«Los terrenos han sido utilizados como escenario de investigación»
Los votos particulares, que recuerdan que la ejecución de la limpieza ha sido «recomendada reiteradamente» por la Comisión Europea (CE), a la que España debe rendir cuentas sobre los avances al respecto a finales de 2021, recogen que se «tienen evidencias» de que los terrenos contaminados «han sido han sido utilizados desde el accidente como escenario para la investigación del comportamiento de radionucleidos en el medio natural, sin la debida transparencia e información al público en general, y a la comunidad científica en particular».
«Un elemental principio de precaución en materia ambiental exige que, por encima del interés que pueda tener para la investigación científica la no transformación de la situación de hecho, en especial en referencia a los isótopos del americio, se priorice el de salvaguardia de la salud pública y del medio ambiente, a pesar de que se considere que el riesgo de exposición radiológica no es alto, y aunque esté próximo a cumplirse el período en el que podrá observarse la máxima actividad del isótopo 241 Americio».
Los dos magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Nacional, cuyo tribunal ha prolongado la deliberación sobre el asunto más de un mes, ponen el foco, asimismo, en dos hechos que el fallo da como no probados pero que, según destacan, están «ampliamente documentados en el Plan de Rehabilitación, en la Memoria Palomares e informes de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea».
Por un lado, la existencia de dos zanjas de 1966 con «desechos radiactivos, cuya posición exacta fue determinada en el Mapa Radiológico Tridimensional» y que permanecen en la zona con «restricción total de usos» y, por otro, que la fuente de radiación se compone de isótopos de Plutonio: 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu y 241 Pu y de Americio: 241 Am todos ellos transuránicos». «Lo que se duda es sobre la presencia de uranio (U) en las bombas y su enriquecimiento en 235 U, aunque se dice que, caso de existir, su impacto radiológico será menor«, apuntillan.
Modificación de los criterios de intervención para limpiar
Los dos magistrados comparten, asimismo, que cuando se retomaron los contactos diplomáticos entre España y EE. UU., en 2015 el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio, aceptó la propuesta del Departamento de Energía estadounidense (DOE) de modificar los criterios de intervención en Palomares, «acuerdo cuyo contenido permanece clasificado».
«Casi inmediatamente después, se firmó el 19 de octubre del 2015 una declaración de intenciones» por el Ministro de Asuntos Exteriores y el Secretario de Estado de EEUU sobre Palomares, sin que se conozca ningún avance posterior», concluyen.
En su día y en el marco de procedimiento, el CSN aportó un documento que «no era copia certificada» del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a «todo el proceso relativo a Palomares» desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.
Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido «a instancias» del DOE de EE. UU. y asegura que, para ello, se «han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a», lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense.
El objetivo, según mantiene el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría «únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada», lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EE. UU.
El BOE publica el anuncio por el que se somete a información pública el proyecto de la fase 1 de desmantelamiento de la central nuclear Santa María de Garoña, así como el Estudio de Impacto Ambiental
Desmontar Garoña generará al menos 2.000 Tn de residuos radioactivos
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió ayer un plazo de 30 días hábiles hasta el 4 de mayo para que los ciudadanos presenten alegaciones al proyecto de la fase I de desmantelamiento de Santa María de Garoña y a su estudio de impacto ambiental. De ambos documentos se desprende que durante los tres años que durará esta primera fase -la segunda sumará otros siete- se generarán 1.945 toneladas de residuos radioactivos de media, baja y muy baja intensidad que serán trasladados al almacenamiento de El Cabril en Córdoba, el único autorizado en el país. A ellos se sumarán otras 2.892 toneladas de materiales desclasificables mecánicos, eléctricos o de climatización, además de hormigones, con un contenido radioactivo de menor entidad que hace que la normativa vigente permita gestionarlos de manera convencional.
Los residuos radioactivos que viajarán hasta Córdoba deberán realizar un trayecto de 800 kilómetros en camiones con contenedores estancos que sirven de blindaje cuando se trata de residuos radioactivos de media y baja intensidad y en camiones convencionales, cuando son de muy baja intensidad. El proyecto calcula que serán precisos 300 viajes al Cabril, lo que se traduce en 240.000 kilómetros. Pero además, los residuos de construcción y demolición de esta primera fase conllevarán otros 90 transportes, que se estima podrían ser de 100 kilómetros, si se localiza un gestor autorizado cercano, además de otros 100 viajes para sacar la chatarra. De media, se estima que se producirá un tráfico diario de treinta camiones con picos que podrían llegar a los ochenta.
