El traslado de residuos radioactivos de Garoña a Córdoba abre otro pulso entre el Gobierno y la Junta de Andalucía

Vista de las instalaciones de El Cabril (Córdoba)

El Ejecutivo de Díaz sospecha que el cementerio nuclear de El Cabril ha empezado a recepcionar bidones de la central recién desmantelada y exige saber si son restos “potencialmente peligrosos para la población”.

La Junta de Andalucía sospecha que el Gobierno central ya ha empezado a traslar residuos radiactivos de la recién clausurada central de Santa María de Garoña (Burgos) hasta el cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, que es de gestión estatal. Las informaciones de las que dispone la Consejería de Medio Ambiente parte, sobre todo, de los alcaldes del entorno, que han trasladado su preocupación al respecto.

El pasado 21 de noviembre, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, remitió por escrito una petición formal de información a Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos), que gestiona el centro de almacenamiento de El Cabril, requiriendo datos “detallados sobre el origen y las características de las actividades llevadas a cabo por Enresa en ese centro durante el primer cuatrimestre de 2017”. La carta, a cuyo contenido ha tenido acceso Público, cita “en concreto las 84 expediciones recepcionadas en la instalación durante el citado cuatrimestre”. “Queremos saber los planes del Gobierno a corto y medio plazo para El Cabril y si ha habido alguna actuación en los últimos meses que se salga de lo excepcional”, avisa Fiscal. La Junta quiere tener una garantía “por escrito” de que los restos que se trasladen no son “potencialmente peligrosos para la población”

Enresa es una entidad pública empresarial, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en todo el país, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleares. El pasado 1 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy sucumbía a la presión de los grupos de la oposición y anunciaba el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña, la más antigua del país, cuya actividad llevaba paralizada desde 2012. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, había presentado un informe del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaba su reapertura, pero no logró convencer a ningún otro grupo del Congreso, ni siquiera al PNV, clave en la aprobación de los Presupuestos Generales.

El Ejecutivo de Susana Díaz teme que el Gobierno central hubiera iniciado el traslado de residuos de media, baja y muy baja intensidad radioactiva de Garoña hasta el “centro de almacenamiento” de El Cabril, en plena Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Nadal ya ha dicho en sede parlamentaria que en el subsuelo de El Cabril se enterrarán 4.000 toneladas de residuos radioactivos procedentes de Garoña, pero ha subrayado que el excedente de alto riesgo no viajará a Andalucía. Por ahora permanecerá en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de Burgos, pero se desconoce por cuánto tiempo. El Gobierno preveía que para 2010 existiría un Almacén Temporal Centralizado que sirviera de cementerio nuclear nacional para dar cabida al combustible gastado, se planteó un proyecto en Villar de Cañas (Cuenca), que aún no está concluido.

El traslado de residuos radioactivos a la sierra cordobesa ha generado intranquilidad en los pueblos vecinos, y el consejero de Medio Ambiente ha querido saber de primera mano cuándo han empezado los trabajos. Se tiene conocimiento de 84 expediciones recepcionadas en El Cabril, pero sin seguridad de que todas provengan de Garoña. Los ecologistas denuncian que se siga usando este enclave como “cementerio nuclear”, y advierten del riesgo que supone para el ecosistema y la población de Hornachuelos. La inquietud ha saltado a la arena política, donde el grupo parlamentario de Podemos ya ha exigido explicaciones al Gobierno de Díaz. “Queremos saber si se va a permitir que usen Córdoba y Andalucía como estercolero nuclear”, ha dicho la líder del partido morado, Teresa Rodríguez.

El centro de almacenamiento nuclear de Córdoba ya guarda los restos radioactivos de otras centrales nucleares que se clausuraron en España, como la de Vandellòs I (Tarragona) y José Cabrera (Almonacid de Zorita). El Cabril tiene 29 celdas, compartimentos bajo tierra para dar cabida a los residuos, y hace poco la empresa que gestiona el emplazamiento ha construido una más porque casi todas las demás estaban ya llenas. El carburante que se retira (uranio principalmente) se carga y traslada en bidones de 130 toneladas.

