Garoña cierra ¿y ahora que? Experiencia de otros municipios con centrales cerradas

Localidades del burgalés Valle de Tobalina miran el turismo como una de las alternativas de desarrollo de la zona tras el anuncio de cierre de Garoña, una situación que han tenido que afrontar anteriormente otros municipios con nucleares: Almonacid de Zorita (Guadalajara) y Vandellós (Taragona).

Catorce son los municipios de este valle de Castilla y León que buscan ahora revitalizar su economía tras la clausura de la central, aunque el área de influencia de la actividad de Garoña abarque también localidades del País Vasco, La Rioja y Cantabria al encontrarse algunas de ellas a menos de 80 kilómetros de la instalación. .

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este martes un plan de reactivación para las localidades afectadas, sin detallarlo.

Y aunque la actividad de la central creó puestos de trabajo directos o por subcontratas, tampoco significó una solución a la despoblación para muchos de ellos.

Así, la alcaldesa de Trespaderne, Ana Isabel López, prefiere ver el cierre de Garoña como “una oportunidad” para el entorno, mientras otros regidores ponen ahora su vista en el desarrollo del turismo y el sector hortofrutícola como alternativa a su economía.

En España dos instalaciones, la José Cabrera, más conocida como Zorita, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), y la de Vandellós I (Tarragona), se encuentran en el proceso de cierre con experiencias muy distintas.

Zorita, abierta en 1968 y cuyo desmantelamiento se inició en 2006, ha sufrido el despoblamiento y envejecimiento de la población, según ha explicado a la Agencia Efe su alcaldesa Elena Gordón Altares.

Además, la población de la localidad “está desanimada” ante la falta de salidas económicas para la zona, ha asegurado la regidora, quien trabaja junto a otros 200 trabajadores aproximadamente en el desmantelamiento de las instalaciones.

En su día, el Gobierno anunció el desarrollo de un plan de compensación al cierre de la planta, sin embargo, “nadie nos resuelve problemas como el mal acondicionamiento de las carreteras”, factor que ha alejado a los inversores, ha aseverado la alcaldesa de los 750 habitantes de Almonacid de Zorita.

“Nadie nos hace caso, es la pescadilla que se muerde la cola”, ha asegurado Gordón, a pesar de haber puesto en marcha proyectos como un vivero de empresas, el desarrollo del turismo, la construcción de un camping, “pero los emprendedores no vienen por el estado de la vía”.

La central “no hizo daño a la zona, hemos vivido tranquilos durante su funcionamiento”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha añadido que “poca gente en el pueblo dirá que estaba a disgusto” con la nuclear, porque “estamos perfectamente informados”.

“Es más el miedo de la gente de fuera, que los que vivimos en primera persona”, ha indicado.

Muy diferente es la situación de la localidad de Vandellós (Tarragona), según ha explicado a Efe su alcalde, Alfonso García, quien ha aclarado que hay dos factores distintos que influyeron en el cierre de esa central.

El primero, el accidente que se produjo en 1989, el más relevante ocurrido en España, y el segundo el proceso sociopolítico de la localidad de 6.200 habitantes.

Ha manifestado, además, que el cierre de Vandellós I coincidió con la apertura de Vandellós II -de mayor potencia-, lo que facilitó que un buen número de trabajadores pasaran a las nuevas instalaciones, mientras otros se acogían a la jubilación anticipada.

Asimismo ayudó, según García, la ubicación geográfica de la localidad cercana al litoral, lo que facilitó que otras personas se vincularan a actividades relacionadas con el turismo o con un polígono industrial cercano.

En el proceso de desmantelamiento “hay picos de trabajo”, ha dicho el alcalde, en los que se necesita “potenciar la formación de las personas para diversificar la economía local”.

“La energía nuclear es de transición”, ha sostenido García, por ello hace falta un plan de desarrollo con “recursos endógenos y exógenos” para la creación de alternativas, la planificación y diversificación, y que el territorio no empobrezca.

El gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila d’Abadal, ha manifestado a Efe que con el anuncio del cierre de Garoña “nos tememos lo peor”.

“Han dicho que van a mantener unas ayudas que existen y han existido desde 1990, que son compensaciones a los municipios por tener residuos de las nucleares, pero no son fondos por el cierre”, ha asegurado.

Ha anunciado que este viernes AMAC se reunirá con los alcaldes de los municipios del Valle de Tobalina afectados.

Esta mañana, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha dicho tras la reunión del Consejo de Gobierno Foral, que la Diputación Foral mantendrá “pleno contacto” con el Gobierno central sobre el proceso de desmantelamiento de Garoña y para la revitalización de los municipios de la zona.

Ha asegurado que es necesaria la puesta en marcha de un plan de revitalización de la zona afectada por la central.

El político ha añadido que en este plan deben estar presentes los municipios de la zona de Añana, que, ha recordado, quedaron fuera del primer plan de revitalización planteado en el momento de la primera parada de Garoña en 2012.

Ha añadido que el principal problema de la Cuadrilla de Añana es la elevada edad de sus habitantes y que el objetivo primero es “fijar” población en la zona, para lo que es necesario dotarla de servicios.

Fuente: eldiario.es

La Junta de Castilla y León y ENDESA las únicas que quieren Garoña

La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones en defensa de la continuidad de la central Nuclear de Santa María de Garoña hasta 2031 porque, como ha manifestado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha garantizado su seguridad y hasta esa fecha que amortizarían las inversiones exigidas por este organismo.

Estos argumentos centran las alegaciones que la Junta ha remitido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, quien abrió el pasado 11 de julio el plazo para que once administraciones pudieran remitir sus argumentos para decidir el futuro de la central. Dichas entidades son el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno de La Rioja, la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Nuclenor, Greenpeace, Ecologistas en Acción Burgos y la Asociación Ecologista Centaurea.

Del Olmo ha aclarado que la Junta ha remitido sus alegaciones ayer mismo con su “posición favorable” a la continuidad de la explotación de la central, ya que, como ha defendido en declaraciones recogidas por Europa Press, de no ser así “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”.

La seguridad de Garoña siempre ha sido cuestionada

De este modo, la consejera ha detallado que uno de los argumentos esgrimido a través de estas alegaciones es la carencia de un plan alternativo económico a la central que abarque todo su área de influencia, a lo que se suma las conclusiones extraídas del informe del Consejo de Seguridad Nuclear que garantiza la seguridad del centro siempre que se haga una serie de inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031.

Del Olmo ha asegurado que en el documento remitido por la Junta al Ministerio se detalla también la importancia de este tipo de energía para la economía nacional y ha recordado que su cierre supondría además daños a otras fuentes energéticas autóctonas como el uranio que sirve de combustible para la central.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta ha aprovechado sus alegaciones para defender también la energía producida a través del carbón autóctono, alternativa energética “más barata” junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un “lastre grande a la economía nacional”. “Defendemos el mantenimiento de la central siempre que haya seguridad para las personas”, ha concluido Del Olmo, quien ha insistido en que es la principal fuente de empleo en el valle de Tobalina, en la provincia de Burgos, ya que en la central trabajan unas 600 personas que pueden llegar a 1.000 cuando está a pleno rendimiento.

GAROÑA PROVOCA PARO

Lo que Del Olmo no explica es que Garoña es el principal lastre de la comarca. El colegio de Economistas de Burgos ya señaló que la comarca afectada por Garoña tenía la mayor tasa de paro de todo Burgos.

Fuente:   20minutos.es

Los vertidos de garoña y las grietas cuestionan sus pretendida seguridad.

Técnicos del CSN denuncian el oscurantismo para reabrir Garoña

Garoña auyenta el resto de inversiones

 

Enresa estudiará el acuífero sito en los terrenos donde pretende ubicar el ATC

Deberá analizar si habría capacidad de reacción ante una posible fuga de material radioactivo y evitar que llegue a El Záncara.