Debido a estas cifras, el estudio de impacto ambiental destaca entre los impactos negativos moderados que producirá el desmantelamiento «el volumen de tráfico, tanto de trabajadores como de transportes y maquinaria en el entorno de la instalación». Junto a este efecto también se fija en los posibles impactos sobre suelos y aguas subterráneas, en el caso de que «la retirada de elementos que pueden contener sustancias contaminantes o el propio trasiego de vehículos y maquinaria de obra puedan dar lugar a la contaminación puntual del suelo».
Asimismo, esta circulación intensa «puede dar lugar a la generación de nubes de polvo que pueden afectar a la vegetación de ribera del Ebro y a las poblaciones más cercanas». Por este motivo, en Mijaralengua y Barcina del Barco, dos localidades ubicadas a 750 y 1.000 metros en línea recta de la central, se instalarán captadores de partículas en suspensión con el fin de evaluar su incidencia sobre la población y poner medidas correctoras en caso de ser necesario. Otras medidas preventivas para paliar estos efectos negativos moderados serán «la contratación de personal local para minimizar los desplazamientos», así como «limitar la velocidad a 20 kilómetros hora» o «mantener los sistemas de recogida de drenajes y depuración para el tratamiento de cualquier derrame accidental» y evitar que llegue al río Ebro o al subsuelo.
En el proyecto redactado para la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, se explica como se ha decidido el desmantelamiento total inmediato de la planta frente a la alternativa de un desmantelamiento diferido, que dejaría en latencia durante un periodo de 30 a 100 años los elementos radioactivos más peligrosos. Enresa se ha decantado por el desmantelamiento inmediato por ser «la preferencia internacional» y la solución «menos costosa». Pero en este modelo, «es necesario que transcurra un tiempo de enfriamiento del combustible gastado para que pueda depositarse en los contenedores».
Por este motivo, Enresa ha decidido ir realizando tareas preparatorias junto con Nuclenor y dejar para la primera fase del desmantelamiento la operación de sacar el combustible en contenedores al Almacén Temporal Individualizado (ATI) y afrontar simultáneamente otras labores, entre las que destaca la adaptación del edificio de turbinas como edificio auxiliar del desmantelamiento.
El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha aprobado la orden que extiende la autorización de explotación de la central nuclear de Cofrentes. Asimismo, ha establecido su cierre definitivo el 30 de noviembre de 2030.
Según explica MITECO: “La decisión se adopta en línea con el Protocolo que establece el calendario de cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en funcionamiento”. Y, además, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Asimismo, añade el ministerio, la decisión se ha tomado tras recibir un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear.
La central de Cofrentes
El cierre de la central nuclear, según explicábamos hace un año, estaba previsto para 2021. La central se ha visto envuelta en diferentes polémicas, de las que muchas han tenido relación con los residuos radioactivos. A ese aspecto, también hacíamos referencia.
En 2019, el Gobierno autorizó la construcción de un Almacén Temporal Individualizado, lo que hizo que pensáramos en una ampliación de su funcionamiento, como ha sido finalmente. Para las organizaciones ecologistas, la prórroga de la actividad va a dar una vida útil a la central de 47 años. Es decir, un periodo de vida más largo que el de los componentes de origen que operan en la central.
En 2017, los grupos parlamentarios de los grupos Socialista, Compromís y Podemos, presentaron una Proposición no de Ley en las Cortes Valencianas. Pedían que no se extendiera el periodo de funcionamiento más allá del 2021 y que se procediera a su desmantelamiento.
En ese momento, el Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana advertía mediante un comunicado que Cofrentes: “Proporciona más de la tercera parte de la energía eléctrica que se consume en la región”. En consecuencia, añadían, que su cierre iba a tener consecuencias muy negativas para el suministro. Entonces, era imposible llegar a sustituir la energía nuclear por renovable para cubrir las necesidades.
La Comunitat Valenciana sigue avanzando en la instalación de renovables, pero aún requiere tiempo.
Extensión de la explotación
Finalmente, el MITECO ha informado de la prórroga de la explotación de Cofrentes. En un comunicado explica que la decisión está en línea con el Protocolo que establece el calendario de cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en funcionamiento. Y según lo recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. En él se contempla el cierre ordenado en el horizonte 2027-2035.
La renovación admitida por el MITECO ha contado con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.
