Endesa, Iberdrola y Naturgy afrontan un alza de costes de 900 M para el apagón nuclear

La barata energía nuclear parece que empieza a aflorar sus costes reales.

El Ministerio para la Transición Ecológica prepara una subida de la tasa a Enresa para los productores de energía nuclear de casi un 20%. Un alza que traerá aparejado un aumento de costes para los principales operadores de centrales atómicas (Endesa, Iberdrola principalmente y en menor medida, Naturgy y EDP) de cerca de 900 millones de euros hasta el final de la vida de estas plantas a partir del 1 de enero de 2020.

Este coste extra viene del borrador de real decreto ley que está tramitando el departamento dirigido por Teresa Ribera sobre la base de los años de vida que el propio Gobierno pactó con las eléctricas para el cierre de las centrales nucleares. La memoria económica del ‘Proyecto de real decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., S.M.E. (Enresa) a las centrales nucleares en explotación’ señala que la tasa pasa de los 6,69 euros/MWh a 7,98 euros MWh (+20%).

Teniendo en cuenta que la producción nuclear oscila entre los 55.000MWh y los 60.000MWh al año y sabiendo que las siete centrales hoy activas se cerrarán paulatinamente entre 2027 y 2035, las empresas afrontan un coste durante los próximos 15 años de más de 5.000 millones de euros.

La cuestión no ha pasado desapercibida para los analistas de las grandes ‘utilities’ cotizadas. La pasada semana, el director financiero de Endesa, Luca Passa, respondía a preguntas de los expertos que la firma propiedad de Enel se enfrenta a un coste extra de aproximadamente 30 millones de euros al año.

Esto lleva a Endesa a enfrentarse a un pago a mayores respecto a la situación actual de alrededor de 400 millones de euros al año. Otro tanto tendrá que asumir Iberdrola y en menor medida, en torno a 100 millones, es el montante de más que deberán pagar Naturgy y EDP.

La subida que prepara el ramo de Energía del Gobierno se da en plena renovación del Plan Nacional de Residuos Radiactivos. El actual -el sexto- está vigente desde el año 2006 ya que los sucesivos Gobiernos desde entonces no han abordado este tema. Una cuestión importante dado que el Fondo de Enresa, destinado a cubrir las necesidades futuras para la gestión y el desmantelamiento nuclear, es insuficiente.

Fuente: elconfidencial

Comienzan a desmontar la cúpula de la central nuclear de Zorita

El desmantelamiento comenzó en 2010

La primera pieza de la ‘media naranja’ está retirada y el desmantelamiento de la central nuclear concluirá en 2020.

El coste total del desmantelamiento se cuantifica en unos 160 millones de euros

La empresa pública Enresa ha comenzado el desmontaje de la cúpula del edificio de contención de la central nuclear José Cabrera en Almonacid de Zorita (Guadalajara) que se contemplan en la fase final del desmantelamiento de esta instalación nuclear que concluirá a finales de 2020.

Estos trabajos han consistido en la retirada, izado y descenso de la primera pieza, a los que ha asistido la prensa acompañados del director desmantelamiento de la central, Manuel Ondaro. Para ello, se han empleado dos grúas de gran tonelaje que han permitido la ejecución segura de la maniobra desde una plataforma auxiliar.

«Lo que hoy hemos visto es el desmontaje y posicionamiento de la primera pieza de la cúpula del reactor. Esto supone un hito en el desmantelamiento y que nos llevará a la finalización de la desmantelación del mismo el próximo año», ha señalado Ondaro, quien ha indicado que la pieza retirada es de acero, de 8 metros de diámetro y 5,2 toneladas de peso, aproximadamente.

 

Se trata de la primera de las 330 piezas en las que será segmentada esta estructura, pues la cúpula tiene un peso total de 225,2 toneladas y un diámetro de 31,4 metros.

Una vez bajada al suelo, será troceada para poderla gestionar como material convencional. Este proceso de desmontaje de la cúpula tardará unos 40 días, por lo que antes de Navidad estará concluido.

Descontaminación total

Previo al desmontaje de este jueves, para el que llevan preparándose desde verano para realizarse con total seguridad, se han realizado numerosas labores dentro del desmantelamiento.

«Fundamentalmente hemos retirado los grandes componentes del circuito primario de la central nuclear, hemos descontaminado todo lo que es el edificio de contención y lo hemos desclasificado para poder demolerlo de forma convencional», ha explicado Ondaro.