Enresa sigue estudiando los terrenos del Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas. Se prevé que en breve analice el comportamiento del acuífero que se situaría debajo de la construcción del silo nuclear conquense. Se trata de una información adicional que el CSN solicitó a la empresa, y una de las cuestiones más sensibles del proyecto.

Enresa está pendiente de adjudicar el contrato por el que, durante dos años, se comprobarán los valores pizométricos en los terrenos donde se pretende construir en ATC y sus alrededores. Con esto, se controlará al detalle cuál es el movimiento de las aguas subterráneas.

Informes anteriores hablan de un “movimiento moderado” de las aguas del acuífero, asegurando que hay “riesgo potencial” de contaminación del cauce más cercano, El Záncara y, por tanto, podría afectar al agua de riego y agua de uso de boca en la zona e, incluso, podría expandirse hacia las Tablas de Daimiel.

Ahora quieren que los estudios sean más precisos. Así las cosas, la captura de los datos que de ahí se obtengan serán determinantes para determinar cómo actuar y dónde en caso de fuga, según explica a la SER Carlos Villeta, responsable de comunicación de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca.

Mientras, la Plataforma ha vuelto a acudir al Consejo de Transparencia tras haber solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear el Informe de Construcción y haber recibido información parcial del documento, como ya ocurriera con el Informe de Ubicación. Pasados tres meses, el colectivo se plantea acudir a instancias superiores. Temen que el CSN vuelva a seguir adelante con el proyecto a pesar de que los estudios determinen que los riesgos superan los umbrales permitidos.

Desde la Plataforma calculan que en seis meses el CSN podría dar el visto bueno al segundo de los tres permisos necesarios para construir del ATC.

Fuente: cadenaser.com

Europa busca soluciones viables para eliminar los residuos nucleares que no quiere nadie

En medio kilómetro subterráneo de túneles iluminados, un laboratorio del gobierno francés está probando la seguridad de un sitio destinado a almacenar 80.000 metros cúbicos de desechos radiactivos mortales.

Las tripulaciones perforan aberturas del tamaño de un barril a los lados de los pozos, excavadas profundamente en la tierra no lejos de la pequeña ciudad de Bure, en el noreste de Francia. Los envases tendrán que ser recuperables durante un siglo, en caso de que se desarrollen mejores tecnologías para tratar con materiales radiactivos. Salvo este descubrimiento, la idea es que los residuos pasen los próximos 100.000 años bajo tierra.

Los obstáculos técnicos serán bastantes, pero mucho más difícil para la agencia francesa de gestión de residuos radiactivos, Andra, será superar la oposición política a la construcción del sitio destinado a servir como el lugar de descanso final para toneladas y toneladas de residuos radiactivos.

Seis décadas después de la construcción de la primera oleada de centrales nucleares, ningún país ha abierto un sitio de almacenamiento permanente. El combustible nuclear gastado y otros materiales contaminados, que son subproductos mortales de la generación de electricidad, siguen siendo almacenados en lugares temporales alrededor de Europa y el mundo, a veces incluso junto a los reactores donde fueron utilizados.

El problema es cada vez más urgente, cuando las plantas de energía en todo el mundo están cerca del final de sus vidas útiles, y Europa occidental sufre recortes en la generación de electricidad nuclear. Sólo en la Unión Europea, más de 50 de los 129 reactores actualmente en funcionamiento podrían cerrar antes de 2025, dijo recientemente el Comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete. “Estos reactores tendrán que ser desmantelados, y los desechos radiactivos generados en este proceso tendrán que ser manejados con seguridad”.

Las apuestas son menos técnicas que políticas. La disputa va al corazón de un debate en curso sobre la sostenibilidad de la energía nuclear. Si no es resuelto, la industria quedará vulnerable a sus críticos, quienes sostienen que la tecnología es tan intrínsecamente riesgosa, y sucia, que no se puede confiar en ella para generar electricidad, ni siquiera para combatir el cambio climático.