Ecologistas en Acción recuerda al respecto que la Comisión Europea le ha requerido el examen de los conejos en reiteradas ocasiones desde 2010, la última vez en 2019, tras la inspección realizada en el verano de ese año a los avances realizados para descontaminar el suelo con plutonio en la pedanía cuevana.
Detectan radiación en 72 de 107 muestras de Palomares tras reanudar mediciones de plutonio
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha reanudado la medición de plutonio en el área de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica ambiental de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis ha dado como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.
Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y hasta el pasado mes de noviembre, se han recogido y se han tratado 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.
El informe preceptivo remitido a finales de diciembre a la CE por el regulador atómico español, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que estos 107 análisis han dado como resultado la identificación de «72 emisores alfa», si bien precisa que solo se ha completado la medición de 25 para «determinar» la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.
El CSN reconoció ante los integrantes de la misión de verificación europea que visitó Palomares en junio de 2019 que el laboratorio radioanalítico del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) «no tenía capacidad» para medir el plutonio y que sólo se estaba monitoreando el americio.
Aludió a diferentes motivos, entre ellos, obras de mejora en las instalaciones, pero también a «retrasos en la adquisición de un detector gamma para sustituir a un dispositivo averiado por los recortes presupuestarios» y a la «falta de técnicos de laboratorio por retrasos» en el proceso de contratación.
Al tiempo, el regulador atómico comunicó a los verificadores europeos que su «intención» era reanudar la espectometría alfa para medir el plutonio a lo largo del año 2020.
Posteriomente, y a raíz de esta visita, la CE requirió a España para que, «lo antes posible», diera cumplimiento a esa previsión, recuperase la capacidad de medir este emisor alfa, y le informarse antes de que acabase el pasado año de los avances realizados en este sentido.
No obstante, pese a esta observación, los técnicos europeos remarcaron que el sistema de monitorización de la radiactividad en el aire, el agua, el suelo y los productos agrícolas en la zona donde cayeron las cuatro bombas termonucleares tras la colisión en el aire de dos aviones de EEUU en 1966 se ajusta al Tratado Euratom, es «adecuado» y funciona «de manera eficiente».
MUESTRAS EN CONEJOS
En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, ha previsto la «recogida y análisis anual» de muestras de carne de conejo recogidas en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo.
Hasta ahora, el regulador atómico había argumentado que tenía «dificultades para obtener las muestras» ante las recomendaciones realizadas desde Europa para que se ampliase el programa de vigilancia radiológica y se incluyese la carne de conejo con el objetivo de «mejorar la estimación de exposición a las radiaciones»,
La posición ha cambiado por lo que traslada que, en los últimos meses de 2020, se han obtenido muestras, «congeladas» en Palomares a la espera de su transporte a los laboratorios del Ciemat en Madrid para su procesamiento.
Detalla, asimismo, que para llevar a cabo este trabajo ha solicitado el «obligatorio permiso de caza» a la Junta de Andalucía y que se ha contactado con un cazador local «con arma y licencia» reglamentaria, que ha colaborado de forma «voluntaria y altruista».
ESPAÑA DEBERÁ INFORMAR ANTES DE FINALES DE 2021 SOBRE EL PLAN PARA LIMPIAR LA RADIACTIVIDAD
El próximo plazo a cumplir por España en relación a Palomares expira a finales de 2021 cuando deberá informar a la Comisión Europea de los «progresos» alcanzados respecto al plan de limpieza «definitivo» de las 40 hectáreas contaminadas por el que se debe «eliminar» el suelo contaminado para su «deposito de forma segura» en un almacenamiento «a largo plazo».
La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra «para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico» en especial en las zonas 2,3 y 6 «teniendo en cuenta la muy larga vida media» de los «contaminantes» allí presentes.
Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba «una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año».
La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunicó en su informe que no se ha descontaminado «ninguna» de las áreas afectadas y aludía a que las autoridades españolas tenían «toda actividad paralizada» respecto a esta situación a la espera de un «acuerdo vinculante» con EEUU.
España sostiene que para «la solución final» al «problema» del área bajo vigilancia radiológica es «primordial» el acuerdo con EEUU ya que «no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza».
A raíz de esto, la comisión solicitó a las autoridades españolas que informasen sobre los avances en el plan de rehabilitación «final» de las áreas contaminadas con plutonio en Palomares antes del finales de 2021 y avisó de que, de acuerdo a lo que se informe, podría considera la «necesidad» de una nueva misión de verificación para medir el grado de cumplimiento de esta recomendación.
