Podemos pide a la Junta garantías sobre la seguridad del entorno de El Cabril

Panorámica de El Cabril, en Hornachuelos

El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta dirigida al Pleno de la Cámara en la que se interesa por las actuaciones que va a desarrollar la Junta, en el ámbito de sus competencias, para exigir al Gobierno central y a la empresa responsable del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) que garanticen la seguridad de la población cordobesa y eviten la acumulación de residuos de alta y prolongada actividad en un lugar que, en principio, no estaba diseñado para ello.

Según señala en la cuestión, consultada por Europa Press, la diputada Carmen Molina, en la memoria presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) para las instalaciones de El Cabril se recogía que la instalación estaba concebida para almacenar bultos de residuos de media y baja actividad y vida corta, es decir, con necesidad de aislarlos de las personas y del medio ambiente unos trescientos años.

“En consecuencia, si las barreras de protección se comportan de forma adecuada, deben soportar trescientos años el paso del tiempo. Sin embargo, en el cementerio nuclear de El Cabril se están transportando y almacenando sustancias componentes del combustible de las centrales nucleares, dióxido de uranio (UO2), procedentes de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), de Enusa Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.

El UO2 es una sustancia clasificada como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente por la Unión Europea, y tiene como componente U-235, sustancia con una vida media de cientos de millones de años, según Podemos, que recuerda también que El Cabril, “si no se impide, albergará los materiales radiactivos procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares españolas, para lo que tendrá que multiplicar por cuatro la capacidad actual”.

Según los documentos de Enresa, El Cabril estaba dimensionado para albergar 58.000 metros cúbicos de basura radiactiva, mientras que los residuos de media y baja actividad serán de 243.000 metros cúbicos, según la misma empresa.

La formación morada incide en este sentido en que aún no se dispone de confirmación por parte del Gobierno acerca de la razón por la que se está utilizando El Cabril para el traslado de dióxido de uranio radioactivo de larga duración, a pesar de ser un almacén que tiene autorización para residuos radiactivos cuya vida media no exceda los 300 años.

Fuente:   cordopolis.es

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“Investigación comprada: cómo Monsanto ha influenciado a los científicos”.


Un toxicólogo publica un ensayo sobre los riegos del glifosato, que provocó cartas críticas de los lectores.
Posteriormente se descubrió que la acción de protesta fue aparentemente planeada por la empresa.
Más tarde el artículo fue retirado.

Primero llegó una carta, después una segunda y finalmente hasta 25. Los remitentes procedían de 14 países, y después de todo (como se puede deducir de los documentos de un proeso judicial en California), aterrizaron las 25 cartas sobre la mesa de la revista especializada “Food and Chemical Toxicology” (FCT), y no por accidente. Al contrario: detrás de las cartas estaba aparentemente Monsanto, con el objetivo de confundir el estudio de un científico, en el cual se hablaba de los riesgos de Roundup, un fitosanitario de Monsanto que contiene sobre todo Glifosato.

Esta investigación crítica fue elaborada por el toxicólogo francés Gilles-Eric Séralini. Mediante estudios alimenticios con ratas descubrió algo preocupante: los animales que consumían maíz rociado con Roundup enfermaban antes y con mayor probabilidad de cáncer que los animales sin Roundup en la comida. El trabajo de Séralinis se publicó el 19 de Septiembre de 2012, antes de que el trabajo siguiera el proceso de evaluación usual a través de otros científicos (el proceso llamado “Peer Review”). Pero justo antes de la publicación, científicos afines al glifosato desataron una tormenta.

Indudablemente el estudio tenía algunos defectos, pero la magnitud de la indignación no era proporcional a los mismos. Y aparentemente no fue por accidente, como se demuestra en unos documentos desconocidos hasta ahora del proceso judicial: Monsanto había impulsado una iniciativa coordinada de cartas de lectores con auda de Wallace Hayes, el redactor jefe de la revista por aquel entonces. “Wally”, como se nombraba a Hayes en los e-mails de Monsanto, necesitaba inmediatamente reacciones concretas de los lectores para poder hacer algo al respecto, de acuerdo a un e-mail del empleado de Monsanto David Saltmiras del 26 de Septiembre de 2012. Más de un año después, Hayes retiró el documento de Séralini, distanciando también a la revista de la publicación. Hayes argumentó el hecho en la marea de cartas y las críticas en ellas descritas acerca de la metodología.

Los documentos que demuestran todo esto han llegado al Süddeutsche Zeitung y al canal de televisión WDR. Proceden del mayor proceso judicial que se ha abierto contra Monsanto por el glifosato: 3.500 afectados han interpuesto demandas conjuntas contra la empresa al considerarse víctimas del glifosato. Entre los demandantes se encuentran muchos agricultores que han desarrollado un “linfoma No Hodgkin”, lo que implica que tienen o han tenido cáncer linfático.

