta bien entrada la democracia, los bidones siguieron entrando a la zona.
El reportaje que cambió la historia de El Cabril
Hoy la Mina Beta está sellada y en su interior esconde los secretos de aquellos oscuros años. Pero a causa de esta decisión, y a que el suelo era ya propiedad de la JEN, el Gobierno decidió que el lugar para guardar los residuos radiactivos del país estaba al norte de la provincia de Córdoba, en un paraje supuestamente muy alejado de cualquier población pero con un altísimo valor medioambiental. Así nació El Cabril y así se fundó Enresa.
El reportaje de Sebastián Cuevas y de José Manuel De la Fuente provocó una enorme indignación ciudadana. Surgió una plataforma que rechazaba que Córdoba fuese un cementerio nuclear que en 1986, con el accidente de Chernóbil, regresó con muchísima fuerza.
En los años ochenta, el Gobierno reaccionó. La decisión estaba tomada. El Cabril iba a ser, sí o sí, el lugar elegido para depositar los residuos generados en España. Pero no los altamente radioactivos. Entonces no había ninguna central nuclear próxima al final de su vida y no se planeó qué hacer con esos enormes depósitos de combustible gastados. A El Cabril solo llegaba la basura radiactiva de los hospitales, de los laboratorios y también de episodios de contaminación radioactiva en España.
El 30 de mayo de 1998 hubo un grave incidente radioactivo en España. La planta de chatarra de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) tuvo un fallo. A derretir el material, el cesio-137 ardió y causó una nube radiactiva que fue detectada en Europa, pero no en Algeciras. La nube era 1.000 veces más potente de lo normal. Las cenizas radiactivas de aquel accidente están en El Cabril.
El debate sobre qué hacer con una central nuclear una vez desmantelada no se abrió hasta el Gobierno de Zapatero. La llegada de las cenizas de Acerinox empezaba a dar pistas. Europa ordenó una directiva de obligado cumplimiento a todos sus países para almacenar de manera segura y adecuada sus residuos nucleares. El objetivo era crear un único punto, llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC), al que llevar los grandes residuos radioactivos de las centrales nucleares. Sería, su nombre lo indica, temporal, antes de construir una gran infraestructura para almacenar ya de manera definitiva una basura que en algunos casos puede seguir siendo radioactiva dentro de miles de años.
El desmantelamiento de las nucleares
El Consejo de Ministros designó, el 30 de diciembre de 2011, el municipio conquense de Villar de Cañas como sede del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su Centro Tecnológico Asociado. Hubo debate en el norte de Córdoba. Incluso se llegaron a tomar muestras del suelo de Los Pedroches, ya que los ingenieros consideran que el granito es perfecto para una instalación de este tipo, pero la contestación ciudadana y política descartó cualquier posibilidad de que el ATC acabase también en Córdoba.
Pero informes posteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy desaconsejaron usar el suelo de Villar de Cañas por los riesgos que suponía para un almacén de este tipo. Y eso en un momento en el que la decisión estaba tomada, con las primeras nucleares llegando al final de su vida útil y empezando a ser desmontadas. ¿Qué hacer entonces con los residuos nucleares?
Y es aquí donde de nuevo los vecinos de la zona se han vuelto a enterar por la prensa, después de meses de intensos rumores. El sexto Plan Nacional de Residuos Nucleares está a punto de cumplir y el séptimo está en borrador. El documento aún no es público, pero por lo que el Gobierno ha ido contando El Cabril va a volver a tener un papel fundamental.
De momento, Enresa ya trabaja en un gran proyecto para duplicar el número de celdas de almacenamiento de El Cabril con el objetivo de sepultar en ellas todos los residuos de hasta media actividad que se generan en el proceso de desmantelamiento de una central nuclear. Y eso, salvo el núcleo de la propia central, son muchísimos residuos: desde el escombro, hasta las arenas de alrededor, pasando por los trajes de protección que han usado los trabajadores o incluso su propio material.
A día de hoy, El Cabril tiene ya 22 de sus celdas llenas de residuos, en un espacio de 50.000 metros cuadrados. Aún tiene espacio en seis más. Además, tiene previsto construir otras cuatro celdas, la 29, la 30, la 31 y la 32, que ocuparían 130.000 metros cuadrados. Enresa prevé que con estas cuatro celdas haya espacio suficiente para acoger los residuos de los próximos años. Pero seguirá haciendo falta sitio para todo lo que generará el desmantelamiento total de las centrales nucleares españolas.
Por ello se trabaja en un proyecto en dos fases. En la primera, y con el horizonte puesto en 2028, se construirían 12 celdas más. La segunda fase, sin fecha, prevé otras 17. En total, serían otros 25 recipientes especiales en los que poder sepultar los residuos de media, baja y muy baja intensidad procedentes de todas las centrales nucleares españolas.
