El CSN informa desfavorablemente sobre la planta de concentrados de uranio de Retortillo (Salamanca)
El motivo de la decisión adoptada se apoya en la escasa «fiabilidad» y en las «elevadas incertidumbres» de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado desfavorablemente, este lunes, ante la solicitud presentada por Berkeley Minera España (BME) sobre la autorización de construcción planta de fabricación de concentrados de uranio en el municipio de Retortillo (Salamanca).
El resultado de la votación ha sido de cuatro votos favorables a la Propuesta de Dictamen Técnico elaborada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica y uno en contra, correspondiente al consejero Javier Dies.
Dicho consejero, de acuerdo al artículo 34 del Estatuto del CSN, ha anunciado que emitirá un voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, según han informado desde el Consejo de Seguridad Nuclear.
Escasa «fiabilidad» y «elevadas incertidumbres»
El dictamen técnico será remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el motivo de la decisión adoptada se apoya en la escasa «fiabilidad» y en las «elevadas incertidumbres» de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, de los que depende la verificación del comportamiento adecuado de diversos parámetros del proyecto.
Las «deficiencias técnicas» detectadas en la evaluación se refieren principalmente al almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de muy baja actividad, que forma parte de la instalación radiactiva de primera categoría.
Desde un punto de vista regulador, la información aportada no permite acotar la capacidad efectiva de aislamiento de las barreras que BME propone para envolver los residuos, y consecuentemente tampoco la capacidad de minimizar las concentraciones esperadas de radionúclidos en las potenciales zonas de descarga.
Numerosas deficiencias
Las evaluaciones realizadas sobre la documentaciónque acompaña a la solicitud de autorización de la instalación han detectado «numerosas deficiencias» a lo largo de la evaluación, lo que ha requerido el mantenimiento de muchas reuniones técnicas con el titular, así como numerosas peticiones de información adicional, además de la elaboración de una gran cantidad de informes y notas de evaluación, y de la revisión completa de la documentación por parte del titular, con objeto de integrar y dar coherencia a la información generada sobre el proyecto.
La evaluación de los informes de la solicitud de autorización de construcción ha implicado a 11 áreas técnicas de ambas direcciones técnicas del CSN, que han abordado los temas de su competencia.
El BOE publica el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de la fase 1 de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña, así como el Estudio de Impacto Ambiental
Desmontar Garoña generará al menos 2.000 Tn de residuos radioactivos
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió ayer un plazo de 30 días hábiles hasta el 4 de mayo para que los ciudadanos presenten alegaciones al proyecto de la fase I de desmantelamiento de Santa María de Garoña y a su estudio de impacto ambiental. De ambos documentos se desprende que durante los tres años que durará esta primera fase -la segunda sumará otros siete- se generarán 1.945 toneladas de residuos radioactivos de media, baja y muy baja intensidad que serán trasladados al almacenamiento de El Cabril en Córdoba, el único autorizado en el país. A ellos se sumarán otras 2.892 toneladas de materiales desclasificables mecánicos, eléctricos o de climatización, además de hormigones, con un contenido radioactivo de menor entidad que hace que la normativa vigente permita gestionarlos de manera convencional.
Los residuos radioactivos que viajarán hasta Córdoba deberán realizar un trayecto de 800 kilómetros en camiones con contenedores estancos que sirven de blindaje cuando se trata de residuos radioactivos de media y baja intensidad y en camiones convencionales, cuando son de muy baja intensidad. El proyecto calcula que serán precisos 300 viajes al Cabril, lo que se traduce en 240.000 kilómetros. Pero además, los residuos de construcción y demolición de esta primera fase conllevarán otros 90 transportes, que se estima podrían ser de 100 kilómetros, si se localiza un gestor autorizado cercano, además de otros 100 viajes para sacar la chatarra. De media, se estima que se producirá un tráfico diario de treinta camiones con picos que podrían llegar a los ochenta.
Debido a estas cifras, el estudio de impacto ambiental destaca entre los impactos negativos moderados que producirá el desmantelamiento «el volumen de tráfico, tanto de trabajadores como de transportes y maquinaria en el entorno de la instalación». Junto a este efecto también se fija en los posibles impactos sobre suelos y aguas subterráneas, en el caso de que «la retirada de elementos que pueden contener sustancias contaminantes o el propio trasiego de vehículos y maquinaria de obra puedan dar lugar a la contaminación puntual del suelo».