El proceso judicial gira en torno a una pregunta: ¿Tiene la empresa Monsanto (a la cual quiere comprar el grupo Bayer) indicios de riesgos críticos acerca de Roundup que hayan sido ignorados o escondidos? Monsanto rechaza las acusaciones. “Cualquiera que mantenga esas afirmaciones está mal informado o se está dando información falsa a sabiendas”, dice Scott Partridge, vicepresidente de Estrategia Global.

“Todos nuestros productos y sus componentes han sido totalmente evaluados y son seguros para el uso”. Enfatiza que ningún organismo regulatorio ha demostrado que el glifosato produzca cáncer, incluyendo IARC, el gremio de investigadores sobre el cáncer de la OMS. Este gremio había elevado el nivel del glifosato a “posiblemente cancerígeno” a principios de 2015. El gremio está reconocido mundialmente como la instancia más importante en investigación acerca del cáncer. Partridge opina sin embargo que el IARC no es fiable.

El abogado Michael Baum, cuyo despacho representa a unos 500 demandantes en California, lo ve de otra manera. Acusa a Monsanto de “influencia injustificable en artículos científicos y de investigación” y habla en este sentido de “fraude” y “ocultación de riesgos”. Un reproche que Monsanto niega.

En cualquier caso, el hecho es que en las actas judiciales de California hay un papel que procede del expediente personal de Saltmiras, empleado de Monsanto. En él reclama su parte en el hecho de que la revista FCT haya retirado el artículo del toxicólogo francés: “Durante la publicación de Séralini y la campaña en los medios preparé una conexión con el editor”, escribe Saltmiras. “He dado soporte con éxito a incontables cartas de terceros dirigidas al editor, que fueron después publicadas”.

En los documentos del juicio hay además un borrador de un contrato con el redactor-jefe Hayes. Hayes habría ganado 400 dólares por hora por sus “servicios de consultoría” para Monsanto. Hayes no ha reaccionado ante las preguntas acerca de este asunto. La empresa Elsevier, que edita FCT, ha comentado que está aún investigando el asunto.

Otras consultas más concretas no han tenido aún respuesta. Cessare Gessler, profesor durante muchos años de patología vegetal en ETH Zúrich, describe la retirada del artículo de Séralini como “excepcional”, ya que a muchos otros estudios con fundamentos de la misma o menor solidez no se les ha criticado de esta forma. También el profesor de derecho Wolfgang Löwer, durante muchos años mediador de la Sociedad Alemana e Investigación, menciona que “condiciones metodológicas” no son un motivo para retirar un estudio. Éstas pueden ser abordadas en opiniones o dictámenes.

Los mails de 2008 muestran también lo buena que resultó la colaboración con las revistas. Por aquel entonces, otro artículo sobre los riesgos del glifosato y el Roundup en mamíferos no pudo ser publicado en la revista “Cell Biology and Toxicology” (CBT). Durante el proceso de Peer Review no había solo científicos independientes proporcionando su valoración, sino también el empleado de Monsanto Charles Healy. Su voto fue, tal y como se podría prever, negativo: El estudio “debería de rechazarse inmediatamente”, escribió al por entonces redactor-jefe de CBT John Masters. Puesto que también hubo valoraciones positivas a la publicación, Masters solicitó a Monsanto el voto decisivo. “Parece ser que tenemos la decisión sobre si el estudio será o no publicado”, escribió Healy a sus colegas de Monsanto.

A día de hoy, Masters dice que finalmente Healy no tomó la decisión. Sus comentarios solo fueron solicitados debido a su “enorme experiencia”. La editorial Springer, que publica CBT, tampoco ve ningún problema con el proceso: “No puede observarse automáticamente un conflicto de intereses por el hecho de que un experto participe en un proceso de revisión”, dice una portavoz.

El mediador Löwer tiene otra opinión: “Yo podría quizá preguntar a los empleados de la empresa si están de acuerdo con todos los datos publicados en un artículo, pero no puedoobviamente preguntarles si un estudio debe o no ser publicado. Aquí son válidas las reglas generales para evitar conflictos de intereses”. Cuando éstas se eluden, según Löwer, “se rompe por completo el sistema científico”.

 

Fuente: www.sueddeutsche.de

Parada no programada en Vandellòs II

La central nuclear Vandellós II, siguiendo los procedimientos establecidos, ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, durante la realización de una prueba de vigilancia periódica, se ha producido la parada automática del Tren A del Sistema Esencial de Agua Enfriada, debido a la actuación de una protección eléctrica.

