La central nuclear de Garoña comenzará su desmantelamiento en 2019

El proceso de desmantelamiento de la planta durará entre 13 y 16 años: hasta 2034

 La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzará su desmantelamiento durante el segundo semestre de 2019, fecha en la que se cargará el primero de los cinco contenedores de combustible gastados en la piscina de la planta. De este modo, Nuclenor prepará el recinto para facilitar la labor de Enresa –la empresa estatal que deshabilitará los residuos radioactivos–, según señaló este viernes Europa Press.

Fuentes propias de Nuclenor explicaron que estas tareas previas se están realizando “según lo previsto”, de modo que el acondicionamiento de los residuos operacionales y el vaciado de la piscina de combustible podrán lograrse en los plazos acordados y que, según sus propias previsiones, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar material hasta el almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

Por otro lado, Nuclenor añadió que –de momento– Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso y que se encargarán del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando –hasta 2031– fue denegado por el Gobierno en agosto de 2017.

Cierre de la central

El entonces ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció la denegación del permiso y el cierre de la planta porque las “circunstancias” no garantizaban la certidumbre suficiente, después de la oposición de todos los grupos políticos –excepto el PP– y las discrepancias expresadas también por los titulares al 50% de la planta, Iberdrola y Endesa.

Nadal lamentó entonces la falta de certidumbre y de un debate “sosegado”, así como la utilización de Garoña como un “símbolo de discusión política” que se convirtió en “una batalla” con posicionamiento de antemano. Así, una vez expiró el permiso de la planta para seguir operando, Enresa empezó a preparar toda la documentación necesaria para solicitar la autorización de desmantelamiento y realizar las actividades preparatorias del mismo de acuerdo con el titular, Nuclenor.

Estas tareas del titular incluyen la descarga de todo el combustible gastado de la piscina a los contenedores para su disposición al ATI –proceso que en la actualidad está detenido–. Una vez terminadas las tareas preparatorias –cuando Enresa sea titular de Garoña– comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta. Posteriormente, el proceso administrativo terminará con la autorización a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña; momento en el que se iniciará la fase de desmontaje y desmantelamiento.

El exministro Nadal indicó en el anuncio de la decisión del Gobierno que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034. En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el proceso podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

El permiso minero “Garoña” está concedido dentro del perímetro de seguridad de la central nuclear

Garoña era un zoombie nuclear extremadamente peligroso, pese al ocultismo del CSN y los sucesivos gobiernos

 

Las normas de la UE provocan el Colapso del carbón y de comarcas enteras en España

Las electricas preparan la clausura de centrales mientras se acerca el fin de las minas subterráneas

Lada, Guardo, Compostilla, Teruel, Anllares… La cuenta atrás para el cierre de estas centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad ha comenzado. Las eléctricas se preparan ya para acometerlo. “No son económicamente viables”, señala una de las compañías sobre las costosas obras que se deben hacer para cumplir a partir de 2020 con los exigentes estándares europeos contra la contaminación y el cambio climático. “Es más fácil ahora acometer los cierres”, admiten en el sector, porque el nuevo Gobierno ha abandonado la idea de impedir por decreto el fin de las centrales de carbón que proyectó el Ejecutivo del PP. Las 15 térmicas que funcionan ahora en España son responsables del 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país.

Las normas que la UE ha ido aprobando para luchar contra el cambio climático y la contaminación apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Porque cada vez serán más duras las restricciones sobre los contaminantes que expulsan las centrales que queman este combustible; porque la UE ha modificado el sistema de comercio de derechos de gases de efecto invernadero para que cada vez sea más caro emitir CO2 a la atmósfera; porque los Veintiocho también han acordado que en 2018 se acaban las ayudas estatales a la minería del carbón…

En definitiva, porque el compromiso contra el cambio climático —que Europa dice abanderar en el mundo— ha hecho que la UE construya en los últimos años un armazón legal para que se deje de quemar carbón.

El 17,2% de la electricidad que se consumió en España en 2017 procedía de las 15 centrales térmicas que usan este combustible y que aún están operativas. Para producir esa energía esas instalaciones expulsaron a la atmósfera 46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Esto supone que esas 15 centrales acumulan ellas solas casi el 14% de los gases de efecto invernadero que emitió toda la economía española en 2017.

Las centrales son propiedad de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP y Viesgo. Y, según la información que las empresas trasladan a EL PAÍS, hasta ocho de las 15 centrales están en riesgo de cerrar en un plazo máximo de dos años.

Iberdrola quiere clausurar de aquí a 2020 las térmicas de Lada y Guardo, las dos únicas de carbón que esta multinacional aún tiene abiertas en el mundo.

Endesa hará lo mismo con Compostilla y Teruel, porque la empresa no considera que sea rentable acometer las obras para reducir los contaminantes que la UE exige a este tipo de centrales si quieren seguir operando más allá de junio de 2020.

Gas Natural ya tiene decidido que Anllares no continuará y está a punto de decidir qué hace con Meirama. Viesgo sostiene que no tiene una decisión tomada, aunque en el caso de su térmica de Puente Nuevo en este momento no están “considerando una importante inversión” debido a “los requerimientos regulatorios y las condiciones de mercado”. Y si no acometen las obras para reducir los contaminantes, en dos años tendrá que cerrar.

 

Leer entero: elpais

Berkeley anuncia su próxima salida a Bolsa, con su permiso en el aire

La empresa constructora de la mina de Retortillo ha celebrado un evento informativo este miércoles en el Colegio Arzobispo de Fonseca

Con el objetivo de dar un mayor acceso tanto a inversores españoles como europeos interesados por el proyecto minero de Berkeley, la empresa ha anunciado este miércoles en un acto en el Colegio Arzobispo de Fonseca su próxima salida a Bolsa en el Mercado Continuo de España. Ocurre justo después de la salida a Bolsa en el Mercado Principal de Londres.

En el evento han estado presentes el CEO de la empresa, Paul Atherley, así como el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Francisco Bellón. Este último ha destacado que la salida a Bolsa, que se producirá en los próximos días, “no tiene un interés en cuanto a la financiación del proyecto, pero sí es una oportunidad para que los inversores interesados en invertir en zona euro en vez de en zona dólar o libra, puedan hacerlo”.

El vicepresidente explicaba la situación actual de la empresa, por lo que están a la espera de la licencia urbanística y del informe de autorización de construcción del Consejo de Seguridad Nuclear, “a sabiendas de que el Consejo ya informó positivamente tanto para la declaración de impacto medioambiental, de la concesión de explotación minera como dela autorización previa de la instalación radioactiva”.

Asimismo, Bellón se ha referido a la noticia publicada este miércoles sobre la petición por parte del Congreso para paralizar la mina. “La realidad es que la Comisión de Energía del Congreso ha solicitado tres cosas: que se exija al Gobierno que se cumpla con todos los estándares tanto medioambientales como de seguridad, cosa que estamos haciendo desde el primer día; que se informe al Gobierno de Portugal de todo aquello que tenga que ser informado y que el Consejo de Seguridad Nuclear informe antes del mes de julio del estado de tramitación del proyecto”.

Añadía que “si alguien quiere traducir eso como que se está paralizando el proyecto, es una traducción un poco distinta a la realidad”. Aseguraba que el proyecto minero “sigue adelante” y que esta noticia no afectará a la salida a Bolsa: “El mercado bursátil es suficientemente inteligente como para saber reconocer qué es un mero titular y cuál es la realidad. Esperamos que no tenga ninguna relevancia”.

Fuente: salamanca24horas.com

¿Quien es esta banda?

Ricardo González Manero la vuelve a liar

González Mantero la vuelve a liar: La Junta de Castilla y León eludió estudiar el impacto que tendría la mina de uranio en Salamanca sobre tierras portuguesas.

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han conocido que fue la Junta de Castilla y León quien eludió estudiar el impacto que tendría la mina de Retortillo (Salamanca) sobre tierras portuguesas, sin realizar estudio radiológico alguno.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, el Gobierno ha reconocido en una respuesta parlamentaria que ha sido la Junta de Castilla y León (JCL) quien omitió realizar estudios de impacto ambiental transfronterizos, y ello sin contar con la asesoría del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, por tanto, sin realizar estudio radiológico alguno.

Este hecho es grave por varios motivos.

En primer lugar, porque la Declaración de Impacto Ambiental realizada por la Junta de CyL es escandalosa al minusvalorar los impactos que la mina y la fábrica de concentrados de uranio tendrían sobre el medio ambiente y la salud. En particular, permite la instalación de una enorme cinta transportadora de mineral sobre el río Yeltes, que aporta sus aguas al río Duero, no realiza una buena clasificación de los residuos radiactivos y no contempla el peligro que supone la dispersión de polvo radiactivo y del gas radón en el medio ambiente.

En segundo lugar, la decisión de que no hacía falta contactar con Portugal debería haberse tomado al más alto nivel del Estado español y no por un gobierno autonómico que no tiene competencia alguna en relaciones internacionales. Aunque la Junta de CyL debiera haber elevado el expediente o haber hecho consultas al ministerio correspondiente.

