La central nuclear de Garoña comenzará su desmantelamiento en 2019

El proceso de desmantelamiento de la planta durará entre 13 y 16 años: hasta 2034

 La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzará su desmantelamiento durante el segundo semestre de 2019, fecha en la que se cargará el primero de los cinco contenedores de combustible gastados en la piscina de la planta. De este modo, Nuclenor prepará el recinto para facilitar la labor de Enresa –la empresa estatal que deshabilitará los residuos radioactivos–, según señaló este viernes Europa Press.

Fuentes propias de Nuclenor explicaron que estas tareas previas se están realizando “según lo previsto”, de modo que el acondicionamiento de los residuos operacionales y el vaciado de la piscina de combustible podrán lograrse en los plazos acordados y que, según sus propias previsiones, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar material hasta el almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

Por otro lado, Nuclenor añadió que –de momento– Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso y que se encargarán del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando –hasta 2031– fue denegado por el Gobierno en agosto de 2017.

Cierre de la central

El entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció la denegación del permiso y el cierre de la planta porque las “circunstancias” no garantizaban la certidumbre suficiente, después de la oposición de todos los grupos políticos –excepto el PP– y las discrepancias expresadas también por los titulares al 50% de la planta, Iberdrola y Endesa.

Nadal lamentó entonces la falta de certidumbre y de un debate “sosegado”, así como la utilización de Garoña como un “símbolo de discusión política” que se convirtió en “una batalla” con posicionamiento de antemano. Así, una vez expiró el permiso de la planta para seguir operando, Enresa empezó a preparar toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de desmantelamiento y realizar las actividades preparatorias del mismo de acuerdo con el titular, Nuclenor.

Estas tareas del titular incluyen la descarga de todo el combustible gastado de la piscina a los contenedores para su disposición al ATI –proceso que en la actualidad está detenido–. Una vez terminadas las tareas preparatorias –cuando Enresa sea titular de Garoña– comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta. Posteriormente, el proceso administrativo terminará con la autorización a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña; momento en el que se iniciará la fase de desmontaje y desmantelamiento.

El exministro Nadal indicó en el anuncio de la decisión del Gobierno que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034. En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el proceso podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

El permiso minero “Garoña” está concedido dentro del perímetro de seguridad de la central nuclear

Garoña era un zoombie nuclear extremadamente peligroso, pese al ocultismo del CSN y los sucesivos gobiernos

 

ENRESA investiga cómo se filtró agua de lluvia en una celda de El Cabril

 

Enresa asegura que el agua filtrada en una celda de El Cabril no requiere actuar

El hallazgo de esta anomalía se produjo en una comprobación periódica de la cantidad de agua acumulada en los depósitos de agua de lixiviados de la celda 29, hecha en diciembre de 2017.

Enresa, la empresa nacional que gestiona el centro de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad de El Cabril, ha asegurado que el agua filtrada en una celda (la 29) no requiere ninguna actuación y que los análisis efectuados han descartado “totalmente cualquier riesgo radiológico”.

En un comunicado, Enresa explica que el diseño de las celdas destinadas al almacenamiento de residuos de muy baja actividad “contempla la posible entrada y recogida de aguas procedentes de infiltraciones, lluvias o condensaciones producidas en las propias celdas”. Por este motivo, añade la empresa, “cada celda incorpora una red de recogida de lixiviados que conduce dichas aguas hasta un depósito final de control, permitiendo de esta forma la vigilancia y control de las mismas”.

La empresa recuerda que la filtración se produjo en diciembre del 2017, durante las obras de cierre de la sección en la que se encuentra la celda 29, cuando las cubiertas de protección se habían desmontado para iniciar el proceso de cierre definitivo. En las labores de vigilancia se observó que el agua recogida en los depósitos de control “era superior a la cantidad media establecida”, y por ello se analizó para conocer su origen, estableciéndose que procedía de la lluvia y que no existía riesgo.

En marzo pasado se finalizó el proceso de cierre, “sin que desde entonces se hayan detectado cantidades de agua superiores a la media especificada”, concluye el comunicado.

