Los ayuntamientos próximos a las nucleares intentan mantener los apoyos de la Administración que ha pagado 580 millones de subvenciones desde 1989.


Los municipios nucleares eligen nueva dirección en pleno cierre de centrales

En España hay 60 municipios situados a menos de 10 kilómetros de una central nuclear. Desde 1990, están agrupados en la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Los municipios, con una población de unos 40.000 habitantes, viven uno de sus momentos más delicados. El Gobierno y las eléctricas han pactado el cierre escalonado de las siete plantas nucleares en funcionamiento hasta 2035 y los ayuntamientos temen por su futuro. En ese contexto, AMAC va a abrir el 1 de septiembre el proceso de renovación de su dirección, lo que incluye el cambio en la presidencia y la vicepresidencia y la ratificación de 22 miembros de la directiva en una asamblea prevista para el 18 de septiembre en Madrid.

La renovación afectará, después de cuatro años de mandato, a la actual presidenta de AMAC, Raquel González (PP), alcaldesa del Valle de Tobalina (Burgos, zona de la central de Garoña) y a la vicepresidenta y alcaldesa de Hornachuelos (Córdoba), Maria del Pilar Hinojosa, independiente. Fuentes de la asociación destacan que no se trata de un proceso de renovación marcado por la política, sino por los intereses comunes.

El fundamental de esos intereses es gestionar de la mejor manera posible el proceso de cierre de instalaciones y, sobre todo, asegurar que el flujo de las ayudas hacia los ayuntamientos no se interrumpe de forma abrupta. Los ánimos están encendidos porque la combinación de anuncios de cierres de nucleares, proyectos que sólo existen en el papel y ausencia de un Gobierno capaz de llevar las promesas al BOE alimenta la desconfianza.

25 años de ayudas

Los municipios no lo ven claro. Quieren que el flujo de fondos que han recibido desde hace 25 años no se corte. La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado al centenar de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares (los situados en torno a 20 kilómetros) más de 580 millones de euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública. Quieren atarlos con planes alternativos de desarrollo económico rubricados por el Gobierno. Y eso es lo que está en el aire.

El Ejecutivo, ahora en funciones, ha ofrecido una vía para facilitar la llegada de renovables a los emplazamientos de las nucleares. Lo hizo en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Según el documento, las grandes compañías que cierren centrales contaminantes -ya sea de carbón, de gas o nucleares- tendrán derecho a conservar los derechos de acceso a la red eléctrica para sustituirlas por energías renovables. El problema es que el anteproyecto sólo es una declaración de intenciones. El exgerente y asesor de AMAC Mariano Vila sostiene que en la relación con el Gobierno “está todo parado, hasta tal punto que reuniones previstas en julio no se han celebrado“.

La inquietud de los ayuntamientos es lógica porque muchos de ellos dependen de las ayudas que reciben de la empresa pública Enresa para mantener sus presupuestos. Todos los municipios que reciben ayudas temen acabar como el de Almonacid de Zorita (750 habitantes, a 70 kilómetros de Guadalajara), que albergó la primera central nuclear española -José Cabrera- en proceso de desmantelamiento desde 2010. Según AMAC, “ninguna administración pública, ni el Estado, ni la Comunidad Autónoma, ni la Diputación provincial se han preocupado ni implicado en el futuro de los ciudadanos de los municipios de la zona“.

La Orden Ministerial más reciente sobre las ayudas a los municipios nucleares es del 11 de marzo de 2015. Sustituyó a la más antigua de julio de 1998 y regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos que data de 2006. la Orden recogió un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. No es muy optimista.

Según recoge la norma “transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas”, Industria constata que los municipios “aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares”, debido “a la baja incidencia” que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su “escasa” aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas. El apagón nuclear no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos.

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades.

