El informe más demoledor contra la energía nuclear: ni es limpia ni económicamente viable

Un estudio del instituto de investigación económica DIW Berlin afirma que la inversión en una nueva planta de energía nuclear de 1GW conduce a pérdidas medias de aproximadamente 4.800 millones de euros. Además, argumenta que las peligrosas emisiones de radioactividad de la tecnología y los riesgos de proliferación de material armamentístico y la liberación de radiación, como los accidentes en Harrisburg (1977), Chernobyl (1986) y Fukushima (2011) muestran, no la califican como una solución de energía «limpia» a tener en cuenta a la hora de hacer frente al cambio climático. Aun así, los gobiernos están incorporando la tecnología en sus planes de energía limpia en todo el mundo.

«El mito de la energía nuclear como una alternativa respetuosa con el clima a las fuentes de energía fósiles se derrumba por completo», dice Christian von Hirschhausen, coautor del estudio. Numerosos estudios científicos ya han demostrado que ninguna de las más de 600 centrales nucleares construidas hasta la fecha en el mundo ha sido competitiva: han funcionado y continuarán operando durante muchos años solo porque los gobiernos las han subsidiado de forma generalizada.

Los analistas de DIW Berlín han realizado un estudio de las 674 plantas nucleares que se han construido para demostrar que los intereses económicos privados no fueron el motivo, sino que fueron impulsados por intereses militares. “La energía nuclear nunca fue diseñada para la generación de electricidad comercial; estaba dirigido a las armas nucleares. Es por eso que la electricidad nuclear ha sido y seguirá siendo antieconómica», dice Von Hirschhausen.

La rentabilidad de las inversiones en centrales nucleares se determinó mediante un modelo de negocio que se basa en una variedad de factores que incluyen el costo mayorista de la electricidad (20-80 euros / MWh), los costos específicos de inversión (4.000-9.000 euros / kW) y el costo promedio ponderado del capital (4-10%). Y la conclusión es que cada central nuclear construida hoy tiene un valor actual neto negativo, y genera una pérdida media de 4.800 millones de euros. “Bajo ninguna circunstancia realista, una central nuclear puede mostrar un valor presente neto positivo, en el mejor de los casos, una pérdida de 1.500 millones de euros, y en el peor, la pérdida ascendería a los 8.900 millones”, dice el informe.

El estudio señala que es probable que las pocas inversiones actuales en centrales nucleares en Europa y países de la OCDE produzcan pérdidas de decenas de miles de millones en un  futuro.

El costo de la central nuclear Olkiluoto-3 en Finlandia aumentó de una estimación inicial de 3.000 millones de euros (1995) a más de 11.000 millones de euros. Esto corresponde, a partir de 2018, a unos 7200 euros por kW (ver gráfico a continuación).

En Francia, después de aumentos importantes de los costos e informes periódicos sobre la falta de seguridad del reactor, se cuestiona todo el programa de expansión nuclear de Electricité de France (EdF). Además, las altas deudas del grupo (más de 40.000 millones de euros) deberían llevar a una completa nacionalización si se quiere evitar la quiebra.

De los dos proyectos de inversión en los EEUU, uno fue abandonado después de doblar el costo (UC Summers, Virginia). En el otro (Vogtle, Georgia), el costo aumentó de los 14.000 millones iniciales, equivalentes a aproximadamente 6.200 $ el kW, a una cantidad  estimada de 29.000 millones en 2013, equivalente a aproximadamente 9.400 $ por kW en 2013.

“No va a ser rentable invertir en energía nuclear en el futuro, ni en nuevas centrales nucleares ni en la extensión de las existentes. Teniendo en cuenta que la energía nuclear es absolutamente insegura, el mito de la alternativa amigable con el clima a los combustibles fósiles está completamente agotado en sí mismo», dice Von Hirschhausen.

En cuanto a la extensión de la vida de las centrales nucleares, el informe es claro: “En todo el mundo, se discute la extensión de la madurez de los reactores antiguos de 40 a 50 o hasta 80 años. Dado que las plantas de energía nuclear están diseñadas para un tiempo de funcionamiento de 30 o 40 años, esto conlleva una considerable tensión y fatiga del material, y por lo tanto aumenta considerablemente el riesgo de accidentes”. Como ejemplos, DWI señala como reactores problemáticos Tihange (Bélgica) y Fessenheim (Francia), y la central nuclear de Dukovany en Eslovaquia, ubicada a 100 kilómetros al norte de Viena, también es motivo de preocupación.

