El CSN informa desfavorablemente sobre la planta de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca)
El motivo de la decisión adoptada se apoya en la escasa «fiabilidad» y en las «elevadas incertidumbres» de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado desfavorablemente, este lunes, ante la solicitud presentada por Berkeley Minera España (BME) sobre la autorización de construcción planta de fabricación de concentrados de uranio en el municipio de Retortillo (Salamanca).
El resultado de la votación ha sido de cuatro votos favorables a la Propuesta de Dictamen Técnico elaborada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica y uno en contra, correspondiente al consejero Javier Dies.
Dicho consejero, de acuerdo al artículo 34 del Estatuto del CSN, ha anunciado que emitirá un voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, según han informado desde el Consejo de Seguridad Nuclear.
Escasa «fiabilidad» y «elevadas incertidumbres»
El dictamen técnico será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el motivo de la decisión adoptada se apoya en la escasa «fiabilidad» y en las «elevadas incertidumbres» de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, de los que depende la verificación del comportamiento adecuado de diversos parámetros del proyecto.
Las «deficiencias técnicas» detectadas en la evaluación se refieren principalmente al almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de muy baja actividad, que forma parte de la instalación radiactiva de primera categoría.
Desde un punto de vista regulador, la información aportada no permite acotar la capacidad efectiva de aislamiento de las barreras que BME propone para envolver los residuos, y consecuentemente tampoco la capacidad de minimizar las concentraciones esperadas de radionúclidos en las potenciales zonas de descarga.
Numerosas deficiencias
Las evaluaciones realizadas sobre la documentaciónque acompaña a la solicitud de autorización de la instalación han detectado «numerosas deficiencias» a lo largo de la evaluación, lo que ha requerido el mantenimiento de muchas reuniones técnicas con el titular, así como numerosas peticiones de información adicional, además de la elaboración de una gran cantidad de informes y notas de evaluación, y de la revisión completa de la documentación por parte del titular, con objeto de integrar y dar coherencia a la información generada sobre el proyecto.
La evaluación de los informes de la solicitud de autorización de construcción ha implicado a 11 áreas técnicas de ambas direcciones técnicas del CSN, que han abordado los temas de su competencia.
Ecologistas en Acción recuerda al respecto que la Comisión Europea le ha requerido el examen de los conejos en reiteradas ocasiones desde 2010, la última vez en 2019, tras la inspección realizada en el verano de ese año a los avances realizados para descontaminar el suelo con plutonio en la pedanía cuevana.
Detectan radiación en 72 de 107 muestras de Palomares tras reanudar mediciones de plutonio
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reanudado la medición de plutonio en el área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica ambiental de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis ha dado como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.
Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y hasta el pasado mes de noviembre, se han recogido y se han tratado 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.
El informe preceptivo remitido a finales de diciembre a la CE por el regulador atómico español, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que estos 107 análisis han dado como resultado la identificación de «72 emisores alfa», si bien precisa que solo se ha completado la medición de 25 para «determinar» la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.
El CSN reconoció ante los integrantes de la misión de verificación europea que visitó Palomares en junio de 2019 que el laboratorio radioanalítico del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) «no tenía capacidad» para medir el plutonio y que sólo se estaba monitoreando el americio.
Aludió a diferentes motivos, entre ellos, obras de mejora en las instalaciones, pero también a «retrasos en la adquisición de un detector gamma para sustituir a un dispositivo averiado por los recortes presupuestarios» y a la «falta de técnicos de laboratorio por retrasos» en el proceso de contratación.
Al tiempo, el regulador atómico comunicó a los verificadores europeos que su «intención» era reanudar la espectometría alfa para medir el plutonio a lo largo del año 2020.
Posteriomente, y a raíz de esta visita, la CE requirió a España para que, «lo antes posible», diera cumplimiento a esa previsión, recuperase la capacidad de medir este emisor alfa, y le informarse antes de que acabase el pasado año de los avances realizados en este sentido.
No obstante, pese a esta observación, los técnicos europeos remarcaron que el sistema de monitorización de la radiactividad en el aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en la zona donde cayeron las cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire de dos aviones de EEUU en 1966 se ajusta al Tratado Euratom, es «adecuado» y funciona «de manera eficiente».
MUESTRAS EN CONEJOS
En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, ha previsto la «recogida y análisis anual» de muestras de carne de conejo recogidas en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo.
Hasta ahora, el regulador atómico había argumentado que tenía «dificultades para obtener las muestras» ante las recomendaciones realizadas desde Europa para que se ampliase el programa de vigilancia radiológica y se incluyese la carne de conejo con el objetivo de «mejorar la estimación de exposición a las radiaciones»,
La posición ha cambiado por lo que traslada que, en los últimos meses de 2020, se han obtenido muestras, «congeladas» en Palomares a la espera de su transporte a los laboratorios del Ciemat en Madrid para su procesamiento.