Fuente:   lainformacion.com

El Gobierno autoriza la construcción del almacén nuclear de Cofrentes

 El Ministerio de Transición Ecológica ha concedido la declaración de impacto ambiental para construir esta infraestructura. Se trata del último gran obstáculo que Iberdrola, empresa que gestiona el complejo, tenía que salvar para poner en marcha el proyecto.

La declaración de impacto ambiental permite que las obras de la instalación para los residuos puedan empezar este verano

Pistoletazo de salida al almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Cofrentes.
Tras este requisito, la construcción del almacén está pendiente de una serie de autorizaciones menores de forma que las obras podrán comenzar en breve, posiblemente a lo largo del verano, según explicaron fuentes de la central. En cualquier se cumplirán los plazos que maneja la empresa para que el ATI esté operativo en 2021. Es en esta fecha cuando las piscinas en las que actualmente se almacena el combustible utilizado se colmatarán.

El proyecto supone una inversión cercana a los cuatro millones de euros e implica la construcción de un edificio exento y se contempla como solución intermedia hasta que esté concluido un almacén temporal centralizado (ATC) de todos los residuos nucleares españoles.

La previsión es que el recinto esté operativo en 2021, a los 40 años de vida de la central

La construcción del almacén cierra las dudas sobre la continuidad de la central de Cofrentes durante varios años más hasta el horizonte de 2030, tal y como pactaron las compañías eléctricas propietarias del parque nuclear español y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La legislación establece que en una primera fase el combustible se almacene en las piscinas construidos en la propia central. Lo deseable es que este combustible ya utilizado se remita a un almacén centralizado construido en un lugar geológicamente estable. Este proyecto ha quedado sin fecha después de que el Gobierno haya la paralizado el ATC de Villar de las Cañas.

Diversas centrales españolas, como Trillo, Ascó o Almaraz entre otras, ya cuentan con una infraestructura como la que se va a construir en Cofrentes como solución provisional. El almacén estará situado en una zona próxima a las torres de refrigeración y a unos 1.300 metros del municipio.

El ATI constará de una zona de almacenamiento que contendrá dos losas sísmicas de hormigón armado sobre las que se dispondrán los contenedores de almacenamiento en seco del combustible gastado y de otra área de maniobras con las instalaciones auxiliares de la central. En cada losa se podrán almacenar a la intemperie hasta 12 contenedores con lo que el ATI tendrá una capacidad total de 24 contenedores. Para la construcción se ha tenido en cuenta el punto más elevado de inundabilidad (367,41 metros) por lo que se situará en la cota de los 370 metros. Las dimensiones de toda el área será de 56×75 metros.

En la documentación se evalúa los riesgos a los que se puede enfrentar el ATI así como las medidas correctoras impuestas. La declaración señala que el almacén está resguardo de cualquier inundación, ya que está construido sobre el punto de riesgo más elevado.

También se han tenido en cuenta la posibilidad de que haya un terremoto así como de un incendio. Entre las otras variables que se han considerado se encuentra la del impacto de un rayo en las instalaciones.

La construcción de esta instalación ha suscitado la polémica en ciertos sectores. Incluso desde la Conselleria de Medio Ambiente se llegó a presentar una serie de alegaciones técnicas y manifestó su oposición al proyecto, aunque reconociendo que carecía de competencias.

El portavoz de la plataforma Tanquem Cofrentes manifestó ayer su posición a la construcción de esta instalación y aseguró que continuarán presionando hasta que se cierre la central. También criticó la falta de transparencia con la que el Ejecutivo central ha actuado.

Fuente:  lasprovincias,es

El CSN detecta irregularidades en las dosis de radiación recibida por los trabajadores de Garoña

Según los últimos datos del CSN, referidos a una inspección en la central burgalesa realizada el pasado marzo para comprobar la aplicación de medidas de protección radiológicas, se desprenden irregularidades en las dosis de radiación recibidas, tanto a nivel individual como colectivas, de los trabajadores.

Parece que Garoña nos puede seguir dando sustos después de cerrada.

