El Ministro de la Industria propone traspasar a las eléctricas los fondos de Enresa para desmantelar las nucleares

 

Nuevo intento de traspasar dinero público a las empresas privadas que han generado el problema de los residuos nucleares.

¿Que ocurre cuando una empresa privada neoliberal gestiona algo? que busca su  mayor lucro, independientemente de las consecuencias económicas, sociales o ambientales a su entorno.

La empresa pública, con un fondo de 4.500 millones, seguiría gestionando los residuos, es decir, los mayores costes.

Con la medida, que incluirá en una proposición de ley, Nadal dice quiere frenar el cierre de centrales. La realidad es que hay que sumar puntos para buscar un cargo de político giratorio al terminar de ser ministro.

demás de los polémicos recortes a la retribución de las redes eléctricas y de gas que el Ministerio de Energía quiso introducir como enmiendas al proyecto de ley contra la sequía, el departamento que dirige Álvaro Nadal había planteado una tercera enmienda para obligar a las eléctricas a desmantelar sus centrales nucleares. Una función que tiene reservada desde su creación la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Aunque estas tres enmiendas acabaron fuera del citado proyecto de ley, al no contar con el respaldo del Grupo Socialista, el ministro no ha tirado la toalla y ha decidido incluir estas medidas en una proposición de ley que presentará próximamente el Partido Popular. La relativa al desmantelamiento de las centrales nucleares, a la que ha tenido acceso CincoDías, supondría un cambio radical de la actual situación, pues plantea el trasvase de la función del desmantelamiento de las plantas que ahora corresponde a Enresa a los titulares de las plantas (las grandes eléctricas). Y, lo que es más relevante, la cesión del fondo de 4.500 millones de euros que durante años ha acumulado la empresa pública para la gestión de los residuos radiactivos (función que mantendría) y el desguace de las centrales.

Según el texto de la propuesta, titulado “Modificaciones de rango legal para traspasar la función de desmantelamiento de Enresa a los titulares de centrales nucleares”, el Gobierno se propone transferir a las eléctricas “la obligación de llevar a cabo el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares”. Al mismo tiempo, añade, se le transferirá “la parte equivalente del fondo del que dispone Enresa para realizar esta actividad, exigiéndosele determinadas cautelas, tanto para la conservación de los fondos recibidos con esa finalidad, como para la dotación del total de fondos requeridos para el citado desmantelamiento”.

La propuesta responde a la intención del ministro de Energía de poner trabas a eléctricas que, como Iberdrola, amenazan con cerrar sus nucleares por no considerarlas rentables. Sin embargo, un cambio tan drástico es calificado de “altamente peligroso”, tanto entre fuentes del sector como del propio Gobierno del PP. Y, sobre todo, “difícil de controlar y valorar”.

ENRESA

Además, recuerdan las mismas fuentes, hasta 2005, los fondos de Enresa fueron aportados por los consumidores en la factura de la luz y a partir de ese año el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió cobrarlo a las empresas a través de tasas. Por tanto, “una parte sería de los usuarios”, añaden.

Enresa es la empresa pública (tutelada por el Ministerio de Energía) responsable del desmantelamiento de las centrales atómicas. Hasta el momento, la compañía ha dirigido los desmantelamientos de Vandellós I (clausurada tras un grave accidente en 1988 y cuyo sarcófago no se desmontará hasta 2028); la de José Cabrera (Zorita), en Guadalajara, y ya ha recibido la titularidad de la central de Santa María de Garoña, cuyo cierre fue decretado el pasado verano. Esta se vería afectada por la nueva ley, si esta prospera.

Según la actual normativa, que el ministerio pretende cambiar, Enresa se convierte en titular de las plantas una vez que se cierran y en tanto termina el desmantelamiento, momento a partir del cual le devuelve a las eléctricas los terrenos.

La medida implicaría la modificación de la Ley de Energía Nuclear, de 1964, y la Ley del Sector Eléctrico, de 1997, y con ella el Gobierno dice aspirar “a incrementar la eficiencia del desmantelamiento, ya que pasa a ejecutarse directamente por su propietaria, que es quien mejor conoce la central”. Y, en su opinión, “elimina cualquier incertidumbre sobre los costes de desmantelamiento, cuyo déficit ya no se tendría que financiar con dinero público”.