La causa más probable de esta incidencia es la configuración inadecuada de uno de los relés temporizados de dicha protección.

Una vez ajustado el relé a la temporización adecuada, se ha procedido a realizar nuevamente la prueba de vigilancia, con resultados satisfactorios.

Alcalde de Villavieja de Yeltes (Salamanca) denuncia cercanía de mina uranio

 El alcalde del Ayuntamiento salmantino de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, ha denunciado hoy que la excavación para la construcción de una mina de uranio del proyecto de la empresa australiana Berkeley en Castilla y León, está a cien metros de distancia del patio del centro escolar de la localidad.

Rodríguez ha explicado en entrevista con la Agencia EFE que Berkeley ha solicitado la autorización para la concesión de permiso de explotación de las Reservas (de uranio) Estatales de la zona 7 donde se encuentra el municipio.

Berkeley, ha asegurado el alcalde, “no es una empresa minera, hasta el momento no ha obtenido uranio en ninguna de las explotaciones que tienen”, y ha añadido que según la información que maneja, el proyecto tiene “irregularidades desde el inicio del proceso”.

Achaca a la Junta de Castilla y León su empeño de optar por la “actividad extractiva de minerales” en vez de buscar otras opciones para la supervivencia de los pueblos de la región y su población.

El proyecto de explotación de uranio de la empresa Berkeley “afectaría a 35 pueblos” de la provincia de Salamanca.

Todos los regidores de esas localidades, menos el de Retortillo -donde estarían ubicadas excavaciones, una balsa de agua e instalaciones para el lavado del uranio- se han manifestado en contra en mayo pasado a través de la firma de un documento en el que solicitaron la declaración desfavorable de utilidad del proyecto.

Rodríguez ha explicado que Berkeley prevé transportar el uranio desde Villavieja de Yeltes a Retortillo para su lavado y devolverlo nuevamente a su pueblo donde probable se ubique un almacén de residuos radiactivos.

Este traslado se haría por medio de una cinta transportadora en un tramo de diez kilómetros aproximadamente, actividad que “causaría contaminación radiactiva del aire, del agua del río y de zonas declaradas de especial interés de la Red Natura 2000” durante años, según el regidor.

Rodríguez ha manifestado que la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) en un informe de 2012 declaró desfavorable la puesta en marcha del proyecto tras analizar los cuatro estudios de viabilidad (julio de 2010, noviembre de 2010, febrero de 2011 y noviembre de 2011) presentados por Berkeley.

Según la documentación facilitada por el regidor, el informe de Enusa, publicado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dice que con fecha 30 de marzo de 2012, la Empresa Nacional comunicó a Berkeley Minera España, S.A. que “no se dan los requisitos necesarios para acometer la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca, por lo que no procede, en consecuencia, la constitución de la nueva sociedad, debido a que ésta venía condicionada a la previa acreditación de la viabilidad de la explotación en el plazo acordado”.

Rodríguez ha explicado además que Portugal ha manifestado su preocupación por la contaminación de uranio que podría llegar a su territorio.

Según Rodríguez y la documentación aportada, la empresa Berkeley es asesorada por las mismas empresas que llevaron al escándalo de la empresa Uranim y la francesa Areva.

20 municipios reclaman la paralización de la mina de uranio de Salamanca

Aseguran que las instalaciones mineras pretenden instalarse en un lugar protegido ambientalmente por la Red Natura 2000

Una veintena de alcaldes de localidades cercanas a la futura mina de uranio de Berkeley Minera en la provincia de Salamanca piden el informe desfavorable de utilidad pública del proyecto. (sigue)

Fuente: Lavanguardia

Denuncian el almacenamiento de residuos no autorizados de la planta de Juzbado en Córdoba

Área de contenedores de la fábrica de Enusa en Juzbado.

Se trata de material radiactivo de la fábrica de Enusa de una vida radiactiva mayor de lo que debe para ese cementerio nuclear

La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han denunciado en un comunicado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril (Hornachuelos) “ha recibido óxidos de uranio de la fábrica de Enusa en Juzbado que no está autorizado para almacenar”, y sospechan que este hecho busca justificar una “posible ampliación sin sentido” de la instalación.

Para estos colectivos, se ha vulnerado la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva. Y el óxido de uranio tiene “una vida de millones de años”, señalan.

Además, recuerdan que “el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril se encuentra al 70 por ciento de su capacidad, cuando quedan por desmantelar ocho de las diez centrales nucleares que se construyeron en España”.

Esta llegada de residuos no autorizados, según los ecologistas, se ha dado a conocer tras la publicación del Informe al Congreso del Consejo de Seguridad Nuclear de 2015. “Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa”, indican los ecologistas.