Y en tercer lugar, esta decisión debería haberse tomado tras la realización de un estudio radiológico que excluyera toda posibilidad de que la contaminación radiactiva alcanzara las tierras portuguesas. Este estudio debería haber corrido a cargo del CSN, que es la máxima autoridad en seguridad nuclear y protección radiológica en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno de Castilla y León no consultó al CSN para excluir el impacto transfronterizo, aceptando de forma inexplicable que dicho impacto no existía.

Para Ecologistas en Acción y el MIA resulta obvio que ese impacto existe puesto que el polvo producido en las actividades de minería y los vertidos que se produzcan por el lavado de mineral van a alcanzar el río Yeltes llegando finalmente al río Duero, que baña tierras portuguesas y que pasa por zonas de gran riqueza vinícola, como los vinos Dao o los vinos do Porto. Asimismo, la contaminación de la mina podrá alcanzar también Portugal, dependiendo de la fuerza y dirección del viento.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción resulta inaceptable que el Gobierno portugués no haya sido consultado antes de poner en marcha el proceso de licenciamiento de la mina, así como que el Gobierno español mantenga este proyecto. Lo ocurrido en Retortillo se asemeja a lo que pasó con el cementerio nuclear (Almacén Temporal Individual, ATI) de la central nuclear de Almaraz, que se puso en marcha también sin consultar al Gobierno portugués. Esta consulta se produjo a posteriori, evitando que se hicieran sugerencias y alegaciones en el estudio de impacto ambiental.

Con Ricardo González Mantero cualquier actividad perjudicial tiene el pase

El director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, ha indicado, sobre los trámites para la nueva explotación de uranio en Retortillo (Salamanca), que los permisos que faltan “son exclusivamente ya para la parte relacionada con la planta de beneficio, que son de competencia estatal”.

En su visita a Salamanca, para intervenir en la inauguración del XIV Congreso Anual de la Asociación Nacional de Compañías Distribuidoras y Productoras de Energía Eléctrica (CIDE), González Mantero, como responsable de minas en el Gobierno autonómico, ha dicho: “Apoyo la minería y apoyo también esa mina”.

En cuanto a los opositores, ha remarcado que el proyecto de Berkeley en Retortillo está recibiendo “todos los permisos” dentro de “una tramitación sujeta a actos debidos y con una regulación, además, que exige tener multitud de autorizaciones” y “todas ellas se están obteniendo”.

Respecto a si se está informando convenientemente a la Comisión Europea, ha señalado: “tengo entendido que sí”. Y, sobre los efectos en la salud de los vecinos, ha reseñado que son estudios que competen al Consejo de Seguridad Nuclear, y “así se ha hecho en sucesivos informes al respecto”.

Una mina de uranio atravesará un área protegida en Salamanca

La explotación está ubicada apenas a un kilómetro del balneario, en medio de un bosque mediterráneo de gran valor ecológico y ambiental. De hecho, existen dos directivas europeas que protegen la zona dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). Pero estas no han sido obstáculo para que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiese, el 25 de septiembre de 2013, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto.

Una “decisión precipitada e incomprensible”, según José Luis Moreno, presidente de la plataforma Stop Uranio; y que choca, además, con la prudencia que sí ha tenido la Comisión Europea al conocer el proyecto, que ha decidido abrir un expediente informativo en respuesta a la denuncia interpuesta, el pasado 30 de agosto, por Stop Uranio.

Esta plataforma denuncia que Berkerley “incumple el Programa General de Medio Ambiente de la UE de horizonte 2020”, por el que se pretende “que el capital natural esté protegido y mejorado, además de que se salvaguarden la salud y el bienestar de los ciudadanos”. La Comisión aún está recabando datos y no ha decidido si llevará el expediente adelante.

SOLICITUD DE EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMENTO DE URGENCIA DE BERKELEY EN RETORTILLO.

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre un periodo de información pública de quince días, publicando este anuncio en el <>, en el << BOP de Salamanca>>, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Retortillo (Salamanca) y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de Salamanca, en este caso en la Gaceta de Salamanca, para que cualquier persona pueda aportar por escrito datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada y oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación, según dispone el artículo 19 de la Ley de Expropiación Forzosa.
A estos efectos el expediente se exhibirá, para su examen en la Dirección General de Energía y Minas ubicada en la Avda. Reyes Leoneses n.º 11 de León y en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Salamanca, en C/ Príncipe de Vergara, 53-71 de Salamanca.
León, 2 de octubre de 2017.–El Director General de Energía y Minas, Ricardo González Mantero.

El alcalde de Retortillo del PP tuvo que dimitir por intereses personales

Los dos concejales del PP, Andrés Matías y Eustaquio Martín, trabajan para Berkeley, y el anterior alcalde, Javier Santamartina, también del PP, vendió en 2012 una finca de su propiedad a la compañía aminera por 197.000 euros, el doble de su precio de mercado para instalar allí sus oficinas. Esta operación se cerró meses después de que la minera iniciara la tramitación de los permisos ante la Junta y ante el propio Ayuntamiento.  (seguir leyendo)

 

Fuentes:   ecologistasenaccion.org

Mñas información sobre esta mina de uranio

Leer sobre la expropiación de tierras

¿Que es el chiringuito financiero Berkeley?

El desmantelamiento de la central de Garoña costará 480 millones y durará hasta 2034

Almacen nuclear en superficie que dejará Garoña como herencia junto a la despoblación y el paro.

El cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, arrancó formalmente el pasado 1 de agosto de 2018. Fue entonces cuando se firmaba la orden del Ministerio de Energía denegando la renovación de la autorización de la planta que habían solicitado sus dueñas, Endesa e Iberdrola (que se reparten a partes iguales las acciones de Nuclenor, la sociedad titular de la central).

Terminaba así un largo culebrón de cinco años: desde que las eléctricas pararon a finales de 2012 voluntariamente la central en un órdago al Gobierno por la reforma energética, pasando por cambios legislativos ad hoc para poder reabrirla, y hasta la decisión del Gobierno de echar el cierre definitivo ante la certeza de que ni siquiera las eléctricas propietarias querían ya reabrir la planta por no ser rentable.

Y arrancaba también ese 1 de agosto el aún más largo proceso que permitirá el desmantelamiento de la vieja central nuclear burgalesa. En total, los trabajos para desmontar la planta se alargarán durante 17 años, hasta plantarse en 2034, y requerirán de un presupuesto total de 480 millones de euros en todo ese tiempo, según las estimaciones que maneja Enresa –la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares- y a las que ha tenido acceso El Independiente.

17 años para desmontar la central por completo

Durante los primeros tres años, hasta septiembre de 2020 previsiblemente, Iberdrola y Endesa seguirán siendo las titulares de Garoña y desarrollarán durante ese plazo las actividades preparatorias para del desmontaje futuro. A partir de ese momento la central nuclear pasará a manos directamente de Enresa: la sociedad pública pasará a ser el dueño de la planta hasta su desmantelamiento total, cuando devolverá los terrenos a las eléctricas.

Enresa se encargará entre 2020 hasta mediados de 2024 del proceso de licenciamiento y de la obtención de autorizaciones y permisos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Gobierno. Los trabajos delicados, el desmantelamiento propiamente dicho del reactor y del resto de instalaciones de la central, se desarrollarán entre 2024 y hasta 2034. Para entonces el terreno tendría que quedar como si allí no hubiese habido nunca una instalación nuclear. Ese el objetivo.

El presupuesto total de todas estas labores, según prevé Enresa, se situará en los 480 millones de euros. De ellos, 220 millones se destinarán a las labores de desmontaje de los equipos de la central; 130 millones serán para la gestión del combustible nuclear gastado (incluida la reforma para adaptar el almacén temporal individualizado –ATI- en que se guardarán durante un tiempo los residuos); y otros 130 millones más para los servicios subcontratados de ayuda al desmantelamiento.

¿Quién pagará el desmantelamiento?

El  Ministerio de Energía ultima una nueva norma para trasladar a las eléctricas más costes derivados del desmantelamiento de sus centrales, como fórmula para desincentivar la amenaza de Iberdrola  de no pedir la renovación de la autorización de sus nucleares por estar acumulando pérdidas con ellas por los altos impuestos que se les aplica (Endesa también critica la fiscalidad nuclear, pero apuesta por alargar la vida de todas sus plantas).

Hasta ahora, es la sociedad pública Enresa la que se encarga del desmantelamiento de las centrales, financiándolo con un fondo que son las propias eléctricas las que van alimentado mediante el pago de tasas. Ese fondo actualmente cuenta con cerca de 5.000 millones de euros.

La reforma que propone el Ministerio de Álvaro Nadal es que sean las eléctricas las que asuman directamente del desmantelamiento de las centrales y también su coste. Enresa les devolvería la parte destinada a la demolición de centrales (que no cubriría todos los gastos) y el resto de gastos lo tendría que cubrir la compañía eléctrica de su bolsillo.

Las estimaciones que maneja Endesa apuntan a que la parte destinada al desmantelamiento sería de entorno a un 22 o un 24% de lo aportado por las eléctricas. Endesa ha aportado de momento 2.400 millones del total de 5.000 millones con que cuenta el fondo público, así que hoy recibiría entre 530 y 580 millones si cerrase ahora sus centrales. Las magnitudes de lo aportado y lo que recibiría Iberdrola serían similares.

