Bruselas abre un proceso de infracción a España por las normas de seguridad nuclear

La Unión Europea enmendó su directiva sobre esta materia en 2014 para reforzar la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, aumentar el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos.

Ahora se empieza a sentir la gestión del gobierno del  PP-Rajot sobre los pufos con la energia solar y la nuclear.

La Comisión Europea (CE) ha abierto este jueves un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.

Estos países tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente Nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017.

Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada diez años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas.

Por este motivo, la CE ha dado este jueves un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: publico.es

 

Anuncios

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha activado el proceso de cierre del parque nuclear

Lo hizo en su primera comparecencia en el Congreso, al confirmar que su hoja de ruta consiste en mantener como referencia la vida tecnológica útil de las centrales, que es de 40 años. El RIP final -teórico- debería tener lugar en 2027 en  Trillo (Guadalajara), aunque es posible que para no solapar procesos, los cierres se extiendan más allá de 2030.

El apagón nuclear se enfrenta, entre otros, a dos problemas serios: la incertidumbre sobre la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Guadalajara) y la ausencia de un Plan de Gestión de Residuos que sustituya al vigente, que tiene una antigüedad de 12 años y que le ha costado a España la apertura de un expediente de infracción por parte de Bruselas.

La ausencia de algo tan básico como un lugar para almacenar residuos peligrosos es lo que ha llevado a Ribera a matizar que el apagón puede ir más allá de 2030; porque habrá que estudiar múltiples factores de cada instalación, como el coste financiero, las necesidades técnicas y de ingeniería o la gestión de los desechos.

Tras el cambio de Gobierno, pocos creen que el ATC de Cuenca pueda llegar a buen fin. Ni entre las empresas, ni entre los “sabios” que han preparado los planes de transición energética hay quien crea que el ATC pueda estar construido en 2024. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y en la empresa pública de residuos Enresa los trámites administrativos en torno al ATC siguen por inercia. “Nadie nos ha indicado lo contrario” sostienen fuentes del organismo que preside Fernando Marti.

No solo derogar el impuesto al sol: el PSOE quiere tumbar la política energética del PP

La intención que mostró Pedro Sánchez el pasado jueves de derogar el impuesto al sol en su discurso de moción de censura es solo la punta del iceberg respecto a las intenciones que tiene el nuevo Ejecutivo socialista en materia energética. Fuentes próximas al nuevo presidente del Gobierno se muestran partidarias de dar un giro de 180 grados a las iniciativas impulsadas en los últimos años por los hermanos Alberto y Álvaro Nadal, principales responsables de la política energética durante el mandato de Mariano Rajoy.

El nuevo equipo de gobierno tendrá que empezar a tomar decisiones importantes de manera inmediata. El responsable del ramo —aún por nombrar— deberá estar presente en el consejo de la Unión Europea el próximo 11 de junio para aprobar los puntos más controvertidos que se están discutiendo en la directiva de renovables.

Fuentes presentes en las negociaciones comunitarias, conocidas como trílogos, aseguran que el Parlamento Europeo se congratula de que España ya no esté representada por Nadal. Y es que la postura de la Eurocámara en materia de renovables, defendida por el eurodiputado José Blanco, aboga por extender al 34% el objetivo de penetración de energías limpias en 2030, una cifra que dista mucho del 30% al que estaba dispuesto a llegar Nadal. La presencia en el consejo de un nuevo responsable socialista por España se entiende como un apoyo más a las tesis del Parlamento y uno menos para los más conservadores y defensores del carbón, como Polonia o la propia España hasta ahora.

Ruth Ugalde

Estructura de Gobierno

Precisamente la configuración comunitaria del paquete europeo sobre clima y energía lleva a las fuentes consultadas a pensar que Pedro Sánchez podría optar por unir el Ministerio de Energía con el de Medioambiente, hoy empotrado en Agricultura. Esta es una opción mucho más plausible de la que reividica un responsable de la era Zapatero, que cree que Industria, hoy en Economía, debería ir de nuevo con Energía.

El propio Sánchez reivindicó el jueves en el Congreso de los Diputados “la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que incentive la inversión en renovables”. La manera de enfocar esta, hasta ahora, desde dos ministerios diferentes ha llevado a que se cuestionara en muchos momentos si Tejerina y Nadal estaban alineados a la hora de sacar adelante esta trascendental ley.