Detalla, asimismo, que para llevar a cabo este trabajo ha solicitado el «obligatorio permiso de caza» a la Junta de Andalucía y que se ha contactado con un cazador local «con arma y licencia» reglamentaria, que ha colaborado de forma «voluntaria y altruista».
ESPAÑA DEBERÁ INFORMAR ANTES DE FINALES DE 2021 SOBRE EL PLAN PARA LIMPIAR LA RADIACTIVIDAD
El próximo plazo a cumplir por España en relación a Palomares expira a finales de 2021 cuando deberá informar a la Comisión Europea de los «progresos» alcanzados respecto al plan de limpieza «definitivo» de las 40 hectáreas contaminadas por el que se debe «eliminar» el suelo contaminado para su «deposito de forma segura» en un almacenamiento «a largo plazo».
La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra «para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico» en especial en las zonas 2,3 y 6 «teniendo en cuenta la muy larga vida media» de los «contaminantes» allí presentes.
Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba «una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año».
La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunicó en su informe que no se ha descontaminado «ninguna» de las áreas afectadas y aludía a que las autoridades españolas tenían «toda actividad paralizada» respecto a esta situación a la espera de un «acuerdo vinculante» con EEUU.
España sostiene que para «la solución final» al «problema» del área bajo vigilancia radiológica es «primordial» el acuerdo con EEUU ya que «no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza».
A raíz de esto, la comisión solicitó a las autoridades españolas que informasen sobre los avances en el plan de rehabilitación «final» de las áreas contaminadas con plutonio en Palomares antes del finales de 2021 y avisó de que, de acuerdo a lo que se informe, podría considera la «necesidad» de una nueva misión de verificación para medir el grado de cumplimiento de esta recomendación.
Palomares o cómo no creer a un régimen dictatorial
Entre los legajos norteamericanos cuya desclasificación obtuvo el investigador, Moreno se topó con el acuerdo suscrito bajo el mandato de José María Aznar en 1997 que no fue hecho público y del que la prensa española “no escribió ni una sola línea“, aunque concuerda con la política española en este asunto que caracteriza como de “transparencia nula” .
La central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha notificado esta madrugada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un segundo incidente, en este caso un incendio en el transformador principal con una duración de más de diez minutos que se registraba cuando la instalación ya estaba en parada para la reparación de una válvula del sistema de refrigeración.
La hora de inicio de prealerta de este segundo suceso se sitúa en aproximadamente las 2.30 de la madrugada y la de finalización sobre las 3.45, hecho que se producía cuando la misma estaba en parada fría. En ningún momento ha habido riesgo ni para las personas ni para el medio ambiente, según han confirmado a Europa Press fuentes de la instalación.
En suceso está en estudio y pendiente de clasificación en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).
En menos de doce horas han sido notificados dos sucesos en la central nuclear de Trillo, una planta que acumulaba ya trece años consecutivos sin paradas no programadas. Este martes, la central notificaba al CSN la parada no programada de la planta para la reparación de la válvula de cierre rápido del lazo 30 del sistema de refrigeración de componentes nucleares.
Hace dos semanas se presentó en el comité de información de la planta nuclear que en 2019 se llevaron a cabo 19 inspecciones, 17 del Plan Básico de Inspección, una de seguridad física y otra suplementaria de grado 1, sin que de ninguna de ellas derivara en apercibimientos o propuestas de sanción al titular.
Asimismo, señaló que desde el CSN no se apercibió ni se realizó ninguna propuesta de expediente sancionador al titular de la instalación y que durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha confirmado que los controles han continuado.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido a Berkeley la renovación de la autorización inicial de la planta de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca) como instalación radiactiva, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En bolsa, la compañía ha llegado a dispararse hasta un 15,9%, pero al cierre ha amainado las subidas hasta un 1,85%.
Esta renovación sigue a la del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del pasado mes de julio, que informó favorablemente de la solicitud presentada por Berkeley para la renovación de la autorización previa de la planta y consideró que las circunstancias y características de la planta de concentrado de uranio son las mismas que se recogen en la autorización previa emitida en 2015.
La semana pasada, el Tribunal Supremo confirmó, además, la legalidad de la autorización previa para el desarrollo de la planta de concentrados de uranio en Salamanca.
El Alto Tribunal desestimó así el recurso de casación planteado por Foro de izquierdas-Los verdes y Adeco Ecologistas en Acción contra la autorización que había conseguido para esta mina, confirmando una sentencia previa de la Audiencia Nacional.
La compañía ha asegurado que sigue colaborando con las autoridades competentes en el proceso de aprobación de la mina de Salamanca y mantendrá al mercado plenamente informado sobre cualquier aspecto relacionado con la planta.