Además, este es el inicio del desmontaje de la cúpula, del interior del edificio de contención y posterior demolición. Tal y como ha señalado Ondaro, el inicio de los trabajos de desmontaje final, es decir, las demoliciones, «se inician ahora y se espera que a finales del año que viene, el 31 de diciembre en 2020, puedan haber terminado con todos los trabajos de demoliciones de los principales edificios», que son el edificio de contención, almacén auxiliar, almacén de residuos número 1, el evaporador y el resto de edificios convencionales.

Recientemente también ha comenzado la demolición del edificio que albergaba el generador diésel de la central para lo que se está empleando maquinaria de gran tonelaje. Las dimensiones de este edificio, fabricado en hormigón armado, es de 11 metros de ancho por 7,5 metros de alto.

Desde que se inició el desmantelamiento, en febrero de 2010 se han generado aproximadamente 29.000 toneladas de materiales

Energia cara se mire por donde se mire.

A día de hoy, Enresa ha ejecutado ya cerca del 89 por ciento del proyecto de desmantelamiento de la central. Desde que se inició el desmantelamiento, en febrero de 2010 y hasta el 30 de septiembre de 2019, han trabajado unas 250 personas y se han generado aproximadamente 29.000 toneladas de materiales.

De esta cantidad, 7.000 corresponden a material convencional, 5.500 toneladas a residuos radiactivos de muy baja actividad, 2.300 a residuos radiactivos de baja y media actividad y 14.200 toneladas a material desclasificable.

El residuo de alta actividad se contiene en los 377 elementos combustibles de la central, es decir, 175 toneladas que gestionaron en 12 contenedores en la fases iniciales del desmantelamiento.

Fuente: ABC

 

Denuncian “nuevos retrasos” en el desmantelamiento de Garoña

El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, cree que estos nuevos plazos “están vinculados al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares”

El cabeza de lista al Congreso de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha denunciado este viernes “nuevos retrasos” en el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y cree que estos nuevos plazos “están vinculados al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares, poniendo así en grave peligro la seguridad de las mismas”.
Tras participar en Vitoria en una mesa informativa de la formación, el candidato ha criticado que “más de 2 años después del cierre de la central nuclear de Garoña, los trabajos para su desmantelamiento ni siquiera han comenzado”.
Asimismo, ha explicado que según las informaciones que a las que ha tenido acceso, “todo parece indicar” que los trabajos de desmantelamiento “no empezarán hasta 2022”. “Se nos antoja demasiado tarde para desmantelar una central que es urgente quitar de en medio por el riesgo que supone para el medio ambiente y para la salud pública”, ha señalado.
En este sentido, ha explicado que “el desmantelamiento de Garoña marca la agenda de cierre y desmantelamiento futuro del resto de las centrales nucleares españolas”, y cree que este retraso “está vinculado al hecho de que se pretende alargar la vida del resto de centrales nucleares poniendo así en grave peligro la seguridad de las mismas”.

Los ayuntamientos próximos a las nucleares intentan mantener los apoyos de la Administración que ha pagado 580 millones de subvenciones desde 1989.


Los municipios nucleares eligen nueva dirección en pleno cierre de centrales

En España hay 60 municipios situados a menos de 10 kilómetros de una central nuclear. Desde 1990, están agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Los municipios, con una población de unos 40.000 habitantes, viven uno de sus momentos más delicados. El Gobierno y las eléctricas han pactado el cierre escalonado de las siete plantas nucleares en funcionamiento hasta 2035 y los ayuntamientos temen por su futuro. En ese contexto, AMAC va a abrir el 1 de septiembre el proceso de renovación de su dirección, lo que incluye el cambio en la presidencia y la vicepresidencia y la ratificación de 22 miembros de la directiva en una asamblea prevista para el 18 de septiembre en Madrid.

La renovación afectará, después de cuatro años de mandato, a la actual presidenta de AMAC, Raquel González (PP), alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos, zona de la central de Garoña) y a la vicepresidenta y alcaldesa de Hornachuelos (Córdoba), Maria del Pilar Hinojosa, independiente. Fuentes de la asociación destacan que no se trata de un proceso de renovación marcado por la política, sino por los intereses comunes.

El fundamental de esos intereses es gestionar de la mejor manera posible el proceso de cierre de instalaciones y, sobre todo, asegurar que el flujo de las ayudas hacia los ayuntamientos no se interrumpe de forma abrupta. Los ánimos están encendidos porque la combinación de anuncios de cierres de nucleares, proyectos que sólo existen en el papel y ausencia de un Gobierno capaz de llevar las promesas al BOE alimenta la desconfianza.