El Gobierno deja así claro que el actual fondo de 4.500 millones no cubriría el desmantelamiento de todas las plantas, pues una buena parte debe destinarse a la gestión del combustible gastado y de los residuos de media y baja intensidad de la planta de El Cabril, de la que seguirá ocupándose Enresa. Aunque desmantelar una planta cuesta una media de 300 millones (hay siete reactores funcionando, más los tres en desmantelamiento), parte del fondo se destina a la gestión de residuos de los almacenes individuales (ATI) ubicados en las propias centrales y al futuro ATC en proyecto.

El último Plan General de Residuos, de 2006, ya establecía que Enresa necesitaría 13.000 millones de euros para el desmantelamiento de todo el parque y gestionar los residuos durante 60 años.

Sanciones de hasta 300 millones

La propuesta del Ministerio de Energía de trasvasar la responsabilidad del desmantelamiento de las nucleares a sus propietarias, establece que, en el caso de que alguna de ellas incumpla su obligación, el desguace sería ejecutado de forma subsidiaria por Enresa. Eso sí, se reclamaría a la eléctrica “daños y perjuicios”, que se enfrentaría también a sanciones de hasta 300 millones de euros (el coste de desmantelar un reactor).

La gestión de los residuos seguiría en manos de Enresa, pues esta se considerará “un servicio público esencial” que se reserva el Estado. Esta actividad de financiará mediante tasas y tendrá la consideración de coste regulado del sistema. También lo tendrá el desmantelamiento de las centrales cerradas antes de 2010: Vandellós I y Zorita. Sin embargo, tanto el de Garoña como el de las que cierren en el futuro, deberán ser financiadas por sus propietarias. Almaraz I será la próxima en cumplir 40 años de vida útil, en 2021.

Si el cierre es debido a fuerza mayor y se adelanta a lo establecido en el Plan de Residuos Radiactivos, el déficit de financiación (lo que no cubra el fondo de Enresa) se considerará un coste del sistema. Esto es, lo pagarían los consumidores en la factura de la luz.

Fuente: elpais.es

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El ATC de Cuenca está muerto y enterrado.Terremoto a 40 km. del pretendido almacén nuclear de Cuenca

 

Un terremoto de 3,2 grados de magnitud en la escala de Richter se ha registrado el martes 6 de febrero en la localidad conquense de La Alberca de Záncara.

El lugar del epicentro está situado a poco más de 39 km. de Villar de Cañas.

En mayo de 2017 hubo un terremoto de 2,3 grados  a 24 kilómetros.

El terremoto ha tenido lugar sobre las 15.26 horas y ha llegado a tener una profundidad de 11 kilómetros, según publica la web Instituto Geográfico Nacional y recoge Europa Press.
Este seísmo llega apenas 50 días después de otro de 3,7 grados de magnitud registrado el 20 de diciembre en la localidad alcarreña de Yebra, otra de las localidades que pugnaron por hacerse con el proyecto.

En mayo de 2017 hubo un terremoto de 2,3 grados  a 24 kilómetros. (leer más)

Terrenos inestables e inundables

Los dos informes externos (de la consultora URS y de la Universidad de Cantabria) y la documentación de los técnicos del CSN también facilitada por el organismo confirman que la información entregada por Enresa sobre el suelo en que se ubicará el silo era insuficiente y que existían dudas sobre la idoneidad de los terrenos por su composición. (seguir leyendo)

Chapuza a la española: Se inundan los terrenos del almacen nuclear de Cuenca. Un informe advierte de posibles hundimientos en el terreno del almacen nuclear

Enresa, la empresa pública que construirá el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas (431 habitantes, Cuenca) reconoce en uno de sus informes técnicos la posible existencia de “riesgos geotécnicos relevantes” que podrían generar hundimientos en el terreno.  (seguir leyendo)

Terrenos inundados donde quieren hacer el ATC de Cuenca

Terrenos inundados donde quieren hacer el ATC de Cuenca

Fuente:  la tribuna de Albacete

 

Rajoy entierra 100 millones en el cementerio nuclear varado en los tribunales

Enresa suma contratos mientras se anula el plan de urbanismo de Villar de Cañas, en Cuenca.