La perspectiva de volver a ampliar este enclave para recepcionar las 4.000 toneladas de residuos de Garoña se ha convertido en otro motivo de disputa política en el Parlamento andaluz, aunque la Junta carece de competencias para prohibir el traslado a El Cabril. Desde Enresa explican que los residuos generales en el desmantelamiento de Garoña son “convencionales”, reciclados y reutilizados en un porcentaje próximo al 90%.

Equo, partido que está integrado en Podemos Andalucía, ha sido de los más combativos contra el traslado de dióxido de uranio al cementerio nuclear de El Cabril. Denuncian que es “una sustancia clasificada por la Unión Europea como muy tóxica, cancerígena y peligrosa para el medio ambiente. Con un componente químico -el U-235- que tiene una vida media de cientos de millones de años”. Enresa niega que el centro de almacenamiento de Córdoba esté recibiendo este tipo de sustancia.

Equo e IU llevan años reivindicando el cierre de las instalaciones de El Cabril, argumentando que el enclave original del almacenamiento nuclear era una reserva militar propiedad del Gobierno central, pero no se eligió esa ubicación por razones de seguridad. Ahora Podemos también se suma a la demanda de cierre de un centro que “pone en riesgo a una gran parte de la población, al suponer que residuos especialmente peligrosos recorran cientos de kilómetros diariamente, por autovías y llegando a tener que pasar por la propia Córdoba”. “Si uno de los bidones que viaja a El Cabril desde las centrales” -según Equo lo hacen unos 50 de media cada día- “cayese de su medio de transporte, incluso sin que se abra, si un menor de 18 años lo curiosea habrá recibido en tan sólo cinco minutos su dosis máxima de radiactividad para un año”, denuncian desde la formación verde.

“¿Empleo? ¡Aquí nos íbamos a hacer todos ricos, nos decían! Y fíjate, esto ahuyenta a nuevas industrias y es malo para el producto alimentario”, protesta Fernando Porras, apicultor de 60 años en Hornachuelos, en cuyo término municipal está El Cabril. Su opinión no es unánime. También abunda la indiferencia, sobre todo entre los jóvenes. Y la resignación. Entusiasmo, poco.

El Cabril no es ni de lejos un motor de desarrollo de la zona, que ha perdido población desde 1992. Su plantilla es de 118 trabajadores, a los que se suman 196 contratos externos. El paro castiga a estos pueblos tanto o más que a sus vecinos.

Población de Hornachuelos desde 1900 hasta 2016

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2016 el numero de habitantes en Hornachuelos es de 4.598, 44 habitantes menos que el en el año 2015. En el grafico siguiente se puede ver la evolucion demografica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Hornachuelos segun su edad podemos verlo en la piramide de poblacion.
Si lo que interesa es saber cual es la poblacion de Hornachuelos segun el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, Pais, Comunidad Autonoma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demografico de poblacion segun lugar de nacimiento.

La gestión de Enresa

Tan cierto es que El Cabril no ha sido palanca de progreso como que no constan accidentes graves, si bien los ecologistas critican la opacidad de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos de España. Tampoco hay estudios alarmantes sobre salud o medio ambiente. El rechazo reside más en la sospecha que en la certeza. Y muchos insisten en que da mala imagen.

“A nadie le gusta tener ahí eso, por si pasa algo, pero qué le vamos a hacer”, explica, al otro lado de un torno que oculta su rostro, la hermana Laura, que vive enclaustrada en el convento de las carmelitas descalzas, en la aldea de San Calixto, de Hornachuelos, a 15 kilómetros de El Cabril. Un lugar ideal para ejercer la resignación.

Entre finales de los años cincuenta del siglo pasado y principios de los sesenta, el régimen comenzó a almacenar de tapadillo en El Cabril, en una mina de uranio abandonada, los residuos resultantes de las pruebas que debían incorporar a España al club de la bomba atómica. Con la creación de Enresa en 1984, las obras de lo que hoy es El Cabril comenzaron en 1990 tras obtener las licencias.

Los vecinos se quejan de que no ha servido para desarrollar la zona.