Información sobre la filtración de agua

El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, ha informado hoy de que pedirá a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía información sobre la filtración de agua de lluvia en una de las celdas de almacenamiento del cementerio de El Cabril en Hornachuelos (Córdoba), según refleja un informa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde se ha reunido con trabajadores del Infoca, Maíllo ha mostrado su “preocupación” por el informe del CSN y su contenido, y ha adelantado que IU pedirá información sobre “cómo se ha podido producir esa filtración y cómo no se han activado mecanismos de seguridad y de prevención, sobre un hecho que ocurrió en diciembre de 2017”.

A su juicio, el hecho de que se haya producido una filtración en una celda que se supone debe estar “absolutamente blindada”, lanza un mensaje de falta “de previsión o de blindaje”.

Filtración no contemplada en el protocolo de seguridad

“Si se produce una filtración hacia dentro, también se puede producir hacia afuera”, ha sugerido el coordinador andaluz de IU, quien ha considerado este hecho como “muy grave” al ser una “filtración que no se contemplaba” en el protocolo de seguridad.

El informe del CSN que se entrega anualmente al Congreso de los Diputados refleja que los análisis realizados hasta el momento descartan el riesgo, dado que “los resultados obtenidos son inferiores al límite inferior de detección”.

Panorámica del ATC de El Cabril, en CórdobaEvolución de la población de Hornachelos (Córdoba)

Fuente: EFEverde y diariocordoba

 

El Gobierno paraliza el permiso de construcción del almacén de residuos nucleares

El Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido paralizar el permiso de construcción del almacén para residuos nucleares, ideado hace casi dos décadas y que acumula un enorme retraso.

El Almacén Temporal Centralizado (ATC), previsto por el Gobierno del PP en Villar de Cañas (Cuenca) para guardar los residuos de todas las nucleares, cuenta con el rechazo del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha. El ministerio ha enviado un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que suspenda la tramitación del permiso de construcción. Quiere tener diseñada su política energética antes de que se dé vía libre a este polémico proyecto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que la semana pasada el departamento de Teresa Ribera envió el escrito al CSN, el supervisor encargado de analizar y avalar el permiso de construcción del silo para desechos nucleares. En la misiva se instaba a suspender la tramitación de ese expediente. Las mismas fuentes señalan que en breve el CSN celebrará un pleno en el que está previsto que se apruebe la paralización del permiso de construcción a instancias del ministerio.

 

Leer más: elpais

Francia eleva a 74.603,14 euros diarios la multa que cobra a España por guardar residuos nucleares

Despropósito nacional: la política energética del PP ha sido totalmete desastrosa para los españoles

Hace un año, el entonces Ministerio de Energía cifró esa penalización que Enresa paga a la francesa Orano en 73.000 euros

Empezó a abonarse en julio de 2017 por la custodia de los residuos de Vandellòs I que no han podido volver a España por el retraso del almacén nuclear

El insuficiente fondo que debe pagar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos alcanza una dotación de 5.326 millones

 

Francia ha elevado a 74.603,14 euros diarios la penalización que cobra a España  desde el 1 de julio de 2017 por custodiar en La Hague (Normandía) los residuos de la central nuclear Vandellòs I (Tarragona) que no han podido regresar a suelo español por el retraso en la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad.

La cifra, recogida en la última memoria anual de la empresa estatal Enresa, ha sido revisada al alza “como resultado de aplicar determinados índices de actualización previstos en el acuerdo” suscrito entre España y Francia en 2011 y supera en más de un 2%  los 73.000 euros diarios a los que, según dijo hace un año el entonces Ministerio de Energía, iba a ascender esa penalización.

Con la calculadora en la mano, esos 74.603,14 euros diarios implican que en agosto España habrá pagado a Francia más de 30 millones en poco más de un año por el retraso del ATC que el anterior Gobierno decidió ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) a finales de 2011. El presidente de Enresa, Juan José Zaballa, explica en la memoria de la empresa que la multa es “el efecto más evidente” del retraso en la construcción del almacén, “aunque no el más relevante desde un punto de vista económico”.

Zaballa, que previsiblemente será cesado en breve por el nuevo Gobierno, subraya que “estas penalizaciones finalizarán con la llegada del último transporte de estos residuos radiactivos a España, tras lo cual serán reembolsadas a Enresa, descontándose los costes de almacenamiento incurridos” desde el 1 de octubre de 2015.

