Las grandes eléctricas ganan 4.300 millones en nueve meses mientras el recibo de la luz sube casi un 13%

  • Iberdrola registró el mayor beneficio, 2.416,6 millones de euros, con un incremento del 18,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior
  • Endesa y Gas Natura Fenosa recortaron sus ganancias en un 17 y un 17,4% respectivamente
  • El desplome de la producción hidroeléctrica por la sequía y el aumento del peso del carbón, el gas y el fuel en la generación disparan la factura en 2017
  • El Gobierno sólo ha aprobado una de las medidas que anunció en enero para evitar los picos de precios

Las tres mayores compañías eléctricas con operaciones en España, que son Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, ganaron 4.294,6 millones de euros en los nueve primeros meses del año, apenas un 0,41% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El periodo estuvo marcado por el escaso recurso hidroeléctrico en España y por las difíciles condiciones del mercado liberalizado, que ha afectado a los resultados de las tres energéticas, informa Europa Press.

  De las tres, Iberdrola registró el mayor beneficio, con un total de 2.416,6 millones de euros, con un incremento del 18,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, gracias al negocio internacional y extraordinarios que compensaron unas ganancias menores en España.

Por su parte, Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.085 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un descenso del 17% respecto a los 1.305 millones del mismo periodo del año anterior.

En el caso de Gas Natural Fenosa, recortó un 14,7% sus ganancias en los nueve primeros meses de este año, hasta 793 millones de euros.

A cierre del septiembre, la cifra de ingresos de las tres grandes eléctricas ascendió a 22.284,7 millones de euros, un 5,4% más que en el mismo periodo de 2016. Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de las tres compañías se situó en 11.128 millones de euros, con una caída del 8,6% con respecto a los nueve primeros meses del año pasado.

Fuente:   www.infolibre.es

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Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC


Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC de Villar de Cañas. Se ha producido este jueves, en una de las reuniones anuales que se celebran para asesorar al Consejo de Seguridad Nuclear en materia de transparencia y recabar información sobre la actividad del organismo. El proceso de licenciamiento del Almacén Temporal Centralizado ha sido uno de los asuntos a tratar.

En la batería de preguntas que uno de los miembros del Comité Asesor ha realizado, se ha cuestionado el acta de inspección de un técnico del CSN del pasado mes de junio, donde denunciaba imprecisiones y contradicciones de los datos que le suministraba ENRESA, la empresa encargada de la construcción del silo nuclear conquense. Francisco Castejón ha solicitado conocer qué acciones se piensan tomar ante el contenido de esta queja, que según subraya es de un inspector del propio CSN.

Otro de los momentos tensos se producía cuando se ha proyectado un video elaborado por ENRESA y que el presidente del CSN ha defendido “a pesar de ser una proyección que no refleja la realidad de lo que sería el futuro ATC”, según explica Castejón.

En concreto “no plasma la manipulación de los residuos que habría de los trabajadores, ni qué puede ocurrir en caso de accidente”. Así las cosas, señala que “su amparo muestra la estrecha e inusual relación que existe entre el organismo regulador y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos”.

Castejón ha insistido en la no idoneidad de los terrenos de la localidad conquense para albergar el Cementerio Nuclear.

Fuente:  cadenaser.com

Denuncian “cientos de kilos” de residuos de alta intensidad en El Cabril

Organizadores del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, hoy en la Corredera. – MIGUEL ÁNGEL SALAS

Colectivos y partidos retomarán la movilización contra el centro de residuos en Hornachuelos en un encuentro el sábado en Peñarroya-Pueblonuevo

El centro de residuos radiactivos de baja y media intensidad de Sierra Albarrana de Enresa, las conocidas instalaciones de El Cabril, alberga “cientos de kilos” de residuos radiactivosde alta intensidad, concretamente “dióxido de uranio 235”, proveniente de centrales nucleares en desmontaje, ha denunciado esta mañana el exconcejal  del Ayuntamiento de Córdoba y actual presidente de la Fundación Equo, José Larios, y al menos 111 kilos “según reconoció el Consejo de Seguridad Nacional en el 2015”, explica Guillermo Contreras, de Ecologistas en Acción.

Tanto Larios como Contreras participaron esta mañana en Córdoba en la presentación del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, a celebrar el sábado en el mercado de abastos Sebastián Sánchez, de Peñarroya-Pueblonuevo a partir de las 11.00 horas, y en el que se relanzará la movilización contra estas instalaciones (las únicas de sus características en España como centro de almacenamiento de residuos de baja y media actividad) y los planes para que también alberguen un material de alkta intensidad radiactiva que tardará cientos de miles de años de dejar de ser peligroso, según los convocantes, una decena de colectivos y partidos políticos de Andalucía y Extremadura.