La Comisión Europea está empeñada en apresurar a los países en ese sentido. El 13 de julio, se intensificó un procedimiento de infracción contra Austria, Croacia, la República Checa, Italia y Portugal, obligándolos a cumplir plenamente con las normas sobre residuos radiactivos del bloque, y a informar a Bruselas de sus programas nacionales de gestión de residuos nucleares. Por ahora sólo Finlandia, que abrirá el primer depósito final del mundo a principios de la próxima década, tiene un plan que en verdad puede implementar.

Fuente:  mundiario.com

Iberdrola prepara la prolongación de la vida de la central de Cofrentes más allá de 2021

Según. eldiario.es La central nuclear de Cofrentes se aproxima al final de su vida útil. Este centro genera un tercio de la electricidad consumida en la Comunidad Valenciana y la posibilidad de la prolongación de su vida útil genera conflicto, enmarcado además en el debate sobre la energía nuclear. Un debate que pone en riesgo intereses económicos y de las grandes empresas que operan en el sector.

La planta valenciana es la única que Iberdrola posee y gestiona en su totalidad, al menos hasta 2021, fecha en la que finaliza su permiso de explotación. La hidroeléctrica no quiere adelantar si pedirá la prórroga del permiso, pero sus acciones hacen sospechar a partidos y asociaciones ecologistas.
Desde el año pasado ha comenzado la construcción de un almacén de residuos temporales, “una solución transistoria para almacenar el combustible gastado”, ha explicado el director de la central, Tomás Lozano. El directivo ha comparecido en las Corts valencianas a petición del PSPV-PSOE y Compromís -apoyada por Podemos- para dar cuenta de esta construcción, sospechosa a su criterio.

El director, que ha acudido acompañado de varios responsables de Iberdrola, ha insistido en que la construcción del almacén es necesaria e independiente del proceso de continuidad. Lozano se excusa en que que en España la estrategia de gestión de residuos radiactivos es definida por el Estado, a través de Enresa, y se concreta en el sexto Plan General de Residuos Radiactivos que prevé la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para la gestión del combustible nuclear gastado, e incluye de forma expresa la posibilidad de construir almacenes temporales en los emplazamientos de las centrales nucleares.

Respecto a la posibilidad de alargar la vida útil del centro, el director señala que es un debate político en el que ni la central ni Iberdrola van a entrar. El modelo energético “tendrán que decidirlo los parlamentarios y el Gobierno”, aunque su posición es que la energía nuclear es “necesaria” para “la transición del modelo energético”. Hasta que no quede claro, no se solicitará, asegura.

El Ministerio de Energía comunicó hace apenas dos semanas la orden por la que concede más tiempo a la central de Cofrentes -también a la de Trillo y Ascó- para renovar sus permisos. De no haberse producido la modificación, Iberdrola tendría que haber solicitado la renovación en 2018. Ahora se podrá retrasar hasta 2020, con el Plan Energético Nacional previsiblemente ya aprobado, por lo que el PSOE y Compromís sospechan que el Gobierno y el Consejo de Seguridad Nuclear están dando facilidades a la empresa para garantizarse otra década de explotación de la central. “El único motivo para construir el almacén temporal -que operará en 2021- es el funcionamiento más allá de 2021″, comenta un diputado. “Blanco y en botella”.

Soria no quiere pasar por el responsable único del recorte a las Renovables españolas

El exministro de Industria tira de los ‘papeles de Tafira’ y revela un correo electrónico de 2012 que compromete a Cristóbal Montoro durante los preparativos del recorte a las Renovables

El titular de Hacienda habría reenviado a José Manuel Soria las exigencias de Abengoa, cliente del despacho de influencias Equipo Económico que coloca a Montoro de nuevo en la picota

Según ‘El Mundo’, ni Soria ni ningún miembro de su equipo denunció entonces aquella maniobra, ¿por qué ahora?