Estos graves hechos unidos a los vertidos de Cesio de 2017 y a la ocultación de los mismos, indican que es necesario un control exhaustivo de esta central nuclear.

Parece que al no estar el PP en el gobierno de Madrid, el control de los sistemas nucleares se realiza con más libertad y profesionalidad.

La inspección apunta que el “indicador dosis oficial máxima individual no es coherente con el valor de nivel administrativo de dosis”.

Ante esta situación, “se exigen reestimaciones contantes de los objetivos de dosis de trabajo y de los anuales operacionales de la instalación”.

El acta del regulador atómico relativa a la “Inspección para comprobar la aplicación de medidas para la protección ocupacional (…) en la situación actual de cese definitivo de la explotación de la central”, señala que, para establecer los criterios de garantía radiológicos, desde la última inspección el titular ha realizado diez reuniones extraordinarias: cuatro en 2017, tres en 2018 y otras tres en 2019 hasta auditoría del pasado marzo.

En las actas del comité “Alara” -donde se aprueban o revisan los objetivos de dosis- “no se recogen objetivos para la dosis máxima individual anual y no hay aprobación del objetivo de dosis individual por parte del director”.

ALARA es el acrónimo en inglés de “As Low As Reasonably Achievable”, es decir, “tan bajo como sea razonablemente alcanzable”, uno de los principios básicos para establecer cualquier medida de seguridad radiológica.

El acta del CSN incide también en la “necesidad de renovación de la señalización de zona controlada de permanencia limitada, debido a que es difícil distinguir los riesgos de contaminación y/o radiación“.

La central burgalesa de Garoña no tiene actividad desde diciembre del año 2012 y su clausura definitiva se produjo el 1 de agosto de 2017, desde esa fecha se encuentra en fase de pre-desmantelamiento hasta que arranque, previsiblemente en 2021, la fase de demolición.

Fuente: estrelladigital.es

Vertido de Cesio en 2017

El Consejo de Seguridad Nuclear eleva la gravedad de una avería de la nuclear Vandellòs II

El CSN reclasifica a nivel 1 un suceso de abril debido a la “reiteración de fallos consecutivos por la misma causa”

Un juzgado de Reus mantiene abiertas diligencias por una fuga similar del año pasado

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La central nuclear de Vandellós II ha sufrido dos fugas de agua que han obligado a parar el reactor en un lapso de tiempo muy corto, tan solo tres meses y medio, lo que ha llevado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a reclasificar a nivel 1 de la escala Ines el último de los sucesos, ocurrido el pasado 6 de abril. Inicialmente fue calificado de nivel cero pero ahora se ha elevado al 1 por «la reiteración de fallos consecutivos por la misma causa» y en la misma zona de la barrera de presión.

Aunque el CSN no lo hace constar en la nota hecha pública, las dos fugas se suman a otra localizada también en la barrera de presión en febrero del año pasado. Sobre ésta pesa, además, una denuncia interpuesta por la organización ecologista Sociedad Humana que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Reus (Tarragona).

Imprudencia grave

La entidad acusa a los gestores de la central de haberla mantenido en marcha pese a que se sospechaba que el goteo procedía de las barras de presión, lo que obligaba a la parada inmediata. No la detuvieron hasta que el 3 de marzo se comprobó que, efectivamente, procedía de ese punto. El juez abrió diligencias el pasado abril para determinar si existen indicios de que los gestores cometieran una «imprudencia muy grave» por la vulneración de los protocolos de seguridad, como sostienen los demandantes.

Fuentes del CSN han precisado que «no se pueden vincular» a efectos de clasificación del suceso, los fallos detectados en lo súltimos meses con el del año pasado dado que se han producido en «lugares y por causas distintas». El del año pasado afectó al generador de vapor A de la barrera de presión y los más recientes al generador de vapor B. En diciembre el goteo se produjo en una soldadura aguas arriba de la válvula de drenaje del generador B y el de abril en otra soldadura aguas abajo del mismo .