Noticias anteriores sobre la minera especulativa Berkeley:
Después de varias décadas de lucha ecologista y de partidos de izquierda por la clausura del cementerio nuclear, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos lo va a ampliar
El Cabril es el único cementerio nuclear que existe en España y siempre se ha mentido sobre su existencia. Lo construyó ‘clandestinamente’ Franco en 1961 y medio siglo después, en 2021, va a ser un Gobierno «socialcomunista», como lo llaman en la oposición, el que va a ampliar su capacidad; en contra de todas las promesas, propuestas y resoluciones que han aprobado desde hace años los partidos de la coalición gubernamental, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Por mucho que se busque, no se encontrará nada igual, un engaño que comienza con Franco y que lo continúa muchos años después el presidente que lo ha sacado de su tumba, Pedro Sánchez. Eso es El Cabril, y los restos que allí se han ido depositando seguirán allí varios siglos después de que estas mentiras, estos dirigentes, nuestras sociedades podamos recordar siquiera cómo fue posible que en España se decidiera abrir un cementerio nuclear en mitad de una sierra, el corazón de Sierra Morena, con las dificultades que conlleva para el transporte de los bidones nucleares, a solo cincuenta kilómetros de un núcleo de población, Hornachuelos, y, por si fuera poco, en una zona con un reconocido riesgo sísmico.
Como se puede imaginar, una conjunción de despropósitos como esa, pisoteando toda prudencia de seguridad de las personas y del medio ambiente, solo es posible concebirla en un régimen dictatorial como el de Francisco Franco y en una región, como la de Andalucía, maltratada por la planificación económica del general en favor de otras regiones, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, por mucho que luego, irónicamente, los nacionalistas de ambas comunidades se presenten como adalides de lo contrario.
Tanta fue la desconsideración hacia esas gentes de Sierra Morena que, con el sigilo absoluto de un gran secreto de Estado, a El Cabril se comienzan a llevar residuos nucleares en 1961, aprovechando una mina de uranio que estaba abandonada. Se van apilando los barriles nucleares durante años hasta que en 1975 se decide darle una cierta formalidad a aquello y se produce la primera aprobación administrativa para convertirlo, formalmente, en cementerio nuclear. Pero tampoco entonces se comunica nada a la población, todo se mantiene en secreto hasta que lo descubre un periodista de Córdoba, Sebastián Cuevas, ya fallecido. Junto al fotógrafo José Manuel de la Fuente, publican una información, en octubre de 1976, en la que prueban la existencia de ese ‘cementerio nuclear’ clandestino, hasta entonces desconocido por todo el mundo.
¿Y qué pasa cuando se descubre públicamente la atrocidad de estar acumulando residuos nucleares en una mina abandonada? ¿Cómo actúa la democracia? Pues, sin clausurar nada, lo que se hace es dotar de legalidad a la ilegalidad. Hasta 1983 no se aprueba la creación de un organismo público que se hiciera cargo de estas cuestiones, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), con el cometido principal de regularizar la existencia del único cementerio nuclear de España. Sobre la antigua mina de uranio se van edificando instalaciones y, cuando ya se ha adecentado todo, se inaugura formalmente el cementerio nuclear del El Cabril en octubre de 1992. ¿Alguien da más para el ‘ranking’ de chapuzas a la española? Treinta años después de que comenzaran a llegar barriles radiactivos, se inaugura el cementerio. Ocurre, sin embargo, que la legalización de aquellas instalaciones lo que no puede cambiar, ni modificar, es el entorno en el que se encuentra el Cabril ni el riesgo que entraña.
Desde los primeros años de la democracia, todas las organizaciones ecologistas y la mayoría de los partidos políticos, fundamentalmente de izquierda, han repetido los mismos argumentos: «El cementerio nuclear de El Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la península ibérica, muy alejado de la mayoría de instalaciones, nucleares y radiactivas existentes en España. Está en una zona colindante al Parque Natural Sierra de Hornachuelos, reserva de la Biosfera de la UNESCO, geográficamente dentro de la cuenca del río Bembézar, en terrenos geológicamente inestables y sísmicos, con importantes acuíferos y aguas subterráneas en la Sierra Albarrana. Además de los riesgos asociados a la alta sismicidad, existe un peligro asociado por los transportes nucleares terrestres de residuos a lo largo de su recorrido hasta esas instalaciones por carreteras sinuosas». Por el contrario, en Enresa, cada vez que surge la polémica, insisten en que, en la actualidad, ‘el Centro de Almacenamiento de El Cabril’, como se denomina evitando cualquier referencia radiactiva, cuenta con modernas instalaciones, preparadas para resistir cualquier incidente sísmico y dotadas de las mayores medidas de seguridad.