Apenas han pasado quince meses de su forzada dimisión y José Manuel Soria ya ha perdido la paciencia. El poder y el dinero lo mantuvieron más de veinte años en la cresta de la ola y no soporta lo segundo sin lo primero. ¿Para qué el dinero sin poder? Durante más de dos décadas combinó a su modo las tareas públicas con los negocios privados y logró situarse siempre en el epicentro de los intereses de las empresas que tenían que ver con los destinos políticos que desempeñaba. Perder el poder no formaba parte en absoluto de sus planes en abril de 2016 y mucho menos perderlo del modo cruel en que lo perdió. Por eso pidió al Gobierno que lo recolocara, que no lo dejara tirado en la cuneta tras tantos servicios prestados a la causa. Falló lo del Banco Mundial y los nuevos tiempos del Partido Popular hacen imposible recolocarlo.

En febrero de 2017 renunció a su paga de exministro y montó su propia empresa, Sorben Partners, con la que hacer valer sus viejas influencias y cobrarse de alguna manera los favores concedidos durante sus cinco años de ejercicio ministerial. Se le ha visto ir y venir constantemente a Madrid, viajar al extranjero, reunirse con empresarios en reservados de lujosos restaurantes… Pero sin poder, nada es lo mismo.

Hace ya más de dos meses que la Secretaría de Estado de Seguridad ordenó retirarle el último vínculo con el poder que le quedaba, el último signo público de grandeza: la escolta y la protección policial de la que disfrutó un año de modo más que discutible. Soria tiró de inmediato de amistades y convenció al subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, para que se la mantuviera alegando no se sabe muy bien qué riesgos sobre su integridad personal y la de su familia. La excusa ha sido el robo que sufrió la Nochebuena de 2016, un asalto a su casa de Tafira Alta cuyo expediente sigue durmiendo en algún cajón de la décima planta de la Jefatura Superior de Policía de Canarias por desconocerse quién o quiénes pudieron haber sido los autores de la acción. O quizás por todo lo contrario, por conocerse de sobra y ser inconveniente su revelación.

En aquella caja fuerte desvalijada en el dormitorio del matrimonio Soria Benítez (los apellidos que componen el logo Sorben Partners) podría haber documentos trascendentales de la larga trayectoria política del ex presidente del PP de Canarias. Y entre ellos es muy probable que se encuentre un correo electrónico que comprometería gravemente al todavía ministro de Hacienda, un correo que demostraría que Cristóbal Montoro trató de influir sobre José Manuel Soria en beneficio de la empresa Abengoa, por entonces cliente del despacho de influencias Equipo Económico, fundado por el recientemente reprobado ministro.

Lo ha contado este domingo el periodista de El Mundo Carlos Segovia, uno de los que mejor conoció las entrañas del ministerio de Soria: “Desde el Gabinete del ministro de Hacienda llegó una propuesta con el membrete de Abengoa, que era un gran cliente de Equipo Económico. Planteaba, por supuesto, una reforma que ya sabíamos que era la que le interesaba a esta empresa”, afirman asistentes a aquella reunión en el despacho del ministro de Industria”, dice la pieza firmada por Segovia.

Y añade que Soria “no llegó a exhibir el correo en la Comisión Delegada [de Asuntos Económicos] ni en el Consejo de Ministros, pero informó de su contenido a un amplio número de ministros”.

¿Por qué motivo no denunció tales prácticas el ministro Soria? Según la versión que recoge El Mundo, “por lo que habría supuesto para el Gobierno en aquella época en que España estaba al borde del rescate”, dice el periodista citando “fuentes de Industria de aquella época”.

Las “fuentes de Industria de aquella época” no pueden ser otras que el propio Soria porque en toda la pieza solo se cita a otro alto cargo, el por entonces secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, presunto receptor de aquel correo, que en la actualidad ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que no iba el hombre a meterse ahora en berenjenales tales como comprometer al ministro de Hacienda en defensa del defenestrado ex de Industria.