25 años de ayudas

Los municipios no lo ven claro. Quieren que el flujo de fondos que han recibido desde hace 25 años no se corte. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno. Y eso es lo que está en el aire.

El Ejecutivo, ahora en funciones, ha ofrecido una vía para facilitar la llegada de renovables a los emplazamientos de las nucleares. Lo hizo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Según el documento, las grandes compañías que cierren centrales contaminantes -ya sea de carbón, de gas o nucleares- tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables. El problema es que el anteproyecto sólo es una declaración de intenciones. El exgerente y asesor de AMAC Mariano Vila sostiene que en la relación con el Gobierno “está todo parado, hasta tal punto que reuniones previstas en julio no se han celebrado“.

La inquietud de los ayuntamientos es lógica porque muchos de ellos dependen de las ayudas que reciben de la empresa pública Enresa para mantener sus presupuestos. Todos los municipios que reciben ayudas temen acabar como el de Almonacid de Zorita (750 habitantes, a 70 kilómetros de Guadalajara), que albergó la primera central nuclear española -José Cabrera- en proceso de desmantelamiento desde 2010. Según AMAC, “ninguna administración pública, ni el Estado, ni la Comunidad Autónoma, ni la Diputación provincial se han preocupado ni implicado en el futuro de los ciudadanos de los municipios de la zona“.

La Orden Ministerial más reciente sobre las ayudas a los municipios nucleares es del 11 de marzo de 2015. Sustituyó a la más antigua de julio de 1998 y regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que data de 2006. la Orden recogió un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. No es muy optimista.

Según recoge la norma “transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas”, Industria constata que los municipios “aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares”, debido “a la baja incidencia” que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su “escasa” aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. El apagón nuclear no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos.

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades.

Fuente:   lainformacion.com

EE.UU.: Una planta de combustible nuclear almacenó basura radiactiva en un contenedor oxidado con fugas

Los niveles de uranio en un punto del suelo bajo un recipiente son casi el doble de la norma permitida de seguridad.

Como comenta un lector, de la gestión de los resuduos nucleares no veremos una serie de HBO o Netflix.

Un contenedor de transporte oxidado lleno de basura contaminada con uranio filtraba residuos en el suelo de la planta de combustible nuclear de Westinghouse (Carolina del Sur, EE.UU.), según han podido saber las autoridades de control sanitario y ambiental, informaron este viernes medios locales.

Los niveles de uranio en un punto del suelo bajo el contenedor en cuestión son casi el doble de la norma de seguridad permitida, según lo comunicó el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (SC DHEC, por sus siglas en inglés). El organismo culpó de la situación al protocolo de almacenamiento de residuos de la instalación para la contaminación.

La lluvia entró por un agujero que presentaba el techo de 12 metros del contenedor, mojando barriles llenos de basura radioactiva que se guardaban dentro. Finalmente, el agua contaminada de uranio goteó en el suelo de las instalaciones.

“No debemos permitir que existan estas condiciones en nuestro sitio”, dijo Mike Annacone, gerente de la planta. Asimismo, aseguró que el incidente ocurrió a causa de “una serie de problemas” por permitir que se acumularan decenas de contenedores llenos de basura contaminada de uranio. Annacone también recordó que los contenedores de la planta son viejos y están oxidados, por lo que prometió procesar el material restante y probar el suelo debajo de cada contenedor para detectar la contaminación a medida que los van vaciando.

Esta no es la primera vez que se detectan problemas en esta planta de combustible nuclear. En 2008 y en 2011 se registraron filtraciones de uranio que contaminaron el agua subterránea debajo de las instalaciones, algo de lo que no se informó a las autoridades, por lo que los lugareños temen que el problema se extienda. Asimismo, en 2018 se descubrió que la planta presentaba fugas de uranio que se filtraba por un agujero en el suelo, mientras que el mes pasado un bidón lleno de desechos radiactivos explotó y se incendió. La Comisión Reguladora Nuclear de EE.UU. (NRC, por sus siglas en inglés) investiga las instalaciones de Westinghouse por estos incidentes.

Fuente: RT

El Tribunal de Cuentas advierte de que faltan fondos para desmantelar las centrales

 

Los de “la energía nuclear es la más barata”  ocultos en sus despachos.