Antes, en los ochenta, miles de personas se opusieron a asumir esa herencia. Hubo cortes de carreteras, manifestaciones y hasta una huelga general en 1986. “Todos sabían que era una imposición injusta. Pero el dinero frenó las protestas”, recuerda José Larios, líder de aquella movilización ya olvidada, que dio su primera charla contra los planes del Estado en 1979.

El dinero, claro, ayuda a digerirlo todo. “Esto ya está aquí y no podemos evitarlo, pero que nos compensen”, reivindica el andalucista Cecilio Fuentes, alcalde de Alanís. Todos los alcaldes han advertido, al hilo de la polémica del ATC, que les saben a poco los menos de dos millones de euros anuales que reciben de Industria. “Las compensaciones por el ATC que oíamos son escandalosas. Merecemos más”, dice el independiente Julián López, alcalde de Hornachuelos.

“Es el gran éxito de Enresa, haber hecho reinar la resignación”, afirma Manuel Raya, de la asociación ecologista Hornasol. Raya reclama una explicación en detalle de la actividad en la zona que lleva a cabo la Fundación Enresa, que canaliza fondos para desplegar una intensa actividad de relaciones públicas que garantiza más apoyo al almacén.

Vista cercana de los contenedores

Pero la movilización de los ochenta dejó su huella. Quedó demostrado cuando, a principios de los noventa, una simple filtración que apuntaba a que el Valle de los Pedroches cordobés podía ser el destino del Almacén Geológico Profundo (AGP) movilizó a toda la comarca, con sus ayuntamientos al frente. No todo va a ser resignación.

Fuente:  publico.es

 almacennuclear.wordpress.com/2010/02/08/almacen-de-el-cabril-o-la-imposicion-que-arruino-a-una-comarca/

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IU pedirá a la UE que “vigile” a España en el traslado de los residuos nucleares de Garoña

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado hoy en Córdoba que pedirá a la Unión Europea (UE) que “vigile” al Gobierno de España en el traslado de residuos nucleares desde Garoña (Burgos) hasta el almacén de El Cabril (Hornachuelos, Córdoba).

“Tenemos que tomar medidas urgentes” ha declarado en conferencia de prensa Maíllo, quien ha indicado que “Andalucía no puede consentir convertirse en el vertedero nuclear de toda la Península Ibérica” por lo que ya que el Ejecutivo mantiene una postura de “oscurantismo y opacidad”, es necesario “hacer una envolvente a través de Bruselas para conocer qué está pasando”.

IU forma parte junto a Ecologistas en Acción, Equo, Podemos y otras organizaciones de una plataforma antinuclear constituida el 16 de noviembre, cuando se reunieron en el I Encuentro contra el cementerio Nuclear El Cabril y acordaron movilizaciones y medidas para frenar la ampliación del almacén de Enresa en Córdoba, algo que llevan demandando “desde hace 30 años, el desmatelamiento de los cementerios nucleares” ha recordado Maíllo.

La hoja de ruta es la petición de explicaciones a la Comisión de Medio Ambiente de la CE y la invitación del comisario de Energía y Cambio Climático, el español Manuel Arias Cañete, a que visite las instalaciones del almacén de residuos de baja y media intensidad de El Cabril, donde “se está produciendo una sutil estrategia de traslado de material radiactivo de la recién cerrada central nuclear de Garoña”.

Maíllo ha indicado que va a solicitar una visita de la plataforma antinuclear constituida en Córdoba el mes pasado y que integra a activistas de Extremadura y Andalucía para que “también puedan explicar en el Parlamento Europeo la situación que se está viviendo en España” y que, a juicio del coordinador general de IU en Andalucía “trasciende al cumplimiento de directivas europeas que prevalecen en las políticas medioambientales”.

“Necesitamos saber qué está pasando y qué planes tiene el Gobierno de España”, ha insistido Maíllo, que también ha criticado la posición de Enresa, a quien ha acusado de “no facilitar información por escrito más allá de las reuniones que mantiene con los alcaldes de los municipios colindantes a El Cabril”.

A su juicio, “también se ha evidenciado que la Junta de Andalucía no se mueve” pues ha sido tras la constitución de la plataforma antinuclear en la reunión del 16 de noviembre en la localidad cordobesa de Peñarroya, cuando el consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Fiscal López ha pedido explicaciones al Gobierno Central.