En concreto, el encuentro en Peñarroya-Pueblonuevo quiere fijar “una hoja de ruta” para retomar las movilizaciones de unas instalaciones en Andalucía que reflejan el actual el actual modelo de “extraer recursos y traernos la basura” que se emplea con la comunidad autónoma, según explicó Jorge Hidalgo, coordinador en Córdoba de Podemos Andalucía. Junto a él, el portavoz de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Blázquez, y la secretaria provincial del PCA, concejala en el mismo consistorio y exparlamentaria, Alba Doblas, dieron cuenta de los motivos que llevan a retomar las movilizaciones contra las instalaciones de Enresa y, en general, contra la energía nuclear.

Al respecto, a lo largo de la presentación del encuentro se recordó que hay dos centrales nucleares que se están desmontando (Valdellós 2 y Garoña) y que quedan 8 en funcionamiento en España, complejos que, conforme cumplan su vida útil y comiencen sus desmonjes irán multiplicando los residuos de alta intensidad, con el riesgo que ello conlleva de que más basura radiactiva de alta intensidad terminen en el cementerio nuclear de El Cabril, independientemente de la polémica sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) propuesto para Cuenca donde se ubicarían los residuos radiactivos de alta intensidad.

 

Fuente: diariocordoba.com

“Investigación comprada: cómo Monsanto ha influenciado a los científicos”.


Un toxicólogo publica un ensayo sobre los riegos del glifosato, que provocó cartas críticas de los lectores.
Posteriormente se descubrió que la acción de protesta fue aparentemente planeada por la empresa.
Más tarde el artículo fue retirado.

Primero llegó una carta, después una segunda y finalmente hasta 25. Los remitentes procedían de 14 países, y después de todo (como se puede deducir de los documentos de un proeso judicial en California), aterrizaron las 25 cartas sobre la mesa de la revista especializada “Food and Chemical Toxicology” (FCT), y no por accidente. Al contrario: detrás de las cartas estaba aparentemente Monsanto, con el objetivo de confundir el estudio de un científico, en el cual se hablaba de los riesgos de Roundup, un fitosanitario de Monsanto que contiene sobre todo Glifosato.

Esta investigación crítica fue elaborada por el toxicólogo francés Gilles-Eric Séralini. Mediante estudios alimenticios con ratas descubrió algo preocupante: los animales que consumían maíz rociado con Roundup enfermaban antes y con mayor probabilidad de cáncer que los animales sin Roundup en la comida. El trabajo de Séralinis se publicó el 19 de Septiembre de 2012, antes de que el trabajo siguiera el proceso de evaluación usual a través de otros científicos (el proceso llamado “Peer Review”). Pero justo antes de la publicación, científicos afines al glifosato desataron una tormenta.

Indudablemente el estudio tenía algunos defectos, pero la magnitud de la indignación no era proporcional a los mismos. Y aparentemente no fue por accidente, como se demuestra en unos documentos desconocidos hasta ahora del proceso judicial: Monsanto había impulsado una iniciativa coordinada de cartas de lectores con auda de Wallace Hayes, el redactor jefe de la revista por aquel entonces. “Wally”, como se nombraba a Hayes en los e-mails de Monsanto, necesitaba inmediatamente reacciones concretas de los lectores para poder hacer algo al respecto, de acuerdo a un e-mail del empleado de Monsanto David Saltmiras del 26 de Septiembre de 2012. Más de un año después, Hayes retiró el documento de Séralini, distanciando también a la revista de la publicación. Hayes argumentó el hecho en la marea de cartas y las críticas en ellas descritas acerca de la metodología.

Los documentos que demuestran todo esto han llegado al Süddeutsche Zeitung y al canal de televisión WDR. Proceden del mayor proceso judicial que se ha abierto contra Monsanto por el glifosato: 3.500 afectados han interpuesto demandas conjuntas contra la empresa al considerarse víctimas del glifosato. Entre los demandantes se encuentran muchos agricultores que han desarrollado un “linfoma No Hodgkin”, lo que implica que tienen o han tenido cáncer linfático.

El proceso judicial gira en torno a una pregunta: ¿Tiene la empresa Monsanto (a la cual quiere comprar el grupo Bayer) indicios de riesgos críticos acerca de Roundup que hayan sido ignorados o escondidos? Monsanto rechaza las acusaciones. “Cualquiera que mantenga esas afirmaciones está mal informado o se está dando información falsa a sabiendas”, dice Scott Partridge, vicepresidente de Estrategia Global.