El problema es que hoy por hoy no hay ATC, ni se le espera, y todas las centrales tienen ya (o están construyendo) sus propios almacenes temporales ante la próxima saturación de las piscinas que los custodian. Empantanado en los tribunales, el almacén no ha empezado ni a construirse, ni tiene los permisos necesarios del Consejo de Seguridad Nuclear y Medio Ambiente (ahora Ministerio para la Transición Ecológica).

Con un nuevo Ejecutivo que  apuesta por cerrar las nucleares cuando cumplan 40 años (la última se clausuraría, en principio, en 2028), España tiene numerosos deberes en esta materia: debe actualizar un plan de gestión de residuos radiactivos que data de 2006, lo que ha motivado un expediente de infracción en Bruselas que puede acarrear una sanción millonaria.

Ante el posible apagón nuclear,  la ministra Teresa Ribera resumía así la situación esta semana en su debut en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso: “Si no sabemos cuánto cuesta almacenarlos, cómo y donde se gestionan [los residuos], es un poco simplista pensar en una estimación razonable del coste de cerrar las centrales”.

Más de 530 millones

Desde la clausura en 1989 de Vandellòs I por un incendio, España ha tenido que abonar a Francia más de 530 millones por quedarse con la basura radiactiva de esa central. Tras su cierre, firmó un primer acuerdo con Cogema (a la postre Areva, hoy Orano), fabricante del reactor, para la custodia y reprocesamiento del combustible (uranio enriquecido) a cambio de unos 250 millones que sufragaron los consumidores mediante un recargo en el recibo de la luz del 0,7%.

Ese primer acuerdo fijaba como primer plazo para traer los residuos el 31 de diciembre de 2010. Se incumplió y Enresa empezó a abonar una penalización de unos 65.000 euros diarios hasta que en octubre de 2012 suscribió una adenda al convenio original. A cambio de retrasar la devolución hasta junio de 2017 y recuperar las penalizaciones diarias devengadas hasta entonces, se comprometió a abonar 213 millones más que incluían el encargo a Areva de cuatro contenedores para el transporte y almacenamiento de los residuos hasta Villar de Cañas.

Tareas todas a cargo del insuficiente Fondo para la Financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que gestiona Enresa, que debe sufragar también el ATC, el desmantelamiento de las nucleares y la gestión de sus residuos y que a cierre de 2017 alcanzaba una dotación de 5.326 millones, un 6,1% más.

En 2016, el Tribunal de Cuentas cuestionó el sistema de financiación de este fondo, al que en el sector hay quien define como “un esquema Ponzi”, y advertía de un “déficit” de 1.486 millones a junio de 2014. Denunciaba el tribunal que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010, cuando empezó a ser financiado por las eléctricas, no se habían actualizado pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones.

En enero, el entonces ministro Álvaro Nadal llegó a anunciar en el Congreso la intención del Gobierno de tramitar una proposición de ley (que no llegó a ver la luz) para traspasar a las eléctricas la responsabilidad de las actividades de desmantelamiento de las centrales nucleares.

En 2017, los ingresos de Enresa (fundamentalmente la tasa que recibe por el kWh nuclear producido por las eléctricas) fueron de 390,4 millones, frente a 395,4 millones de un año antes, y su resultado de explotación cayó hasta 180,7 millones (257,4 millones en 2016).

La tasa que pagan las eléctricas está ligada a la producción de energía de cada central: dejan de pagarla desde el momento en que no generan electricidad. Y en el sector creen que bajo la actual regulación, esas desviaciones correrán a cargo del Estado o el consumidor de electricidad.

El coste de desmantelar las nucleares es en buena medida una incógnita. Como dice Enresa en su memoria, Garoña “consolidará” a esta sociedad estatal “como una de las empresas con mayor experiencia en este campo en el mundo”. Y la experiencia de Zorita invita a pensar que habrá desviaciones al alza.