¿Y qué pasa mientras con los residuos de muy alta actividad? Hasta que no se construya un almacén central, todos se tienen que quedar en las centrales nucleares. El Gobierno sopesa construir tres almacenes de este tipo en toda España, y no uno, como recomienda Europa. En principio, El Cabril no está en sus planes. Pero ese es un plan que siempre ha estado encima de la mesa. ¿Llevar la basura radiactiva a varios puntos de España o aprovechar que ya existe un cementerio nuclear al norte de Córdoba para depositarla?
El Cabril está en el término municipal de Hornachuelos (uno de los más grandes de España) pero mucho más cerca de los pueblos del Valle del Guadiato. De hecho, para acceder hay que pasar por el Guadiato. Desde Hornachuelos es casi imposible hacerlo, si se quiere sobrevivir a una carretera con mareo asegurado. En el Guadiato siempre se ha denunciado, especialmente desde IU (formación que hoy está en el Gobierno de España), que su crisis industrial y su despoblación es una estrategia para convertir a El Cabril en el gran cementerio nuclear del sur de Europa.
Como siempre, los vecinos son los últimos en enterarse. El Ayuntamiento de Hornachuelos ha denunciado públicamente que está en contra del plan del Gobierno, que prevé declarar la ampliación de El Cabril de interés público y que evita, de esta forma, que sea el propio Consistorio el que dé la licencia de obras y actividad.
Además, los partidos de izquierdas en la provincia de Córdoba, históricamente muy combativos contra todo lo que supone El Cabril, miran con recele lo que están haciendo en Madrid sus compañeros de partido. Adelante Andalucía ya ha dicho que hará todo lo posible por “minimizar” la ampliación de El Cabril.
Mientras, el gran temor de los vecinos de la zona pasa por el transporte. La llegada de residuos nucleares a El Cabril no es fácil. El acceso desde Hornachuelos es una sinuosa carretera que nace desde el mismo pueblo y que atraviesa Sierra Morena. Desde el Norte, la carretera de Alanís de la Sierra (Sevilla) es, incluso, más sinuosa. El acceso natural es desde Fuente Obejuna. Los camiones cargados de residuos pasan por el mismo municipio y atraviesan varias de sus aldeas.
Por eso, la ampliación de El Cabril empieza a inquietar a los habitantes de estas zonas, pero también a agricultores, ganaderos y ecologistas. En 2019 Enresa informó de un incidente leve. Se había detectado una filtración de agua desde una de las celdas selladas. Los ecologistas siempre han hablado del gran riesgo que supone una instalación de este tipo en el corazón de Sierra Morena, en una zona que es fuente de arroyos, veneros y aguas subterráneas vital para el consumo humano y el regadío de miles de vecinos del Valle del Guadalquivir.
Desde 2018, Enresa ya tenía prevista la solicitud de autorización para aumentar la capacidad de almacenamiento de residuos nucleares en el centro de la Sierra de Albarrana
Ha sido ahora cuando la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha incidido en la necesidad de ampliar el centro de almacenamiento de El Cabril (Hornachuelos), el único de España que gestiona restos nucleares de media, baja y muy baja actividad. Sin embargo, esta idea se viene planteando desde hace tiempo, hasta el punto de que un informe de 2018, auspiciado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ya aconsejaba ese aumento de la capacidad del centro ubicado en la Sierra de Albarrana.
El estudio (Servicio Integrado de Revisión Reguladora -IRRS- y Servicio Integrado de Revisión para Programas de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado, de Clausura y de Restauración -Artemis-) señala en su apartado de sugerencias que la capacidad de El Cabril “es limitada” y que una vez la instalación se encuentra a más del 76% de su capacidad (aunque es porcentaje ya ha aumentado), “en un futuro cercano será necesario ampliar dicha capacidad de almacenamiento”.
Por ello, el texto sugiere que Enresa “debería considerar la finalización del proceso de solicitud de ampliación de la licencia en tiempo oportuno, a fin de asegurar una disponibilidad continua de la capacidad de almacenamiento requerida” y que este objetivo debe incluirse en la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos, un extremo que la empresa pública ya ha avanzado que hará.
Pero hay más, porque en ese análisis de 2018, Enresa ya admite que está trabajando en la ampliación de El Cabril. En otro de los apartados, los redactores del informe señalan que “será necesario enmendar la licencia actual de la instalación a fin de aumentar las cantidades de residuos que pueden almacenarse en este centro” y que “se ha informado al equipo del Artemis de que Enresa ha comenzado los trabajos preparatorios para la actualización de la licencia”. Es decir, que desde el verano de 2018 ya quedó clara la intención de aumentar la capacidad de este espacio por parte de la entidad gestora del mismo.