El reciente pacto para alargar el periodo de funcionamiento de las centrales de 40 años a 45,7 “permitirá reducir el déficit existente” en el fondo para la gestión de los residuos y el desmantelamiento, pero no eliminarlo

Subraya que la empresa estatal Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015 y advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

Entre esas recomendaciones estaba la de aumentar las tasas que pagan las eléctricas para aumentar las dotaciones de ese fondo; Enresa recuerda que se trata de “aspectos regulatorios” que no le competen

El Tribunal de Cuentas cree que el reciente acuerdo entre el Gobierno y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) para abordar un cierre nuclear escalonado a partir de la próxima década “permitirá reducir”, pero no eliminar, el agujero del fondo con el que la empresa estatal Enresa deberá sufragar el multimillonario coste de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales.

En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró en cerca de 1.800 millones el déficit del denominado Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos. Ese informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se habían actualizado desde entonces, pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) todavía vigente hoy, aunque lleva casi una década caducado (se aprobó en 2006).

El informe recomendaba revisar anualmente esas tasas “en función de las necesidades de financiación futuras” de ese fondo, que se alimenta al 90% con tasas a la producción nuclear y al 10%, a través de la tarifa eléctrica. Ahora, tras analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en ese examen, el órgano constata que esa actualización de tasas no se ha llevado a cabo y estima que ese déficit o “desviación de financiación de los costes” ascendería ya a 2.354 millones.

No obstante, el cálculo se basa, como el vigente PGRR, en la hipótesis de una vida media de las plantas de 40 años, plazo que ha quedado aumentado recientemente ampliado hasta los 45,7 años, tras el reciente acuerdo entre Gobierno y eléctricas, lo que permitirá incrementar los ingresos para el fondo a través de las tasas a la producción nuclear.

El problema es que, aun con esa reciente ampliación del plazo de vida de las nucleares, el déficit seguirá existiendo, según advierte el Tribunal de Cuentas en una nota al pie del informe.

En ella, recuerda que “a finales de marzo de 2019, Enresa ha firmado con los propietarios de las CCNN [centrales nucleares] un protocolo de intenciones sobre su cierre, con base en el horizonte temporal previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [el conocido como PNIEC], remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se prevé un cierre ordenado, escalonado y flexible del parque nuclear, con inicio en 2027 y finalización en 2035, lo que supone un funcionamiento medio de 45,7 años para el conjunto de los siete reactores que se encuentran en operación”.

El Tribunal de Cuentas valora ese acuerdo, que implicó incumplir la promesa electoral del PSOE de abordar un cierre a los 40 años, ante la evidencia de que parar la producción de las plantas impediría cubrir el multimillonario coste de desmantelarlas y gestionar sus residuos. Y entiende que “el mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto PGRR, supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las CCNN, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo”. No precisa esa reducción del déficit, que en cualquier caso seguirá existiendo.

El informe, aprobado el 30 de mayo, destaca que, según las estimaciones realizadas por Enresa en junio de 2018 basándose en el actual Plan de Residuos, “el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las CCNN operativas, ascendería a 10.697 millones”, mientras que “el valor estimado por Enresa del Fondo a 31 de diciembre de 2018” era de 5.678 millones, “por lo que la recaudación pendiente a 1 de enero de 2019, necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones”.

“Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas” que financian ese fondo “y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas estimada en 1.919 millones”. En total, los citados 2.354 millones.

“Se deduce que existiría déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas”, remacha.

Incumplimientos

El tribunal señala que Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015. Así, “a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas respecto a la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN”. En consecuencia, la recomendación “no se ha cumplido”.

Tampoco “se había producido la internalización de los costes por Asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, sino que estos gastos se han continuado cargando al Fondo para la financiación del PGRR”.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha declinado realizar alegaciones al informe porque la empresa estatal “no está en disposición de dar cumplimiento a las cuatro recomendaciones que siguen pendientes ya que todas se refieren a aspectos regulatorios y, por tanto, carecemos de capacidad legal para llevarlas a cabo”.

La pelota está en el tejado del Gobierno, y en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular ahora en funciones, Teresa Ribera, indicó en marzo que el nuevo PGRR (caducado desde 2010 y que el Gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en aumentar la vida de las nucleares, nunca actualizó) estaría “listo” este mes de junio, pero sin Gobierno a la vista, ese plazo se antoja a todas luces inviable.

En el ministerio indican que Enresa está ultimando ese plan, y “el diseño para financiar, no solo reducir el déficit”, será “uno de los elementos del trabajo en el que está inmersa” la empresa estatal, cuya intención sigue siendo presentar un borrador del mismo este mes.