En el Parlamento de Andalucía, desde los años 80, se pueden encontrar sucesivas declaraciones o mociones en las que se exige la inmediata clausura del cementerio nuclear de El Cabril. La protesta ha llegado también al Parlamento Europeo, convencidos de que en Europa se respaldaría la clausura del almacén de residuos radiactivos. Pero nada, hasta que ha llegado al Gobierno de España una coalición de partidos de izquierda bajo la que, como esperaban las organizaciones ecologistas, se iba a decretar lo que ellos mismos llevan tanto tiempo reclamando. Pero no, y esa ha sido la sorpresa. Ha sido, precisamente, una senadora de la coalición de partidos con la que Podemos se presentó en las últimas elecciones en Andalucía la que ha ‘destapado’ el nuevo secreto que se ocultaba: El Cabril no solo no se va a clausurar, sino que se va a ampliar, quizá al doble de su capacidad. Pilar González, la senadora de Primavera Andaluza, es la que le dirigió la pregunta en el Senado a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: «Claro que me siento decepcionada porque tenía confianza en que un Gobierno de izquierda, progresista y ecologista, iba a actuar de otra forma», dijo la senadora en ‘Canal Sur Radio’. Y añadió: «Y no estoy decepcionada como andalucista, porque este Gobierno no lo es, sino por los mensajes progresistas de ‘no dejemos a nadie atrás’, ‘la vida en el centro’ que yo también comparto… Luego, cuando lo que se hace es lo contrario de lo que se dice, es la mejor definición de un político». Pues eso.
En la mañana del 17 de enero de 1966 se produjo sobre Palomares (pedanía del municipio de Cuevas del Almanzora en la provincia de Almería), la colisión accidental de dos aeronaves (bombardero B-52 y avión nodriza KC-135) pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos durante una operación rutinaria de repostaje en vuelo.
Los cuatro tripulantes del avión-nodriza y tres del bombardero perecieron en la explosión y sobrevivieron cuatro oficiales del bombardero. Ambas aeronaves quedaron completamente destruidas y sus restos de distintos tamaños se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar de la zona, entre ellos cuatro ingenios termonucleares que se transportaban en el bombardero.
Dos de ellos cayeron sobre el cauce del río Almanzora (bomba nº 1, denominación que atiende al orden en que se localizaron las bombas) y el mar Mediterráneo (nº 4), a 9 km de la costa, sin daños apreciables ni consecuencias radiológicas, por la acción de sus paracaídas.
La bomba nº 2 impactó a gran velocidad (sus paracaídas se quemaron en la explosión) contra el suelo de un valle situado al oeste de Palomares, causando la detonación del explosivo convencional que volatilizó el Plutonio contenido en la bomba y se incendió, dispersándose en el aire y contaminando amplias extensiones de terreno incluso a cierta distancia del punto de impacto.
La bomba nº 3 impactó con menos violencia contra el suelo de una parcela muy próxima al casco urbano de Palomares y sólo detonó parte del explosivo convencional, produciéndose la fragmentación de la bomba y volatilización sin incendio de una fracción del Plutonio que contenía, lo que causó su dispersión en un área más limitada.
Seguidamente se iniciaron los trabajos de remedio sobre los materiales más contaminados (fundamentalmente suelo superficial y cosechas), empleándose más de 740 personas, de las cuales 600 fueron de las Fuerzas Aéreas Americanas, casi 100 vehículos y más de 20 máquinas pesadas. Los criterios para decidir qué material estaba contaminado fueron acordados con los técnicos de la Junta de Energía Nuclear (JEN) (actual CIEMAT) y como resultado, un volumen aproximado de 1.000 m3 de residuos radiactivos contenidos en 4.829 bidones fueron transportados por mar a Estados Unidos, donde quedaron depositados definitivamente en Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur, EEUU) el 8 de abril de 1966.
Pero en el suelo de Palomares quedaban más de 9 kilos de plutonio esparcidos en torno a los lugares donde cayeron las bombas.
Pero no fue hasta 2010 cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró una propuesta preliminar del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) basada en la caracterización radiológica tridimensional. Tenía un plazo de ejecución de las operaciones de rehabilitación de tres años. Han pasado 10 desde entonces, incluso con una modificación de la superficie en 2015, en un proyecto que quedaría en un cajón debido a sus carencias burocráticas, en él, la limpieza se reducía de 50.000 metros cúbicos a tan solo 28.000.
Pero hace escasos días, y tras petición de la Audiencia Nacional, el CSN tuvo que hacer público el plan completo al que ha tenido acceso Diario de Almería. En él se establecen todos los pasos de limpieza, y se agrega cuantía económica, esta se establece en torno a los 27 millones de euros, eso sí, sin contar su transporte transfronterizo, almacenamientos transitorios, si los hubiere y almacenamiento final. De acuerdo con las prioridades de actuación, los trabajos comienzan con la delimitación del área donde se va a efectuar la extracción de las tierras.
Presupuesto del Plan de Rehabilitación de 2020. / CSN
Los materiales extraídos en las zonas 2, 2-bis y 3 se transportarán hasta la planta de tratamiento en húmedo que se instalará en la zona 2, en tanto que los materiales extraídos en la zona 6 se tratarán en seco en la planta que se instale en esta zona. En la salida de cada uno de los productos separados de acuerdo con su tamaño de grano se dispondrá un sistema de medida de radiaciones que permita determinar con suficiente fiabilidad la concentración de actividad de 241Am en el material, actuando sobre un sistema de segregación que separará las tierras convencionales de las tierras contaminadas con niveles superiores al criterio de restricción parcial de uso establecidos por el CSN.