El Gobierno del PP pretendía tener preparada la misma, al menos en borradores, a finales de año. Ahora, fuentes del PSOE señalan que habrán de esperar a entrar en los ministerios para ver en qué punto de elaboración se encontraba la misma y en función de ello valorar los plazos de ejecución.

Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)
Foto de archivo de la exministra española de Medio Ambiente Rosa Aguilar (d) y la exsecretaria de Cambio Climático Teresa Ribera (i). (EFE)

Las quinielas para tomar el mando en este ramo apuntan directamente hacia Teresa Ribera. La exsecretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero fue rescatada por Pedro Sánchez para su equipo de expertos. Otro nombre que suena es el de Cristina Narbona. La exministra y exconsejera del CSN es uno de los pesos pesados del PSOE de Sánchez.

También apuntan el nombre de Natalia Fabra, hija del expresidente de Red Eléctrica y hoy consejero del CSN, Jorge Fabra, como candidata a participar en esta área de Gobierno. Tampoco se descarta la posibilidad de que tome algún cargo el expresidente de REE y exministro Luis Atienza.

En este punto, cabe destacar que Podemos, el principal apoyo de la moción de Sánchez, pidió esta misma semana un Ministerio de Transición Energética y la creación de una vicepresidencia de Transición Ecológica, dada la importancia que constituye este ramo. Curiosamente, uno de los pocos que han reclamado que se dé rango de vicepresidencia a esta materia es la Fundación FAES de José María Aznar. El expresidente proponía en marzo una vicepresidencia económica para coordinar la transición energética.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), acompañado por la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta, Adriana Lastra (d). (EFE)

Cierre de las nucleares

La importancia de Narbona tiene un peso específico sobre cuestiones clave energéticas corroboradas en el 39º Congreso del partido. Así, la ejecutiva de Sánchez tiene una idea radicalmente opuesta a la de Nadal respecto a nucleares y carbón. Los socialistas abogan por el cierre de las nucleares al término de su vida útil, con 40 años. Al mismo tiempo, la polémica que mantenía el ya exministro con Iberdrola por el cierre de sus dos plantas de carbón decaería. Los socialistas no han apoyado el encaje legal que buscaba el PP para impedir el cierre de centrales.

Entre las razones de la caída de Rajoy, hay quien incluye la influencia de Iberdrola, por su proximidad al PNV. Para los Presupuestos, los ‘jeltzales’ ya consiguieron que el PP guardara en el cajón cualquier reforma que pudiera afectar a los intereses de la eléctrica con sede en Bilbao.

Juan Cruz Peña

No obstante, una cosa es hablar y otra dar trigo. El cierre de las nucleares tiene un importante impacto a día de hoy en el precio de la luz, como se ha demostrado este mes de mayo, en el que tres centrales han estado cerradas. Además, la no prolongación de la vida útil de las plantas atómicas deja sin resolver el multimillonario agujero de Enresa.

Redes y renovables

Otro de los puntos de conflicto entre las empresas energéticas y el Gobierno de Rajoy ha sido la manera de abordar la retribución de las redes y las renovables a partir de 2020, cuando hay que revisar la “rentabilidad razonable”. El ministro enterró cualquier posibilidad de subir esta del bono más 300 puntos básicos, lo que en la práctica supone una caída de en torno el 30% de los ingresos de las renovables en régimen específico.

En este sentido, hay que recordar el capítulo de enero, en el que el PP quiso adelantar algunos ajustes tanto en electricidad como en gas. La iniciativa no prosperó, ya que se encontró con el ‘no es no’ del PSOE. El responsable en la ejecutiva socialista para esta cuestión, Hugo Morán, se negó a apoyar al exministro por lo que pensaba era una flagrante ruptura de la seguridad jurídica en un sector intensivo en inversión extranjera.

Juan Cruz Peña

Arbitrajes internacionales

Precisamente, el PSOE cree que es necesario reunirse con todos los agentes para recuperar esa confianza inversora. El nuevo Ejecutivo de Sánchez tratará de buscar una solución con los inversores para no tener que enfrentar los casi 40 arbitrajes internacionales que pesan sobre el Reino de España, por los que se reclaman más de 7.500 millones de euros, según las fuentes consultadas.