Yendo más allá de la falta de sostenibilidad económica´y los riesgos que entraña, el informe continúa socavando aún más los debates y políticas internacionales que apoyan la energía nuclear como parte de las estrategias de acción climática. » La energía nuclear no es de ninguna manera limpia. Su radioactividad pondrá en peligro a los humanos y al mundo natural durante más de un millón de años «, añade Von Hirschhausen.

La energía nuclear, según dice el informe, no es de ninguna manera una tecnología libre de CO2 que tenga en cuenta el ciclo de vida completo (construcción, operación, desmantelamiento, extracción de uranio, producción de combustible). Un metaestudio estima una media de emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales nucleares de 66 gramos de CO2 equivalente por kWh. Esto equivale a aproximadamente el 20% de las emisiones de una central eléctrica de gas.

El informe llama la atención a la Agencia Internacional de Energía por sugerir recientemente que la energía nuclear es un sistema de energía limpia y por alentar los subsidios a la tecnología y sus proveedores. Las políticas y los marcos en todo el mundo han incorporado la energía nuclear al mix de generación futura de energía. El Paquete de Energía Limpia de la UE, construido para respaldar la protección del clima, contiene extensiones de vida útil para varias plantas nucleares y también recomienda la construcción de más de 100 plantas nuevas antes de 2050.

«La idea de combatir el cambio climático con la energía nuclear no es nueva, pero mostramos lo equivocada y engañosa que es», explica la experta en energía y autora del estudio, Claudia Kemfert. «También debemos tener en cuenta que las facturas comerciales que hemos tomado también están causando costos horrendos a cargo de la comunidad, por ejemplo, para almacenar desechos nucleares».

Fuente: periodicodelaenergia

El Gobierno autoriza la construcción del almacén nuclear de Cofrentes

 El Ministerio de Transición Ecológica ha concedido la declaración de impacto ambiental para construir esta infraestructura. Se trata del último gran obstáculo que Iberdrola, empresa que gestiona el complejo, tenía que salvar para poner en marcha el proyecto.

La declaración de impacto ambiental permite que las obras de la instalación para los residuos puedan empezar este verano

Pistoletazo de salida al almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Cofrentes.
Tras este requisito, la construcción del almacén está pendiente de una serie de autorizaciones menores de forma que las obras podrán comenzar en breve, posiblemente a lo largo del verano, según explicaron fuentes de la central. En cualquier se cumplirán los plazos que maneja la empresa para que el ATI esté operativo en 2021. Es en esta fecha cuando las piscinas en las que actualmente se almacena el combustible utilizado se colmatarán.

El proyecto supone una inversión cercana a los cuatro millones de euros e implica la construcción de un edificio exento y se contempla como solución intermedia hasta que esté concluido un almacén temporal centralizado (ATC) de todos los residuos nucleares españoles.

La previsión es que el recinto esté operativo en 2021, a los 40 años de vida de la central

La construcción del almacén cierra las dudas sobre la continuidad de la central de Cofrentes durante varios años más hasta el horizonte de 2030, tal y como pactaron las compañías eléctricas propietarias del parque nuclear español y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La legislación establece que en una primera fase el combustible se almacene en las piscinas construidos en la propia central. Lo deseable es que este combustible ya utilizado se remita a un almacén centralizado construido en un lugar geológicamente estable. Este proyecto ha quedado sin fecha después de que el Gobierno haya la paralizado el ATC de Villar de las Cañas.

Diversas centrales españolas, como Trillo, Ascó o Almaraz entre otras, ya cuentan con una infraestructura como la que se va a construir en Cofrentes como solución provisional. El almacén estará situado en una zona próxima a las torres de refrigeración y a unos 1.300 metros del municipio.

El ATI constará de una zona de almacenamiento que contendrá dos losas sísmicas de hormigón armado sobre las que se dispondrán los contenedores de almacenamiento en seco del combustible gastado y de otra área de maniobras con las instalaciones auxiliares de la central. En cada losa se podrán almacenar a la intemperie hasta 12 contenedores con lo que el ATI tendrá una capacidad total de 24 contenedores. Para la construcción se ha tenido en cuenta el punto más elevado de inundabilidad (367,41 metros) por lo que se situará en la cota de los 370 metros. Las dimensiones de toda el área será de 56×75 metros.