En la barrera de presión se encuentran el conjunto de todos los componentes sometidos a la presión del reactor y que forman parte de su sistema de refrigeración o que están conectados a él.

Envejecimiento

Greenpeace y Ecologistas en Acción han sostenido en los últimos meses que la reiteración de este tipo de averías podría revelar la existencia de «algún problema estructural» debido al envejecimiento de los sistemas nucleares del reactor que debería abordarse.

La Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (Ines) abarca desde el nivel 0 (sin ninguna significación para la seguridad), hasta el 7 (accidente grave). El nivel 1 se considera una «anomalía» sin repercusión ni dentro ni fuera del emplazamiento. En los últimos años se detectó una en Cofrentes (2017) y dos en Almaraz I y II (2015).

Abierta hasta el 2033

A excepción del de Trillo (Guadalajara), el de Vandellós II es el más moderno del parque nuclear español. Se puso en marcha en agosto de 1987, por lo que los 40 años de vida útil para los que fue diseñado expiran en el 2027, aunque el acuerdo firmado por el Gobierno y las compañías eléctricas prevé que se prolongue unos seis años más. El pacto se firmó en el marco del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno ha mandado a Bruselas y que prevé alargar unos años la vida de todas las centrales para garantizar el suministro y por falta de medios técnicos y recursos económicos para gestionar un cierre casi simultáneo de los siete reactores que siguen en funcionamiento.

Imagen de portada: La central nuclear de Vandellòs II. / JOAN PUIG

Fuente: kaosenlared.net

Original

Almacen nuclear de alta intensidad del pacífico en ruina tras apenas 40 años.

La voz de alerta la volvió a hacer sonar el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, mientras hablaba con un grupo de estudiantes en Fiyi, al parecer no es tan importane como para hablar de ello en la propia ONU.

“Acabo de estar con la presidenta de las Islas Marshall (Hilda Heine), y está muy preocupada por el riesgo de que se filtre el material radioactivo contenido por una especie de ataúd que hay en el área”, dijo.

Guterres estaba describiendo así al llamado “domo de Runit” o “domo Cactus”, una estructura de hormigón construida en la isla del mismo nombre para encapsular el material radioactivo dejado por las pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos en el área entre 1946 y 1958.

Parte del problema es que la cúpula  de Runit -que fue concebido como una solución temporal– ya presenta grietas en la superficie, y a menudo se forman charcos con líquidos salobres en el anillo.

EE.UU. también renunció a la idea de sellar el fondo de la cúpula con hormigón antes de almacenar el material radioactivo, por considerarlo demasiado costoso, lo que significa que la estructura nunca ha sido realmente capaz de evitar filtraciones.

67 explosiones nucleares

Las 67 explosiones nucleares en los atolones  -al que pertenece Runit- incluyeron la detonación en 1954 de “Bravo”, una bomba de hidrógeno 1.000 veces más poderosa que la que cayó en Hiroshima y el arma más poderosa jamás detonada por EE.UU.

Las Islas Marshall, fueron ocupadas por Estados Unidos en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y en ellas las fuerzas armadas estadounidenses realizaron 67 pruebas de armas atómicas en varios de los atolones coralinos de Bikini y Enewetak, que componen esa nación insular entre los años 1946 y 1958, dejando en la región una enorme cantidad de residuos radioactivos que afectaron zonas habitadas aledañas a las despobladas donde se efectuaron las pruebas militares.

Debido a las pruebas y los desechos radioactivos, en la actualidad solo tres de las casi 40 islas son consideradas seguras para ser habitadas. Un informe realizado en 2013 por el departamento de Energía de EE.UU. reconoció que las aguas subterráneas contaminadas provenientes del Domo de Runit “fluyan hacia el entorno marino subterráneo cercano”.