“Todos nuestros productos y sus componentes han sido totalmente evaluados y son seguros para el uso”. Enfatiza que ningún organismo regulatorio ha demostrado que el glifosato produzca cáncer, incluyendo IARC, el gremio de investigadores sobre el cáncer de la OMS. Este gremio había elevado el nivel del glifosato a “posiblemente cancerígeno” a principios de 2015. El gremio está reconocido mundialmente como la instancia más importante en investigación acerca del cáncer. Partridge opina sin embargo que el IARC no es fiable.

El abogado Michael Baum, cuyo despacho representa a unos 500 demandantes en California, lo ve de otra manera. Acusa a Monsanto de “influencia injustificable en artículos científicos y de investigación” y habla en este sentido de “fraude” y “ocultación de riesgos”. Un reproche que Monsanto niega.

En cualquier caso, el hecho es que en las actas judiciales de California hay un papel que procede del expediente personal de Saltmiras, empleado de Monsanto. En él reclama su parte en el hecho de que la revista FCT haya retirado el artículo del toxicólogo francés: “Durante la publicación de Séralini y la campaña en los medios preparé una conexión con el editor”, escribe Saltmiras. “He dado soporte con éxito a incontables cartas de terceros dirigidas al editor, que fueron después publicadas”.

En los documentos del juicio hay además un borrador de un contrato con el redactor-jefe Hayes. Hayes habría ganado 400 dólares por hora por sus “servicios de consultoría” para Monsanto. Hayes no ha reaccionado ante las preguntas acerca de este asunto. La empresa Elsevier, que edita FCT, ha comentado que está aún investigando el asunto.

Otras consultas más concretas no han tenido aún respuesta. Cessare Gessler, profesor durante muchos años de patología vegetal en ETH Zúrich, describe la retirada del artículo de Séralini como “excepcional”, ya que a muchos otros estudios con fundamentos de la misma o menor solidez no se les ha criticado de esta forma. También el profesor de derecho Wolfgang Löwer, durante muchos años mediador de la Sociedad Alemana e Investigación, menciona que “condiciones metodológicas” no son un motivo para retirar un estudio. Éstas pueden ser abordadas en opiniones o dictámenes.

Los mails de 2008 muestran también lo buena que resultó la colaboración con las revistas. Por aquel entonces, otro artículo sobre los riesgos del glifosato y el Roundup en mamíferos no pudo ser publicado en la revista “Cell Biology and Toxicology” (CBT). Durante el proceso de Peer Review no había solo científicos independientes proporcionando su valoración, sino también el empleado de Monsanto Charles Healy. Su voto fue, tal y como se podría prever, negativo: El estudio “debería de rechazarse inmediatamente”, escribió al por entonces redactor-jefe de CBT John Masters. Puesto que también hubo valoraciones positivas a la publicación, Masters solicitó a Monsanto el voto decisivo. “Parece ser que tenemos la decisión sobre si el estudio será o no publicado”, escribió Healy a sus colegas de Monsanto.

A día de hoy, Masters dice que finalmente Healy no tomó la decisión. Sus comentarios solo fueron solicitados debido a su “enorme experiencia”. La editorial Springer, que publica CBT, tampoco ve ningún problema con el proceso: “No puede observarse automáticamente un conflicto de intereses por el hecho de que un experto participe en un proceso de revisión”, dice una portavoz.

El mediador Löwer tiene otra opinión: “Yo podría quizá preguntar a los empleados de la empresa si están de acuerdo con todos los datos publicados en un artículo, pero no puedoobviamente preguntarles si un estudio debe o no ser publicado. Aquí son válidas las reglas generales para evitar conflictos de intereses”. Cuando éstas se eluden, según Löwer, “se rompe por completo el sistema científico”.

 

Fuente: www.sueddeutsche.de

Parada no programada en Vandellòs II

La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, durante la realización de una prueba de vigilancia periódica, se ha producido la parada automática del Tren A del Sistema Esencial de Agua Enfriada, debido a la actuación de una protección eléctrica.

La causa más probable de esta incidencia es la configuración inadecuada de uno de los relés temporizados de dicha protección.

Una vez ajustado el relé a la temporización adecuada, se ha procedido a realizar nuevamente la prueba de vigilancia, con resultados satisfactorios.

Alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca) denuncia cercanía de mina uranio

 El alcalde del Ayuntamiento salmantino de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, ha denunciado hoy que la excavación para la construcción de una mina de uranio del proyecto de la empresa australiana Berkeley en Castilla y León, está a cien metros de distancia del patio del centro escolar de la localidad.