En la documentación se evalúa los riesgos a los que se puede enfrentar el ATI así como las medidas correctoras impuestas. La declaración señala que el almacén está resguardo de cualquier inundación, ya que está construido sobre el punto de riesgo más elevado.

También se han tenido en cuenta la posibilidad de que haya un terremoto así como de un incendio. Entre las otras variables que se han considerado se encuentra la del impacto de un rayo en las instalaciones.

La construcción de esta instalación ha suscitado la polémica en ciertos sectores. Incluso desde la Conselleria de Medio Ambiente se llegó a presentar una serie de alegaciones técnicas y manifestó su oposición al proyecto, aunque reconociendo que carecía de competencias.

El portavoz de la plataforma Tanquem Cofrentes manifestó ayer su posición a la construcción de esta instalación y aseguró que continuarán presionando hasta que se cierre la central. También criticó la falta de transparencia con la que el Ejecutivo central ha actuado.

Fuente:  lasprovincias,es

La contaminación radioactiva provoca la evacuación en una central nuclear de Reino Unido cerrada en 1994

El director de esa instalación ubicada al norte de Escocia aseguró que se trató de contaminación “insignificante” de bajo nivel.

Los trabajadores encargados de limpiar la instalación nuclear desmantelada de Dounreay (Escocia, Reino Unido) fueron evacuados del lugar después de que “un error humano” provocara una contaminación radiactiva, informa The Press and Journal.

A pesar de que el incidente ocurrió el 7 de junio, los responsables del lugar solo ofrecieron detalles del suceso el 26 de este mes durante una reunión del Dounreay Stakeholder Group, el organismo independiente que se ocupa del escrutinio público de una central que cerró en 1994.

El director gerente de la instalación, Martin Moore, aseguró que no se había producido ningún daño a raíz de ese nivel “insignificante” de contaminación de bajo nivel. Sin embargo, los empleados se vieron obligados a desalojar la zona de inmediato y suspendieron sus tareas de manera temporal.

Por su parte, representantes de Dounreay Site Restoration Limited (DSRL), la empresa encargada de desmantelar esa planta, señalaron que se trató de una medida preventiva, la población nunca estuvo en peligro y comenzó una investigación interna al respecto.

Aunque DSRL es responsable de garantizar que el área esté descontaminada y limpia de desechos nucleares, ya sufrió otro incidente en 2014, después de que se produjera una violación de seguridad cuando un incendio causado por los empleados liberó radiactividad a la atmósfera. A raíz de ese suceso, la compañía prometió “aprender lecciones” e implementar una nueva estrategia de seguridad de amplio alcance.

Fuente: RT

El Tribunal de Cuentas advierte de que faltan fondos para desmantelar las centrales

 

Los de “la energía nuclear es la más barata”  ocultos en sus despachos.

El reciente pacto para alargar el periodo de funcionamiento de las centrales de 40 años a 45,7 “permitirá reducir el déficit existente” en el fondo para la gestión de los residuos y el desmantelamiento, pero no eliminarlo

Subraya que la empresa estatal Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015 y advierte de que, con 40 años de vida de las nucleares, el déficit ya superaría los 2.300 millones

Entre esas recomendaciones estaba la de aumentar las tasas que pagan las eléctricas para aumentar las dotaciones de ese fondo; Enresa recuerda que se trata de “aspectos regulatorios” que no le competen

El Tribunal de Cuentas cree que el reciente acuerdo entre el Gobierno y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) para abordar un cierre nuclear escalonado a partir de la próxima década “permitirá reducir”, pero no eliminar, el agujero del fondo con el que la empresa estatal Enresa deberá sufragar el multimillonario coste de gestionar los residuos radiactivos y desmantelar las centrales.

En 2015, el Tribunal de Cuentas cifró en cerca de 1.800 millones el déficit del denominado Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos. Ese informe denunciaba que los tipos de gravamen que entraron en vigor en enero de 2010 (cuando el fondo empezó a ser financiado con aportaciones de las eléctricas) no se habían actualizado desde entonces, pese a las desviaciones de costes con respecto a las previsiones del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) todavía vigente hoy, aunque lleva casi una década caducado (se aprobó en 2006).