La información de Carlos Segovia deja algunas otras pistas de la autoría de la filtración. Hay una expresión inequívocamente soriana: cuando el periodista da cuenta de que en el Ministerio de Hacienda niegan que ni Montoro ni su entonces jefe de gabinete enviaran documentos de Abengoa a Industria, la respuesta de la fuente es que el correo llegó, “vaya si llegó”. Una fórmula marca de la casa, similar a la que José Manuel Soria empleó en la comisión de investigación formada en el Parlamento de Canarias para investigar el concurso eólico en la época en la que él era presidente del Cabildo de Gran Canaria y su hermano Luis consejero de Industria del Gobierno de Canarias. “Vaya si lo sabré yo”, espetó altanero cuando fue requerido para que contestara si estaba o no presente en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el que se decidió abrir el camino a la concesión de un suelo público al empresario Javier Esquivel para la instalación de un campo de vientos en el muelle de Arinaga. Aquel empresario fue el que, por las mismas fechas, le prestó al menos durante diecinueve meses un chalet de su propiedad para que residiera la familia Soria sin pagar renta de ningún tipo mientras le construían la mansión de Tafira Alta donde en diciembre le abrieron la caja fuerte y donde desde febrero tiene sede su empresa familiar de asesoramiento internacional.

La filtración de esta información a El Mundo, el periódico que tradicionalmente ha utilizado Soria para sus vendettas personales y políticas, es algo más que un simple aviso del exministro de Industria al Gobierno y a su partido. A finales de la misma semana en la que Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo absoluto a Cristóbal Montoro en pleno fulgor del caso Equipo Económico, es un ataque frontal al presidente del Gobierno, una muestra inequívoca de que a Soria se le ha agotado la paciencia y amenaza con sacar más papeles. En su entorno siempre han sostenido que acostumbraba a grabar todas las conversaciones en su despacho y que ha guardado minuciosamente horas y horas de confidencias y una ingente cantidad de documentación. Por eso una de las teorías más alentadas por él mismo sobre el robo en su caja fuerte apuntaron desde el primer momento al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría para que los servicios de inteligencia se hicieran con esa documentación.

Soria pretende que le hagan caso, que no se olviden de él, que no lo obliguen a regresar a su plaza de funcionario… Para ello ha tirado de los papeles de Tafira y de paso ha pasado factura al ministro que el mismo día de su dolorosa dimisión dijo aquello de que no puede estar en el Gobierno alguien que haya operado en paraísos fiscales.

Fuente: eldiario.es

Soria, un ministro de Industria y Energía para no olvidar

Soria: “Las eléctricas venían al Ministerio con los Reales Decretos ya redactados”

Este lunes el diario El Mundo saca en portada una exclusiva que levantará ampollas en el sector eléctrico español. El ex ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha escrito una especie de memorias donde no deja títere con cabeza.

Una de sus graves acusaciones va dirigida a las grandes eléctricas españolas. El mito de que las compañías han redactado toda la vida las normativas que regulan el sector eléctrico parece ser una realidad.

Según el ex ministro, las eléctricas se presentaban en el Ministerio de Industria con “los Reales Decretos ya redactados” para su aprobación.

Es cierto que en la época franquista, Unesa firmaba algunas de las normativas, pero que ahora lo hiciesen las eléctricas parecía más un mito que realidad.

Pero claro, una cosa es que presenten con el texto redactado y otra cosa muy distinta es que el Ministerio se lo aprobase al gusto de ellas. Para eso habría que probarlo con documentos.

Se trata, pues, de una acusación sin pruebas que suena más a pataleta que a otra cosa. ¿Será porque su puerta no ha girado lo suficiente?

Fuente:  elperiodicodelaenergia.com

Soria: un ministro para no olvidar