Es algo que Maíllo “celebra” pero que, como temen que “no van a decir nada”, acuden directamente a la Unión Europea para confirmar el traslado de residuos de una central a otra, informar de la ampliación prevista en El Cabril y saber cómo se van a gestionar todos los residuos que se emiten en España y Portugal.

Fuente: eldiario.es

Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC


Rifirrafe entre el presidente del CSN y un miembro del Comité Asesor a preguntas sobre el ATC de Villar de Cañas. Se ha producido este jueves, en una de las reuniones anuales que se celebran para asesorar al Consejo de Seguridad Nuclear en materia de transparencia y recabar información sobre la actividad del organismo. El proceso de licenciamiento del Almacén Temporal Centralizado ha sido uno de los asuntos a tratar.

En la batería de preguntas que uno de los miembros del Comité Asesor ha realizado, se ha cuestionado el acta de inspección de un técnico del CSN del pasado mes de junio, donde denunciaba imprecisiones y contradicciones de los datos que le suministraba ENRESA, la empresa encargada de la construcción del silo nuclear conquense. Francisco Castejón ha solicitado conocer qué acciones se piensan tomar ante el contenido de esta queja, que según subraya es de un inspector del propio CSN.

Otro de los momentos tensos se producía cuando se ha proyectado un video elaborado por ENRESA y que el presidente del CSN ha defendido “a pesar de ser una proyección que no refleja la realidad de lo que sería el futuro ATC”, según explica Castejón.

En concreto “no plasma la manipulación de los residuos que habría de los trabajadores, ni qué puede ocurrir en caso de accidente”. Así las cosas, señala que “su amparo muestra la estrecha e inusual relación que existe entre el organismo regulador y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos”.

Castejón ha insistido en la no idoneidad de los terrenos de la localidad conquense para albergar el Cementerio Nuclear.

Fuente:  cadenaser.com

Denuncian “cientos de kilos” de residuos de alta intensidad en El Cabril

Organizadores del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, hoy en la Corredera. – MIGUEL ÁNGEL SALAS

Colectivos y partidos retomarán la movilización contra el centro de residuos en Hornachuelos en un encuentro el sábado en Peñarroya-Pueblonuevo

El centro de residuos radiactivos de baja y media intensidad de Sierra Albarrana de Enresa, las conocidas instalaciones de El Cabril, alberga “cientos de kilos” de residuos radiactivosde alta intensidad, concretamente “dióxido de uranio 235”, proveniente de centrales nucleares en desmontaje, ha denunciado esta mañana el exconcejal  del Ayuntamiento de Córdoba y actual presidente de la Fundación Equo, José Larios, y al menos 111 kilos “según reconoció el Consejo de Seguridad Nacional en el 2015”, explica Guillermo Contreras, de Ecologistas en Acción.

Tanto Larios como Contreras participaron esta mañana en Córdoba en la presentación del primer Encuentro contra el Cementerio Nuclear de El Cabril, a celebrar el sábado en el mercado de abastos Sebastián Sánchez, de Peñarroya-Pueblonuevo a partir de las 11.00 horas, y en el que se relanzará la movilización contra estas instalaciones (las únicas de sus características en España como centro de almacenamiento de residuos de baja y media actividad) y los planes para que también alberguen un material de alkta intensidad radiactiva que tardará cientos de miles de años de dejar de ser peligroso, según los convocantes, una decena de colectivos y partidos políticos de Andalucía y Extremadura.

En concreto, el encuentro en Peñarroya-Pueblonuevo quiere fijar “una hoja de ruta” para retomar las movilizaciones de unas instalaciones en Andalucía que reflejan el actual el actual modelo de “extraer recursos y traernos la basura” que se emplea con la comunidad autónoma, según explicó Jorge Hidalgo, coordinador en Córdoba de Podemos Andalucía. Junto a él, el portavoz de Ganemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Rafael Blázquez, y la secretaria provincial del PCA, concejala en el mismo consistorio y exparlamentaria, Alba Doblas, dieron cuenta de los motivos que llevan a retomar las movilizaciones contra las instalaciones de Enresa y, en general, contra la energía nuclear.