Vista del ATI de Garoña

Cuando las eléctricas la desenchufaron

Las dos eléctricas cerraron voluntariamente Garoña en diciembre de 2012 en un órdago al Gobierno por las medidas incluidas en la reforma eléctrica (entre ellas, nuevos impuestos al combustible nuclear y a los residuos radioactivos). Desde entonces la central estuvo desconectada de la red, sin producir electricidad, pero sin iniciar su desmantelamiento porque las compañías -tras cambios legislativos ad hoc del Gobierno para hacerlo posible- acabaron solicitando un año y medio después su reapertura. Sólo costes y nada de ingresos.

Endesa e Iberdrola solicitaron la renovación de la licencia de explotación de Garoña hasta 2031, justo cuando la central cumpliría 60 años desde su construcción. Las compañías acabaron chocando sobre la estrategia a seguir: ambas habían descartado ya reabrir la central por no ser rentable, pero Endesa quería esperar a recibir el permiso del Gobierno e Iberdrola quería retirar la solicitud de reactivación.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el aval técnico a la reapertura de la central burgalesa, a pesar de que las eléctricas no habían realizado las reformas y las inversiones que el propio organismo había marcado como una exigencia previa ineludible. El Gobierno finalmente optó por no conceder la renovación de licencia y decretó su clausura definitiva.

Herencia: paro, despoblación, residuos, Internet a pedales y carreteras africanas

Según un análisis sobre el primer año de vida del olvidado Plan Garoña,  el paro en el área de la central de Garoña era superior al que se registra en la provincia de Burgos y  la media estatal. De este modo, el economista Carlos Alonso de Linaje  insistió en que las iniciativas empresariales generadas a través del Plan Garoña no han mitigado la situación adversa del empleo en la zona. (seguir leyendo).

A dia de hoy no hay ningún tipo de Plan para dinamizar Tobalina ni sus alrededores.

Una zona con 3 saltos de agua de Iberdrola y una central nuclear que no tiene fibra óptica en los pueblos y los accesos por carretera tienen infinidad de curvas peligrosas, como lo atestiguan la gran cantidad de flores que llenan los guardarailes de los arcenes.

Algunos reportajes televisivos

Veamos un pequeño reportaje sin edulcorar de la cadena Cuatro en el que se puede ver Garoña por dentro tras darle una buena mano de pintura, asi como varias opiniones de vecinos.

Aqui podemos ver un reportaje sobre el ATC .

El almacén nuclear que divide a los vecinos de los pueblos a cambio de poner una instalaciones que lejos de traer riqueza traerá despoblación y pobreza para los vecinos.


En Television Española han hecho un reportaje para mostrar la opinión de los vecinos.

La idea general es que nadie sabe nada, pero los maletines correrán a base de bien, eso seguro.

 

Como siempre el hostelero y los albañiles a favor, los vecinos que no sacan nada en contra.

¿Cuantos puestos de trabajo creará el almacen?.

¿Cuantos para la población local después de la construcción?

La desinformación es un arma cuando lo que hay que informar no es bueno o no es cierto.

 

 

Informe semanal sobre Garoña (4/09/2009)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-cierre-garona-momento-no/537894/

Fuente:  elindependiente.com

El Almacen Nuclear de Garoña puede provocar una nueva aberración de la Dirección General de Minas de Castilla y León

Vista del Monte Umión. Cuadrículas aproximadas en que ASFIBUSA y la Junta de Castilla y León podrían montar una cantera

El permiso Garoña pretende buscar áridos, es decir, gravas, arenas calizas o silícicas y materiales similares.

Incluye los pueblos de Barcina del Barco, Cuezva, Garoña, Santa Maria de Garoña y Pangusión.

Actualizado el 10/04/2018

La  Consejería competente de la Junta de Castilla y León no ha tenido en cuenta las alegaciones que presentaron desde el Valle de Tobalina, una pedanía y una asociación cultural.

González Mantero, funcionario que aparece mencionado en diferentes casos de corrupción  investigados en Castilla y León, firma el permiso de esta cantera. Más abajo se dan unas pinceladas sobre este oscuro personaje y los casos de corrupción en los que ha declarado.

Por si fuera poco han rechazado algunos de  los recursos de alzada presentados señalando que se hicieron fuera de plazo y la solicitud del Plan de Labores que es público y debiera incluso estar accesible desde Internet.

Varias de las cuadrículas mineras se encuentran dentro de zonas protegidas como: el parque Natural Montes Obarenes-San Zadornil, rio Ebro y el embalse de Sobrón. Todas afectan a zonas de siembra de diferentes especies.

Cuadrículas mineras del permiso Garoña de la empresa ASFIBUSA (filial de YARRITU)

La persona que firma la contestación de la empresa ASFIBUSA es  Francisco Javier Piron Meaza, persona que aparece como apoderado de varias empresas constructora con sede en Alava y Burgos.
Son constructoras y fabricantes de hormigón y materiales de construcción:
“Construcción de edificios residenciales”, “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS”, “FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN” y “CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.O.P.”

Aunque el ATI de Garoña dependa del Ministerio de Industria de Madrid, los funcionarios de la Junta de Castilla y León tienen su responsabilidad al dar el pase a esta mina, como hacen prácticamente con cualquier industria o mineria contaminante o destructiva que quiera implantarse en Castilla y León.  Hay una larga lista de ejemplo:  incineradoras de neumáticos, fracking, todo tipo de minas.

En su momento la Consejeria de Industria y Hacienda quiso apoyar e incluso subvencionar la extracción de  “gas no convencional” en su borrador del Plan de Industria de CyL, cuando hasta el más desinformado sabía que el fracking era una burbuja financiera.

Recientemente una vecina de Salamanca ha tenido que abrir los ojos a los funcionarios de la Junta de Castilla y León que tantos títulos parecen tener en sus curriculums (esperemos que no como el de Cifuentes).

Una de las últimas hazañas de la Dirección de Minas es el Permiso de Exploración Garoña en el norte de la provincia de Burgos, a menos de un kilómetro de la central nuclear de Garoña, que afectaria al parque natural Montes Obarenes- San Zadornil, al rio Ebro y al Embalse de Sobrón.

El parque Obarenes  es ZEPA y LIC, el Ebro zona IBA y todo el área es zona protegida para el aguila perdicera por la Unión Europea.

Para los funcionarios de Minas y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León “los recursos y el lucro personal está por encima de 4 aldeanos”.

¿Porque no se enteran en las consejerias presuntamente competentes? ¿Funcionan por presiones o intereses de terceros?

Tanta culpa tienen los funcionarios como los que les mantienen en sus puestos tras despoblar y envejecer Castilla y León y dejarla como un erial industrial, a la vez que permiten todo tipo de industrias extractivas, contaminantes y sin futuro

  • Carlos Martín Tobalina. Presidente  de la empresa  SIEMCALSA. Director General de Industria y Competitividad.

Se le ha mencionado en el pelotazo urbanístico del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda conocido como ‘la Perla Negra’  (leer)

  • Ricardo González Mantero, es el vicepresidente y consejero-delegado de SIEMCALSA. Director General de Energía y Minas. Director del Ente Regional de Energía.

Mantero, estaba incluido en la lista de 43 nombres que debian comparecer en la comisión parlamentaria de investigación que intenta esclarecer la “trama eólica” y los pelotazos de la Perla Negra y Portillo.  (leer 1)   (leer 2)

El director de Energía de la Junta Gonzalez Mantero declaró ante el juez por el caso de los parques eólicos en CyL y señaló que la concesión a empresas locales de las autorizaciones de parques eólicos es decisión “política” que partía del difunto consejero Villanueva. (leer más)

González Mantero parece ser un peón clave en muchos de los casos de corrupción de Castilla y León con presuntas ramificaciones en la mineria del carbón, adjudicación de parques eólicos, cobro de dietas injustificadas y otras industrias extractivas que iremos comentando.

Atentos que SIEMCALSA tiene como objetivos:

– Desarrollar la minería y fomentar la investigación y explotación de yacimientos, principalmente de Castilla y León.

– Participación en proyectos, estudios o actividades relacionadas con los recursos energéticos.

  • José Ángel Arranz Sanz. Director General del Medio Natural. Tiene en su mano permitir o no la extracción en zonas protegidas.

Director de Espacios Naturales en 2003, José Ángel Arranz, hizo un nuevo informe en el que justificaba  la urbanización de un bosque en que criaba la cigüña negra y afectaba al lince y al águila imperial. Corregía al jefe de Ávila, contrario a la urbanización (leer).

El Tribunal Superior de Castilla y León  sentenció que esa decisión “vulnera frontalmente” el decreto de recuperación de la cigüeña de la propia Junta.