Las tierras tratadas con concentraciones de actividad de 241Am > 1 Bq/g se considerarán tierras afectadas y el sistema de segregación los depositará en contenedores de 1 m3 de capacidad adecuados para su transporte.
Una vez completada su capacidad de carga, cada contenedor se cerrará. La actividad total en cada contenedor se determinará a partir de los datos registrados en el sistema de medida en continuo y servirá para documentar su contenido. Seguidamente, los contenedores completos con tierras tratadas de las zonas 2, 2-bis y 3 se trasladarán a un almacén temporal construido en la zona 2 donde se clasificarán por su procedencia y actividad contenida. Los contenedores que contengan tierras afectadas de la zona 6 se gestionarán directamente desde la misma sin pasar por el almacén de la zona 2.
Los contenedores que contengan mayor actividad y en particular todos los que contengan una concentración de actividad de 241Am > 5 Bq/g, serán considerados como residuos radiactivos y serán expedidos en transporte ADR en un plazo no superior a dos semanas desde su ubicación en el almacén temporal de la zona 2 o en la zona 6.
Al finalizar la intervención se efectuará un control radiológico final con objeto de verificar la consecución de los objetivos y establecer, si fuera el caso, los condicionados de uso de los terrenos bajo un escenario recreativo.
La extracción de las tierras se realizará con excavadoras de palas pequeñas, del orden de 1 m3 de capacidad, que permitirán ajustar los volúmenes excavados a los previstos. La maquinaria para el transporte desde la zona de extracción hasta la instalación de tratamiento deberá estar provista de volquetes cubiertos, de 10 m3 para facilitar su maniobra.
Aparte de estos medios mecánicos también se prevé la extracción con medios basados en la aspiración del suelo en las parcelas de difícil acceso que hayan permanecido inalteradas desde 1966 donde la contaminación se presenta en los primeros cm de suelo
El material extraído se transportará hasta la zona de carga de las plantas de tratamiento donde se procesará inmediatamente. Una vez extraído todo el material previsto en el área, se procederá a una inspección radiológica de los terrenos superficiales (suelo y paredes laterales) que certifique que se ha alcanzado el objetivo de la intervención. Si no es así, se indicarán las partes por donde debe proseguirse la excavación hasta lograrlo. La maquinaria no debe salir de la zona de intervención hasta finalizar los trabajos en la misma.
La segregación de las tierras procesadas se efectuará con ayuda de equipos de medida de la concentración de actividad de 241Am que funcionarán en continuo durante los procesos de producción y sin comprometer sus rendimientos.
Una vez lleno cada contenedor con tierras afectadas, se cerrará de modo que se evite la dispersión de su contenido, se anotarán sus datos de documentación (en particular la concentración de actividad contenida), y se trasladarán al almacén temporal de contenedores llenos de la Zona 2. Los contenedores llenos de tierras afectadas en la Zona 6 se trasladarán mediante transporte ADR al almacén temporal de la Zona 2.
La carga de los contenedores de residuos radiactivos en los camiones se efectuará desde el muelle construido a tal efecto en la zona 2 con ayuda de palés y toros mecánicos. Los camiones deberán tener una capacidad mínima de 15 m3 que le permita alojar entre 10 y 12 contenedores. Considerando de nuevo que se espera producir diariamente entre 20 y 40 contenedores de residuos radiactivos, se estima que se precisarán entre 20 y 30 transportes pesados ADR cada semana.
Una vez concluida la extracción de las tierras en un área de actuación, verificados que los niveles de contaminación remanentes en todas las superficies producidas están por debajo de los criterios establecidos yrecogidas las muestras de suelo para acreditar el estado en que se deja esa actuación en particular, se autorizará el relleno de la zanja preferentemente con los residuos convencionales generados en el tratamiento de tierras de la misma parcela y que se habrán depositado en el parque limpio de la zona 2.En el caso que los datos obtenidos de las medidas no puedan asegurar el límite de dosis para los miembros de público, se contemplará la posibilidad de nuevas actuaciones sobre el terreno, y se establecerán restricciones de uso o controles administrativos necesarios en esas zonas para garantizar el cumplimiento de los límites de dosis a miembros de público. Una vez finalizada la intervención en cada una de las zonas se realizará un control radiológico final que se basará en las medidas efectuadas en las excavaciones practicadas para verificar los niveles radiológicos que se dejan y en el análisis de las muestras de tierras recogidas en esta verificación.
Tres riesgos de radiación al que deberán hacer frente los ‘limpiadores’ del terreno
Durante el desarrollo de las actividades previstas en el PRP existirán diversos riesgos radiológicos: Contaminación interna, debido a la resuspensión de partículas en el aire; contaminación superficial, debido al depósito de partículas en la piel de las personas; Irradiación externa, debido a la tasa de dosis producida por la actividad en la superficie de los terrenos. El riesgo de contaminación interna es con diferencia el más importante y se reducirá en lo posible mediante la adecuada planificación y ejecución de las tareas de modo que se evite la producción de polvo, controlando continuamente la concentración de actividad en aire y, en caso necesario, dotando a los trabajadores expuestos de la protección respiratoria que sea adecuada. Se evitará la dispersión de la contaminación fuera de las áreas de trabajo, para lo cual se dispondrá si es preciso de recintos cerrados que impidan la salida de la contaminación.