Al respecto, a lo largo de la presentación del encuentro se recordó que hay dos centrales nucleares que se están desmontando (Valdellós 2 y Garoña) y que quedan 8 en funcionamiento en España, complejos que, conforme cumplan su vida útil y comiencen sus desmonjes irán multiplicando los residuos de alta intensidad, con el riesgo que ello conlleva de que más basura radiactiva de alta intensidad terminen en el cementerio nuclear de El Cabril, independientemente de la polémica sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) propuesto para Cuenca donde se ubicarían los residuos radiactivos de alta intensidad.

 

Fuente: diariocordoba.com

La barata energia nuclear: España paga 50 millones a Reino Unido para que se quede el plutonio de Garoña

España firmó hace 14 años un acuerdo con las autoridades británicas para evitar el regreso de la basura nuclear.

La capacidad de almacenamiento de las instalaciones nucleares es muy limitada, a la espera de que se construya el ATC.

La central nuclear de Santa María de Garoña ya es historia. El Gobierno anunció su cierre definitivo el 1 de agosto. Pero las centrales pasan y sus residuos permanecen. Sobre los generados en Garoña, el Gobierno ha tomado una decisión: transferir la titularidad del plutonio generado en el tratamiento de la basura nuclear de la central burgalesa a la empresa pública británica International Nuclear Services (INS), heredera de la antigua British Nuclear Fuels(BNFL).

El Ejecutivo español alcanzó un acuerdo con BNFL hace 14 años para evitar la vuelta de los residuos reprocesados de Garoña a cambio de 34,5 millones de euros. Ahora ha dado un paso más, con un coste “en el ejercicio 2017” de 50,4 millones de euros, según detalla la memoria de la empresa pública Enresa.

Ni la empresa pública que gestiona los residuos, ni la sociedad propietaria de la central nuclear, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), han dado detalles de la operación. Nuclenor se limitó a señalar que las cláusulas del contrato están sujetas a confidencialidad.

Un hecho destacado

La operación ha quedado reflejada en una mención del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, en el informe de la compañía de 2016. Zaballa califica de “destacado” el hecho de que el Ministerio de Energía haya refrendado la transferencia de la titularidad del plutonio a la británica INS.

Físicamente, el sensible material siempre estuvo en Reino Unido. La central de Garoña envió entre 1971 y 1983 casi 100 toneladas de combustible nuclear gastado (uranio) para su reprocesamiento. El problema está en el resultado de ese proceso, el plutonio, un residuo muy peligroso por su larga vida y posible uso militar. El plutonio, en principio, no estaba incluido en el acuerdo entre España y Reino Unido.

Si las 100 toneladas de uranio no podían volver en 2004 por falta de instalaciones de almacenamiento, menos aún un derivado más peligroso. España no puede gestionarlos. Por eso los ha enviado a otros países como también han hecho Japón, Alemania o Italia. Según explica el sexto Plan General de Residuos Radiactivos, hay residuos almacenados de la central Vandellós I en Francia y de Garoña en Reino Unido.

El plan recoge que los compromisos contractuales con Francia “contemplan que deben volver a España entre los años 2010 y 2015”, mientras que en el caso de Reino Unido los contratos cubrían hasta el año 2011 para el uranio y sólo hasta 2008 para el plutonio. Los contratos con la empresa estatal francesa Areva, por importe de 194 millones de euros, fueron modificados para extender los plazos.

Fuentes del Ministerio de Energía confirman que Enresa, en uso de sus competencias, tomó la decisión de negociar y modificar el contrato con la empresa pública británica para solucionar el problema de la posible devolución de material altamente radiactivo. El Ministerio respaldó la decisión de Enresa-Nuclenor en la etapa en la que Alberto Nadal estaba al frente de la Secretaría de Estado de Energía, señalan las mismas fuentes.

Un problema menos

Con la transferencia, Endesa e Iberdrola (Nuclenor) se quitan un problema de encima. Si desmantelar una central nuclear es un proceso lento y costoso, que en el caso de Garoña puede durar hasta 16 años, gestionar los residuos de miles de toneladas puede ser una pesadilla. El ejemplo más cercano -y único- de proceso de cierre de una nuclear completa es la de Zorita (Guadalajara), que comenzó a ser desmontada en 2006 y será clausurada, si nada se tuerce, en 2019.