El informe recomendaba revisar anualmente esas tasas “en función de las necesidades de financiación futuras” de ese fondo, que se alimenta al 90% con tasas a la producción nuclear y al 10%, a través de la tarifa eléctrica. Ahora, tras analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en ese examen, el órgano constata que esa actualización de tasas no se ha llevado a cabo y estima que ese déficit o “desviación de financiación de los costes” ascendería ya a 2.354 millones.

No obstante, el cálculo se basa, como el vigente PGRR, en la hipótesis de una vida media de las plantas de 40 años, plazo que ha quedado aumentado recientemente ampliado hasta los 45,7 años, tras el reciente acuerdo entre Gobierno y eléctricas, lo que permitirá incrementar los ingresos para el fondo a través de las tasas a la producción nuclear.

El problema es que, aun con esa reciente ampliación del plazo de vida de las nucleares, el déficit seguirá existiendo, según advierte el Tribunal de Cuentas en una nota al pie del informe.

En ella, recuerda que “a finales de marzo de 2019, Enresa ha firmado con los propietarios de las CCNN [centrales nucleares] un protocolo de intenciones sobre su cierre, con base en el horizonte temporal previsto en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima [el conocido como PNIEC], remitido por el Gobierno de España a la Comisión Europea, en el que se prevé un cierre ordenado, escalonado y flexible del parque nuclear, con inicio en 2027 y finalización en 2035, lo que supone un funcionamiento medio de 45,7 años para el conjunto de los siete reactores que se encuentran en operación”.

El Tribunal de Cuentas valora ese acuerdo, que implicó incumplir la promesa electoral del PSOE de abordar un cierre a los 40 años, ante la evidencia de que parar la producción de las plantas impediría cubrir el multimillonario coste de desmantelarlas y gestionar sus residuos. Y entiende que “el mayor período de funcionamiento, con respecto a los 40 años previstos en el Sexto PGRR, supondrá un incremento de los ingresos por la tasa que abonan las CCNN, lo que permitirá reducir el déficit existente en las proyecciones futuras del Fondo”. No precisa esa reducción del déficit, que en cualquier caso seguirá existiendo.

El informe, aprobado el 30 de mayo, destaca que, según las estimaciones realizadas por Enresa en junio de 2018 basándose en el actual Plan de Residuos, “el valor actualizado a 1 de enero de 2019 de los costes futuros para cada una de las líneas de actividad en las que puede agruparse la gestión que tiene encomendadas, bajo la hipótesis de una vida útil de 40 años para las CCNN operativas, ascendería a 10.697 millones”, mientras que “el valor estimado por Enresa del Fondo a 31 de diciembre de 2018” era de 5.678 millones, “por lo que la recaudación pendiente a 1 de enero de 2019, necesaria para cubrir dichos costes futuros estimados, ascendería a 5.019 millones”.

“Con los actuales elementos de determinación de la cuota de las tasas” que financian ese fondo “y las previsiones actualizadas a 1 de enero de 2019 de las bases sobre las que estas recaerían realizadas por Enresa, existiría un desviación de financiación de los costes con cargo a la tasa que recae sobre tarifa eléctrica estimada en 435 millones y con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas estimada en 1.919 millones”. En total, los citados 2.354 millones.

“Se deduce que existiría déficit de financiación futura con cargo a la tasa que recae sobre la tarifa eléctrica y también con cargo a la tasa que recae sobre las CCNN operativas”, remacha.

Incumplimientos

El tribunal señala que Enresa ha incumplido cuatro de las cinco recomendaciones que le formuló en 2015. Así, “a la fecha de redacción de este Informe no se habían establecido nuevas disposiciones normativas respecto a la regulación del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR que obliguen a revisar anualmente los elementos tributarios de las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN”. En consecuencia, la recomendación “no se ha cumplido”.

Tampoco “se había producido la internalización de los costes por Asignaciones a Ayuntamientos e impuestos medioambientales que recaen sobre las empresas titulares de las CCNN, sino que estos gastos se han continuado cargando al Fondo para la financiación del PGRR”.

El presidente de Enresa, José Luis Navarro Ribera, ha declinado realizar alegaciones al informe porque la empresa estatal “no está en disposición de dar cumplimiento a las cuatro recomendaciones que siguen pendientes ya que todas se refieren a aspectos regulatorios y, por tanto, carecemos de capacidad legal para llevarlas a cabo”.