Palomares o cómo no creer a un régimen dictatorial
Entre los legajos norteamericanos cuya desclasificación obtuvo el investigador, Moreno se topó con el acuerdo suscrito bajo el mandato de José María Aznar en 1997 que no fue hecho público y del que la prensa española “no escribió ni una sola línea“, aunque concuerda con la política española en este asunto que caracteriza como de “transparencia nula” .
La central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha notificado esta madrugada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un segundo incidente, en este caso un incendio en el transformador principal con una duración de más de diez minutos que se registraba cuando la instalación ya estaba en parada para la reparación de una válvula del sistema de refrigeración.
La hora de inicio de prealerta de este segundo suceso se sitúa en aproximadamente las 2.30 de la madrugada y la de finalización sobre las 3.45, hecho que se producía cuando la misma estaba en parada fría. En ningún momento ha habido riesgo ni para las personas ni para el medio ambiente, según han confirmado a Europa Press fuentes de la instalación.
En suceso está en estudio y pendiente de clasificación en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).
En menos de doce horas han sido notificados dos sucesos en la central nuclear de Trillo, una planta que acumulaba ya trece años consecutivos sin paradas no programadas. Este martes, la central notificaba al CSN la parada no programada de la planta para la reparación de la válvula de cierre rápido del lazo 30 del sistema de refrigeración de componentes nucleares.
Hace dos semanas se presentó en el comité de información de la planta nuclear que en 2019 se llevaron a cabo 19 inspecciones, 17 del Plan Básico de Inspección, una de seguridad física y otra suplementaria de grado 1, sin que de ninguna de ellas derivara en apercibimientos o propuestas de sanción al titular.
Asimismo, señaló que desde el CSN no se apercibió ni se realizó ninguna propuesta de expediente sancionador al titular de la instalación y que durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 ha confirmado que los controles han continuado.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido a Berkeley la renovación de la autorización inicial de la planta de concentrados de uranio en Retortillo (Salamanca) como instalación radiactiva, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En bolsa, la compañía ha llegado a dispararse hasta un 15,9%, pero al cierre ha amainado las subidas hasta un 1,85%.
Esta renovación sigue a la del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del pasado mes de julio, que informó favorablemente de la solicitud presentada por Berkeley para la renovación de la autorización previa de la planta y consideró que las circunstancias y características de la planta de concentrado de uranio son las mismas que se recogen en la autorización previa emitida en 2015.
La semana pasada, el Tribunal Supremo confirmó, además, la legalidad de la autorización previa para el desarrollo de la planta de concentrados de uranio en Salamanca.
El Alto Tribunal desestimó así el recurso de casación planteado por Foro de izquierdas-Los verdes y Adeco Ecologistas en Acción contra la autorización que había conseguido para esta mina, confirmando una sentencia previa de la Audiencia Nacional.
La compañía ha asegurado que sigue colaborando con las autoridades competentes en el proceso de aprobación de la mina de Salamanca y mantendrá al mercado plenamente informado sobre cualquier aspecto relacionado con la planta.
Noticias anteriores sobre la minera especulativa Berkeley:
En la mañana del 17 de enero de 1966 se produjo sobre Palomares (pedanía del municipio de Cuevas del Almanzora en la provincia de Almería), la colisión accidental de dos aeronaves (bombardero B-52 y avión nodriza KC-135) pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos durante una operación rutinaria de repostaje en vuelo.
Los cuatro tripulantes del avión-nodriza y tres del bombardero perecieron en la explosión y sobrevivieron cuatro oficiales del bombardero. Ambas aeronaves quedaron completamente destruidas y sus restos de distintos tamaños se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar de la zona, entre ellos cuatro ingenios termonucleares que se transportaban en el bombardero.
Dos de ellos cayeron sobre el cauce del río Almanzora (bomba nº 1, denominación que atiende al orden en que se localizaron las bombas) y el mar Mediterráneo (nº 4), a 9 km de la costa, sin daños apreciables ni consecuencias radiológicas, por la acción de sus paracaídas.
La bomba nº 2 impactó a gran velocidad (sus paracaídas se quemaron en la explosión) contra el suelo de un valle situado al oeste de Palomares, causando la detonación del explosivo convencional que volatilizó el Plutonio contenido en la bomba y se incendió, dispersándose en el aire y contaminando amplias extensiones de terreno incluso a cierta distancia del punto de impacto.