En España, hay poca capacidad de almacenamiento. El polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) todavía está en trámites. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. Pero rebosan. Gestionar ese material ha costado sólo entre 2010 y 2016 un total de 1.326 millones, según el informe Energía 2017 del Foro de la Industria Nuclear. En las próximas décadas, el coste se disparará a 17.397 millones.

Esa cifra, que el informe contempla desde 2010 supone un 30% de exceso sobre lo contemplado en el plan de residuos que está vigente. En el Plan Nacional de residuos, aprobado en junio de 2006, el coste total de la gestión integral de todo el proceso de gestión de residuos, hasta su almacenamiento final, es de 13.000 millones de euros (valor 2006) y hasta el año 2070.

Mientras se parchea el problema, las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40% (ver gráfico).

Fuente:  lainformacion.com

 

Los inspectores del CSN critican que Enresa aporte datos contradictorios sobre los terrenos del almacén nuclear


Enresa reenvía al regulador estudios subcontratados “sin cuestionar o matizar su calidad técnica”; en unos documentos “opta por una conclusión y en otros por otra distinta, sin disponer de una valoración final integrada y justificada”

Tras una inspección, los técnicos dicen que la empresa estatal prefiere desechar estudios recientes para defender que la caracterización de los terrenos que aportó en mayo de 2015 sigue siendo válida

También se descartan datos que no tienen “la calidad adecuada”, según Enresa, sin informar al CSN, “lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario” para los inspectores

Casi seis años después, sigue el culebrón sobre la calidad de los terrenos de Villar de Cañas (Cuenca) en los que el Gobierno quiere construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad.

Cinco inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han dejado constancia de “dudas sobre las explicaciones aportadas” por Enresa sobre algunos sondeos de humedad en la zona nuclear del emplazamiento; “comportamientos anómalos” que Enresa “no puede aclarar” en los datos recogidos por algunos piezómetros (aparatos para medir los cambios de presión en el subsuelo); “baja fiabilidad de los nuevos ensayos realizados”; informes que se omiten sin explicación previa; “evidencias” que se descartan en favor de la teoría y, en suma, críticas a la inconsistencia de parte de la información aportada por la empresa estatal que debe construir el ATC.

Durante la visita de cinco inspectores del CSN al emplazamiento, los pasados 10 y 11 de mayo, Enresa defendió que los estudios realizados en los últimos años sobre el terreno “no modifican las bases de diseño” de la instalación “ni la caracterización del emplazamiento” que aportó en mayo de 2015, dos meses de que el pleno del CSN otorgara su autorización previa al ATC. “Sin embargo, la inspección constató que, de los trabajos de campo complementarios acabados en 2016, no todos sus resultados habían sido considerados en las conclusiones de Enresa”.

“Así, no se han incluido datos de piezometría” con posterioridad a marzo de 2016 “y no se han considerado válidos la mayoría de resultados de ensayos hidráulicos realizados en 2016; tampoco se ha aclarado cómo se han considerado los nuevos resultados de hinchamiento” del subsuelo “en algunas muestras que aportan valores significativamente más altos que la media”, dicen los inspectores.

El acta critica que Enresa acepte informes de sus subcontratas y los reenvíe al CSN “sin cuestionar o matizar su calidad técnica. Esto ha dado lugar a recibir en el CSN documentos aportados por Enresa con conclusiones sobre la misma materia, sin clarificar cuál resulta válido para Enresa, o bien con información luego considerada no válida por Enresa y sin indicación al respecto en el documento remitido, lo que origina un trabajo de revisión innecesario”.

En el caso de los ensayos hidrogeológicos, Enresa ha desechado estudios por considerar que “no tenían la calidad adecuada” sin informar al regulador: “La Inspección destacó que la invalidez de estos datos no estaba documentada en los informes aportados por Enresa, y que tampoco se había comunicado al CSN esta situación, lo que ha supuesto una pérdida de tiempo y un trabajo innecesario”.