Asimismo, esta circulación intensa «puede dar lugar a la generación de nubes de polvo que pueden afectar a la vegetación de ribera del Ebro y a las poblaciones más cercanas». Por este motivo, en Mijaralengua y Barcina del Barco, dos localidades ubicadas a 750 y 1.000 metros en línea recta de la central, se instalarán captadores de partículas en suspensión con el fin de evaluar su incidencia sobre la población y poner medidas correctoras en caso de ser necesario. Otras medidas preventivas para paliar estos efectos negativos moderados serán «la contratación de personal local para minimizar los desplazamientos», así como «limitar la velocidad a 20 kilómetros hora» o «mantener los sistemas de recogida de drenajes y depuración para el tratamiento de cualquier derrame accidental» y evitar que llegue al río Ebro o al subsuelo.
En el proyecto redactado para la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, se explica como se ha decidido el desmantelamiento total inmediato de la planta frente a la alternativa de un desmantelamiento diferido, que dejaría en latencia durante un periodo de 30 a 100 años los elementos radioactivos más peligrosos. Enresa se ha decantado por el desmantelamiento inmediato por ser «la preferencia internacional» y la solución «menos costosa». Pero en este modelo, «es necesario que transcurra un tiempo de enfriamiento del combustible gastado para que pueda depositarse en los contenedores».
Por este motivo, Enresa ha decidido ir realizando tareas preparatorias junto con Nuclenor y dejar para la primera fase del desmantelamiento la operación de sacar el combustible en contenedores al Almacén Temporal Individualizado (ATI) y afrontar simultáneamente otras labores, entre las que destaca la adaptación del edificio de turbinas como edificio auxiliar del desmantelamiento.
Para hacernos una idea de lo que deberán soportar los habitantes de Tobalina y alrededores podemos ver algunos videos (edulcorados) sobre el desmantelamiento de otras centrales nucleares españolas.
Con los vídeos podemos entender la frase «la energia nuclear es la más barata» que la industria nos ha martillado durante años, teniendo en cuenta que los costes de desmantelamiento los pagamos con el dinero público de todos y todas. Barata, para las empresas explotadoras.
Entre los impactos negativos «compatibles» que describe el estudio de impacto ambiental se cita «la nube de calor» que se generará sobre el ATI y que «podría tener efectos microclimáticos a escala local» por el aumento de temperatura, aunque «no se espera que sea apreciable fuera del vallado del ATI».
¿Podría ser que una valla de alambre protege del calor y la radiación?
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha aprobado la orden que extiende la autorización de explotación de la central nuclear de Cofrentes. Asimismo, ha establecido su cierre definitivo el 30 de noviembre de 2030.
Según explica MITECO: “La decisión se adopta en línea con el Protocolo que establece el calendario de cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en funcionamiento”. Y, además, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Asimismo, añade el ministerio, la decisión se ha tomado tras recibir un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
La central de Cofrentes
El cierre de la central nuclear, según explicábamos hace un año, estaba previsto para 2021. La central se ha visto envuelta en diferentes polémicas, de las que muchas han tenido relación con los residuos radioactivos. A ese aspecto, también hacíamos referencia.
En 2019, el Gobierno autorizó la construcción de un Almacén Temporal Individualizado, lo que hizo que pensáramos en una ampliación de su funcionamiento, como ha sido finalmente. Para las organizaciones ecologistas, la prórroga de la actividad va a dar una vida útil a la central de 47 años. Es decir, un periodo de vida más largo que el de los componentes de origen que operan en la central.
En 2017, los grupos parlamentarios de los grupos Socialista, Compromís y Podemos, presentaron una Proposición no de Ley en las Cortes Valencianas. Pedían que no se extendiera el periodo de funcionamiento más allá del 2021 y que se procediera a su desmantelamiento.
En ese momento, el Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana advertía mediante un comunicado que Cofrentes: “Proporciona más de la tercera parte de la energía eléctrica que se consume en la región”. En consecuencia, añadían, que su cierre iba a tener consecuencias muy negativas para el suministro. Entonces, era imposible llegar a sustituir la energía nuclear por renovable para cubrir las necesidades.