Seis años después de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se apresurara a aprobar en diciembre de 2011 -en el primer Consejo de Ministros tras ganar las elecciones del 20 de noviembre- el emplazamiento del cementerio nuclear, en Villar de Cañas (Cuenca), el proyecto sigue empantanado a la espera de que se tengan todos los permisos. Ni siquiera existe el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental, pendiente de que lo apruebe el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Y los reveses al proyecto prosiguen mientras el Gobierno sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros.

Nulidad el plan de urbanismo

El último contratiempo al cementerio nuclear se producía el pasado 11 de enero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) desestimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento conquense contra la decisión que había adoptado el Gobierno regional, presidido por Emilio García Page, de anular el plan de urbanismo de la localidad nada más asumir el cargo, en julio de 2015.

Su antecesora, la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se había apresurado a aprobar este plan de urbanismo, en junio de 2015, estando en funciones, y con el objetivo de tratar de dejar atado uno de los muchos cabos sueltos del proyecto.

Reacciones dispares

La decisión del TSJCM, recurrible ante el Supremo, era acogida de manera dispar. Desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear lo tienen claro. “Las prisas por aprobar el plan, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de falta de seguridad jurídica. Y, por mucho que diga el alcalde, sin plan no hay ATC”, comentaba a EL ESPAÑOL la hasta ahora portavoz de esta plataforma, María Andrés, la ganadera de la zona que este domingo era nombrada presidenta de Ecologistas en Acción Cuenca.

En sentido contrario, el ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, obviaba la sentencia y daba por hecho la presentación del recurso ante el Supremo, confiando que el alto tribunal enmiende la plana al TSJC. Cree Catalá que la instalación nuclear debe seguir adelante por las repercusiones positivas sobre la economía y el empleo en la zona.

Argumento que era rápidamente respondido por García-Page. “Es absurdo continuar con el proyecto. Sin plan de ordenación no se pueden dar licencias y, además, se corre el riesgo de cometer delito de prevaricación”, salía al paso el presidente castellano-manchego.

Nuevas licitaciones en el cementerio nuclear

No obstante, las licitaciones de contratos y adjudicaciones de Enresa prosiguen. En estos momentos, como ha podido comprobar este periódico en el perfil del contratante de la empresa pública, existen dos expedientes en marcha.

Este mismo lunes el presidente de Enresa, Juan José Zaballa, ponía su firma a la convocatoria del contrato para realizar, por 48.000 euros, el servicio de retirada de aguas residuales en el Parque Empresarial de Enresa en Villar de Cañas. Y un mes antes, en diciembre de 2017, también ratificaba el expediente de contratación para realizar, por 2,3 millones de euros, el estudio de cápsulas de almacenamiento a gestionar en el cementerio nuclear.

Son los últimos contratos que, relacionados con el ATC, Enresa va a adjudicar. Antes, las adjudicaciones fueron recurrentes. Sobre todo entre 2012 y febrero 2015, cuando el Gobierno forzaba la dimisión de Francisco Gil-Ortega -hombre de confianza de Cospedal- para evitar males mayores. Se había empecinado en aprobar la construcción del edificio principal del almacén, por casi 300 millones de euros, sin contar con el beneplácito del Consejo de Seguridad Nuclear.

Primeros contratos en el ATC para Iberinco

Hasta ese momento, desde junio de 2012 hasta que Gil-Ortega presentaba su dimisión, el  11 de febrero de 2015, Enresa adjudicó numerosos contratos. Entre ellos, varios a la empresa Iberdrola Ingeniería y Construcción (Iberinco) –por sí sola o unida mediante UTE con otras sociedades–, por 34 millones de euros.

En Iberinco figuraba como consejero Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, nombrado para este cargo en mayo de 2012, coincidiendo con el nombramiento de Gil-Ortega para la presidencia de Enresa. En 2017, Iberdrola, tras varios casos de corrupción en el exterior, optaba por absorber esta filial y destituir a toda la cúpula directiva, pero mantenía la estructura del consejo, renovando en su cargo a López del Hierro.

Misma dinámica contractual al llegar Zaballa

Tras ser relevado Gil-Ortega, su sustituto, Juan José Zaballa, proseguía con la misma dinámica. No adjudicaba el contrato principal del cementerio nuclear, pero sí otros, tirando del procedimiento abreviado y urgente. Una vía que se antojaba difícil de entender cuando no se sabía, ni se sabe, si el almacén se va a construir o no.