La pelota está en el tejado del Gobierno, y en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular ahora en funciones, Teresa Ribera, indicó en marzo que el nuevo PGRR (caducado desde 2010 y que el Gobierno de Mariano Rajoy, empeñado en aumentar la vida de las nucleares, nunca actualizó) estaría “listo” este mes de junio, pero sin Gobierno a la vista, ese plazo se antoja a todas luces inviable.

En el ministerio indican que Enresa está ultimando ese plan, y “el diseño para financiar, no solo reducir el déficit”, será “uno de los elementos del trabajo en el que está inmersa” la empresa estatal, cuya intención sigue siendo presentar un borrador del mismo este mes.

Por su parte, fuentes de Enresa señalan que, en función del escenario dibujado por el PNIEC, “y una vez actualizado el cálculo de los costes y determinado el inventario de residuos, será posible determinar si es necesario actualizar la tasa que pagan las centrales nucleares que están en operación”.

Una vez en manos del Ejecutivo del borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El Gobierno ha vinculado la decisión final sobre la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos, paralizado el año pasado, al contenido de ese plan.

En Garoña habia un mapa con chinchetas negras de pueblos y asociaciones no favorables a la central

El responsable de Comunicación de Garoña durante 30 años dice que nunca oculto ni mintió sobre ningún incidente.

A continuación le vamos a poner varios ejemplos de que si no fué él quien mintió u ocultó, en cualquier caso lo hizo NUCLENOR (Iberdrola y Endesa)

Su despacho en Garoña, recuerda, contaba con un gran mapa de la zona de influencia de la central.  En el mismo había clavadas chinchetas de colores: las negras localizaban los municipios donde se habían firmado pronunciamientos en contra de la energía nuclear; las rojas, donde se celebraban manifestaciones; y las verdes localizaban las entidades o personas que apoyaban nuestra actividad. Eran muy pocas…”.

Para quien no le ponga cara, Antonio Cornadó ha sido durante casi 30 años el rostro público y la voz autorizada de la central nuclear de Santa María de Garoña, tiempo más que suficiente para curtirse en todas las crisis de comunicación habidas y por haber, abrazar a políticos de todos los colores y ecologistas radicales, lidiar con sindicalistas, vecinos y periodistas como él y hacer    -sin distinción- amigos en todos los bandos.

…..

Antonio Cornadó puso toda la carne en el asador para la celebración del 40 aniversario. Se apoyó en tres actos, el primero de ellos, una gran fiesta en la central con los trabajadores en activo y jubilados y los directivos de Iberdrola y Endesa. Estamos en el 11 de marzo de 2011, el día en el que reventó la central de Fukushima en Japón. “Cuando salíamos de la fiesta llegaron las primeras noticias de tsunami…”. Todo se complicó: “Garoña era igual que Fukushima y la pregunta recurrente fue: ¿lo que pasa en Japón puede ocurrir en Burgos? Insistimos en el ‘no’”. La fiesta prevista con toda la sociedad burgalesa y regional en el Fórum Evolución para el día 17 se canceló bajo la excusa de la solidaridad con los fallecidos -la Junta siempre abogó por su aplazamiento, estrategia que no compartía Nuclenor por la lectura negativa que se pudiese hacer-. Lo mismo ocurrió con la fiesta en Madrid.

“No sé si Fukushima fue nuestra puntilla, luego vino el tema de la fiscalidad, que supuso un golpe en nuestra línea de flotación porque disparaba nuestros costes”. Cornadó abandonó Garoña a principios de 2013 para presidir el Foro Nuclear -“la primera vez que un no-ingeniero presidía el lobby nuclear”- hasta otoño de 2017.

“El cierre definitivo anunciado  el 1 de agosto de 2017 me dio mucha pena, aunque se veía venir. Se agolpan muchos recuerdos y esfuerzos pero nuestro trabajo mereció la pena”. En diciembre de 2018 se desvinculó de Nuclenor. “Hay vida tras el cierre pero nunca será la misma. El movimiento tractor que genera una nuclear no lo tiene ninguna otra industria. Nuclenor debería formar parte de la solución y potenciar los valores de la zona”.