Enresa presentó hace unas semanas a la Secretaría de Estado de Energía el borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, en cuyo avance propone que la gestión de los residuos de muy baja, baja y media actividad (que engloba residuos procedentes de la operación y del desmantelamiento de centrales nucleares, y los producidos en hospitales, laboratorios e industrias) siga desarrollándose en El Cabril, en la provincia de Córdoba.
En relación con los residuos de muy baja actividad, en el borrador se constata que existe una capacidad autorizada superior a la necesidad de almacenamiento de este tipo de residuos prevista en el futuro. En cambio, para el caso de los de baja y media actividad, se contempla la necesidad de nuevas celdas de almacenamiento, fruto del desmantelamiento de las centrales nucleares. Prácticamente, lo que ha hecho Enresa en este avance es incluir las sugerencias que ya aparecen en el informe IRRS-Artemis del año 2018.
Pero además, a finales de febrero, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), a la que pertenece Hornachuelos, reclamó participación y diálogo para buscar la mejor alternativa al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).
La AMAC lamentó profundamente que el proyecto de construcción del almacén no se lleve finalmente a cabo. Y, ante este hecho, consideró “indispensable” estudiar profundamente las diferentes opciones ya que, de cumplirse el calendario previsto, se necesitaría una rápida ampliación de El Cabril.
La oposición a este posible aumento de la capacidad de almacenamiento viene de la mano de los colectivos ecologistas, quienes parece que solo están dispuestos a negociar una fecha de cierre de las instalaciones y apuntan que “Córdoba ya ha cumplido” en este sentido.
Ya no hay picos de radiación, como hace días cuando la Inspección Ecológica de Ucrania detectó un aumento de la radiación 16,5 veces superior a la norma
Las autoridades ucranianas han dado por extinguido este martes el incendio forestal que desde hacía más de una semana estaba arrasando el área de exclusión en torno a la antigua central nuclear de Chernóbil. ”No hay ningún fuego en activo. Hay solo algo de fuego lento en el suelo”, ha explicado en un comunicado el Servicio de Emergencias de Ucrania, precisando que más de 400 bomberos están trabajando en la zona para completar la extinción, a la que ha contribuido la reciente lluvia caída en la zona.
Cientos de bomberos llevaban diez días enfrentándose en plena pandemia de coronavirus , con mangueras, aviones y helicópteros, a los incendios en la zona de exclusión de Chernóbil, al norte del país, escenario del peor accidente nuclear de la historia. Ya no hay picos de radiación, como se detectó hace días, pero las llamas se han llegado a acercar a los edificios de la antigua central nuclear.
Los equipos de extinción luchaban ayer para controlar los incendios forestales alrededor de la planta. El fuego se acercó a un almacén de basura nuclear, aseguró en Facebook Yaroslav Emelianenko, miembro de la Agencia Estatal para la Administración de la Zona de Exclusión.
Ayer, el fuego se acercó a un almacén de basura nuclear
El pasado 4 de abril se declararon varios incendios en esta área de 2.600 kilómetros cuadrados que se aisló en 1986 tras el peor accidente nuclear de la historia. Dos días después el fuego parecía controlado. Pero los restos del incendio se avivaron y desde entonces mantienen en vilo esa región. La Inspección Ecológica de Ucrania detectó el primer día un aumento de la radiación 16,5 veces superior a la norma. Ayer los servicios de emergencia aseguraron que la radiación ya no constituía un peligro y que era la habitual, tanto en esa zona como en la capital del país, Kíev, a unos cien kilómetros al sur de Chernóbil.
Según la agencia Unián, lo peor se vivió el pasado domingo, cuando el viento arrastraba las llamas en dirección a la central. El portal Liga.net informaba ayer de que estas se encontraban a tres kilómetros de distancia.
Los incendios forestales suelen ser frecuentes en esta zona, donde no hay actividad humana desde hace 34 años. Pero el actual ha arrasado viejos cementerios, bosques, pantanos y al menos 12 antiguas aldeas.
La catástrofe nuclear de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando se produjo una explosión en su reactor número 4. Desde entones, la zona de exclusión es una zona cerrada al ser humano, salvo unos 180 lugareños que nunca se fueron y el personal técnico que durante años fue desmantelando la central nuclear (cerrada definitivamente en el año 2000), y el que hoy se encarga vigilar el lugar y el sarcófago que protege al mundo de la radiación que queda en el antiguo núcleo del reactor.
La energia nuclear en España 