Así, en los primeros meses de Zaballa al frente de Enresa, la empresa pública adjudicaba 4 contratos relacionados con el ATC de Villar de Cañas. La seguridad y vigilancia del emplazamiento a Segurisa, por 1,7 millones  de euros; el mobiliario para el laboratorio del almacén a Romero Muebles de Laboratorio, por 40.000 euros; uno relativo al programa de vigilancia radiológica, por casi 80.000 euros. Y otro, por 26,3 millones a la sociedad pública Equipos Nucleares (ENSA) para suministrar 10 contenedores de doble uso.

Parón licitador antes de las generales de diciembre de 2015

Tras un periodo de paralización, provocado por las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Zaballa retomaba, a principios de 2016, las adjudicaciones relativas al cementerio nuclear. Uno, por casi 50.000 euros, para que la empresa Intopcar lleve a cabo el servicio de monitorización de la red topográfica de precisión del emplazamiento del ATC. Otro, por casi 47.000 euros, por el que Suministros Garrido aporte bombas de muestreo de aire para el Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental.

Y un tercero, de casi 22.000 euros, para que la UTE formada por las empresas Vigilancia Medioambiental y Proyectos y Explotaciones Vicor redactase un estudio para cumplir con la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

También otorgaba Enresa a las empresas Eptisa, AGS y Sondeos Peñarroya, por 350.000 euros, un contrato complementario al adjudicado en octubre de 2015, por algo más de un millón de euros, para llevar a cabo nuevos sondeos sobre los terrenos escogidos para levantar el silo nuclear.

El 67% de las adjudicaciones del ATC fueron a IBERINCO  la empresa de la que es consejero el marido de Cospedal

Iberinco, la filial de ingeniería y construcción de Iberdrola de la que es consejero Ignacio López del Hierro, marido de la ex presidenta de Castilla-La Mancha y lídel del PP regional, María Dolores de Cospedal, obtuvo el 67,6% de las adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en el Almacen Temporal Centralizado (ATC). Los datos los ha hecho públicos hoy la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que agrupa a medio centenar de organizaciones.

El colectivo ha presentado hoy un escrito en la Subdelegación de Gobierno de Cuenca por el que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue estos contratos, cinco en total, adquiridos por la empresa directamente o a través de empresas en las que tiene una importante participación accionarial, como GHESA o Empresarios Agrupados.

ContratosATC_06-01-2016.xlsx

 

Éstos contratos suponen un total de 36,99 millones de euros, más de dos tercios de las adjudicaciones de la empresa pública en el almacén. La compañía es la encargada de la instalación del polémico ATC en la localidad conquense de Villar de Cañas, hoy paralizado por diversas acciones ante la Justicia.

leer más sobre esto…

Iberdrola mantiene al marido de Cospedal en IBERINCO, su polémica filial de ingeniería.

El Banco Mundial siguió muy de cerca los movimientos de esta polémica filial y la paciencia se agotó cuando salió a la luz que altos directivos de Iberinco aceptaron sobornos en Letonia y Albania, donde entre 2004 y 2005 obtuvo dos contratos por 9 millones para construcción y mejoras en subestaciones eléctricas. El dinero para acometer estas inversiones procedía del propio Banco Mundial. Por este motivo, Iberdrola inició la liquidación de esta sociedad.

Iberinco contaba con 1.500 empleados en esta filial de ingeniería y construcción y parte de ellos han pasado a la matriz y a otros departamentos para tratar de solventar las pérdidas que arrastra y recuperar la mala imagen dada. La cúpula de Iberdrola decidió cesar a toda la dirección de Iberinco, pero mantiene casi intacto al consejo de administración. Entre los cargos, según publica El Confidencial, se encuentra el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro.

 

Fuentes:     www.20minutos.es

intereconomia.com

diagonalperiodico.net

elespañol.com

Page cree que hay una razón económica “muy poderosa” para que Gobierno España quiera seguir construyendo el silo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno de España que haga un “ejercicio de prudencia” con respecto a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y ha insistido en que tiene que haber “alguna razón muy poderosa de tipo económico” para que el Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy “siga planteándosela”, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad con la intención.