El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)
El exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal. (EFE)

Esta fue una de las consecuencias de la reforma del sistema eléctrico de 2013. Pocos días antes de que cayera el Ejecutivo de Rajoy, como si supiera que eran sus palabras de despedida, Álvaro Nadal intentaba poner en valor su gran aportación política, que se firmó con su hermano en el puesto de secretario de Estado de Energía: “Hemos ahorrado a los españoles 175.000 millones en energía […] sin la reforma, el precio de la energía habría subido un 42% en España […], es difícil no percibir el daño no realizado”.

El informe de los expertos

De su legado queda el informe del comité de expertos sobre energía. Un informe del que el PSOE utilizará justo lo que había desechado el PP. Mientras a Nadal lo que le gustaba era lo relacionado con el cierre de centrales y las conclusiones respecto al impuesto al sol, al PSOE le parece que lo que tiene más valor es la propuesta fiscal. Esta tiene sensibles implicaciones, como la subida al gasóleo del 28% y la bajada de la electricidad del 7%.

Juan Cruz Peña

‘Fracking’, Castor, gasolineras ‘low cost’

Por si todo esto fuera poco, también hay algunos temas menos visibles en los que habrá un cambio total en la postura adoptada por la Administración central. El polémico ‘fracking‘, la técnica de extracción del ‘shale gas’ que se exploró en diversos lugares de España durante el mandato de José Manuel Soria, tendrá ahora aún más difícil conseguir seguir adelante.

El senador burgalés Ander Gil, uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez que también suenan como ministrable, ha sido uno de los políticos más beligerantes contra los partidarios de implantar esta controvertida técnica de extracción de gas de esquisto.

Juan Cruz Peña

Más difícil es saber qué hará el nuevo Gobierno con temas espinosos como la indemnización por el almacén de gas Castor, hoy sumida en la incertidumbre judicial, o la regulación de las gasolineras ‘low cost’.

No obstante, toda esta declaración de intenciones hay que tomarla con cautela. La arquitectura de apoyos que necesitará el PSOE en el Congreso pone en duda que, más allá del impuesto al sol, Pedro Sánchez pueda darle la vuelta al legado energético de Rajoy.

Fuente: elconfidencial

Stop Uranio vuelve a gritar ‘No a la Mina’ en un acto convocado por Berkeley en Salamanca

Decenas de personas se manifestaron a las puertas del Colegio Arzobispo Fonseca para protestar por el proyecto de la mina de uranio en Salamanca.

Stop Uranio se ha concentrado este 13 de junio a las puertas del Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca para “informar a las personas que acudieron a la celebración de Berkeley Minera que no hay nada por lo que felicitarse, ni por el futuro de la comarca del Campo Charo si finalmente se construyen las instalaciones previstas, ni por el porvenir de las inversiones que pueda captar la multinacional australiana ante la creciente oposición de España y Portugal a un proyecto tan controvertido”.

Así lo señalaron en este acto, en el que lanzaron gritos y consignas en contra de la empresa y de la construcción de la mina. No en vano, Berkeley celebró un “vino” por “su salida a la Bolsa principal de Londres, y próximamente a la española, cuando el Congreso de Diputados pide la paralización del proyecto de Retortillo”.

Respecto a esto último, Stop Uranio ha puesto de relieve que “la Comisión de Energía del Congreso ha aprobado por unanimidad” un documento en el que “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar el proyecto de construir una mina de uranio en Retortillo”.

Fuente:  tribunasalamanca.com

 

González Mantero la vuelve a liar: La Junta de Castilla y León eludió estudiar el impacto que tendría la mina de uranio en Salamanca sobre tierras portuguesas.

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos.

En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por la Junta de CyL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales. Aunque la Junta de CyL debiera haber elevado el expediente o haber hecho consultas al ministerio correspondiente.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Con Ricardo González Mantero cualquier actividad perjudicial tiene el pase

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado, sobre los trámites para la nueva explotación de uranio en Retortillo (Salamanca), que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

En su visita a Salamanca, para intervenir en la inauguración del XIV Congreso Anual de la Asociación Nacional de Compañías Distribuidoras y Productoras de Energía Eléctrica (CIDE), González Mantero, como responsable de minas en el Gobierno autonómico, ha dicho: “Apoyo la minería y apoyo también esa mina”.

En cuanto a los opositores, ha remarcado que el proyecto de Berkeley en Retortillo está recibiendo “todos los permisos” dentro de “una tramitación sujeta a actos debidos y con una regulación, además, que exige tener multitud de autorizaciones” y “todas ellas se están obteniendo”.