La presencia de estos residuos dificultará el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura. Al recibir esos residuos de la planta de Juzbado podría utilizarse como “justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad de un cementerio para residuos de media y baja actividad”, señalan los ecologistas.

Fuente:  lacronicadesalamanca.com/183918-denuncian-el-almacenamiento-de-residuos-no-autorizados-de-la-planta-de-juzbado-en-cordoba/

Sólo habrá plan B para Europa si encontramos plan B al petróleo


Marzo 2016 (Margarita Mediavilla)

Hace unas semanas movimientos sociales y políticos de la izquierda europea con figuras como Yanis Varoufakis, Ada Colau o Marina Albiol a la cabeza se reunieron en Madrid para buscar la manera de “construir un espacio de convergencia europeo contra la austeridad y para la construcción de una verdadera democracia en Europa”.

Es una iniciativa imprescindible en estos momentos, y muy interesante por su carácter trasnacional y por esas alianzas entre movimientos sociales y partidos políticos, pero me temo que pueda quedar en agua de borrajas si sus promotores no saben entender todo lo que hay detrás de esta crisis.

Los debates del foro se centraron la necesidad de presionar para conseguir una Unión Europea democrática que no sacrifique a los ciudadanos en aras de las políticas económicas, pero olvidaron que no todo lo que está pasando en Europa ni en el mundo en estos años depende de la política ni de nuestras decisiones. Existen causas materiales muy importantes que están haciendo que todas las economías del Planeta entre en crisis y son las que han lanzado a Europa a proponer estas drásticas medidas que llaman “de austeridad”.

Hace diez años que el petróleo barato y fácil de extraer nos empezó a abandonar y ya se ve que su producción se ha estancado: es muy difícil no ver en ese petróleo que interviene en absolutamente todos los procesos productivos y en todos los sectores de la economía una de las causas más importantes de esta larga y extraña crisis económica. A ello se añade el hecho de que la producción de petróleo y gas natural de la UE ha caído en picado desde que en 2001 los yacimientos del Mar del Norte empezaron a entrar en declive.

El hecho de que el precio del petróleo haya bajado abruptamente no debe distraernos e impedir que veamos algo muy evidente. Los años de petróleo caro han pasado factura a todas las economías europeas (cuyo consumo ha caído un 14% desde 2006, sin incluir a Rusia), y ahora están pasándosela a China y Brasil. No es extraño que el precio del petróleo baje ahora momentáneamente, cuando la demanda cae y son pocas las economías que pueden soportar los altos precios, pero la tendencia es la de una energía cada vez más escasa y menos asequible. La economía española está pudiendo respirar este año, no sólo porque los salarios y el gasto social se han reducido, sino porque la factura petrolífera, que entre 2010 y 2014 rondaba el 4% de nuestro PIB, en 2015 se ha reducido a prácticamente un 1%.

En este contexto de petróleo escaso y difícil de extraer es vital para los países asegurarse un cacho en el reparto de esa tarta que cada día se hace más pequeña. No es de extrañar que Europa se aferre a su banca, intentando mantener este estatus privilegiado que nos permite, siendo países pobres en recursos naturales, mantener consumos energéticos elevados, industrias competitivas por su alta automatización y estilos de vida derrochadores.

Es muy desalentador ver cómo las previsiones de personas como Pedro Prieto, Antonio Turiel o Ramón Fernández Duran se van cumpliendo año a año sin que, todavía, hayan llegado a los debates políticos. Los altibajos en el precio del petróleo debidas a la interacción petróleo-economía, las guerras por el control de Oriente Medio, el fracaso del coche eléctrico, el poco éxito de las renovables a la hora de sustituir al petróleo, el desastre de los biocombustibles y la burbuja del fracking que ahora estamos viendo ya fueron predichas hace años. Sin embargo, el grado de conciencia de este problema, incluso entre aquellos partidos políticos y movimientos sociales más abiertos a nuevas ideas, sigue siendo muy pequeño.

Si queremos buscar una nueva Europa que no ponga los intereses de la banca por encima de los derechos de las personas, que no sacrifique a los más débiles y que no vea sus fronteras abarrotadas de refugiados que huyen de la guerra por los recursos, debemos, primero, construir una Europa que no tenga que luchar por las últimas gotas fósiles. Sólo si sabemos cambiar hacia un modelo productivo mucho más austero en el uso de recursos naturales y basado en energías renovables seremos capaces de construir una Europa solidaria y ofrecer una alternativa a este desesperado intento de aferrarse a al caduco modelo consumista que, paradójicamente, llaman “austeridad”.

Fuente:  contadashabas.wordpress.com

La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com