El presidente regional ha contestado de esta forma al ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, que reiteró este lunes el “compromiso” del Gobierno central con el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, considerando “muy importante” que salga adelante.

García-Page, en una rueda de prensa con motivo de la celebración de un Consejo de Gobierno de carácter itinerante en Motilla del Palancar (Cuenca), ha reiterado que España “tiene que plantearse la estrategia de gestión de residuos”, al tiempo que se ha mostrado “satisfecho” de que el TSJCM haya dado la razón a la Consejería de Fomento, asegurando que el Plan de Ordenación Municipal (POM) es “tan ilegal que el Ayuntamiento no va a hacer reclamación, salvo que haya intereses más radiactivos que lo que se quiere enterrar”.

El presidente regional ha criticado la “demagogia barata” de “ver al ministro Soria y a Cospedal intentar decirle a la gente que les había tocado la lotería porque venía un agujero donde se enterraban residuos nucleares”, asegurando que al instalar el ATC en la provincia conquense “se espanta el turismo y además se hace correr riesgo a la población en los cientos de tránsitos de camiones peligrosos por la región”.

“Hubo en el aire muchas instalaciones posibles y no se eligió la primera, la segunda ni la tercera, se eligió la cuarta”, ha recordado, manifestando que “hay opciones posibles y alternativas” al almacenamiento centralizado de los residuos nucleares,

En referencia a los tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que informan desfavorablemente al respecto de la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el pueblo y el ATC, García-Page ha considerado que “que falte agua para el agujero nuclear puede ser hasta conveniente para que no salga adelante”, aunque ha reconocido que podría ser malo “para otras inversiones positivas” en la zona.

El 67% de las adjudicaciones del ATC fueron a IBERINCO  la empresa de la que es consejero el marido de Cospedal

Iberinco, la filial de ingeniería y construcción de Iberdrola de la que es consejero Ignacio López del Hierro, marido de la ex presidenta de Castilla-La Mancha y lídel del PP regional, María Dolores de Cospedal, obtuvo el 67,6% de las adjudicaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) en el Almacen Temporal Centralizado (ATC). Los datos los ha hecho públicos hoy la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que agrupa a medio centenar de organizaciones.

El colectivo ha presentado hoy un escrito en la Subdelegación de Gobierno de Cuenca por el que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue estos contratos, cinco en total, adquiridos por la empresa directamente o a través de empresas en las que tiene una importante participación accionarial, como GHESA o Empresarios Agrupados.

ContratosATC_06-01-2016.xlsx

 

Éstos contratos suponen un total de 36,99 millones de euros, más de dos tercios de las adjudicaciones de la empresa pública en el almacén. La compañía es la encargada de la instalación del polémico ATC en la localidad conquense de Villar de Cañas, hoy paralizado por diversas acciones ante la Justicia.

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Iberdrola mantiene al marido de Cospedal en IBERINCO, su polémica filial de ingeniería.

El Banco Mundial siguió muy de cerca los movimientos de esta polémica filial y la paciencia se agotó cuando salió a la luz que altos directivos de Iberinco aceptaron sobornos en Letonia y Albania, donde entre 2004 y 2005 obtuvo dos contratos por 9 millones para construcción y mejoras en subestaciones eléctricas. El dinero para acometer estas inversiones procedía del propio Banco Mundial. Por este motivo, Iberdrola inició la liquidación de esta sociedad.

Iberinco contaba con 1.500 empleados en esta filial de ingeniería y construcción y parte de ellos han pasado a la matriz y a otros departamentos para tratar de solventar las pérdidas que arrastra y recuperar la mala imagen dada. La cúpula de Iberdrola decidió cesar a toda la dirección de Iberinco, pero mantiene casi intacto al consejo de administración. Entre los cargos, según publica El Confidencial, se encuentra el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro.

 

Fuentes:     www.20minutos.es

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La comarca de Garoña abandonada a su suerte.

Ningún plan económico, ni ayudas de la Junta de Castilla y León o Madrid.

Ecologistas exigen vigilar el cauce del Ebro.

La central sigue 5 años después en la fase previa a su desmantelamiento.

ENDESA e Iberdrola se han lucrado durante 45 años mientras el norte de España ha dispuesto de energía eléctrica para su desarrollo a un coste competitivo.