 

Varios funcionarios de la Junta de CyL están en el punto de mira de diferentes corruptelas inmobiliarias, mineras, eólicas, etc. siendo González Mantero uno de los más nombrados (ver algunos casos más abajo)

El fallecido exconsejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, expresó su «plena confianza» en los altos cargos imputados en el caso. «Las cosas se han hecho correctamente», bajo su dirección política, manifestó ayer en declaraciones recogidas por Ical durante la presentación de su balance de mandato en la Cámara de Comercio de Valladolid. (leer)

Villanueva cínicamente recalcó que si hubiera conocido alguna irregularidad la habría comunicado a la Justicia y aseguró que el Gobierno desea que se «aclare» lo ocurrido y recordó que ya tienen «experiencia» sobre otras investigaciones judiciales que posteriormente se han archivado.

AFECCIONES

Es de sobra conocido el efecto que una cantera puede tener en su entorno, el polvo, ruido de maquinaria, explosivos, transporte pesado de camiones y hormigoneras no deja lugar a la duda.

Afectará a las carreteras, árboles frutales, los sembrados y los cotos de caza de la comarca, que son la base de la economia de las pedanías arriba mencionadas.

Las  cantera afeará  el emblemático monte Umión con un impacto paisajístico similar a la cantera de Villalaín (Villarcayo).

Vista de la cantera de Villalain. Es visible desde más de 20 km. Ejemplo de lo que pretende hacer ASFIBUSA en Tobalina

El parque natural Montes Obarenes-San Zadornil 

Parques Naturales de Burgos. La UE paga la Junta de CyL no protege

El parque desempeña, un papel destacado en la conservación de numerosas especies amenazadas, vulnerables o raras, como el visón europeo, el cangrejo de río autóctono o el águila-azor perdicera, y contribuye también a asegurar la supervivencia y continuidad de los procesos migratorios de otras especies, como las aves acuáticas y la paloma torcaz, que la utilizan como zona de paso e invernada.

En virtud de esta excepcional riqueza ambiental, la zona fue propuesta como Lugar de Interés Comunitario por la Comunidad de Castilla y León, el 18 de marzo de 1999, y designada como Zona de Especial Protección para las Aves por la Unión Europea, el 31 de agosto de 2000.  Formó parte del Plan de conservación del águila perdicera en Castilla y León para el periodo 2008-2011.

Los Montes Obarenes constituyen las últimas y más meridionales estribaciones de la Cordillera Cantábrica y se alzan como un gran murallón natural sobre las llanas tierras de La Bureba, en Burgos. Presentan un modélico relieve estructural de estilo jurásico y sus máxima altura es el Pan Perdido, con 1.237 metros de altura. Limitado al norte por el río Ebro, en su interior comprende las sierras de Oña, La Llana, Pancorbo, Arcena y los propiamente llamados Montes Obarenes.

El Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) incluye la zona del Proyecto Garoña de Yarritu que la Junta de CyL ha permitido explorar (ver mapa)

Una serie de bellos y profundos desfiladeros son los protagonistas principales de su paisaje. Las hoces excavadas por el Ebro en Sobrón, el angosto desfiladero tallado por el río Oca en las proximidades de Oña y la garganta abierta por el río Purón en la sierra de Arcena son los más bellos ejemplos.

La riqueza de especies arbóreas y arbustivas que crecen en la zona viene dada por su privilegiada situación, a caballo entre las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. En los abundantes cortados rocosos de este paisaje protegido, en especial en la Hoz de Sobrón, tienen instalados sus nidos un gran número de aves rapaces.

Pico Umión y zona donde pretenden hacer una cantera

Pocos espacios naturales pueden presumir de contener en su interior tanta riqueza cultural como el de los Montes Obarenes. Desde la historia y el arte que atesora la villa de Oña, con su excepcional monasterio medieval de San Salvador, hasta la pintoresca estampa de la ciudad de Frías, presidida por la desafiante silueta de su castillo y con sus casas colgantes y su no menos famoso puente fortificado sobre el río Ebro.

Comportamientos de ciertos funcionarios de la Junta de Castilla y León.

  • Ciudadanos pide la dimisión del leonés González Mantero por su implicación en la Trama Eólica (leer)
  • La mujer de González Mantero ( María Fe Alvárez Fortes)  trabajaba para el empresario minero de Carbones Viloria como administrativa entre enero de 2005 y junio de 2013 (leer). González Mantero fue nombrado director general de Minas en 2014, un año después de que su esposa entrara a trabajar a sueldo de Viloria.
  • Mujer de González Mantero (en régimen de gananciales) y cuñada montan una empresa solar y la Junta les da el permiso (leer).
  • González Mantero encargado del mamoneo de la adjudicación de los parques eólicos en Castilla y León (leer)
  • Facturas presuntamente achacadas al director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, en Bruselas cuando se negocia las adjudicacines de la  “Trama Eólica” (leer)
  • Martin Tobalina formaba parte del listado los integrantes del consejo de administración que autorizaron la compra de ‘la Perla Negra’. Empresarios procesados y con deudas millonarias con la Junta, tras el escándalo de ‘la Perla Negra’.  (leer)
  • El TSJCyL anula la autorizacion ambiental a una planta de incineracion de neumaticos, disolventes y otros residuos peligrosos. (leer)
  • El exgerente de GESTURCAL  asegura al juez que hubo ‘pelotazo’ en Portillo (leer)
  • Hacienda denuncia que políticos cobraron comisión por instalar parques eólicos. (leer)
  • La mesa de contratación expresó sus «dudas» sobre el edificio de Arroyo a la directiva de ADE (leer)
  • El 11 de noviembre de 2003, el director de Especies Protegidas de Valladolid, José Ignacio Molina, y el de Espacios Naturales, José Ángel Arranz, hicieron un nuevo informe en el que justificaban la urbanización y corregían al jefe de Ávila, contrario a la urbanización. La zona era crítica para la cria de la cigüeña negra y afectaba al lince y al águila imperial, nada menos (leer).

La empresa SIEMCALSA

Constituida en 1988 con el objetivo de promover la explotación de nuevos yacimientos mineros, SIEMCALSA (Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León S.A.) es una de esos chiringuitos que ha sobrevivido al “lifting” aplicado en el Sector Público de Castilla y León, donde coexiste con el Ente Nacional de la Energía (EREN).

El maravillos equipo de SIEMCALSA Avda. Rodrigo Zamorano, 6 Cp. 47151 Parque Tecnológico de Boecillo Boecillo (Valladolid)

En la Web de SIEMCALSA podemos echar un vistazo de la gente que trabaja desarrollando la mineria y los recursos geológicos en Castilla y León

Begoña Hernández ex viceconsejera de Política Económica de la Junta, y exasesora de Presidencia.

Según la “web” de la consultora KPMG  a fecha de de 2016 la ex viceconsejera de Política Económica de la Junta de CyL y “ex-asesora” de la consejería de la Presidencia presidia el consejo de Administración de SIEMCALSA  , empresa pública participada y controlada por la Junta de Castilla y León, mientras trabajaba en la empresa privada KPMG.

El fichaje de Hernández por la auditora KPMG  no supuso  su desvinculación total de la Junta, donde a lo largo de los 15 años anteriores fue encadenando numerosos cargos, entre ellos ¡¡ las presidencias de  GESTURCAL y ADE Parques, las empresas públicas investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y un Juzgado de Valladolid !!  en relación con los sobrecostes abonados en las compras de la Perla Negra y los terrenos del inexistente parque empresarial de Portillo. Casualmente la trama en la que declaraban los funcionarios de la Junta de CyL arriba mencionados.

En 2016  figuraba como consejera de SIEMCALSA  la anterior directora general de la ADE, Mar Sancho, desde julio de 2015 directora general de Políticas Culturales de la consejería de Cultura, cargo que lleva implícito el de vicepresidenta segunda de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León.

El exdirector de ADE Internacional Excal, Alberto Esgueva, declaró que los 47,1 millones de beneficio que obtuvo tras una inversión de 24.000 euros, son “lícitos”.

El parque solar de la mujer y la cuñada de González Mantero

La Junta de Castilla y León adjudicó en 2007 una planta fotovoltaica a Hispano Noruega de Energías, una empresa de las esposa y cuñada del director general de Energía del Gobierno castellano-leonés, Ricardo González Mantero. González Mantero y su esposa están casados en régimen de gananciales.

Esta adjudicación fué  un nuevo capítulo del conocido como caso de los huertos solares, que provocó el cese de 13 funcionarios, acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio. El Gobierno regional de Juan Vicente Herrera (PP) intentó dar carpetazo al escándalo el 2 de septiembre de 2008, al negarse a seguir investigando en las Cortes de Castilla y León. El PP ha argumentado hasta ahora que el caso no afectaba a cargos políticos.

Accionariado familiar

La empresa adjudicataria del huerto solar Hispano Noruega de Energías, fué creada el 23 de junio de 2006 con domicilio social en Madrid. El capital se repartió, al 50%, entre María Fe Álvarez Fortes, mujer del director general de Energía, y Silje Grotle Nilssen, cuñada de dicho alto cargo. Ambas fueron designadas administradoras solidarias.

Hispano Noruega de Energías, cuyo objeto social es “la explotación de energía solar y eólica”, solicitó en septiembre de 2006 una autorización a la Junta para proyectar una instalación fotovoltaica en un huerto solar de Torrecilla de la Abadesa .