Fuente:  eldiario

Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

No solo derogar el impuesto al sol: el PSOE quiere tumbar la política energética del PP

La intención que mostró Pedro Sánchez el pasado jueves de derogar el impuesto al sol en su discurso de moción de censura es solo la punta del iceberg respecto a las intenciones que tiene el nuevo Ejecutivo socialista en materia energética. Fuentes próximas al nuevo presidente del Gobierno se muestran partidarias de dar un giro de 180 grados a las iniciativas impulsadas en los últimos años por los hermanos Alberto y Álvaro Nadal, principales responsables de la política energética durante el mandato de Mariano Rajoy.

El nuevo equipo de gobierno tendrá que empezar a tomar decisiones importantes de manera inmediata. El responsable del ramo —aún por nombrar— deberá estar presente en el consejo de la Unión Europea el próximo 11 de junio para aprobar los puntos más controvertidos que se están discutiendo en la directiva de renovables.

Fuentes presentes en las negociaciones comunitarias, conocidas como trílogos, aseguran que el Parlamento Europeo se congratula de que España ya no esté representada por Nadal. Y es que la postura de la Eurocámara en materia de renovables, defendida por el eurodiputado José Blanco, aboga por extender al 34% el objetivo de penetración de energías limpias en 2030, una cifra que dista mucho del 30% al que estaba dispuesto a llegar Nadal. La presencia en el consejo de un nuevo responsable socialista por España se entiende como un apoyo más a las tesis del Parlamento y uno menos para los más conservadores y defensores del carbón, como Polonia o la propia España hasta ahora.

Ruth Ugalde

Estructura de Gobierno

Precisamente la configuración comunitaria del paquete europeo sobre clima y energía lleva a las fuentes consultadas a pensar que Pedro Sánchez podría optar por unir el Ministerio de Energía con el de Medioambiente, hoy empotrado en Agricultura. Esta es una opción mucho más plausible de la que reividica un responsable de la era Zapatero, que cree que Industria, hoy en Economía, debería ir de nuevo con Energía.

El propio Sánchez reivindicó el jueves en el Congreso de los Diputados “la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables”. La manera de enfocar esta, hasta ahora, desde dos ministerios diferentes ha llevado a que se cuestionara en muchos momentos si Tejerina y Nadal estaban alineados a la hora de sacar adelante esta trascendental ley.

El Gobierno del PP pretendía tener preparada la misma, al menos en borradores, a finales de año. Ahora, fuentes del PSOE señalan que habrán de esperar a entrar en los ministerios para ver en qué punto de elaboración se encontraba la misma y en función de ello valorar los plazos de ejecución.

Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)
Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)

Las quinielas para tomar el mando en este ramo apuntan directamente hacia Teresa Ribera. La exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero fue rescatada por Pedro Sánchez para su equipo de expertos. Otro nombre que suena es el de Cristina Narbona. La exministra y exconsejera del CSN es uno de los pesos pesados del PSOE de Sánchez.

También apuntan el nombre de Natalia Fabra, hija del expresidente de Red Eléctrica y hoy consejero del CSN, Jorge Fabra, como candidata a participar en esta área de Gobierno. Tampoco se descarta la posibilidad de que tome algún cargo el expresidente de REE y exministro Luis Atienza.

En este punto, cabe destacar que Podemos, el principal apoyo de la moción de Sánchez, pidió esta misma semana un Ministerio de Transición Energética y la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica, dada la importancia que constituye este ramo. Curiosamente, uno de los pocos que han reclamado que se dé rango de vicepresidencia a esta materia es la Fundación FAES de José María Aznar. El expresidente proponía en marzo una vicepresidencia económica para coordinar la transición energética.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)

Cierre de las nucleares

La importancia de Narbona tiene un peso específico sobre cuestiones clave energéticas corroboradas en el 39º Congreso del partido. Así, la ejecutiva de Sánchez tiene una idea radicalmente opuesta a la de Nadal respecto a nucleares y carbón. Los socialistas abogan por el cierre de las nucleares al término de su vida útil, con 40 años. Al mismo tiempo, la polémica que mantenía el ya exministro con Iberdrola por el cierre de sus dos plantas de carbón decaería. Los socialistas no han apoyado el encaje legal que buscaba el PP para impedir el cierre de centrales.