El riesgo de contaminación externa se controlará en los accesos a las zonas de trabajo mediante monitores adecuados y estableciendo protocolos de limpieza superficial que aseguren que las personas, ropas y enseres no presenten contaminaciones superficiales superiores a los niveles establecidos. El riesgo de irradiación externa es muy bajo incluso en las áreas con mayor contaminación superficial. No obstante, será controlado continuamente durante las operaciones mediante monitores de radiación y mensualmente mediante dosímetros personales oficiales.
Las exposiciones eventualmente recibidas por los trabajadores expuestos serán controladas mediante controles de dosimetría externa e interna efectuados por laboratorios de dosimetría debidamente acreditados ante el CSN.
Durante los años sesenta y setenta, España se nucleariza. A pesar de estar excluidos del Plan Marshall a causa de la dictadura franquista, el estado recibió algo de ayuda de EE.UU.
En este paquete se encontraban los reactores nucleares experimentales para las escuelas de ingenieros y la formación técnica para los titulados.
Además del Arbi de Bilbao, el mismo año 1962 se inauguraba el reactor Argos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.
Los tres reactores experimentales en cuestión se instalaron en los años sesenta y setenta en virtud de un tratado suscrito con Estados Unidos en 1957, por el que España recibió el uranio enriquecido para usarlo en investigaciones civiles.
TEXTO DEL BOE
Mediante Orden Ministerial de 14 de mayo de 2002 se otorgó a los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales (LABEIN), autorización de desmantelamiento del reactor nuclear experimental ARBI, situado en Bilbao. Una vez concluidas las operaciones de descontaminación y desmantelamiento, la entidad Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales solicitó, mediante escrito de 21 de febrero de 2005, la declaración de clausura del reactor, acompañando a la solicitud la documentación requerida en la Orden Ministerial que autorizó el desmantelamiento. Vistos la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear, el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre y la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, modificada por la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear. Cumplidos los trámites ordenados por las disposiciones vigentes, a propuesta de la Dirección General de Política Energética y Minas y de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, este Ministerio ha resuelto:
Uno.-Declarar la clausura del reactor nuclear experimental ARBI de los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales de Bilbao.
Dos.-El titular podrá disponer de la sala donde se ubicaba el reactor sin restricción alguna de tipo radiológico. Tres.-Toda la información referente a la vida operacional del reactor, así como la correspondiente a las actividades de desmantelamiento y clausura del mismo, deberá permanecer bajo custodia de los Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales (LABEIN), durante, al menos, cinco años desde la fecha de la presente Orden Ministerial.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de junio de 2005.-El Ministro, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre; B.O.E. del 6), el Secretario General de Energía, Antonio Fernández Segura.
Sr. Director General de Política Energética y Minas.
Miembros de la CE visitaron la zona en junio para comprobar si se habían puesto en práctica las recomendaciones de 2010
La Comisión Europea (CE) considera que los «niveles de contaminación con plutonio» del «aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas» en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora son «aceptables» y que España ha realizado una «puesta en práctica efectiva» de «todas las recomendaciones» que se le hicieron hace nueve años «excepto la rehabilitación del terreno», pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con Estados Unidos.
Así se desprende de las conclusiones iniciales alcanzadas por los integrantes de la misión de verificación que cursó visita a la zona en el mes de junio para comprobar ‘in situ’ si se habían puesto en práctica las recomendaciones que Bruselas efectuó en 2010 tras otra misión y para «una adecuada gestión y limpieza» del área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.
La CE también se pronuncia respecto a los contenedores en los que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas ha reconocido se almacenan seis toneladas de material radioactivo que se han estado enviando a la zona desde desde 2011 y no considera que «afecten a la situación existente de exposición» radiológica en Palomares.
Tanto posibles irregularidades en torno a estos traslados como la «inacción» del Gobierno son objeto de un procedimiento contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en la que Ecologistas en Acción solicita, en última instancia, que se obligue al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que fije plazo para la ejecución del Plan de Rehabilitación para la zona aprobado en 2010.
En su respuesta a una petición elevada a la comisión por el colectivo conservacionista, la CE informa del equipo que se desplazó hasta Palomares el pasado mes de junio «verificó» las instalaciones de seguimiento de radioactividad dentro y fuera de los emplazamientos, las restricciones de acceso, las medidas sobre información pública y los laboratorios asociados gestionados por el Ciemat.
«Las actividades de verificación mostraron que las instalaciones necesitan llevar a cabo un seguimiento continúo de los niveles de contaminación con plutonio del aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en el lugar de accidente en Palomares», explica para remarcar que «estos niveles son aceptables y que las instalaciones están operativas y funcionan de manera eficiente».