15 años sin hacer nada

No fue hasta el año 1977  (según el The Washington Post)  cuando Estados Unidos se implicó en la limpieza cuando unos 4.000 militares vertieron 85.000 metros cúbicos de tierra contaminada en un gran cráter en la isla Runit, producto precisamente de una prueba nuclear de 1958.

Los restos fueron mezclados con cemento de Portland y vertidos en el mismo cráter de 9 metros de profundidad y 110 de anchura, que la bomba “Cactus” había creado en extremo norte de la isla Runit;  construyeron  una gran cúpula con 358 paneles de hormigón de 45 centímetros de espesor para confinar los residuos radioactivos allí acumulados.

Estados Unidos empleó 3 años y más de 100 millones de dólares en descontaminar los atolones.

En 1980 el gobierno declaró el lugar seguro, permitiendo a regresar hasta Runit y Enewetak a sus habitantes

¿Que clase de enfermos mentales pueden pensar tan a corto plazo y ser tan egoistas como para perpetrar este atentado contra la humanidad?

De acuerdo con varias agencias de prensa internacionales el enorme “ataúd” de cemento que guarda los restos radioactivos de las pruebas de armas atómicas estadounidenses amenaza con quebrarse en cualquier momento y dejar escapar masivamente su letal carga.

Las fuentes señalan que “no se trata de ninguna leyenda apocalíptica, sino del legado radioactivo de las numerosas y terribles pruebas de armas atómicas que Estados Unidos realizó durante décadas en remotos atolones en el Océano Pacífico.

En el año 2000, Estados Unidos tuvo que destinar 200 millones de dólares a restaurar la cúpula, descubriendo diversos problemas.

Preguntas al aire

¿Que pasará con los residuos de las bombas de Almeria?

¿Que pasará con los residuos de las centrales nucleares españolas y de todo el mundo?

¿Porqué no hay un consenso de estado en España para establecer un sitio seguro en el que  controlar los residuos de alta intensidad ?

¿Que material aguantará el paso de los años?

¿Cómo es posible que todavía haya gente que señale la seguridad del uso de la energía nuclear viendo la problemática que provocan sus residuos?

El plan de Sánchez para cerrar el parque nuclear en 2035 no resta votos al PSOE


Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar el parque nuclear entre los años 2025 y 2035 no han hecho mella en los votos hacia los socialistas en las zonas donde se localizan las instalaciones. El PP resiste en algunos municipios nucleares como los del Valle de Tobalina (central de Garoña); Villar de Cañas (Cuenca, sede del ATC nuclear); Almonacid de Zorita (Guadalajara) o Retortillo (Palencia), donde la empresa australiana Berkeley promueve una explotación de uranio.

Pero la formación de Pablo Casado ha perdido posiciones en Vandellós (Tarragona), a favor de ERC y el PSOE o en Cofrentes (Valencia), donde ha crecido el voto a Ciudadanos y a los socialistas. En Almaraz (Cáceres), el PSOE ha subido en porcentaje de voto del 26% al 28% y se convierte en la primera fuerza política mientras el PP ha perdido la mitad del voto.

Las localidades más cercanas a las instalaciones nucleares no han castigado al Gobierno del PSOE, aunque la verdadera prueba llegará en las elecciones municipales del 26 de mayo. En las elecciones locales se verá hasta dónde ha llegado la inquietud de los más de 100 municipios que cobran ayudas por estar próximos a las centrales o a instalaciones de almacenamiento de residuos.

Más de 500 millones

El apagón nuclear que se anuncia no supondrá el fin inmediato de las subvenciones -cobran por aceptar los residuos en sus proximidades y los residuos seguirán ahí durante tiempo-, pero sí exigirá un examen de los conceptos y los resultados obtenidos. En los últimos 25 años los municipios situados en torno a las centrales han recibido más de 500 millones, impuestos al margen, según datos de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC).