Enresa lleva enterrados millones de euros en estudios de los suelos de Villar de Cañas. En enero de 2013, un informe “sugería la existencia de cavidades en el subsuelo” y la posibilidad de un “colapso” de los terrenos. Ahora Enresa lo descarta. Asegura que tiene “más información sobre la materia” y “no se han identificado estructuras en las trincheras que justifiquen posibles colapsos ni flexiones en las rocas, ni tampoco se han encontrado huecos o karstificaciones”.

Sin embargo, la inspección preguntó “sobre la consideración a otorgar a documentos oficiales remitidos por Enresa al CSN y cuyas conclusiones, como es el caso de la génesis de las zonas endorreicas en el emplazamiento”, ahora la empresa estatal no asume. “Se da la circunstancia de contar en el CSN con documentos aportados por Enresa, en unos de los cuales se opta por una conclusión y en otros por otra distinta sobre la misma materia, sin disponer de una valoración final integrada y justificada por parte de Enresa, o de una revisión del documento original que corresponda y en la que los autores maticen sus conclusiones con arreglo a la nueva información disponible”.

Enresa también descarta ahora “ninguna afección a la estabilidad del terreno” porque “los procesos derivados de la interacción agua-roca en la zona del ATC están en equilibrio con el agua que la atraviesa” y “los procesos de disolución-precipitación observados no afectan a la seguridad del emplazamiento”.

Los inspectores destacaron que esas conclusiones “responden al equilibrio de la situación actual en el emplazamiento” y recordaron que la zona “está en contacto con unos materiales con alta capacidad para ser disueltos”, como una vaguada al este de la zona nuclear “donde hay una evidente pérdida de masa no cuantificada en los estudios realizados por Enresa”.

Teoría frente a evidencias

El acta destacaa que Enresa prefiere en ocasiones los modelos teóricos a las “evidencias”. En los estudios sobre el nivel freático del acuífero que surca el emplazamiento, “parámetro esencial para la correcta caracterización del mismo por las implicaciones que tiene en el proyecto”, esta cuestión “es resuelta por Endesa adoptando una cota teórica de nivel, en la superficie topográfica, que resulta incoherente con las evidencias registradas en los trabajos de campo documentados por el titular”, dice el acta.

Lo mismo ocurre para el cálculo del espesor de la capa activa del subsuelo, fundamental para medir la expansividad de las arcillas subterráneas. Basarse sólo en métodos teóricos, como pretende Enresa, “podría resultar poco realista para su aplicación práctica y genérica al proyecto, especialmente en el caso de las cimentaciones de los distintos edificios”, avisa la inspección.

Respecto al grado de utilidad del modelo hidrogeológico numérico actual, los inspectores observaron que “todavía no resulta suficientemente robusto para permitir hacer predicciones” porque hay “aspectos clave que no han sido cubiertos en su totalidad”. “A la vista de la situación actual, no pueden considerarse suficientemente justificadas las predicciones realizadas con los modelos 2D/3D”, dicen. Enresa contestó “que analizaría la necesidad de realizar nuevos sondeos y nuevas campañas de obtención de datos hidráulicos”, cosa que hizo en julio pasado al encargar  nuevos estudios.

El acta refleja que a la fecha de la inspección, se había incumplido una de las condiciones que impuso el CSN en su autorización previa, la obligación de “disponer de un cuaderno de obra, en el que se reflejen las actividades diarias asociadas a la ejecución de actividades autorizadas. Enresa manifestó que no había abierto cuaderno de obra alguno”.

Tampoco se ha planificado la instalación de estaciones de aforo en el río Záncara, cercano al emplazamiento, “ya que no se han obtenido los permisos de obra necesarios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La Inspección destacó que estas estaciones pueden resultar de gran utilidad en la calibración del modelo hidrogeológico, al aportar información básica para la estimación del balance de entradas y salidas de agua en el sistema”.

La empresa estatal, que ha rechazado comentar este asunto, trató de rebatir las críticas de los técnicos con un amplio escrito de catorce páginas remitido en julio. Los inspectores rechazaron la mayoría de sus comentarios. El ATC está pendiente de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que según los críticos con el proyecto es “inminente”. Posteriormente, el CSN deberá otorgarle la autorización de construcción.