Respecto a si se está informando convenientemente a la Comisión Europea, ha señalado: “tengo entendido que sí”. Y, sobre los efectos en la salud de los vecinos, ha reseñado que son estudios que competen al Consejo de Seguridad Nuclear, y “así se ha hecho en sucesivos informes al respecto”.

Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca

La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto.

Una “decisión precipitada e incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop Uranio.

Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el expediente adelante.

SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMENTO DE URGENCIA DE BERKELEY EN RETORTILLO.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de información pública de quince días, publicando este anuncio en el <>, en el << BOP de Salamanca>>, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de Salamanca, en este caso en la Gaceta de Salamanca, para que cualquier persona pueda aportar por escrito datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada y oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación, según dispone el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A estos efectos el expediente se exhibirá, para su examen en la Dirección General de Energía y Minas ubicada en la Avda. Reyes Leoneses n.º 11 de León y en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, en C/ Príncipe de Vergara, 53-71 de Salamanca.
León, 2 de octubre de 2017.–El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

El alcalde de Retortillo del PP tuvo que dimitir por intereses personales

Los dos concejales del PP, Andrés Matías y Eustaquio Martín, trabajan para Berkeley, y el anterior alcalde, Javier Santamartina, también del PP, vendió en 2012 una finca de su propiedad a la compañía aminera por 197.000 euros, el doble de su precio de mercado para instalar allí sus oficinas. Esta operación se cerró meses después de que la minera iniciara la tramitación de los permisos ante la Junta y ante el propio Ayuntamiento.  (seguir leyendo)

 

Fuentes:   ecologistasenaccion.org

Mñas información sobre esta mina de uranio

Leer sobre la expropiación de tierras

¿Que es el chiringuito financiero Berkeley?

CSN rebaja el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar en Palomares

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) que debe ser retirada si bien no ha precisado en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares. En un documento remitido a la Audiencia Nacional, consultado por Europa Press, el regulador atómico admite que el volumen de suelo a retirar en la conocida como área 6 del mapa radiológico de la zona es “menor que el previsto inicialmente” de acuerdo a los cálculos del Ciemat y lo achaca a la toma en consideración “de otros escenarios y vías de exposición” a la radiación.
En concreto, indica que, con el “conocimiento que se tiene actualmente” tanto de la distribución espacial de la contaminación como de los niveles de esta en la zona y das las características orográficas y tipo de suelo, “está justificado reconsiderar” el escenario inicial con “criterios más realistas” al descartar un uso agrícola del suelo y centrarlo solo en el uso residencial.
Así, asegura que, como en esta área 6 sólo hay que tener en cuenta al trabajador que interviene en la construcción de viviendas, el nivel de intervención ha variado de 1 a 4 y el volumen de suelo a retirar también, siendo “menor que el previsto” de manera inicial en 2010. El regulador atómico sostiene, no obstante, que, en el caso de las zonas 2 y 3, no ha variado el escenario, que continúa siendo agrícola-residencial, por lo que tampoco el nivel de intervención 1.
“El volumen de tierra a retirar correspondiente a este nivel coincidiría, por tanto, con el estimado inicialmente por el Ciemat para estas zonas”, remarca. Cabe recordar que en la demanda que dio inicio a este procedimiento para instar a que se ejecute la limpieza de la zona, Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que ahora admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU.
El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense. “PONER EN RIESGO RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EEUU” No obstante, el documento aportado al procedimiento y en que se reconoce esa rebaja en la cantidad de tierra a retirar no es copia certificada del informe aprobado por el CSN en 2015, tal y como le requirió la Audiencia Nacional sino un anexo.
El regulador atómico se vuelve a acoger para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a
“todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010. Así, comunica a la sala para justificar su no aportación que el citado informe posee un contenido cuyo conocimiento por
“persona no autorizada puede razonablemente dañar o poner en riesgo intereses políticos, sociales, económicos y comerciales de España y, particularmente, las relaciones diplomáticas con EEUU”.
La Abogacía del Estado ya trasladó a la Audiencia Nacional que los documentos del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la limpieza de los terrenos contaminados con radioactividad en Palomares eran “confidenciales” y que, por tanto, no podían ser aportados al procedimiento contencioso-administrativo impulsado para que se obligue a la ejecución del Plan de Rehabilitación aprobado por el Gobierno en 2010. Por este motivo, el colectivo ecologista presentó un recurso de reposición en el que interesa que se librase oficio para que el regulador atómico remitiese copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en mayo de 2010, el informe del departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
Ecologistas en Acción argumentó ante la Audiencia Nacional que el anexo del acta de la reunión del CSN acreditaría que el informe del Departamento de Energía de EEUU habría motivado “la modificación de los criterios radiológicos acordados previamente en el Plan de Rehabilitación de mayo de 2010” y que dichos criterios “rebasan los límites legales para la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes” al contrario de lo que ocurre con el citado plan.
El objetivo, según añadió el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 mmetros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU. Por su parte, la Abogacía del Estado ha asegurado a lo largo del procedimiento contencioso-administrativo que, en
“ningún momento existe exposición inaceptable para la población” y que el “principio básico de protección está garantizado”.
Ha sostenido, asimismo, que “el nivel de intervención no se ha modificado desde su determinación en 1 mSv/año, valor de dosis máximo que podrían llegar a recibir” los residentes “en la zona de Palomares”, un extremo que este documento aportado ahora desmentiría. “IMPOSIBILIDAD” DE EJECUTAR EL PLAN Y FIJAR UN PLAZO En su contestación a la demanda, la Abogacía del Estado también ha admitido la “imposibilidad” tanto de poner en marcha “actualmente” la rehabilitación de los terrenos contaminados como de “fijar un plazo” para la ejecución del plan aprobado en 2010 ya que éste tiene carácter “preliminar” y solo esboza líneas generales sin dar
“pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)”.
Ha reconocido, en esta línea, que la “ayuda” de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de “importancia primordial para dar solución definitiva a este problema”, ya que España “no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio” y ha revelado que “no existe acuerdo para la gestión final de los residuos” generados.
Martí Scharfhausen junto al exministro Soria