Rodríguez ha explicado en entrevista con la Agencia EFE que Berkeley ha solicitado la autorización para la concesión de permiso de explotación de las Reservas (de uranio) Estatales de la zona 7 donde se encuentra el municipio.

Berkeley, ha asegurado el alcalde, “no es una empresa minera, hasta el momento no ha obtenido uranio en ninguna de las explotaciones que tienen”, y ha añadido que según la información que maneja, el proyecto tiene “irregularidades desde el inicio del proceso”.

Achaca a la Junta de Castilla y León su empeño de optar por la “actividad extractiva de minerales” en vez de buscar otras opciones para la supervivencia de los pueblos de la región y su población.

El proyecto de explotación de uranio de la empresa Berkeley “afectaría a 35 pueblos” de la provincia de Salamanca.

Todos los regidores de esas localidades, menos el de Retortillo -donde estarían ubicadas excavaciones, una balsa de agua e instalaciones para el lavado del uranio- se han manifestado en contra en mayo pasado a través de la firma de un documento en el que solicitaron la declaración desfavorable de utilidad del proyecto.

Rodríguez ha explicado que Berkeley prevé transportar el uranio desde Villavieja de Yeltes a Retortillo para su lavado y devolverlo nuevamente a su pueblo donde probable se ubique un almacén de residuos radiactivos.

Este traslado se haría por medio de una cinta transportadora en un tramo de diez kilómetros aproximadamente, actividad que “causaría contaminación radiactiva del aire, del agua del río y de zonas declaradas de especial interés de la Red Natura 2000” durante años, según el regidor.

Rodríguez ha manifestado que la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) en un informe de 2012 declaró desfavorable la puesta en marcha del proyecto tras analizar los cuatro estudios de viabilidad (julio de 2010, noviembre de 2010, febrero de 2011 y noviembre de 2011) presentados por Berkeley.

Según la documentación facilitada por el regidor, el informe de Enusa, publicado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dice que con fecha 30 de marzo de 2012, la Empresa Nacional comunicó a Berkeley Minera España, S.A. que “no se dan los requisitos necesarios para acometer la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca, por lo que no procede, en consecuencia, la constitución de la nueva sociedad, debido a que ésta venía condicionada a la previa acreditación de la viabilidad de la explotación en el plazo acordado”.

Rodríguez ha explicado además que Portugal ha manifestado su preocupación por la contaminación de uranio que podría llegar a su territorio.

Según Rodríguez y la documentación aportada, la empresa Berkeley es asesorada por las mismas empresas que llevaron al escándalo de la empresa Uranim y la francesa Areva.

20 municipios reclaman la paralización de la mina de uranio de Salamanca

Aseguran que las instalaciones mineras pretenden instalarse en un lugar protegido ambientalmente por la Red Natura 2000

Una veintena de alcaldes de localidades cercanas a la futura mina de uranio de Berkeley Minera en la provincia de Salamanca piden el informe desfavorable de utilidad pública del proyecto. (sigue)

Fuente: Lavanguardia

Denuncian el almacenamiento de residuos no autorizados de la planta de Juzbado en Córdoba

Área de contenedores de la fábrica de Enusa en Juzbado.

Se trata de material radiactivo de la fábrica de Enusa de una vida radiactiva mayor de lo que debe para ese cementerio nuclear

La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han denunciado en un comunicado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril (Hornachuelos) “ha recibido óxidos de uranio de la fábrica de Enusa en Juzbado que no está autorizado para almacenar”, y sospechan que este hecho busca justificar una “posible ampliación sin sentido” de la instalación.

Para estos colectivos, se ha vulnerado la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva. Y el óxido de uranio tiene “una vida de millones de años”, señalan.

Además, recuerdan que “el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril se encuentra al 70 por ciento de su capacidad, cuando quedan por desmantelar ocho de las diez centrales nucleares que se construyeron en España”.

Esta llegada de residuos no autorizados, según los ecologistas, se ha dado a conocer tras la publicación del Informe al Congreso del Consejo de Seguridad Nuclear de 2015. “Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa”, indican los ecologistas.

La presencia de estos residuos dificultará el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura. Al recibir esos residuos de la planta de Juzbado podría utilizarse como “justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad de un cementerio para residuos de media y baja actividad”, señalan los ecologistas.

Fuente:  lacronicadesalamanca.com/183918-denuncian-el-almacenamiento-de-residuos-no-autorizados-de-la-planta-de-juzbado-en-cordoba/