La Comunitat Valenciana sigue avanzando en la instalación de renovables, pero aún requiere tiempo.
Extensión de la explotación
Finalmente, el MITECO ha informado de la prórroga de la explotación de Cofrentes. En un comunicado explica que la decisión está en línea con el Protocolo que establece el calendario de cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en funcionamiento. Y según lo recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. En él se contempla el cierre ordenado en el horizonte 2027-2035.
La renovación admitida por el MITECO ha contado con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.
La central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha notificado esta madrugada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un segundo incidente, en este caso un incendio en el transformador principal con una duración de más de diez minutos que se registraba cuando la instalación ya estaba en parada para la reparación de una válvula del sistema de refrigeración.
La hora de inicio de prealerta de este segundo suceso se sitúa en aproximadamente las 2.30 de la madrugada y la de finalización sobre las 3.45, hecho que se producía cuando la misma estaba en parada fría. En ningún momento ha habido riesgo ni para las personas ni para el medio ambiente, según han confirmado a Europa Press fuentes de la instalación.
En suceso está en estudio y pendiente de clasificación en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).
En menos de doce horas han sido notificados dos sucesos en la central nuclear de Trillo, una planta que acumulaba ya trece años consecutivos sin paradas no programadas. Este martes, la central notificaba al CSN la parada no programada de la planta para la reparación de la válvula de cierre rápido del lazo 30 del sistema de refrigeración de componentes nucleares.
Hace dos semanas se presentó en el comité de información de la planta nuclear que en 2019 se llevaron a cabo 19 inspecciones, 17 del Plan Básico de Inspección, una de seguridad física y otra suplementaria de grado 1, sin que de ninguna de ellas derivara en apercibimientos o propuestas de sanción al titular.
Asimismo, señaló que desde el CSN no se apercibió ni se realizó ninguna propuesta de expediente sancionador al titular de la instalación y que durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha confirmado que los controles han continuado.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido a Berkeley la renovación de la autorización inicial de la planta de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca) como instalación radiactiva, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En bolsa, la compañía ha llegado a dispararse hasta un 15,9%, pero al cierre ha amainado las subidas hasta un 1,85%.
Esta renovación sigue a la del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del pasado mes de julio, que informó favorablemente de la solicitud presentada por Berkeley para la renovación de la autorización previa de la planta y consideró que las circunstancias y características de la planta de concentrado de uranio son las mismas que se recogen en la autorización previa emitida en 2015.
La semana pasada, el Tribunal Supremo confirmó, además, la legalidad de la autorización previa para el desarrollo de la planta de concentrados de uranio en Salamanca.
El Alto Tribunal desestimó así el recurso de casación planteado por Foro de izquierdas-Los verdes y Adeco Ecologistas en Acción contra la autorización que había conseguido para esta mina, confirmando una sentencia previa de la Audiencia Nacional.
La compañía ha asegurado que sigue colaborando con las autoridades competentes en el proceso de aprobación de la mina de Salamanca y mantendrá al mercado plenamente informado sobre cualquier aspecto relacionado con la planta.
Noticias anteriores sobre la minera especulativa Berkeley:
Después de varias décadas de lucha ecologista y de partidos de izquierda por la clausura del cementerio nuclear, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos lo va a ampliar
El Cabril es el único cementerio nuclear que existe en España y siempre se ha mentido sobre su existencia. Lo construyó ‘clandestinamente’ Franco en 1961 y medio siglo después, en 2021, va a ser un Gobierno «socialcomunista», como lo llaman en la oposición, el que va a ampliar su capacidad; en contra de todas las promesas, propuestas y resoluciones que han aprobado desde hace años los partidos de la coalición gubernamental, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Por mucho que se busque, no se encontrará nada igual, un engaño que comienza con Franco y que lo continúa muchos años después el presidente que lo ha sacado de su tumba, Pedro Sánchez. Eso es El Cabril, y los restos que allí se han ido depositando seguirán allí varios siglos después de que estas mentiras, estos dirigentes, nuestras sociedades podamos recordar siquiera cómo fue posible que en España se decidiera abrir un cementerio nuclear en mitad de una sierra, el corazón de Sierra Morena, con las dificultades que conlleva para el transporte de los bidones nucleares, a solo cincuenta kilómetros de un núcleo de población, Hornachuelos, y, por si fuera poco, en una zona con un reconocido riesgo sísmico.