En septiembre de 2006, la empresa solicitó una autorización a la Junta de CyL para un planta solar en la localidad de Torrecilla de la Abadesa (Valladolid). La licencia fue concedida el 22 de agosto de 2007. Al día siguiente, María Fe vendió a Silje sus acciones por el valor nominal (esto es, sin incremento de ningún tipo) por 1.500 euros.

En ese momento, González Mantero era director general del Ente Público Regional de la Energía (EREN). Pocos meses más tarde, el 19 de junio de 2007, sumó a dicho cargo el nombramiento como director general de Energía y Minas, convirtiéndose así en el principal responsable en materia energética del Gobierno regional, subordinado únicamente al consejero y viceconsejero de Economía y Empleo.

María Fe Alvárez Fortes también trabajó como administrativa para el empresario minero de Carbones Viloria entre enero de 2005 y junio de 2013 (leer)

La familia de González Mantero como vemos  parece muy ligada al sector energético y extracctivo tanto desde el ámbito público como desde el privado.

Programa de Conservación de las IBA

El Programa de IBA es probablemente el programa de conservación más importante llevado a cabo en España ya que ha supuesto la protección legal de más de 10 millones de hectáreas como espacios protegidos red Natura 2000 en España. Este programa ha sido galardonado con el premio BBVA a la conservación de la biodiversidad.

El Programa de Conservación de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, desarrollado por la red de socios de BirdLife International, tiene carácter mundial, y como objetivo principal la identificación, conservación y gestión de los lugares esenciales para las aves a escala mundial.

El anexo 3 de la directiva de Pajaros:  overall, activities that directly threaten birds, such as their deliberate killing, capture or trade, or the destruction of their nests, are banned. With certain restrictions, Member States can allow some of these activities for 26 species listed here.

Amenazas para las IBA

Las canteras, graveras y minas a cielo abierto han sido una gran amenaza para las IBA. Hay decenas de ejemplos en las que estas actividades han afectado a especies muy amenazadas en las IBA. Por ejemplo, la mina a cielo abierto autorizada en Zilbeti, Navarra, y que se encuentra recurrida por SEO/BirdLife ante los tribunales, destruirá 4 territorios de pico dorsiblanco, un 6% de su población española.

Otro ejemplo es la sentencia de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenó a España porque la Junta de Castilla y León autorizó minas a cielo abierto que afectaban al urogallo y al oso.

 

Fuentes: noticiascyl.com

eldiario.es

ileon.com

trama eolica

salamancartvaldia.es

Mantero, mujer y Viloria

González Mantero el peón clave de la trama eólica en CyL

La mujer y la cuñada de González Mantero en los parques solares

El Tribunal de la UE condena a España por las minas a cielo abierto de León noviembre de 2011

¿La política se une con los delincuentes señor Mantero?    Tsobudelaciana.blogspot.com.

Filón Verde critica ante Herrera las declaraciones del director general de Energía y Minas en favor de Victorino Alonso

Sobre las minas de carbón a cielo abierto en León

De la ilegalidad de las minas a cielo abierto en Laciana (SOS Laciana)

Trabajadora del Balneario de Retortillo sabe más que los funcionarios de minas de la Junta de CyL

Consulta:

Zonas Important Bird Area (Área Importante para Conservación de las Aves)Web de SEO Birdlife

Ficha de la zona Red Natura 2000 del Parque Montes Obarenes-San Zadornil  Web de la Junta de CyL

Directiva 92/43/CEE de protección de la Red Natura 2000 (leer)

Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo  de 24/11/2011 contra España por vulnerar la Directiva 85/337/CEE . En realidad fué la Junta de González Mantera la causante de querer extraer carbón en la zona ZEPA y LIC del «Alto Sil», situado en el noroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla y León  (leer)

El Parque Montes Obarenes-San Zadornil es Zona de Especial Protección de las Aves y Lugar de Interés Comunitario. El rio Ebro, el emblase de Sobrón zona IBA.

 

Bonus Track:

Visita La Tertulia Ricardo González Mantero,

Director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. 7 mar. 2018

Coordinador general EREN· De 2003 a 2005 · León (España)

Director EREN· Desde el 2005 hasta la fecha · León (España)

Director General de Energía y Minas Junta CyL· Desde el 2007 hasta la fecha · León (España)

Minas de uranio y fracking. Dos caras de la misma especulación en Castilla y León.

Después de estafar por valor de 2.500 millones a la empresa pública francesa del uranio, los tres ejecutivos responsables del fraude se instalaron en Berkeley, una compañía que pretende abrir en Salamanca la mina de uranio a cielo abierto más grande de Europa. Estos tres empresarios, que repitieron la operación con la estatal del uranio española, ya están fuera de Berkeley, pero pervivió su estilo de hacer negocios, más enfocado en la especulación en bolsa que en la extracción minera.

En una concentración en contra de la minera Berkeley, Rosa M. terminó hablando con un veterano del sector, un hombre que llevaba décadas trabajando en diferentes empresas mineras. Le arrojó tres nombres y un dato inquietante que ella, al igual que la mayoría de los asistentes, ignoraba: la minera Berkeley estaba íntimamente relacionada con UraMin, una empresa que había estafado al Estado francés unos años antes causándole pérdidas de 2.500 millones de euros.

Rosa M. apuntó los nombres en un papel: Ian Stalker, Stephen Dattels y James Mellon. Semanas después tropezó con el apunte y decidió darle una oportunidad.

Lo que encontró era mucho más grande de lo que podía esperar. Una trama de fraudes, estudios de viabilidad amañados, sobornos y movimientos especulativos que trazaban líneas desde el desierto de Namibia al Campo Charro de Salamanca, de Australia a Canadá, de Bruselas a París, de la Ciudad de Panamá a León, pasando por Ciudad del Cabo y Madrid, líneas que unían a la minera con altos cargos de la Junta de Castilla y León, con Miguel Arias Cañete o con el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela.

Los responsables de la estafa a Francia intentaron repetir la operación con la empresa estatal española de uranio, quedándose “en una especie de privatización encubierta” con reservas estratégicas de uranio del Estado

Rosa M. comenzó a sistematizar la información, la montaña de documentos y una avalancha de nombres cruzados, fechas y posibles líneas de investigación. Durante un año, utilizó las mañanas libres que le dejaba su trabajo vespertino para llegar finalmente a una conclusión: los mismos ejecutivos mineros australianos y canadienses que habían estafado a Areva, la empresa estatal de uranio francesa, desembarcaron poco después en Salamanca, donde intentaron repetir la operación con la empresa estatal española de uranio, Enusa, quedándose “en una especie de privatización encubierta” con reservas estratégicas de uranio del Estado.

Todo ello, según cuenta Rosa M. a El Salto, siendo “una pequeña empresa financieramente débil, sin experiencia en uranio ni en extracción minera en general, cuyo único objetivo declarado era cotizar y generar ganancias en la bolsa”.

Para organizar todo el material del que disponía —memorias anuales de la Berkeley, comunicados de bolsa, notas y artículos de prensa, informes de diversas compañías— tuvo que elaborar una cronología detallada de 33 páginas, con cientos de links. No hicieron falta filtraciones. Toda la información es de dominio público, está a disposición de quien quiera mirar y atar cabos. Lo que hizo Rosa M. es unir las líneas y darle sentido a todo lo que había detrás del Proyecto Salamanca.

Los orígenes

Antes de lanzarnos al inicio de esta historia, nos quedamos unos instantes más en el presente para comprender la dimensión de este escándalo. Si miramos hacia el distrito financiero de París podremos ver cómo el 28 de noviembre de 2017 la policía francesa allanaba la sede de la empresa estatal de uranio, Areva, una compañía en graves problemas económicos después de pagar un precio desorbitado por unas minas de uranio en África que no tenían ningún valor.

En Francia, el caso lleva años acaparando titulares, se han escrito libros y centenares de artículos en todos los medios. También en Canadá. En España, la trama apenas ha trascendido. Mucho menos se conoce que en el caso de Salamanca se repiten no solo los responsables sino también el modelo de negocio.

En Francia, el caso lleva años acaparando titulares, se han escrito libros y centenares de artículos en todos los medios. También en Canadá. En España, la trama apenas ha trascendido

La primera parada de esta historia es una reunión en un bar de Notting Hill en 2005. En este local londinense, el banquero canadiense Stephen Dattels y su amigo James Mellon decidieron iniciar una nueva aventura: invertir 50.000 dólares cada uno y comprar concesiones de uranio en África, según relató el propio Mellon en una entrevista. Como directivo y socio, se unió Ian Stalker, “otro conocido de las empresas mineras junior: las que compran y venden concesiones pero no explotan las minas”, según explica Rosa M. Así nació UraMin Inc.

Su concesión más valiosa era la mina de Trekkopje, situada en pleno desierto de Namibia. Un terreno rocoso explotado durante más de 40 años por diversas multinacionales, abandonado por su escasa concentración de uranio y los altísimos costes de extracción. Las negociaciones entre UraMin y la francesa Areva comenzaron en 2005 y se intensificaron en 2006.