Fuente: eldiario.es

Terremotos, inundaciones en los terrenos del ATC en Cuenca

Una inspección en Garoña halla un vertido de cesio

El material radiactivo fue localizado el 20 de junio bajo unos contenedores que no habían sido movidos desde 2009
Pudo haberse producido “hace muchos años”

Nada hacía suponer que la retirada de tres contenedores de hormigón emplazados desde 2009 junto al almacén temporal de bidones y residuos destaparía una huella sospechosa en el suelo. Apenas era una superficie de dos metros cuadrados en un suelo “irregular”, pero el rastro advertido por el inspector del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que este pasado mes de junio cursaba la inspección habitual impuso la necesidad de hacer una cata sobre el terreno: era cesio-137, un material radiactivo que, según queda reflejado en la última acta del organismo regulador, podría haber sido derramado hace varios años.

Ninguna de las periódicas rondas y pases de revista de las instalaciones pudo comprobar en este tiempo la existencia de este vertido y sus posibles consecuencias. De hecho, no hay nada claro sobre los restos hallados. El documento oficial levantado por el inspector detalla que una vez confirmada la presencia de cesio-137, primero con contaminómetros portátiles y luego con el correspondiente análisis por espectometría, procedió a revisar los resultados de la vigilancia radiológica del emplazamiento correspondientes a 2009.

Fue entonces cuando comprobó que ese año fue detectada “actividad en tres puntos” cerca del lugar donde el pasado 20 de junio saltaron las alarmas. En aquel entonces tampoco fue posible acceder a esa zona al encontrarse ya “cubierto por los contenedores de hormigón” movidos hace unos meses. No obstante, esta última acta de inspección aclara que “aunque cercanos al punto detectado actualmente, no es posible establecer que los puntos detectados en el año 2009 tuviesen el mismo origen”. En cualquier caso, tal y como aparece escrito en el informe, el rastro de contaminación no podía proceder de esos contenedores de hormigón situados encima, sin tocar el suelo directamente.

Sin constancia documental “Aparentemente -describe el inspector- se trata del rastro dejado por un incidente de derrame de residuo producido hace muchos años del que no queda constancia documental, antes de que los contenedores de hormigón se colocaran encima del lugar. Su magnitud tuvo que ser reducida, a juzgar por la superficie contaminada, aunque la presencia de contaminación fija indica que el derrame o filtración no se detectó en su momento o no se descontaminó adecuadamente”. En 2009, el informe atribuyó la actividad radiactiva de ese punto a la “resuspensión de contaminación que se ha depositado en el suelo”.

Asimismo, deja constancia de las acciones correctoras acometidas para la eliminación de la contaminación. “Se escarificaron [agujerearon] unos cinco centímetros de profundidad de asfalto” y “la verificación posterior” arrojó unos valores dentro de los permitidos. Esta vez, en 2017, también se siguió el protocolo previsto: “Se optó por escariar [perforar] unos cinco centímetros del asfalto buscando dónde cesaba la contaminación; llegaron a extraerse unos dos bidones de tierra. Se han rellenado los huecos con tierra y se ha asfaltado encima”, ilustra el acta del inspector del CSN.

El diputado de Unidos-Podemos por Araba, Juantxo López de Uralde, señaló que el cesio es un elemento radiactivo “muy peligroso” y que el CSN alegó en su momento “que el material radiactivo encontrado estaba confinado y sin ningún tipo de salida al exterior”. De hecho, en junio pasado, la formación ecologista Equo de la que es portavoz, presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno español para saber si tenía conocimiento de este suceso debido a que, al parecer, no había sido notificado al consejo regulador.

Según Uralde, el CSN contestó que lo tenía todo “bajo control” cuando, a su juicio, el tema estaba bastante oculto: “Esta actuación pone de manifiesto la situación de abandono y dejadez” que rodea a Garoña y que, una vez decidido el cierre de la central nuclear ubicada a pocos kilómetros de la geografía vasca, la situación puede revertir en una relajación de las políticas de seguridad, algo que tildó de “peligroso”.

Fuente: Deia.com

Más info: Garoña mala praxis y desinformación

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1989: 60.00 litros de agua radiactiva al Ebro

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