Por su parte, fuentes de Enresa señalan que, en función del escenario dibujado por el PNIEC, “y una vez actualizado el cálculo de los costes y determinado el inventario de residuos, será posible determinar si es necesario actualizar la tasa que pagan las centrales nucleares que están en operación”.

Una vez en manos del Ejecutivo del borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Gobierno ha vinculado la decisión final sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos, paralizado el año pasado, al contenido de ese plan.

En Garoña habia un mapa con chinchetas negras de pueblos y asociaciones no favorables a la central

El responsable de Comunicación de Garoña durante 30 años dice que nunca oculto ni mintió sobre ningún incidente.

A continuación le vamos a poner varios ejemplos de que si no fué él quien mintió u ocultó, en cualquier caso lo hizo NUCLENOR (Iberdrola y Endesa)

Su despacho en Garoña, recuerda, contaba con un gran mapa de la zona de influencia de la central.  En el mismo había clavadas chinchetas de colores: las negras localizaban los municipios donde se habían firmado pronunciamientos en contra de la energía nuclear; las rojas, donde se celebraban manifestaciones; y las verdes localizaban las entidades o personas que apoyaban nuestra actividad. Eran muy pocas…”.

Para quien no le ponga cara, Antonio Cornadó ha sido durante casi 30 años el rostro público y la voz autorizada de la central nuclear de Santa María de Garoña, tiempo más que suficiente para curtirse en todas las crisis de comunicación habidas y por haber, abrazar a políticos de todos los colores y ecologistas radicales, lidiar con sindicalistas, vecinos y periodistas como él y hacer    -sin distinción- amigos en todos los bandos.

…..

Antonio Cornadó puso toda la carne en el asador para la celebración del 40 aniversario. Se apoyó en tres actos, el primero de ellos, una gran fiesta en la central con los trabajadores en activo y jubilados y los directivos de Iberdrola y Endesa. Estamos en el 11 de marzo de 2011, el día en el que reventó la central de Fukushima en Japón. “Cuando salíamos de la fiesta llegaron las primeras noticias de tsunami…”. Todo se complicó: “Garoña era igual que Fukushima y la pregunta recurrente fue: ¿lo que pasa en Japón puede ocurrir en Burgos? Insistimos en el ‘no’”. La fiesta prevista con toda la sociedad burgalesa y regional en el Fórum Evolución para el día 17 se canceló bajo la excusa de la solidaridad con los fallecidos -la Junta siempre abogó por su aplazamiento, estrategia que no compartía Nuclenor por la lectura negativa que se pudiese hacer-. Lo mismo ocurrió con la fiesta en Madrid.

“No sé si Fukushima fue nuestra puntilla, luego vino el tema de la fiscalidad, que supuso un golpe en nuestra línea de flotación porque disparaba nuestros costes”. Cornadó abandonó Garoña a principios de 2013 para presidir el Foro Nuclear -“la primera vez que un no-ingeniero presidía el lobby nuclear”- hasta otoño de 2017.

“El cierre definitivo anunciado  el 1 de agosto de 2017 me dio mucha pena, aunque se veía venir. Se agolpan muchos recuerdos y esfuerzos pero nuestro trabajo mereció la pena”. En diciembre de 2018 se desvinculó de Nuclenor. “Hay vida tras el cierre pero nunca será la misma. El movimiento tractor que genera una nuclear no lo tiene ninguna otra industria. Nuclenor debería formar parte de la solución y potenciar los valores de la zona”.

Pues mira Cornadó:

Garoña cierra por problemas de seguridad

 

Toda la experiencia acumulada durante estos 30 años, su capacidad de interlocución y relación, la ha apuesto al servicio de las empresas, instituciones privadas o particulares. Cornadó&Asociados es una consultoría que trabaja con una red de especialistas y que centra su actividad en el posicionamiento de las empresas, la reputación corporativa, la diplomacia empresarial (los lobbies) y las crisis. “Aunque está mal que lo diga, en esto soy un especialista…”.

20 años pagando los impuestos en Cantabria con el riesgo para Burgos, Pais Vasco y La Rioja

…Nos conocieron, se fiaron y nos aceptaron”. Garoña se hizo burgalesa y trasladó su sede social desde Cantabria, atendiendo a una vieja demanda de la provincia.

 

Antonio Cornadó Quibus, periodista #BlowinInTheWind #ConversacionesSobreBurgos (XXIX)

Leer completo : Diario de Burgos