Los municipios no cobran todos lo mismo, pero para todos, las ayudas que reciben cada año de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y de otras áreas de la Administración como el Ministerio de Interior, son más que una tabla de salvación del presupuesto anual. En muchos casos, permiten a sus habitantes disponer de servicios y atenciones impensables en otras localidades. Las ayudas se empezaron a repartir hace casi 30 años.

Los ayuntamientos que albergan centrales nucleares, agrupados en AMAC, creen que su cierre no tiene ninguna justificación. Consideran que sólo responde a una voluntad política. Por ello, defienden que sigan funcionando siempre que se garanticen todas las condiciones de seguridad, y si por motivos de gestión de residuos se hiciera insostenible la continuidad de su funcionamiento, exigen garantías reales para el futuro de las zonas.

Cierre escalonado

El Plan de Energía y Clima que el Ministerio de Transición Ecológica aprobado por el Gobierno Sánchez contempla un cierre escalonado de las instalaciones hasta el año 2035. Todas las centrales cumplen los 40 años entre 2023 y 2028, lo que quiere decir que algunas de ellas superarán esa edad en el momento del cierre. El acuerdo pactado con muchas dificultades entre las compañías eléctricas y la empresa pública Enresa prevé que el cierre comience en 2027, con Almaraz I. Terminará en septiembre de 2035, con la clausura de Trilllo.

El nuevo Gobierno que previsiblemente formará Sánchez tendrá que decidir qué sucede con el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar Cañas, hoy paralizado, y si mantiene la idea de frenar el proyecto de la compañía minera australiana Berkeley en Salamanca. En todo el proceso será crucial el papel del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recién renovado.

Sólo en el proyecto paralizado del almacén nuclear de Cuenca el CSN ha empleado 49.000 horas de sus técnicos. Tras cinco años, el ATC de Cuenca, paralizado, sólo cuenta con un informe favorable de emplazamiento del Consejo-son necesarios tres- y carece de declaración de impacto ambiental. La sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares, Enresa, sí concreta en sus informes lo que ha costado hasta ahora el proyecto fallido. Desde el año 2012, Enresa ha pagado o comprometido 42,8 millones de euros.

Fuente : Lainformacion

EH Bildu denuncia tres vertidos de material radiactivo en Garoña el pasado verano

EH Bildu ha solicitado explicaciones acerca de tres accidentes en la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sucedidos el pasado verano en los que, ha asegurado, se ha vertido material radiactivo.

Los accidentes, según ha explicado el parlamentario vasco Mikel Otero, se han producido durante labores de desmantelamiento de la central y han sido «ocultados hasta ahora, en una grave falta de transparencia que pone en solfa la labor de la comisión interinstitucional» que hace seguimiento de dicho proceso.

Concretamente, según la información del Consejo de Seguridad Nuclear citada por el grupo parlamentario, el primer accidente tuvo lugar el 20 de julio de 2018, cuando una fuente radiactiva que estaba siendo transportada se cayó al suelo y la cápsula de cesio-137, que estaba dentro, se salió del envase de plomo y el 2 de agosto hubo un vertido de 50 litros de lodo radiactivo, que también se volvió a verter quince días después en el tercer accidente.

Otero ha solicitado que comparezca en el Parlamento Vasco la comisión interinstitucional constituida en 2017 por el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y administraciones locales para hacer seguimiento del proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. «Ese órgano fue creado a propuesta de EH Bildu, pero su trabajo está en cuestión porque hasta ahora no hemos sabido que durante el pasado verano en Garoña hubo tres accidentes en los que se vertió material radiactivo», ha recalcado.

El parlamentario ha añadido que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha dado a conocer «hasta hace pocos días ninguna información al respecto» y es muy grave que la comisión integrada por las instituciones vascas tampoco supiera nada de esos accidentes.

En opinión del parlamentario de EH Bildu, «es muy preocupante la nula transparencia con que se está desmantelando Garoña y está claro que la actividad de la comisión interinstitucional no está sirviendo para acabar con la opacidad».

fuente: Burgosconecta