Pues mira Cornadó:

Garoña cierra por problemas de seguridad

 

Toda la experiencia acumulada durante estos 30 años, su capacidad de interlocución y relación, la ha apuesto al servicio de las empresas, instituciones privadas o particulares. Cornadó&Asociados es una consultoría que trabaja con una red de especialistas y que centra su actividad en el posicionamiento de las empresas, la reputación corporativa, la diplomacia empresarial (los lobbies) y las crisis. “Aunque está mal que lo diga, en esto soy un especialista…”.

20 años pagando los impuestos en Cantabria con el riesgo para Burgos, Pais Vasco y La Rioja

…Nos conocieron, se fiaron y nos aceptaron”. Garoña se hizo burgalesa y trasladó su sede social desde Cantabria, atendiendo a una vieja demanda de la provincia.

 

Antonio Cornadó Quibus, periodista #BlowinInTheWind #ConversacionesSobreBurgos (XXIX)

Leer completo : Diario de Burgos

 

El Comité asesor pide al CSN más datos sobre Retortillo, Garoña, ATC y terrenos contaminados

El Comité Asesor para la información y participación pública del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha pedido al CSN más información sobre la situación del proyecto minero de Berkeley en Retortillo (Salamanca), el proceso de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos); el estado actual del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), y la situación de los diversos terrenos que presentan radiactividad originada por actividades humanas en España.

Así lo ha solicitado este Comité, formado por 35 representantes de la sociedad civil, del sector nuclear, de sindicatos y de las administraciones, al CSN en su primera reunión con el nuevo Pleno de este organismo regulador, que fue renovado hace tres meses.

Según informa el CSN, durante la reunión se ha especificado que el titular de la central nuclear de Almaraz ha solicitado una renovación de autorización de explotación de 7,4 años para la unidad I y de 8,2 años para la unidad II.

En el caso de Vandellós 2, la solicitud presentada abarca 10 años. En ambos casos, la renovación del permiso de explotación es un proceso ordinario en las competencias del CSN, pues todas las instalaciones pasan por esta práctica reguladora. También, dentro del campo de las aplicaciones médicas en el uso de las radiaciones ionizantes, se ha confirmado que el CSN ha culminado un “hito regulatorio” con el licenciamiento, por primera vez en España, de dos instalaciones de protonterapia que actualmente están en proceso de construcción.

Asimismo, se ha informado del estado de situación de las recomendaciones emitidas por el Comité asesor al CSN.

En este sentido, se ha explicado que se ha dado cumplimiento a 5 de ellas de un total de 10 emitidas en los últimos 3 años. MÁS TRANSPARENCIA, CREDIBILIDAD E INDEPENDENCIA Por otro lado, el presidente del CSN, Josep Maria Serena i Sender, ha anunciado que impulsará y reforzará el papel del CSN en la sociedad y ha insistido en el compromiso del Pleno con la transparencia, la credibilidad y la independencia del órgano regulador. “Quiero expresarles mi compromiso con la mejora de la eficiencia y la eficacia de este comité, clave en el flujo de información desde la sociedad al CSN y viceversa”, ha subrayado Serena, que ha prometido agilizar al máximo el cumplimiento de las recomendaciones del Comité asesor.

Igualmente, ha definido algunos de los objetivos prioritarios del nuevo Pleno, como la elaboración de un nuevo Plan Estratégico para el CSN; una adecuada transmisión del conocimiento; la apuesta por la I+D+i; el desarrollo del plan de acción resultante tras la misión conjunta IRRS-Artemis; y finalmente, promocionar la incorporación de jóvenes en el CSN. En este sentido, el Pleno del CSN asegura estar comprometido con el establecimiento de una relación con el Comité asesor más “ágil” y que le permita ejercer su labor de “emitir recomendaciones al CSN para mejorar la transparencia, el acceso a la información y la participación pública”, tal y como está establecido en la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. La próxima reunión del Comité asesor tendrá lugar, con carácter tentativo, a finales del próximo mes de noviembre.

Ver más en: www.20minutos.es

 

Ciudad Juárez, el mayor accidente nuclear de América

Según datos de la OMS, de 1983 a 1995 México registró un aumento de 60% en la detección de tumores cancerosos debido al Cobalto-60 .

El cobalto-60 se mezcló con el resto de la chatarra del Yonke Fénix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona. Entre ellas, Aceros de Chihuahua S.A. (Achisa) y la maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes usaron el metal radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrugado, muy utilizadas en la construcción de edificios.