Ahora la comarca de Garoña recoge su herencia en forma de una despoblación y un abandono económico casi completos.

Sobre el Valle de Tobalina, rodeado por 2 Parques Naturales, atravesado por el rio Ebro y colindante a la ciudad medieval de Frias, han planeado varias amenazas en los últimos 10 años. Sólo la tenacidad de sus habitantes y veraneantes han conseguido parar la autopista AP69, una incineradora de neumáticos, un permiso de fracking … y esperemos que tambien una cantera que pretende establecer la empresa Yarritu de Miranda de Ebro.

El reactor central de Garoña fué detenido hace cinco años. A las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012, en concreto. Después de 42 años se desenganchaba de la red eléctrica, aunque hasta agosto de este año no se ha apagado el espíritu de esta planta nuclear levantada a 5 kilómetros de suelo vasco. Un lustro en el que estas instalaciones localizadas en el valle burgalés de Tobalina continúan estancadas en la fase previa a su desmantelamiento que según algunas voces expertas, no arrancará hasta 2020;y eso si los plazos son respetados. Y que, como mínimo, se extenderá durante cerca de siete años.

Al finalizar todo el proceso, allá por 2033, los terrenos ocupados a orillas del Ebro deberían quedar completamente liberados de cualquier fuente contaminante y ser destinados “a cualquier uso sin restricciones derivadas de la presencia de radiaciones ionizantes debidas a la operación de la central” ilustra Fernando Legarda, jefe del Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos de la UPV/EHU. A juicio de este experto, ese horizonte de 2033 “es coherente” con lo realizado en el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera [más conocida como Zoritapor estar ubicada en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, al paso del río Tajo] “donde no ha habido paradas en el proceso”.

Los grupos ecologistas no han quitado ojo a todo lo ocurrido en la central en las cuatro últimas décadas. Por eso, como subrayaban desde el Foro contra Garoña, una vez ganada la primera batalla [el cierre] viene la segunda “que es larga y también difícil”: el desmantelamiento. En este sentido, reclaman que tanto la Diputación Foral de Araba como el Gobierno vasco “hagan directamente controles periódicos en el Ebro para asegurar que no haya ningún escape radiactivo”. Además, solicitan que en la web del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se informe debidamente y en tiempo de los procesos del trabajo a realizar: datos técnicos, plazos, periodicidad de los informes de control y tipo de mediciones…

La ‘basura nuclear’Y, por supuesto, que no se deje ningún residuo en las instalaciones de Santa María de Garoña. Los trabajos previos al desmantelamiento de esta planta, que ha visto reducida su plantilla a base de prejubilaciones (50) y recolocaciones (68), siguen su curso antes de que en 2020 la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tome el testigo de los trabajos, un proceso que incluirá la custodia de la popularmente llamada basura nuclear. Residuos que, al menos en parte, habrían comenzado a ser trasladados en los últimos tiempos al cementerio nuclear de El Cabril, ubicado en la localidad cordobesa de Hornachuelos, lo que ha derivado en la solicitud de una investigación a la Comisión Europea por parte de Izquierda Unida-Andalucía.

El coste del predesmantelamiento que realizará Nuclenor los próximos tres años se calcula que tendrá un coste de unos 150 millones de euros, a los que se sumarán otros 200 más para el desmantelamiento definitivo si se tiene en cuenta como referencia el coste de las nucleares ya desmanteladas. En paralelo, se encuentra en el aire el futuro de la zona de influencia de Garoña, pendiente de un plan de reactivación que viene demandándose ya desde hace años. El Parlamento Vasco exigía a finales de octubre que el Ministerio de Energía y las empresas propietarias de Garoña comiencen “sin más demora, el procedimiento administrativo y técnico para las labores de desmantelamiento” de esta central.

La Cámara Vasca quiere que el proceso de desmantelamiento se lleve a cabo garantizando la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente. Además ha reclamado al Ejecutivo de Rajoy que ejecute un plan de reactivación económica en la comarca que incluya también a los municipios vascos afectados, en el que participen el Gobierno vasco y la institución foral alavesa. Precisamente la Diputación gobernada por el PNV aprobaba hace un par de meses un texto que instaba a que el desmantelamiento de la central “transcurra con transparencia tanto en la descontaminación de la zona y en la gestión de los residuos radiactivos”.