Por último, ha trasladado a la Audiencia Nacional que la actuación llevada a cabo en la pedanía almeriense hasta el momento, con la expropiación de tierras y el vallado de áreas, “garantiza que actualmente no se supera la dosis” citada anteriormente para los miembros del públicos y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado “tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo”.

EEUU sacrificó la salud de soldados y vecinos para silenciar Palomares, aún contaminado con plutonio

Documentos ahora desclasificados revelan cómo se permitió que los militares trabajaran sin protección y se descartaran mediciones “alarmantemente altas” de plutonio, según revela The New York Times

Algunos veteranos reclaman que se cubran los tratamientos para el cáncer que han desarrollado pero las Fuerzas Aéreas niegan que haya relación

La zona sigue contaminada y el último acuerdo entre gobiernos para su limpieza aún espera que se firme un contrato para empezar los trabajos. (seguir leyendo)

Más sobre las bombas de Palomares:  almacennuclear.wordpress.com/?s=palomares

 

 

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”: se intensifican las protestas contra el cementerio nuclear

Cientos de ciudadanos marchan por novena vez a Villar de Cañas, localidad donde pretende construir el basurero nuclear el Gobierno de Rajoy, que para este año quiere conceder los permisos y multiplicar su presupuesto. En los próximos meses, más movilizaciones.

“¡Ni en tu pueblo ni en el mío!”, es el grito unánime de las más de 300 personas que este domingo participaban en la IX Marcha a Villar de Cañas para protestar contra el cementerio nuclear que pretende construir el Ejecutivo central en esta localidad conquense.

Una marcha contra el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que partía, como en sus ocho ediciones anteriores, de la urbanización Casalonga, para desde allí pasar por los terrenos elegidos para albergar el basurero nuclear y dirigirse desde allí hacia Villar de Cañas, donde se daba lectura al manifiesto.

Bajo el lema “No al cementerio nuclear. Ni en tu pueblo ni en el mío” volvían a unir sus pasos y sus voces en esta marcha, que sin perder su ambiente lúdico y acompañados del son de las dulzainas, acortaba este año ligeramente su recorrido.

Movilización con la que manifiestan, una vez más, el rechazo a la construcción del ATC en la zona, defendiendo así la “dignidad” de los vecinos de los pequeños municipios del entorno de Villar de Cañas. Y es que, como recordaban en una de sus pancartas, “la vida digna no cabe con el cementerio nuclear”.

Vecinos que ven que, a la amenaza de la despoblación, se suma la del basurero radiactivo, la cual condiciona más aún sus esperanzas de futuro.