Dos años antes de que sucediera la catástrofe de Chernóbil, en México ocurrió el mayor accidente nuclear del continente americano. La tragedia conocida como el incidente del Cobalto-60 en Ciudad Juárez (al norte del país) tuvo su origen en una bodega del hospital privado Centro Médico de Especialidades. Este suceso recuerda al accidente de Goiania, en Brasil, de características similares. “El accidente de Juárez fue el mayor de América por el área afectada y los desechos que se generaron”, explica a Verne en entrevista Epifanio Cruz Zaragoza, del Centro de Ciencias Nucleares de la UNAM.

En 1977 y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemus y sus socios del hospital privado compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de Cobalto-60 por 16.000 dólares. El cobalto-60 es un isótopo radiactivo sintético que emite rayos gamma utilizado para tratar a pacientes con cáncer.

Por falta de personal, la máquina fue abandonada en un almacén durante seis años, hasta que el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital y su amigo Ricardo Hernández, decidieron venderla como chatarra.

Los dos hombres desmontaron el armazón metálico de unos 100 kilos y perforaron el corazón de la bomba de cobalto, un cilindro que contenía el material radiactivo (6.000 balines de 1 mm de diámetro). Una vez desvalijada la máquina, Vicente y Ricardo la subieron a una camioneta y la llevaron hasta el Yonke Fénix, un depósito de chatarra donde les pagaron 1.500 pesos.

En el camino al deshuesadero (desguace), la camioneta fue desperdigando el material radiactivo por toda la ciudad. Esta información fue detallada en el informe que después realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)..

El cobalto-60 se mezcló con el resto de la chatarra del Yonke Fénix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona. Entre ellas, Aceros de Chihuahua S.A. (Achisa) y la maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes usaron el metal radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrugado, muy utilizadas en la construcción de edificios.

Todo este material, unas 6.000 toneladas, se distribuyó a más de la mitad de Estados del país y se exportó a Estados Unidos.

El 16 de enero de 1984, un camión que transportaba varilla mexicana en Nuevo México (Estados Unidos) hizo saltar el detector de radiación del laboratorio nuclear de Los Álamos, el mismo donde se creó la primera bomba atómica.

El Departamento de Salud de Texas y la Comisión Reguladora Nuclear alertaron a México de la contaminación y diez días después, dieron con una de las principales fuentes de radiación, la camioneta de Sotelo, estacionada en la colonia Altavista de Ciudad Juárez, uno de los barrios más humildes de la zona. La troca del intendente estuvo parada frente a su casa varios meses porque le robaron la batería, así que se convirtió en un punto donde los niños jugaban y la gente se paraba a convivir, recibiendo altas dosis de radiación, como contó The New York Times el 1 de mayo de 1984.

Se calcula que los vecinos próximos al vehículo y los trabajadores de las empresas que compraron el metal fueron impactados con diez veces más radiación que el incidente en 1979 de Three Mile Island en Pennsylvania, hasta entonces la mayor catástrofe nuclear de Estados Unidos. The New York Times, citando a autoridades de Estados Unidos, mencionaba que se liberó 100 veces más radiación en Ciudad Juárez que en Pennsylvania. 

Los medidores detectaron que la camioneta arrojaba en algunas partes casi 1000 rads, la radiación equivalente a 20.000 radiografías.

El Centro Médico intentó culpar a Sotelo. “Soy una víctima del problema”, decía el trabajador de mantenimiento a la revista Proceso en septiembre de 1984.”Los fierros (hierros) me los regaló el jefe de mantenimiento. Me dijo: Ahí están esos fierros, llévatelos para que saques para las sodas”. El trabajador de 35 años contó que el director del hospital y el administrador le amenazaron y obligaron a firmar una declaración donde decía que había robado la máquina. “Nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. La verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así”, explicó.

 

Ocultación y afectados

Las autoridades decidieron mantener en secreto el número de personas afectadas. Actualmente se desconoce cuántos tuvieron complicaciones de salud a corto y largo plazo derivado de la radiación. “La información no fue divulgada y no se supo cuántos pero hubo 109 distribuidores de material contaminado en la mitad de Estados del país”, menciona el doctor Cruz Zaragoza.