El escrito informa, asimismo, de que la misión también verificó la puesta en marcha «efectiva» de las recomendaciones efectuadas en 2010 y comprobó que «todas se habían llevado a cabo» si bien no la «recomendación relativa a la rehabilitación del terreno contaminado» ya que, según matiza, «está pendiente de la celebración de un acuerdo vinculante con los EEUU».
En este sentido, en el marco del procedimiento ante la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado ha admitido la «imposibilidad» tanto de poner en marcha «actualmente» la rehabilitación de los terrenos contaminados como de «fijar un plazo» para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter «preliminar».
Ha reconocido que la «ayuda» de EEUU para la gestión de los residuos radiactivos generados por la restauración de terrenos contaminados es de «importancia primordial para dar solución definitiva a este problema», ya que España «no tiene instalaciones para el almacenamiento definitivo de estos materiales contaminados con plutonio».
Ha afirmado, asimismo, que con la expropiación de tierras y el vallado que acota las 40 hectáreas bajo vigilancia se «garantiza que actualmente no se supera la dosis» legal y que la actividad radiactiva en el exterior del vallado «tiene valores de concentración que no ha requerido establecer restricciones ya que su impacto radiológico no se considera significativo».
España deberá informar antes de 2020 sobre los «progresos»
La CE avanza, asimismo, que el equipo realizó algunas recomendaciones y sugerencias aunque no precisa cuáles a la espera de la redacción del informe completo. Sí revela, en cambio, que pedirá a España que «presente antes de finales de 2020» un informe de los «progresos realizados» para la neutralización de la contaminación.
En concreto, el informe deberá especificar «cómo se han aplicado las recomendaciones del equipo de verificación» y «cualquier cambio significativo en los sistemas de seguimiento establecidos». «La Comisión se basará en el mencionado informe para considerar la necesidad de llevar a cabo una verificación de seguimiento en España», señala.
Por otro lado, para Bruselas, en contra de lo que sostienen desde Ecologistas en Acción tanto en Europa como ante la Audiencia Nacional, los contenedores objeto de la polémica «no almacenan residuos, sino que se utilizan para almacenar muestras y contienen muestras ambientales antiguas que se extrajeron» de los suelos de Palomares.
Subraya que la misión de verificación «investigó» el almacén de muestras en el laboratorio del Ciemat en Madrid y que concluyó que «esos contenedores son parte del almacén principal» donde se «han devuelto el resto de las muestras del terreno de Palomares». «La Comisión no considera que estos contenedores de almacenamiento afecten a la situación existente de exposición en Palomares», finaliza.
Ecologistas en Acción pidió en marzo a la CE que el transporte de material, que se hizo público a finales de 2018 y que fue reconocido a posteriori por el Ciemat, fuera incluido entre las tareas a realizar por la misión de verificación de la Eurocámara.
El escrito dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo indicaba que el transporte «clandestino» de un total de 156 cajas con 1.466 kilos de material radioactivo es un «nuevo suma y sigue en una tropelía que afecta a los pilares de la economía de la zona, basada en la agricultura y en el turismo, y, lo más grave, es que afecta a la ya maltrecha dignidad de lo palomareños». Así, solicitaba que «inspeccione, investigue y haga público» el inventario del contenido de esos contenedores, su caracterización radiológica y actividad total.
El colectivo, impulsor de la queja que dio lugar a que la Eurocámara se implicase en la situación de Palomares, pidió también que «constate si se han incumplido o no» los requisitos que marca la legislación europea en su almacenamiento y transporte, y que interpelase al Gobierno sobre «cuándo tiene previsto emprender la descontaminación unilateral de la zona según los criterios radiológicos establecidos en el Plan de Rehabilitación de 2010″.
Un estudio del instituto de investigación económica DIW Berlin afirma que la inversión en una nueva planta de energía nuclear de 1GW conduce a pérdidas medias de aproximadamente 4.800 millones de euros. Además, argumenta que las peligrosas emisiones de radioactividad de la tecnología y los riesgos de proliferación de material armamentístico y la liberación de radiación, como los accidentes en Harrisburg (1977), Chernobyl (1986) y Fukushima (2011) muestran, no la califican como una solución de energía «limpia» a tener en cuenta a la hora de hacer frente al cambio climático. Aun así, los gobiernos están incorporando la tecnología en sus planes de energía limpia en todo el mundo.
«El mito de la energía nuclear como una alternativa respetuosa con el clima a las fuentes de energía fósiles se derrumba por completo», dice Christian von Hirschhausen, coautor del estudio. Numerosos estudios científicos ya han demostrado que ninguna de las más de 600 centrales nucleares construidas hasta la fecha en el mundo ha sido competitiva: han funcionado y continuarán operando durante muchos años solo porque los gobiernos las han subsidiado de forma generalizada.