Entre las razones de la caída de Rajoy, hay quien incluye la influencia de Iberdrola, por su proximidad al PNV. Para los Presupuestos, los ‘jeltzales’ ya consiguieron que el PP guardara en el cajón cualquier reforma que pudiera afectar a los intereses de la eléctrica con sede en Bilbao.

Juan Cruz Peña

No obstante, una cosa es hablar y otra dar trigo. El cierre de las nucleares tiene un importante impacto a día de hoy en el precio de la luz, como se ha demostrado este mes de mayo, en el que tres centrales han estado cerradas. Además, la no prolongación de la vida útil de las plantas atómicas deja sin resolver el multimillonario agujero de Enresa.

Redes y renovables

Otro de los puntos de conflicto entre las empresas energéticas y el Gobierno de Rajoy ha sido la manera de abordar la retribución de las redes y las renovables a partir de 2020, cuando hay que revisar la “rentabilidad razonable”. El ministro enterró cualquier posibilidad de subir esta del bono más 300 puntos básicos, lo que en la práctica supone una caída de en torno el 30% de los ingresos de las renovables en régimen específico.

En este sentido, hay que recordar el capítulo de enero, en el que el PP quiso adelantar algunos ajustes tanto en electricidad como en gas. La iniciativa no prosperó, ya que se encontró con el ‘no es no’ del PSOE. El responsable en la ejecutiva socialista para esta cuestión, Hugo Morán, se negó a apoyar al exministro por lo que pensaba era una flagrante ruptura de la seguridad jurídica en un sector intensivo en inversión extranjera.

Juan Cruz Peña

Arbitrajes internacionales

Precisamente, el PSOE cree que es necesario reunirse con todos los agentes para recuperar esa confianza inversora. El nuevo Ejecutivo de Sánchez tratará de buscar una solución con los inversores para no tener que enfrentar los casi 40 arbitrajes internacionales que pesan sobre el Reino de España, por los que se reclaman más de 7.500 millones de euros, según las fuentes consultadas.

El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)
El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)

Esta fue una de las consecuencias de la reforma del sistema eléctrico de 2013. Pocos días antes de que cayera el Ejecutivo de Rajoy, como si supiera que eran sus palabras de despedida, Álvaro Nadal intentaba poner en valor su gran aportación política, que se firmó con su hermano en el puesto de secretario de Estado de Energía: “Hemos ahorrado a los españoles 175.000 millones en energía […] sin la reforma, el precio de la energía habría subido un 42% en España […], es difícil no percibir el daño no realizado”.

El informe de los expertos

De su legado queda el informe del comité de expertos sobre energía. Un informe del que el PSOE utilizará justo lo que había desechado el PP. Mientras a Nadal lo que le gustaba era lo relacionado con el cierre de centrales y las conclusiones respecto al impuesto al sol, al PSOE le parece que lo que tiene más valor es la propuesta fiscal. Esta tiene sensibles implicaciones, como la subida al gasóleo del 28% y la bajada de la electricidad del 7%.

Juan Cruz Peña

‘Fracking’, Castor, gasolineras ‘low cost’

Por si todo esto fuera poco, también hay algunos temas menos visibles en los que habrá un cambio total en la postura adoptada por la Administración central. El polémico ‘fracking‘, la técnica de extracción del ‘shale gas’ que se exploró en diversos lugares de España durante el mandato de José Manuel Soria, tendrá ahora aún más difícil conseguir seguir adelante.

El senador burgalés Ander Gil, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez que también suenan como ministrable, ha sido uno de los políticos más beligerantes contra los partidarios de implantar esta controvertida técnica de extracción de gas de esquisto.

Juan Cruz Peña

Más difícil es saber qué hará el nuevo Gobierno con temas espinosos como la indemnización por el almacén de gas Castor, hoy sumida en la incertidumbre judicial, o la regulación de las gasolineras ‘low cost’.

No obstante, toda esta declaración de intenciones hay que tomarla con cautela. La arquitectura de apoyos que necesitará el PSOE en el Congreso pone en duda que, más allá del impuesto al sol, Pedro Sánchez pueda darle la vuelta al legado energético de Rajoy.

Fuente: elconfidencial