Algunos de los afectados y vecinos de Vicente, de escasos recursos, declararon a Proceso que dejaron de revisarse en el hospital porque no tenían cómo pagar los medicamentos y el transporte. Según el doctor del Centro de Ciencias Nucleares, es muy difícil calcular cuántas víctimas hubo a largo plazo dada la exposición a la radiación y la cantidad de radiactividad.

Se calcula que aproximadamente unas 1.000 toneladas de varilla nunca se recuperaron, con lo que se podrían construir unas 300 casas de tamaño medio.

“Al menos 23 personas, trabajadores del Yonke Fénix sufrieron oligospermia (escasa cantidad de espermatozoides en el semen) y azoospermia (inadecuada producción de esperma) después de estar en contacto con la radiación. El que ayudó a transportar la fuente a la fábrica sufrió quemaduras en las manos y tres trabajadores más presentaron leucopenia (nivel bajo de glóbulos blancos)”, agrega el investigador de la UNAM. Las autoridades dieron seguimiento a 10 casos de personas que estuvieron en contacto con la contaminación, de ahí resolvieron que no existía daño severo a corto plazo pero que no se podían descartar futuros problemas biológicos.

“A corto plazo, los síntomas son visibles como quemaduras, vómitos, cefaleas o lesión medular”, explica Cruz Zaragoza. A mediano plazo la radiación puede provocar esterilidad provisional, quemaduras y alteraciones en el sistema nervioso. Sin embargo, el daño más grave que sufrió la población fue la exposición a largo plazo. “Una menor radiación pero constante durante 30 o 40 años puede provocar leucemia, anemia, cáncer, daño medular severo, cáncer de huesos y desórdenes genéticos hereditarios”, agrega el investigador. Algo que señaló también el informe de la comisión investigadora.

El Gobierno mexicano actuó de manera opaca con la población, minimizaron la magnitud de lo que estaba sucediendo, ocultaron información a la prensa y trataron de obtener rédito político con la crisis. “Todo controlado, dice el Gobierno. Pero no sabe ni a quién responsabilizar.

El accidente fue grave, pero el susto ya pasó”, titulaba en Proceso en junio de 1984. Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Hidalgo y Estado de México se vieron afectados por la varilla contaminada.

Como no había suficientes inspectores nucleares en el país, la prensa de la época cuenta que se improvisaron a funcionarios de la Secretaría de Salud, sin conocimientos en el tema, para que detectaran las radiaciones en los edificios contaminados. Nueve meses después solo en Chihuahua, había 20.000 toneladas de desechos radiactivos muy cerca de zonas habitadas. La recogida de la basura fue realizada por los propios trabajadores de las empresas afectadas y se tardó varios meses en enterrar adecuadamente el material contaminado.

“Nos dieron palas largas y bolsas de polietileno [plástico]”, contaba a la prensa mexicana uno de los trabajadores que estuvo en contacto con la radiación.

 

Caos de la descontaminación.

Fotografías de la época muestran el caos que supuso la contaminación aquel año. Helicópteros de Estados Unidos sobrevolaron las principales zonas afectadas y se realizaron labores de limpieza en las calles de Ciudad Juárez, buscando los balines milimétricos en cunetas, entre las llantas de los coches, en los camellones y en 400 kilómetros de carretera hasta Chihuahua.

¿Donde están los desechos radiactivos?

Finalmente, los desechos se enterraron en un lugar conocido como El Vergel, en las dunas de Samalayuca, sobre un acuífero, sin seguir medidas de precaución. Otra parte de la varilla se enterró en Hidalgo, el Estado de México y Sinaloa en lugares donde solo se utilizó plástico y cemento para contener el material radiactivo.

¿Que pasó con las varillas contaminadas?

El saldo fue históricamente negativo: más de 4 mil personas contaminadas y con secuelas; más de 6.000 toneladas de varilla contaminada distribuida en al menos 17 estados del país y en EEUU.

En México, cientos de edificaciones en iguales circunstancias fueron dejadas en pie y “al menos 10 mil toneladas de varilla contaminada jamás se recuperaron”. Los informes establecieron que “de 17.636 construcciones susceptibles de tener varilla contaminada, 1.276 registraron niveles de radiación superiores al fondo natural, pero únicamente 814 de ellas se encontraban por encima de los niveles aceptable, por lo que fueron demolidas”.

Según datos de la OMS, de 1983 a 1995 México registró un aumento de 60% en la detección de tumores cancerosos.

Fuente:  elpaisfactornoticia,

Informe que  realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).