Las contínuas buenas noticias —nuevos hallazgos que supuestamente triplicaban el uranio extraíble, avances en los permisos, estudios de viabilidad favorables— hicieron que el valor de las acciones de UraMin, que entonces tenía más direcciones fiscales que empleados —algunas de ellas en paraísos fiscales— se multiplicara por seis.

Cuando en 2007 la empresa francesa de uranio Areva compró el 100% de las acciones de UraMin por 1.800 millones de euros, defendía públicamente que Trekkopje se convertiría en la mina de combustible nuclear “más grande del mundo”. De hecho, llegó a pagar cinco veces más de lo hablado un año antes. James Mellon, personificado en la entrevista como un millonario de éxito, excéntrico y rockero, cuenta que lo celebró junto a sus socios a 123 metros de altura en el restaurante de la Torre Eiffel de París. No era para menos.

Cuando se dieron cuenta de que habían sido estafados y que la mina comprada en Namibia no tenía ningún, la compañía francesa se había gastado cerca de 2.500 millones de euros

Para poder extraer el uranio de la mina de Namibia, Areva construyó una desaladora y una tubería para llevar agua desde el Atlántico a través de 50 km de desierto. Para cuando se dieron cuenta de que habían sido estafados, la compañía francesa se había gastado cerca de 2.500 millones de euros.

El 12 de diciembre de 2011, la dirección de Areva anunció que se retiraba del proyecto: las minas de UraMin contenían menos de la mitad del uranio esperado, los costes de explotación habían sido infravalorados y los estudios de viabilidad realizados por la consultora minera SRK estaban amañados. El diputado del Partido Socialista francés Marc Goua, miembro de la comisión de investigación creada para el caso, expresó su sorpresa por que Areva se hubiera fiado exclusivamente de un informe elaborado por SKR y pagado por la propia empresa UraMin. ¿Que qué tiene que ver todo esto con la Berkeley y el Campo Charro? La misma empresa, la consultora SRK, participó en la elaboración del estudio de viabilidad del Proyecto Salamanca cuando los mismos directivos que timaron a Francia intentaban repetir la misma jugada en España al frente de Berkeley. Pero no nos adelantemos.

“Es una historia fantástica. Nunca nos hubiéramos imaginado semejante recorrido. Empezamos en 400 millones [dólares de valor bursátil], y terminamos en 2.500 millones”, se jactaba Mellon

Después de conocerse que la mina de Trekkopje no era rentable, la cotización de la recién adquirida UraMin se descalabró en un 80% y el Estado francés se vio obligado a rescatar a Areva, por supuesto, con dinero público. Por parte de la compañía francesa, la investigación señala a la entonces directora, Anne Lauvergeon, por una posible connivencia. El hecho de que las acciones de UraMin duplicaran su precio días antes del anuncio de la compra aumentó las sospechas por parte de la comisión de que había una complicidad y un enriquecimiento ilícito también en la cúpula de Areva.

Los responsables de la venta fraudulenta y de preparar los informes todavía no han sido imputados. El medio francés Mediapart recogía la expresión eufórica de Stephen Dattels: “Es una historia fantástica. Nunca nos hubiéramos imaginado semejante recorrido. Empezamos en 400 millones [dólares de valor bursátil], y terminamos en 2.500 millones”. El modelo de negocio de estos tres ejecutivos se ha repetido en España en el Proyecto Salamanca.

El desembarco en españa

En 2006, la minera Berkeley había llegado a España buscando alianzas y comprando concesiones. En julio de 2008 firmó un preacuerdo con la empresa estatal de uranio, Enusa, el equivalente español de Areva, para hacer prospecciones en Salamanca y Cáceres en las reservas de uranio del Estado. La propia Enusa había abandonado esas minas en el año 2000 por su falta de rentabilidad.

Berkeley era una empresa desconocida, sin experiencia en minas de uranio, que contaba con un único aval: una pequeña participación de Areva, la gran empresa francesa, que poseía el 3% de las acciones de Berkeley, una participación de la que no tardó en deshacerse sin explicaciones cuando comenzó a conocerse el escándalo UraMin y que los responsables del fraude estaban instalados en la Berkeley.

Desde noviembre de 2008 hasta abril de 2009, cuando el Consejo de Ministros español aprobó el acuerdo definitivo entre la minera y Enusa, los rumores y noticias en medios hicieron crecer su valor en bolsa un 700%. Al igual que en el caso de UraMin, se produjo una “revalorización especialmente aguda” en los días previos a la firma del acuerdo con la estatal española, algo que llevó a los reguladores bursátiles a pedir explicaciones a Berkeley, según contó entonces el periódico económico Expansión.

Los tres ideólogos de la operación que vació la empresa pública francesa se hicieron con el control de la minera Berkeley en marzo de 2009 a través de Polo Resources

Aunque ya tenían una pequeña participación en Berkeley, los tres ideólogos de la operación que vació la empresa pública francesa —Stehen Dattels, James Mellon y Ian Stalker— se hicieron con el control de la minera en marzo de 2009 a través de Polo Resources. El 15 de mayo de 2009, Dattels se convirtió en director de Berkeley. Unos meses después, en noviembre de ese año, cedió su puesto en la cúpula de la compañía a su socio Ian Stalker, quien había dirigido UraMin hasta su venta a la empresa estatal francesa.

Desde un principio, remarca Rosa M., el acuerdo entre Enusa y Berkeley fue “desfavorable” para España: “Estamos en la misma época en la que se firmó el Proyecto Castor, cuando regalaban todo. Teníamos a Miguel Sebastián en el Ministerio, con una posición muy pronuclear y querían volver a abrir las reservas del Estado”.

Los estudios encargados por la propia empresa duplicaban las reservas de uranio con respecto a los estudios propios de esta sociedad española, todo gracias a “nuevas técnicas de exploración”

Fueron años de intensa actividad para Ian Stalker. Noticias de compras y acuerdos inminentes con Kepco, la principal compañía eléctrica de Corea del Sur, o con la minera rusa Severstal hicieron que las acciones siguieran su camino ascendente, pese a que todos estos supuestos acuerdos se quedaron en nada. La tarea de realizar el plan de viabilidad del proyecto recayó, al igual que en la mina de Namibia, en Ian Stalker. Para ello contó con una serie de empresas con las que ya había trabajado en la mina de Trekkopje: la consultoría SRK, Mintek y Turgis/Bara Consulting. Este plan sirvió de base para el informe de viabilidad definitivo, lanzado en 2016. Según cuenta Rosa M., este último informe réplica “casi en su totalidad” el esquema del trabajo coordinado por Stalker.

Los estudios encargados por la propia empresa duplicaban las reservas de uranio con respecto a los estudios propios de esta sociedad española, todo gracias a “nuevas técnicas de exploración”. Y afirmaban que los costes de extracción del uranio de Salamanca “era de los más bajos del mundo”.

La meta de los exsocios de Uramin, afirma esta activista, “era llevar a cabo una operación parecida a la de UraMin con Berkeley que culminara en una venta increíblemente ventajosa para los directores y accionistas”.

Pero esta vez no sería tan fácil. En marzo de 2011, el accidente de Fukushima enterraba toda posibilidad de que el uranio fuera a remontar su precio. Y a principios de 2012, Enusa anunciaba que rompía al acuerdo al no considerar creíbles los planes de viabilidad de Berkeley.

“Tras analizar el último estudio de viabilidad presentado por Berkeley, Enusa concluye que no se ha acreditado que la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca resulte viable y sostenible en el tiempo”, decía la empresa estatal en su comunicado del 17 de abril. La empresa encargada de suministrar uranio a las nucleares españolas añadía que había encontrado en las cuatro versiones del plan “deficiencias en la mayoría de los parámetros requeridos para los estudios de viabilidad según estándares generalmente aceptados por expertos internacionales en minería”.

Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, se opuso a la mina de Salamanca desde su cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En declaraciones para El Salto, explica que Enusa renunció al proyecto en 2012 “porque el precio del uranio era tan bajo que no había posibilidad de hacer rentables las inversiones”. “Cuando repuntó el precio de este mineral, la empresa australiana Berkeley, especializada en comprar y vender derechos mineros más que en explotarlos, decidió reactivar el proyecto”, apunta.

Leer la entrevista completa a Cristina Narbona: “El proyecto de la mina de uranio podría acabar provocando otro conflicto con Portugal”

Según un artículo publicado entonces por El Confidencial se trataba de una relación “viciada de origen, cuando la compañía pública tuvo que avenirse a reabrir una explotación por mandato gubernamental, pero contra su voluntad”, en referencia a la política pronuclear del entonces ministro de Economía, Miguel Sebastián, “de la mano de una compañía recién nacida cuyo único aval era estar participada por el gigante francés Areva”.

Pese a las malas noticias, los tres ejecutivos que venían de UraMin consiguieron vender más de la mitad de sus acciones cuando todavía no se había roto el acuerdo con Enusa asegurándose enormes ganancias.

Un acuerdo a puerta cerrada

Después de la ruptura con Enusa, “el proyecto quedó muerto entre 2011 y 2012”, cuenta a El Salto este veterano del sector minero. Berkeley cambió de estrategia. Con el nuevo Gobierno, unas buenas relaciones con el PP podían ser de gran ayuda, sobre todo si se acompañaban con una buena demanda judicial.