Como se puede imaginar, una conjunción de despropósitos como esa, pisoteando toda prudencia de seguridad de las personas y del medio ambiente, solo es posible concebirla en un régimen dictatorial como el de Francisco Franco y en una región, como la de Andalucía, maltratada por la planificación económica del general en favor de otras regiones, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, por mucho que luego, irónicamente, los nacionalistas de ambas comunidades se presenten como adalides de lo contrario.
Tanta fue la desconsideración hacia esas gentes de Sierra Morena que, con el sigilo absoluto de un gran secreto de Estado, a El Cabril se comienzan a llevar residuos nucleares en 1961, aprovechando una mina de uranio que estaba abandonada. Se van apilando los barriles nucleares durante años hasta que en 1975 se decide darle una cierta formalidad a aquello y se produce la primera aprobación administrativa para convertirlo, formalmente, en cementerio nuclear. Pero tampoco entonces se comunica nada a la población, todo se mantiene en secreto hasta que lo descubre un periodista de Córdoba, Sebastián Cuevas, ya fallecido. Junto al fotógrafo José Manuel de la Fuente, publican una información, en octubre de 1976, en la que prueban la existencia de ese ‘cementerio nuclear’ clandestino, hasta entonces desconocido por todo el mundo.
¿Y qué pasa cuando se descubre públicamente la atrocidad de estar acumulando residuos nucleares en una mina abandonada? ¿Cómo actúa la democracia? Pues, sin clausurar nada, lo que se hace es dotar de legalidad a la ilegalidad. Hasta 1983 no se aprueba la creación de un organismo público que se hiciera cargo de estas cuestiones, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), con el cometido principal de regularizar la existencia del único cementerio nuclear de España. Sobre la antigua mina de uranio se van edificando instalaciones y, cuando ya se ha adecentado todo, se inaugura formalmente el cementerio nuclear del El Cabril en octubre de 1992. ¿Alguien da más para el ‘ranking’ de chapuzas a la española? Treinta años después de que comenzaran a llegar barriles radiactivos, se inaugura el cementerio. Ocurre, sin embargo, que la legalización de aquellas instalaciones lo que no puede cambiar, ni modificar, es el entorno en el que se encuentra el Cabril ni el riesgo que entraña.
Desde los primeros años de la democracia, todas las organizaciones ecologistas y la mayoría de los partidos políticos, fundamentalmente de izquierda, han repetido los mismos argumentos: «El cementerio nuclear de El Cabril nunca debería haberse construido porque está en el sur de la península ibérica, muy alejado de la mayoría de instalaciones, nucleares y radiactivas existentes en España. Está en una zona colindante al Parque Natural Sierra de Hornachuelos, reserva de la Biosfera de la UNESCO, geográficamente dentro de la cuenca del río Bembézar, en terrenos geológicamente inestables y sísmicos, con importantes acuíferos y aguas subterráneas en la Sierra Albarrana. Además de los riesgos asociados a la alta sismicidad, existe un peligro asociado por los transportes nucleares terrestres de residuos a lo largo de su recorrido hasta esas instalaciones por carreteras sinuosas». Por el contrario, en Enresa, cada vez que surge la polémica, insisten en que, en la actualidad, ‘el Centro de Almacenamiento de El Cabril’, como se denomina evitando cualquier referencia radiactiva, cuenta con modernas instalaciones, preparadas para resistir cualquier incidente sísmico y dotadas de las mayores medidas de seguridad.
En el Parlamento de Andalucía, desde los años 80, se pueden encontrar sucesivas declaraciones o mociones en las que se exige la inmediata clausura del cementerio nuclear de El Cabril. La protesta ha llegado también al Parlamento Europeo, convencidos de que en Europa se respaldaría la clausura del almacén de residuos radiactivos. Pero nada, hasta que ha llegado al Gobierno de España una coalición de partidos de izquierda bajo la que, como esperaban las organizaciones ecologistas, se iba a decretar lo que ellos mismos llevan tanto tiempo reclamando. Pero no, y esa ha sido la sorpresa. Ha sido, precisamente, una senadora de la coalición de partidos con la que Podemos se presentó en las últimas elecciones en Andalucía la que ha ‘destapado’ el nuevo secreto que se ocultaba: El Cabril no solo no se va a clausurar, sino que se va a ampliar, quizá al doble de su capacidad. Pilar González, la senadora de Primavera Andaluza, es la que le dirigió la pregunta en el Senado a la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: «Claro que me siento decepcionada porque tenía confianza en que un Gobierno de izquierda, progresista y ecologista, iba a actuar de otra forma», dijo la senadora en ‘Canal Sur Radio’. Y añadió: «Y no estoy decepcionada como andalucista, porque este Gobierno no lo es, sino por los mensajes progresistas de ‘no dejemos a nadie atrás’, ‘la vida en el centro’ que yo también comparto… Luego, cuando lo que se hace es lo contrario de lo que se dice, es la mejor definición de un político». Pues eso.