Los analistas de DIW Berlín han realizado un estudio de las 674 plantas nucleares que se han construido para demostrar que los intereses económicos privados no fueron el motivo, sino que fueron impulsados por intereses militares. “La energía nuclear nunca fue diseñada para la generación de electricidad comercial; estaba dirigido a las armas nucleares. Es por eso que la electricidad nuclear ha sido y seguirá siendo antieconómica», dice Von Hirschhausen.
La rentabilidad de las inversiones en centrales nucleares se determinó mediante un modelo de negocio que se basa en una variedad de factores que incluyen el costo mayorista de la electricidad (20-80 euros / MWh), los costos específicos de inversión (4.000-9.000 euros / kW) y el costo promedio ponderado del capital (4-10%). Y la conclusión es que cada central nuclear construida hoy tiene un valor actual neto negativo, y genera una pérdida media de 4.800 millones de euros. “Bajo ninguna circunstancia realista, una central nuclear puede mostrar un valor presente neto positivo, en el mejor de los casos, una pérdida de 1.500 millones de euros, y en el peor, la pérdida ascendería a los 8.900 millones”, dice el informe.
El estudio señala que es probable que las pocas inversiones actuales en centrales nucleares en Europa y países de la OCDE produzcan pérdidas de decenas de miles de millones en un futuro.
El costo de la central nuclear Olkiluoto-3 en Finlandia aumentó de una estimación inicial de 3.000 millones de euros (1995) a más de 11.000 millones de euros. Esto corresponde, a partir de 2018, a unos 7200 euros por kW (ver gráfico a continuación).
En Francia, después de aumentos importantes de los costos e informes periódicos sobre la falta de seguridad del reactor, se cuestiona todo el programa de expansión nuclear de Electricité de France (EdF). Además, las altas deudas del grupo (más de 40.000 millones de euros) deberían llevar a una completa nacionalización si se quiere evitar la quiebra.
De los dos proyectos de inversión en los EEUU, uno fue abandonado después de doblar el costo (UC Summers, Virginia). En el otro (Vogtle, Georgia), el costo aumentó de los 14.000 millones iniciales, equivalentes a aproximadamente 6.200 $ el kW, a una cantidad estimada de 29.000 millones en 2013, equivalente a aproximadamente 9.400 $ por kW en 2013.
“No va a ser rentable invertir en energía nuclear en el futuro, ni en nuevas centrales nucleares ni en la extensión de las existentes. Teniendo en cuenta que la energía nuclear es absolutamente insegura, el mito de la alternativa amigable con el clima a los combustibles fósiles está completamente agotado en sí mismo», dice Von Hirschhausen.
En cuanto a la extensión de la vida de las centrales nucleares, el informe es claro: “En todo el mundo, se discute la extensión de la madurez de los reactores antiguos de 40 a 50 o hasta 80 años. Dado que las plantas de energía nuclear están diseñadas para un tiempo de funcionamiento de 30 o 40 años, esto conlleva una considerable tensión y fatiga del material, y por lo tanto aumenta considerablemente el riesgo de accidentes”. Como ejemplos, DWI señala como reactores problemáticos Tihange (Bélgica) y Fessenheim (Francia), y la central nuclear de Dukovany en Eslovaquia, ubicada a 100 kilómetros al norte de Viena, también es motivo de preocupación.
Yendo más allá de la falta de sostenibilidad económica´y los riesgos que entraña, el informe continúa socavando aún más los debates y políticas internacionales que apoyan la energía nuclear como parte de las estrategias de acción climática. » La energía nuclear no es de ninguna manera limpia. Su radioactividad pondrá en peligro a los humanos y al mundo natural durante más de un millón de años «, añade Von Hirschhausen.
La energía nuclear, según dice el informe, no es de ninguna manera una tecnología libre de CO2 que tenga en cuenta el ciclo de vida completo (construcción, operación, desmantelamiento, extracción de uranio, producción de combustible). Un metaestudio estima una media de emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales nucleares de 66 gramos de CO2 equivalente por kWh. Esto equivale a aproximadamente el 20% de las emisiones de una central eléctrica de gas.
El informe llama la atención a la Agencia Internacional de Energía por sugerir recientemente que la energía nuclear es un sistema de energía limpia y por alentar los subsidios a la tecnología y sus proveedores. Las políticas y los marcos en todo el mundo han incorporado la energía nuclear al mix de generación futura de energía. El Paquete de Energía Limpia de la UE, construido para respaldar la protección del clima, contiene extensiones de vida útil para varias plantas nucleares y también recomienda la construcción de más de 100 plantas nuevas antes de 2050.
«La idea de combatir el cambio climático con la energía nuclear no es nueva, pero mostramos lo equivocada y engañosa que es», explica la experta en energía y autora del estudio, Claudia Kemfert. «También debemos tener en cuenta que las facturas comerciales que hemos tomado también están causando costos horrendos a cargo de la comunidad, por ejemplo, para almacenar desechos nucleares».
La energia nuclear en España 