Uno de los directores de la Berkeley en esa época fue un viejo conocido del PP, José Ramón Esteruelas, el exconsejero delegado de la estatal de tabaco Cetarsa en fase de privatización, cargo que compatibilizó con la presidencia de Minas de Almadén y Arrayanes. Esteruelas también estuvo envuelto en un caso de corrupción en su época de director de Correos. Este empresario tenía una fluida relación con la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), entidad pública que aún hoy es accionista mayoritario de la empresa estatal de uranio Enusa, Cetarsa y Correos.

El nuevo equipo se completó con Javier Colilla Peletero, al igual que Esteruelas, muy bien relacionado con el PP, según cuenta este conocedor del sector, y con experiencia en demandas multimillonarias.

“Javier Colilla tenía experiencia en esta clase de negocios: abrir minas ruinosas, con estudios de viabilidad amañados, y cuando les deniegan los permisos, pedir indemnización”, resume Rosa M.

Colilla Peletero, abogado y economista, ejercía desde 1994 como alto ejecutivo de Río Narcea Gold Mines, una minera canadiense que pretendió explotar oro sin mucho éxito —al menos en lo que se refiere a producción de lingotes— en la zona de Salave, Asturias, y demandó al Estado español por 100 millones de euros. Río Narcea es propiedad de la compañía Edgewater, que en un caso similar demandó a la Xunta gallega por 20 millones. Solo en costas judiciales, la Xunta ya ha tenido que gastar hasta la fecha 440.000 euros.

En 2012, Berkeley anunció una demanda a Enusa por valor de 150 millones de euros en un tribunal de arbitraje privado de París por una supuesta violación del contrato

En el caso de Salamanca, el resultado del trabajo de Colilla, “el conseguidor”, fue un acuerdo entre Enusa y Berkeley por el que la minera consiguió “darle la vuelta a la tortilla y recuperar la situación lamentable en la que estaba la empresa”.

En esos meses de 2012, Berkeley anunció una demanda a Enusa por valor de 150 millones de euros en un tribunal de arbitraje privado de París por una supuesta violación del contrato. En una operación que este conocedor del sector califica de “chantaje”, la minera consiguió firmar un acuerdo a puerta cerrada: a cambio de retirar la demanda, Berkeley consiguió una “privatización encubierta” de las reservas del Estado sin pasar por ningún tipo de concurso ni licitación, afirma este técnico.

Tras este acuerdo a puerta cerrada, la concesión pasaba de 30 a 90 años y Berkeley se quedaba con el 100% de consorcio y una serie de minas no explotadas anteriormente por Enusa. A cambio, Berkeley retiraba la demanda y renunciaba a la planta de concentrados que utilizaba Enusa, fundamental para poder abrir la mina.

El acuerdo, pese a sufrir notables cambios, nunca volvió a pasar por un Consejo de Ministros, algo que es ilegal según denuncia Podemos Castilla y León. “Enusa se va pero les cede lo que ellos querían”, resume este técnico que lleva décadas en el sector de la minería.

La conexión local y europea

El cambio de estrategia se completó con un amplio trabajo de cabildeo en las instituciones europeas, pero también entre las administraciones de Castilla y León. Según cuenta a El Salto el portavoz de Stop Uranio, José Ramón Barrueco, “el que cortaba el bacalao” era el exvicepresidente de la Junta Tomás Villanueva. Este político del PP que facilitó los permisos autonómicos para la mina desde su Consejería de Economía y Empleo falleció en septiembre de 2017, un mes antes de que tuviera que declarar como imputado en el caso Perla Negra por prevaricación, cohecho, revelación de secretos, malversación y blanqueo de capitales; y dos meses antes de que tuviera que presentarse en los juzgados también como imputado por la Trama Eólica.

Berkeley se ganó el favor de los medios locales con la contratación de espacios publicitarios. También recabó apoyos de determinados sectores de la población cercana y de muchas de las administraciones locales con promesas de cientos de empleos y con todo tipo de aportaciones económicas: desde subvenciones a equipos de fútbol a patrocinios de eventos; desde contribuciones a pabellones deportivos a dinero destinado a los ayuntamientos “para facilitar la instalación de Berkeley en el municipio”, explica Barrueco. Según este portavoz de Stop Uranio, Villares del Yeltes, donde este activista ejerce como concejal, recibió 19.000 euros. Villavieja, 80.000 y Retortillo, 200.000.

La compra de terrenos fue otra de las técnicas utilizadas por la minera para ganarse favores. En el caso de un terreno de la madre del entonces alcalde de Retortillo (PP), Javier Santamartina, Berkeley pagó el doble de su precio, según denunció la Cadena Ser. De hecho, las oficinas de la empresa minera se han instalado en la finca que antes pertenecía a este alcalde del PP.

El 26 de diciembre de 2014, Manuel Lamela, exconsejero de la Sanidad madrileña, fue contratado como lobbista de la Berkeley en Bruselas. Su misión: convencer a Arias Cañete, comisario de Energía, para que dé luz verde al proyecto, algo que consiguió en pocos meses

“Trajeron a personas que establecieron unas relaciones sorprendentemente cordiales con las administraciones públicas, sobre todo con la Junta de Castilla y León. Se ha demostrado que esta gente contrató gente del PP, que está mediando, haciendo de lobby”, dice esta fuente del sector minero. El trabajo de lobby también llegó hasta lo más alto de las instituciones europeas.

El 26 de diciembre de 2014, Manuel Lamela —exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, imputado por su plan de privatización y segundo hombre de Miguel Arias Cañete en el ministerio de Agricultura— fue registrado como lobbista en Bruselas con un único pagador. ¿Ya os lo imagináis? Pues sí, la Berkeley. ¿Y la persona a la que tenía que convencer de que el Proyecto Salamanca era una buena idea? Parece una pesadilla, pero no lo es: nada menos que el mismísimo Miguel Arias Cañete, que había asumido como comisario de Energía un mes antes, según publicó entonces Infolibre y la Cadena Ser.

En mayo de 2015, la Comisión de Energía daba luz verde al proyecto con un dictamen que fue mutilado “a petición de la propia empresa”, según informó la Cadena Ser. Miguel Arias Cañete defendió que el proyecto minero respondía a la “estrategia energética de la Unión Europea” y alabó los “progresos realizados por la empresa”.

La validación de la mina Berkeley se suma a los numerosos casos de irregularidades que rodean la gestión de Cañete. Entre ellos, los conflictos de intereses por su participación en empresas petroleras y por haber aprobado, cuando era ministro, una amnistía fiscal que terminó favoreciendo a su esposa, regularizando la actividad de una empresa offshore que figuraba en los papeles de Panamá. Entre las tantas empresas que utilizaban el despacho de abogados de Mossack Fonseca en la capital panameña para evadir impuestos figuraba, dicho sea de paso, la propia Berkeley.

Por el acuerdo a puerta cerrada con Enusa, la minera se quedó con los derechos sobre una serie de reservas del Estado no explotadas en una zona cercana al complejo de Saelices el Chico. Entre ellas, las que tienen una mayor concentración de uranio son las minas de Alameda de Gardón y el Villar, según explica este conocedor del sector. El Proyecto Salamanca se completó con una serie de minas “liberadas”, que ya no pertenecen al Estado, como es el caso de las de Retortillo-Santidad.

Un modelo de negocio, un método que se repite

Pasaron los años de la primera legislatura de Mariano Rajoy, los exejecutivos de UraMin vendieron sus acciones obteniendo grandes beneficios, cambió la directiva de la Berkeley, Javier Colilla Peletero se convirtió en vicepresidente de la filial española, pero lo que no cambió fue “la filosofía de los exdirectivos de UraMin”, denuncia Rosa M.

“Hay que crear ilusión y dar buenas noticias, aunque sean de dudosa veracidad, subir las cotizaciones y buscar compradores”, según describe Rosa M. el modus operandi de la empresa: “Las buenas noticias y los estudios de viabilidad positivos van de la mano y abren la puerta a los permisos de las administraciones, que en el caso de Berkeley se han ido obteniendo con una facilidad sorprendente y condiciones más que favorables”.

“Las ganancias de los directivos es y ha sido desde un principio la principal razón de ser de la Berkeley; todo un ejemplo del daño social y ecológico que produce la economía de casino”

Cuando más permisos obtenga la compañía, continúa Rosa M. “más cotiza en bolsa”. Para esta activista convertida en investigadora, “las ganancias de los directivos es y ha sido desde un principio la principal razón de ser de la Berkeley; todo un ejemplo del daño social y ecológico que produce la economía de casino”.

Ya a finales de 2012, Berkeley había anunciado su intención de explotar la mina de Retortillo-Santidad y en los siguientes años desplegó un intenso trabajo de relaciones públicas. Las “buenas noticias” que volvían a darle aire a las acciones de la compañía no se hicieron esperar. En julio de 2013, consiguió un informe positivo del CSN. En octubre de ese año, una declaración de impacto ambiental favorable. Y el 25 de abril de 2014, la Concesión de Explotación para la mina de Retortillo. La junta de Castilla y León hablaba en las bases de la concesión de explotación de la “demostrada experiencia minera en varios países” de la empresa Berkeley.