El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado de manera favorable la modificación del diseño del contenedor para el combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña. Su vida de diseño es de 50 años
Respecto al informe favorable a la modificación de los contenedores de combustible gastado de Santa María de Garoña, el regulador responde así a la solicitud que planteó la empresa estatal Equipos Nucleares S.A (ENSA) para la revisión 3 del estudio de seguridad el contenedor ENUN 52B.
No sabemos nada sobre variaciones de su coste económico.
La solicitud aporta la documentación relativa a las modificaciones de diseño del contenedor que requieren autorización reguladora, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En concreto, el contenedor ENUN 52B es un contenedor metálico universal de doble propósito (almacenamiento y transporte) que puede albergar hasta 52 elementos.
Se trata de un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico y está provisto de dos tapas de cierre mediante pernos y su vida de diseño es de 50 años. En su interior dispone de un bastidor en el que se introduce el combustible gastado.
Esta solicitud ha sido presentada por ENSA en paralelo a la relativa a la revisión 1 del certificado de aprobación del diseño de bulto de transporte ENUN 52, asociada a los mismos cambios de diseño del contenedor, que también ha sido informada favorablemente.
El CSN aprueba las modificaciones de los contenedores para Garoña y autoriza el traslado de polvo de uranio a Juzbado
La solicitud aporta la documentación relativa a las modificaciones de diseño del contenedor que requieren autorización reguladora, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas. En concreto, el contenedor ENUN 52B es un contenedor metálico universal de doble propósito (almacenamiento y transporte) que puede albergar hasta 52 elementos. Se trata de un vaso o cuerpo metálico rodeado de un blindaje neutrónico y está provisto de dos tapas de cierre mediante pernos y su vida de diseño es de 50 años. En su interior dispone de un bastidor en el que se introduce el combustible gastado.
Los cinco primeros contenedores ya están fabricados en ENSA. – Foto: Alberto Rodrigo
El pasado 24 de marzo de 2020, a los pocos días de comenzar el estado de alarma, el Consejo de Ministros autorizó a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa)a iniciar el procedimiento negociado sin publicidad para la compra de los 44 nuevos contenedores que se precisan para almacenar el combustible gastado de la central nuclear de Santa María de Garoña, teniendo en cuenta que 5 más ya están fabricados. El presupuesto que se manejó entonces era de 127,6 millones de euros, pero finalmente Enresa licitó el material por 140,3 millones y la empresa Equipos Nucleares S.A., ENSA, la única invitada al procedimiento, redujo el coste a 138,2, casi 11 más de los previstos inicialmente.
La firma elegida por el Gobierno para la fabricación y licenciamiento de los contenedores del tipo ENUN B-52 ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se ha comprometido a suministrar el primero en septiembre de 2023, cuatro meses antes del plazo que le marcó el pliego de condiciones de Enresa, mientras que el resto irán llegando cada 15 días. Éste es el tiempo estimado para la carga de elementos combustibles en los recipientes metálicos que se fabricarán en Santander. No obstante, antes llegarán los cinco primeros, ya fabricados. Las previsiones actuales de Nuclenor sitúan ese momento en el segundo semestre de 2021.
En un informe detallado, Enresa explica qué motiva el hecho de que se haya elegido a ENSA y no a otra empresa para esta tarea y que haya sido la única a la que se ha pedido oferta. Cuestiones técnicas y de tiempo afloran en los argumentos de la firma pública, que explica como cada año de retraso en el suministro de los contenedores le costaría 33 millones de euros a Nuclenor.