El ATC importaEl combustible gastado, describía Legarda, será retirado de la piscina de Garoña para ser ubicado “en contenedores en seco” que se alojarán en el Almacén Temporal Individual (ATI) de la central hasta que sea trasladado al Almacén Temporal Centralizado (ATC) que se construye en Villar de Cañas, Cuenca. Los residuos de media, baja y muy baja actividad serán, en principio, remitidos al almacén que Enresa dispone en El Cabril. Eso sí, el retraso acumulado en el proyecto del ATC corre en contra del desmantelamiento de Garoña. En opinión del docente de la UPV/EHU, “que se prolongue la estancia del combustible gastado y residuos de alta actividad en el ATI de la central”.

Desde la plataforma Foro contra Garoña insisten en la necesidad de controlar el proceso de desarme de la planta nuclear a fin de evitar vertidos al Ebro y “eliminar todo riesgo de fuga radiactiva”. “No es un tema que permita márgenes de riesgo alguno ya que lo que se juega es la salud de población y de nuestros recursos naturales”, entonan al tiempo que añaden a su lista de requerimiento: “Ni que los residuos se queden ahí para siempre”.

La cifra 119

El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa después de que el Ministerio certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña (no los miles que decían las empresas), el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), establece que “el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”, indicaban.

Fuente: deia.com

Desmantelamiento de Zorita 6. El Cabril recibe 5.500 toneladas de residuos tras el cierre de Zorita

El desmantelamiento de la central nuclear de Guadalajara entra en fase de descontaminación y desclasificación de suelos, un proceso que durará hasta 2019, tres años más de lo previsto

El desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera de Almonacid de Zorita (Guadalajara), que ha entrado ya en la fase de descontaminación y desclasificación de edificios y terrenos, ha generado hasta la fecha un total de más de 13.000 toneladas de materiales, de las cuales 5.500 se corresponden con residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad y han sido enviados a El Cabril, el único almacén de España que procesa este tipo de basuras y que gestiona la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) en el término municipal de Hornachuelos.

Fuentes de la sociedad explicaron a el Día que otras 6.000 toneladas corresponden a materiales convencionales y 1.500 toneladas a material desclasificable. Este último procedente de zonas radiológicas pero susceptible de ser gestionado como material convencional una vez verificada su ausencia de contaminación.

Zorita fue la primera central nuclear en ponerse en funcionamiento en España y ahora es la primera inmersa en un proceso de desmantelamiento completo, donde están trabajando un total de 200 personas, 11 en plantilla de Enresa y 189 subcontratadas. La próxima central nuclear en comenzar un proceso de desmantelamiento será la de Santa María de Garoña (Burgos), para lo que Enresa ya ha solicitado la autorización y cuyos residuos radiactivos también terminarán en El Cabril.

En el caso de Zorita, la fase de descontaminación y desclasificación de edificios y terrenos prevé remover hasta 18.000 toneladas de tierra al fin de limpiar los suelos de posible radiación. El proceso está ya al 83% de finalizar y culminará en 2019, con tres años de retraso sobre el cronograma original.

La denominada planta de lavado es la protagonista de esta nueva fase, que ya tiene todos los parámetros de funcionamiento ajustados y los niveles máximos de contaminación admisible definidos. La estimación inicial de Enresa es que la mitad de las 18.000 toneladas sean enviadas al proceso de desclasificación de materiales, mientras que las 9.000 restantes sean tratadas en la planta de lavado de suelos.

Este método de descontaminación concentra los contaminantes en un volumen mucho menor -en una especie de torta- que debe ser gestionado también como residuo destinado al centro de almacenamiento de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, mientras que el resto del material, una vez limpio y desclasificado radiológicamente, se podrá gestionar como material convencional.

Zorita con su residuos de alta intensidad

Según Enresa, la planta de lavado estará en funcionamiento durante dos años, a medida que vayan avanzando los trabajos de demolición de los diferentes edificios de la instalación, hasta que el proceso completo culmine a finales del año 2019, según las previsiones de la entidad, lo que supondrá tres años de retraso de acuerdo con la programación teórica del proyecto. Hasta esa fecha, es previsible que el centro que Enresa gestiona en la sierra Albarrana cordobesa reciba material procedente de Guadalajara.