En este sentido, desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca recuerdan cómo hace tan solo un mes se confirmaba la presencia de radionucleidos en las aguas subterráneas cercanas a la central nuclear de Ascó. Una situación que ha puesto en primer plano la posibilidad de un accidente similar en caso de que el ATC se construya finalmente en Villar de Cañas, al ser conocida y contrastada su vulnerabilidad geológica.

Posible accidente que es el punto de partida de la trama del corto titulado ‘La Fuga’, actualmente en elaboración. Una escena que recrearon los participantes en la marcha celebrada este domingo al final de la misma. Paraguas negros, maletas y mascarillas para recrear esa marcha forzada de sus pueblos que los vecinos de esta zona de la provincia de Cuenca esperan que nunca se tenga que hacer realidad.

Sin embargo, el proyecto podría estar a punto de dar un paso más hacia delante, puesto que a pesar de que los terrenos elegidos no son aptos, a finales del próximo mes de julio el ATC podría tener el segundo informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Un “empecinamiento” del Gobierno de Mariano Rajoy, respecto a la construcción del ATC, que sus detractores rechazan, “puesto no es necesario al existir ya almacenamiento temporal seguro para los residuos nucleares”.

Desde el colectivo consideran que para la gestión de los residuos nucleares el primer paso debe ser no generarlos, para lo cual sería preciso proceder al cierre progresivo de las centrales nucleares. A partir de ese momento, y una vez conocido el volumen de residuos, consideran que se debería abrir el debate sobre cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista económico, social y ambiental, pensando fundamentalmente en un almacenamiento definitivo.

Un debate que desde la Plataforma contra el Cementerio Nuclear consideran debe ser “público y transparente”, y mantenerse “el tiempo necesario que requiere una decisión de tal calibre”.

Junto a los vecinos “anónimos” que volvían a sumarse a esta marcha en defensa de la dignidad y el futuro de sus pueblos, también participaban en esta novena edición numerosos representantes del ámbito político y social.

Entre ellos representantes del Gobierno regional, que mantiene su férrea oposición del ATC al considerar que Cuenca no necesita un cementerio nuclear y sostener que seguirán trabajando para evitar su instalación. Un mensaje que trasladaban con su presencia el delegado de la Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y el director provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado.

Una representación que a nivel de partido encabezaba la diputada autonómica Carmen Torralba, acompañada de numerosos compañeros del PSOE conquense, algunos de ellos concejales de la zona.

También entre los políticos marcharon junto a los vecinos el parlamentario y portavoz de Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, el líder castellano‑manchego de IU, Juan Ramón Crespo, y el presidente nacional del Partido Castellano, Pedro Manuel Soriano.

Junto a todos ellos, representantes de colectivos antinucleares de Madrid y Castilla-La Mancha, pertenecientes al Movimiento Ibérico Antinuclear, así como miembros de varios grupos de Ecologistas en Acción de toda la región y de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Guadalajara.

Una amplia participación que era valorada por los convocantes, que destacaban la gran presencia de personas no adscritas a ninguna organización, especialmente de la comarca de Villar de Cañas.

EL ÚNICO INTERÉS DE RAJOY EN LA REGIÓN

A esta oposición a la construcción del cementerio nuclear se contrapone el nuevo impulso que se pretende dar al proyecto desde el Gobierno central. Un Ejecutivo de Mariano Rajoy para el que el ATC de Villar de Cañas se ha convertido en su principal interés.

Así se deduce de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, que de los 589 millones de inversión que anuncian para la región, casi 145 van destinados únicamente al cementerio nuclear, es decir, el 24,5 por ciento del total.

Se trata de más del 70 por ciento de la inversión prevista para la provincia de Cuenca, a la que proponen destinar 205 millones en su conjunto, de los cuales 144,5 irán al silo nuclear. Una muestra del ‘impulso’ que desde el Ejecutivo, del que forman parte la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal y el diputado por Cuenca Rafael Catalá, pretenden dar al ATC tras haber quedado reducida a 10 millones en los presupuestos de 2017.

Cifra con la que se compensa el ‘recorte’ del ejercicio pasado, y se supera la previsión planteada en 2015 que estimaba para este 2018 una inversión de 69,7 millones.

Una ‘apuesta’ por la instalación del cementerio nuclear en la provincia de Cuenca contra la que desde la Plataforma están dispuestos a seguir luchando. Movilizaciones contra el ATC que tendrán continuación y se intensificarán en los próximos meses.

Fuente: periodicoclm.es