Ese es el dinero que la propietaria de Garoña está desembolsando para afrontar las tareas de vigilancia de la piscina de refrigeración del combustible gastado, el uranio irradiado. Los gastos de personal suponen la cantidad más elevada de esta cifra, al representar 27 millones anuales, a razón de 16,8 millones para las nóminas del personal propio de Nuclenor; 6,9 millones para el empresas subcontratadas pero que trabajan en la planta, y 3,3 millones para el de empresas subcontratadas que trabajan desde el exterior.
Cuando Enresa licitó en 2012 la fabricación y licenciamiento ante el CSNde los primeros cinco contenedores sí que invitó a varias empresas. Ademas de ENSA, la ganadora del concurso, pudieron presentar sus propuestas la francesa AREVA, ahora ORANO-TN, y las estadounidenses NAC International y Holtec. Enresa explica como ENSA ya ha recorrido el largo camino del licenciamiento de los primeros cinco contenedores ante el CSN y lleva avanzado un trabajo que al resto de empresas le podría costar de 2 a 3 años, lo que supondría un retraso más en el desmantelamiento de la planta tobalinesa.
ENSA ya ha demostrado ante el CSN que su diseño «asegura el confinamiento del material radiactivo, el blindaje para minimizar la exposición a la radiación de los operarios y del medioambiente, el mantenimiento sub-crítico de la disposición de los elementos de combustible en el contenedor o la capacidad de evacuación del calor residual de dichos elementos para no superar los límites de temperatura establecidos».
Además de ello, Enresa señala en su informe que las propuestas de estas últimas empresas no serían compatibles con las características técnicas de Garoña, al tratarse de contenedores de 100 a 120 toneladas, cuando la grúa de Garoña solo tiene capacidad de carga para mover un máximo de 75 toneladas. O por el contrario bajan a 30 toneladas, lo que conllevaría un gran número de contenedores y que no hubiera espacio suficiente en el Almacén Temporal de la central, dado que se multiplicaría el número de contenedores.
En la fase inicial del desmantelamiento de Garoña, está prevista la extracción de combustible gastado de la piscina y su almacenamiento en seco, para lo que es preciso adquirir los contenedores correspondientes, y esta autorización significa un paso «real y efectivo» para ejecutar las obras.
La compra de los contenedores se realizará con cargo al Fondo para la finanaciación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que se dota de la prestación que satisfacen los productores de residuos.
En el caso de las centrales en explotación, la cuantía que se abona es el resultado de multiplicar la energía generada por cada central por una tarifa fija unitaria.
El Miteco recibió el pasado 16 de marzo el borrador del VII Plan de PGRR, que solicitó a Enresa y que dará cumplimiento a la Directiva europea relativa a la gestión de este tipo de residuos.
En la mañana del 17 de enero de 1966 se produjo sobre Palomares (pedanía del municipio de Cuevas del Almanzora en la provincia de Almería), la colisión accidental de dos aeronaves (bombardero B-52 y avión nodriza KC-135) pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos durante una operación rutinaria de repostaje en vuelo.
Los cuatro tripulantes del avión-nodriza y tres del bombardero perecieron en la explosión y sobrevivieron cuatro oficiales del bombardero. Ambas aeronaves quedaron completamente destruidas y sus restos de distintos tamaños se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar de la zona, entre ellos cuatro ingenios termonucleares que se transportaban en el bombardero.
Dos de ellos cayeron sobre el cauce del río Almanzora (bomba nº 1, denominación que atiende al orden en que se localizaron las bombas) y el mar Mediterráneo (nº 4), a 9 km de la costa, sin daños apreciables ni consecuencias radiológicas, por la acción de sus paracaídas.
La bomba nº 2 impactó a gran velocidad (sus paracaídas se quemaron en la explosión) contra el suelo de un valle situado al oeste de Palomares, causando la detonación del explosivo convencional que volatilizó el Plutonio contenido en la bomba y se incendió, dispersándose en el aire y contaminando amplias extensiones de terreno incluso a cierta distancia del punto de impacto.
La bomba nº 3 impactó con menos violencia contra el suelo de una parcela muy próxima al casco urbano de Palomares y sólo detonó parte del explosivo convencional, produciéndose la fragmentación de la bomba y volatilización sin incendio de una fracción del Plutonio que contenía, lo que causó su dispersión en un área más limitada.