El 25 de septiembre de 2015, el Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Energía daba la autorización para comenzar el proyecto minero.

Una vuelta más de tuerca

Pese a que los creadores de UraMin se alejaron de Berkeley en 2012, pervivieron los lazos entre ambas experiencias.

El plan de viabilidad definitivo, presentado en 2016, estaba basado en gran parte en el realizado por Ian Stalker —director de UraMin hasta su venta a Areva— y defendía que los costes de producción de las minas de Salamanca eran “de los más bajos del mundo”.

En la realización de este estudio participaron otros dos viejos conocidos de la estafa al Estado francés. Jim Pooley y Pat Willis habían sido los encargados al frente de Turgis Consulting de ejecutar el plan de impacto ambiental de la mina Trekkopje de Namibia. En 2013, la empresa pasó a llamarse Bara Consulting y participó desde octubre de 2015 en el plan de viabilidad de la mina de uranio de Salamanca, según se puede leer en su propia página web. También estuvo presente en ambos proyectos la sudafricana Mintek, tanto en la mina de la discordia en Namibia, como en el Proyecto Salamanca.

No fue hasta mediados de 2015, cuando las acciones de la filial española de la Berkeley comenzaron a recuperarse tras el batacazo de 2011. Las “buenas noticias” acumuladas resucitaron el interés y las expectativas del “sueño nuclear español” de la Berkeley.

La fórmula de dar “buenas noticias” y espolear el valor en bolsa de la compañía siguió dando buenos resultados. A finales de 2016 y principios de 2017, Berkeley anunció que había firmado un acuerdo con Curzon Resources por el cual esta empresa le compraría parte de la futura producción de uranio. La cotización en bolsa experimentó una gran subida y alcanzó uno de los puntos más altos en la historia de la compañía.

La historia vuelve a repetirse: buenas noticias con el efecto de subir las acciones y facilitar el acceso a financiación y conseguir más permisos que retroalimentan su valor en bolsa

Sin embargo, pasados los titulares eufóricos, pocos llegaron a enterarse de que Curzon Resources y su predecesora Interalloys apenas tenían capital y arrastraban desde 2014 pérdidas millonarias. Menos que su matriz, Salkeld Investment Limited, estaba en quiebra y que fue cerrada por las autoridades británicas el 5 de diciembre de 2017.

Para Rosa M. la historia vuelve a repetirse: buenas noticias con el efecto de subir las acciones y facilitar el acceso a financiación y conseguir más permisos que retroalimentan su valor en bolsa.

Cuando parecía ya claro que había sido “otro engaño”, cuenta Rosa M., un nuevo acuerdo milagroso que salvaba a la compañía y al “sueño nuclear español” volvía a darle fuelle a las acciones en bolsa de la Berkeley. En agosto de 2017, la minera anunciaba que había llegado a un acuerdo con el Sultanato de Omán que entraría en vigor el 31 de enero de 2018.

El acuerdo consiste en una inversión de 100 millones de euros que convierte a Omán en propietario del 37% de los derechos de explotación y de la futura producción de estas reservas de uranio del Estado español, con derecho preferente de compra de un millón de libras de uranio.

La inversión podría servir para salvar uno de los últimos obstáculos que tiene la Berkeley para empezar a producir, si es que esa es su intención: construir una planta de procesado del uranio, sin la cual de nada le serviría abrir la mina, cuenta a El Salto Paco Castejón, del Movimiento Ibérico Antinuclear. ¿Se trata de un nuevo movimiento especulativo o esta vez pretenden comenzar a extraer uranio con las implicaciones para el entorno y para la salud de los pueblos y ciudades cercanas?

¿Estafa o desastre medioambiental?

Según cuenta Castejón, la Berkeley tiene actualmente todos los permisos para abrir la mina “mañana mismo si quisiera”. Pero la mina, matiza, no puede operar sin otras dos instalaciones indispensables que no cuentan con permisos de las administraciones: una fábrica de concentrados para procesar las miles de toneladas de tierra que movería la mina y un cementerio para los residuos, altamente tóxicos. Berkeley no solo no tiene estos permisos sino que no ha adoptado las medidas necesarias para obtenerlos, señala Castejón.

“¿De qué depende que pongan a trabajar la mina?”, se pregunta Castejón, para dar inmediatamente después la respuesta: “De que sea rentable”. Según el documento emitido por la Consejería europea de Arias Cañete, la mina no sería rentable con un precio del uranio inferior a 56 dólares la libra (0,45kg). Lo que nadie duda es que con el precio actual, de unos 20 dólares la libra, extraer el uranio de las minas de Salamanca es una ruina.

“Incluso el primer país minero de uranio en el mundo, Kazajistán”, relata Cristina Narbona a El Salto, “tuvo que detener gran parte de su producción de este metal radiactivo” por los bajos precios después del accidente de Fukushima. Pero, recuerda, se trata de un mercado de “precios volátiles” en los que en pocos días podría duplicar su precio por una mayor demanda o caer en picado tras un nuevo accidente.

Se calcula que unas 2.500 encinas ya han sido cortadas, pero según el proyecto de Berkeley, se prevé que desaparezcan 30.000 arboles en la zona. Sergi Rugrand

¿Por qué entonces el Sultanato de Omán se mete en unas minas cuya rentabilidad ha desestimado quien mejor las conoce, en asociación con una empresa minera de dudoso pasado cuyos anteriores directivos han engañado ya a dos países europeos?

Rosa M. recurrió a software relacionales para encontrar una de las posibles explicaciones: el responsable de inversión minera por parte de Omán, Timothy (Tim) Keating fue directivo en la misma compañía australiana de exploración minera, Kore Potash, que nuestro viejo conocido Ian Stalker, el exdirector de operaciones de UraMin y Berkeley. ¿Casualidad? Es pronto para saberlo.

¿Se trata de otro movimiento especulativo o el capital que aportaría Omán permitiría construir la fábrica de concentrados que necesita la Berkeley? La intención de China, recuerda Narbona, de llegar a tener 232 reactores operativos en 2030, frente a los 35 que tiene ahora mismo, podría cambiar la situación. Lo único seguro es que con los precios actuales la mina no es viable.

“Una mina de uranio a cielo abierto es una brutalidad. Estás tratando con materiales radioactivos. Todo el polvo que se libera se distribuye por el medio ambiente”, explica Castejón

Si esta supuesta inversión del Sultanato supone el inicio de la explotación de uranio en medio del Campo Charro, se pasaría de un operación especulativa a un auténtico “desastre ambiental”, advierte Paco Castejón.

“Una mina de uranio a cielo abierto es una brutalidad. Estás tratando con materiales radioactivos. Todo el polvo que se libera se distribuye por el medio ambiente. En el caso de Retortillo contaminaría el río Yeltes, y el río Yeltes desemboca en el Duero… y toda la ribera del Duero recibiría la contaminación de la mina”, explica este físico nuclear. Castejón habla de las pruebas realizadas recientemente en los alrededores de las minas francesas de uranio de Níger donde “se ha visto contaminación de uranio a decenas de kilómetros, incluso a 100 kilómetros, en parte movida por el viento y en parte por la acción humana”.

¿Estafa o desastre ambiental? Quizá sea las dos cosas. Ya lo decía en 2012 un artículo publicado en El Confidencial sobre el “sueño nuclear español”: “En cualquier caso, sólo cabía esperar un final extraño para una historia donde todo fue demasiado raro desde el principio”. Solo se equivocaba en una cosa: no fue ese el final de la historia, todavía no sabemos cómo termina este “sueño” convertido en pesadilla.

¿Dinero de ida y vuelta?

 En agosto de 2017, el Fondo soberano del Sultanato de Omán (SGRF por sus siglas en inglés) acordó invertir 120 millones de dólares (unos 100 millones de euros) en Berkeley. En el marco de la operación, SGRF se reserva la opción de adquirir el 37% de Berkeley Energía, al tiempo que tendrá derecho al suministro de uranio de estas reservas.

El 2 de enero de 2018, la empresa española pública de inversión Cofides inició el proceso de selección de una gestora para el fondo de capital riesgo creado en colaboración con el Fondo de Reserva General del Sultanato de Omán.

Cofides aportará un millón de euros con cargo a sus recursos propios y 99 millones de euros con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior, que Cofides gestiona en exclusiva por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Este fondo promoverá inversiones temporales y minoritarias en empresas españolas o accionistas domiciliados en España que contemplen planes de proyección internacional. Las áreas de interés geográfico de destino del fondo serán preferentemente Omán, países del Consejo de Cooperación del Golfo, África Oriental (especialmente Tanzania, Kenia, Mozambique, Uganda y Ruanda), Sur Asiático (con especial atención en India), Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia y Vietnam) e Iberoamérica, si bien también podrá financiar proyectos en otros países.

Los principales sectores objeto del fondo serán los de materiales de construcción, manufacturas, minería, turismo, logística, salud, infraestructuras, energía y agroalimentación.

Copiado de:  elsaltodiario.com