El año pasado, el almacén de Córdoba recibió un total de 1.175 bultos con residuos de baja y media actividad procedentes de la actividad de las centrales nucleares de los 2.859 que generaron las ocho instalaciones en activo el pasado ejercicio, lo que equivale al 42% del total. Así lo detalla el informe del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la actividad desarrollada en el pasado ejercicio.

La central que más residuos trasladó a El Cabril fue Cofrentes (Valencia), con 327 bultos. A continuación se sumaron Ascó I y II (289), Vandellós II (175), Almaraz I y II (150), Trillo (142) y la ya clausurada Santa María de Garoña (92 bultos), hasta sumar un total de 1.175 envíos.

Fuente:  eldiadecordoba

Desmantelamiento de Zorita 5. Descontaminación de suelos

La central nuclear José Cabrera de Almonacid de Zorita (Gaudalajara) entra en la fase de descontaminación y desclasificación de edificios y terrenos, para lo que comenzará a remover hasta 18.000 toneladas de tierra al fin de limpiar los suelos de posible radiación, según ha informado la empresa pública de gestión de residuos radiactivos Enresa, que ha asegurado que el proceso está ya al 83 % de finalizar y que culminará en 2019, lo que supone tres años de retraso.

Septiembre 2017

La denominada ‘planta de lavado’ será la protagonista de esta nueva fase, que ya tiene todos los parámetros de funcionamiento ajustados y los niveles máximos de contaminación admisible definidos, según fuentes de Enresa consultadas por Europa Press.

La estimación inicial de Enresa es que la mitad de las 18.000 toneladas sean enviadas al proceso de desclasificación de materiales, mientras que las 9.000 restantes sean tratadas en la planta de lavado de suelos.

Este método de descontaminación concentra los contaminantes en un volumen mucho menor –en una especie de torta– que deberá ser gestionado como residuo destinado al centro de almacenamiento de residuos de baja y media intensidad de El Cabril (Córdoba), mientras que el resto del material, una vez limpio y desclasificado radiológicamente, se podrá gestionar como material convencional.

Según Enresa, la planta de lavado estará en funcionamiento durante dos años, a medida que vayan avanzando los trabajos de demolición de los diferentes edificios de la instalación, hasta que el proceso completo culmine a finales del año 2019, según las previsiones de la entidad, lo que supondrá tres años de retraso de acuerdo con la programación teórica del proyecto.

MÁS LENTO DE LO PREVISTO

En este sentido, Enresa ha explicado a Europa Press que los retrasos en las diferentes autorizaciones así como la previsión “más lenta de lo previsto” en esta nueva fase, como el “grado de penetración de la contaminación”, han obligado a reprogramar la finalización.

Desde que Enresa asumiera la titularidad de la central para su desmantelamiento, las diferentes fases han pasado por la segmentación de componentes internos del reactor; y la carga de residuos de alta actividad que han sido depositados en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central junto a los 12 contenedores del combustible gastado.

Después, Enresa llevó a cabo la fase de segmentación de la vasija del reactor y el desmontaje del circuito primario; y, por último, la retirada del blindaje biológico del reactor de Zorita, para lo que ha sido necesario usar hilo de diamante al fin de segmentar el blindaje.

LA ENERGIA NUCLEAR ES BARATA SI LA PAGAN LOS CIUDADANOS

En cuanto al presupuesto del proyecto de desmantelamiento, fue estimado en 170 millones de euros en 2003, de los que ya se han invertido 159 a diciembre de 2016. Además, los costes de explotación asociados al desmantelamiento incluyendo costes de personal, impuestos y tasas, vigilancia y mantenimiento de instalaciones han ascendido hasta ahora a 88 millones de euros.

Zorita fue la primera central nuclear en ponerse a funcionar en España y ahora es la primera inmersa en un proceso de desmantelamiento completo, donde están trabajando un total de 200 personas, 11 en plantilla de Enresa y 189 subcontratadas.

La próxima central nuclear en comenzar un proceso de desmantelamiento será la de Santa María de Garoña (Burgos), para lo que Enresa ya ha solicitado la autorización.

“Toda la experiencia que acumulemos servirá a la hora de planificar futuros desmantelamientos”, han incidido desde Enresa.

Fuente: diarioindependientedigital.com

Mas información de Zorita:  enresa.es