Seguidamente se iniciaron los trabajos de remedio sobre los materiales más contaminados (fundamentalmente suelo superficial y cosechas), empleándose más de 740 personas, de las cuales 600 fueron de las Fuerzas Aéreas Americanas, casi 100 vehículos y más de 20 máquinas pesadas. Los criterios para decidir qué material estaba contaminado fueron acordados con los técnicos de la Junta de Energía Nuclear (JEN) (actual CIEMAT) y como resultado, un volumen aproximado de 1.000 m3 de residuos radiactivos contenidos en 4.829 bidones fueron transportados por mar a Estados Unidos, donde quedaron depositados definitivamente en Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur, EEUU) el 8 de abril de 1966.
Pero en el suelo de Palomares quedaban más de 9 kilos de plutonio esparcidos en torno a los lugares donde cayeron las bombas.
Pero no fue hasta 2010 cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró una propuesta preliminar del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) basada en la caracterización radiológica tridimensional. Tenía un plazo de ejecución de las operaciones de rehabilitación de tres años. Han pasado 10 desde entonces, incluso con una modificación de la superficie en 2015, en un proyecto que quedaría en un cajón debido a sus carencias burocráticas, en él, la limpieza se reducía de 50.000 metros cúbicos a tan solo 28.000.
Pero hace escasos días, y tras petición de la Audiencia Nacional, el CSN tuvo que hacer público el plan completo al que ha tenido acceso Diario de Almería. En él se establecen todos los pasos de limpieza, y se agrega cuantía económica, esta se establece en torno a los 27 millones de euros, eso sí, sin contar su transporte transfronterizo, almacenamientos transitorios, si los hubiere y almacenamiento final. De acuerdo con las prioridades de actuación, los trabajos comienzan con la delimitación del área donde se va a efectuar la extracción de las tierras.
Presupuesto del Plan de Rehabilitación de 2020. / CSN
Los materiales extraídos en las zonas 2, 2-bis y 3 se transportarán hasta la planta de tratamiento en húmedo que se instalará en la zona 2, en tanto que los materiales extraídos en la zona 6 se tratarán en seco en la planta que se instale en esta zona. En la salida de cada uno de los productos separados de acuerdo con su tamaño de grano se dispondrá un sistema de medida de radiaciones que permita determinar con suficiente fiabilidad la concentración de actividad de 241Am en el material, actuando sobre un sistema de segregación que separará las tierras convencionales de las tierras contaminadas con niveles superiores al criterio de restricción parcial de uso establecidos por el CSN.
Las tierras tratadas con concentraciones de actividad de 241Am > 1 Bq/g se considerarán tierras afectadas y el sistema de segregación los depositará en contenedores de 1 m3 de capacidad adecuados para su transporte.
Una vez completada su capacidad de carga, cada contenedor se cerrará. La actividad total en cada contenedor se determinará a partir de los datos registrados en el sistema de medida en continuo y servirá para documentar su contenido. Seguidamente, los contenedores completos con tierras tratadas de las zonas 2, 2-bis y 3 se trasladarán a un almacén temporal construido en la zona 2 donde se clasificarán por su procedencia y actividad contenida. Los contenedores que contengan tierras afectadas de la zona 6 se gestionarán directamente desde la misma sin pasar por el almacén de la zona 2.
Los contenedores que contengan mayor actividad y en particular todos los que contengan una concentración de actividad de 241Am > 5 Bq/g, serán considerados como residuos radiactivos y serán expedidos en transporte ADR en un plazo no superior a dos semanas desde su ubicación en el almacén temporal de la zona 2 o en la zona 6.
Al finalizar la intervención se efectuará un control radiológico final con objeto de verificar la consecución de los objetivos y establecer, si fuera el caso, los condicionados de uso de los terrenos bajo un escenario recreativo.
La extracción de las tierras se realizará con excavadoras de palas pequeñas, del orden de 1 m3 de capacidad, que permitirán ajustar los volúmenes excavados a los previstos. La maquinaria para el transporte desde la zona de extracción hasta la instalación de tratamiento deberá estar provista de volquetes cubiertos, de 10 m3 para facilitar su maniobra.
Aparte de estos medios mecánicos también se prevé la extracción con medios basados en la aspiración del suelo en las parcelas de difícil acceso que hayan permanecido inalteradas desde 1966 donde la contaminación se presenta en los primeros cm de suelo
El material extraído se transportará hasta la zona de carga de las plantas de tratamiento donde se procesará inmediatamente. Una vez extraído todo el material previsto en el área, se procederá a una inspección radiológica de los terrenos superficiales (suelo y paredes laterales) que certifique que se ha alcanzado el objetivo de la intervención. Si no es así, se indicarán las partes por donde debe proseguirse la excavación hasta lograrlo. La maquinaria no debe salir de la zona de intervención hasta finalizar los trabajos en la misma.
La segregación de las tierras procesadas se efectuará con ayuda de equipos de medida de la concentración de actividad de 241Am que funcionarán en continuo durante los procesos de producción y sin comprometer sus rendimientos.
Una vez lleno cada contenedor con tierras afectadas, se cerrará de modo que se evite la dispersión de su contenido, se anotarán sus datos de documentación (en particular la concentración de actividad contenida), y se trasladarán al almacén temporal de contenedores llenos de la Zona 2. Los contenedores llenos de tierras afectadas en la Zona 6 se trasladarán mediante transporte ADR al almacén temporal de la Zona 2.
La carga de los contenedores de residuos radiactivos en los camiones se efectuará desde el muelle construido a tal efecto en la zona 2 con ayuda de palés y toros mecánicos. Los camiones deberán tener una capacidad mínima de 15 m3 que le permita alojar entre 10 y 12 contenedores. Considerando de nuevo que se espera producir diariamente entre 20 y 40 contenedores de residuos radiactivos, se estima que se precisarán entre 20 y 30 transportes pesados ADR cada semana.
Una vez concluida la extracción de las tierras en un área de actuación, verificados que los niveles de contaminación remanentes en todas las superficies producidas están por debajo de los criterios establecidos yrecogidas las muestras de suelo para acreditar el estado en que se deja esa actuación en particular, se autorizará el relleno de la zanja preferentemente con los residuos convencionales generados en el tratamiento de tierras de la misma parcela y que se habrán depositado en el parque limpio de la zona 2.En el caso que los datos obtenidos de las medidas no puedan asegurar el límite de dosis para los miembros de público, se contemplará la posibilidad de nuevas actuaciones sobre el terreno, y se establecerán restricciones de uso o controles administrativos necesarios en esas zonas para garantizar el cumplimiento de los límites de dosis a miembros de público. Una vez finalizada la intervención en cada una de las zonas se realizará un control radiológico final que se basará en las medidas efectuadas en las excavaciones practicadas para verificar los niveles radiológicos que se dejan y en el análisis de las muestras de tierras recogidas en esta verificación.
Tres riesgos de radiación al que deberán hacer frente los ‘limpiadores’ del terreno
Durante el desarrollo de las actividades previstas en el PRP existirán diversos riesgos radiológicos: Contaminación interna, debido a la resuspensión de partículas en el aire; contaminación superficial, debido al depósito de partículas en la piel de las personas; Irradiación externa, debido a la tasa de dosis producida por la actividad en la superficie de los terrenos. El riesgo de contaminación interna es con diferencia el más importante y se reducirá en lo posible mediante la adecuada planificación y ejecución de las tareas de modo que se evite la producción de polvo, controlando continuamente la concentración de actividad en aire y, en caso necesario, dotando a los trabajadores expuestos de la protección respiratoria que sea adecuada. Se evitará la dispersión de la contaminación fuera de las áreas de trabajo, para lo cual se dispondrá si es preciso de recintos cerrados que impidan la salida de la contaminación.
El riesgo de contaminación externa se controlará en los accesos a las zonas de trabajo mediante monitores adecuados y estableciendo protocolos de limpieza superficial que aseguren que las personas, ropas y enseres no presenten contaminaciones superficiales superiores a los niveles establecidos. El riesgo de irradiación externa es muy bajo incluso en las áreas con mayor contaminación superficial. No obstante, será controlado continuamente durante las operaciones mediante monitores de radiación y mensualmente mediante dosímetros personales oficiales.
Las exposiciones eventualmente recibidas por los trabajadores expuestos serán controladas mediante controles de dosimetría externa e interna efectuados por laboratorios de dosimetría debidamente acreditados ante el CSN.
La energia nuclear en España 