La bomba nº 3 impactó con menos violencia contra el suelo de una parcela muy próxima al casco urbano de Palomares y sólo detonó parte del explosivo convencional, produciéndose la fragmentación de la bomba y volatilización sin incendio de una fracción del Plutonio que contenía, lo que causó su dispersión en un área más limitada.
Seguidamente se iniciaron los trabajos de remedio sobre los materiales más contaminados (fundamentalmente suelo superficial y cosechas), empleándose más de 740 personas, de las cuales 600 fueron de las Fuerzas Aéreas Americanas, casi 100 vehículos y más de 20 máquinas pesadas. Los criterios para decidir qué material estaba contaminado fueron acordados con los técnicos de la Junta de Energía Nuclear (JEN) (actual CIEMAT) y como resultado, un volumen aproximado de 1.000 m3 de residuos radiactivos contenidos en 4.829 bidones fueron transportados por mar a Estados Unidos, donde quedaron depositados definitivamente en Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur, EEUU) el 8 de abril de 1966.
Pero en el suelo de Palomares quedaban más de 9 kilos de plutonio esparcidos en torno a los lugares donde cayeron las bombas.
Pero no fue hasta 2010 cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) elaboró una propuesta preliminar del Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) basada en la caracterización radiológica tridimensional. Tenía un plazo de ejecución de las operaciones de rehabilitación de tres años. Han pasado 10 desde entonces, incluso con una modificación de la superficie en 2015, en un proyecto que quedaría en un cajón debido a sus carencias burocráticas, en él, la limpieza se reducía de 50.000 metros cúbicos a tan solo 28.000.
Pero hace escasos días, y tras petición de la Audiencia Nacional, el CSN tuvo que hacer público el plan completo al que ha tenido acceso Diario de Almería. En él se establecen todos los pasos de limpieza, y se agrega cuantía económica, esta se establece en torno a los 27 millones de euros, eso sí, sin contar su transporte transfronterizo, almacenamientos transitorios, si los hubiere y almacenamiento final. De acuerdo con las prioridades de actuación, los trabajos comienzan con la delimitación del área donde se va a efectuar la extracción de las tierras.
Presupuesto del Plan de Rehabilitación de 2020. / CSN
Los materiales extraídos en las zonas 2, 2-bis y 3 se transportarán hasta la planta de tratamiento en húmedo que se instalará en la zona 2, en tanto que los materiales extraídos en la zona 6 se tratarán en seco en la planta que se instale en esta zona. En la salida de cada uno de los productos separados de acuerdo con su tamaño de grano se dispondrá un sistema de medida de radiaciones que permita determinar con suficiente fiabilidad la concentración de actividad de 241Am en el material, actuando sobre un sistema de segregación que separará las tierras convencionales de las tierras contaminadas con niveles superiores al criterio de restricción parcial de uso establecidos por el CSN.
Las tierras tratadas con concentraciones de actividad de 241Am > 1 Bq/g se considerarán tierras afectadas y el sistema de segregación los depositará en contenedores de 1 m3 de capacidad adecuados para su transporte.
Una vez completada su capacidad de carga, cada contenedor se cerrará. La actividad total en cada contenedor se determinará a partir de los datos registrados en el sistema de medida en continuo y servirá para documentar su contenido. Seguidamente, los contenedores completos con tierras tratadas de las zonas 2, 2-bis y 3 se trasladarán a un almacén temporal construido en la zona 2 donde se clasificarán por su procedencia y actividad contenida. Los contenedores que contengan tierras afectadas de la zona 6 se gestionarán directamente desde la misma sin pasar por el almacén de la zona 2.
Los contenedores que contengan mayor actividad y en particular todos los que contengan una concentración de actividad de 241Am > 5 Bq/g, serán considerados como residuos radiactivos y serán expedidos en transporte ADR en un plazo no superior a dos semanas desde su ubicación en el almacén temporal de la zona 2 o en la zona 6.
Al finalizar la intervención se efectuará un control radiológico final con objeto de verificar la consecución de los objetivos y establecer, si fuera el caso, los condicionados de uso de los terrenos bajo un escenario recreativo.
La extracción de las tierras se realizará con excavadoras de palas pequeñas, del orden de 1 m3 de capacidad, que permitirán ajustar los volúmenes excavados a los previstos. La maquinaria para el transporte desde la zona de extracción hasta la instalación de tratamiento deberá estar provista de volquetes cubiertos, de 10 m3 para facilitar su maniobra.
Aparte de estos medios mecánicos también se prevé la extracción con medios basados en la aspiración del suelo en las parcelas de difícil acceso que hayan permanecido inalteradas desde 1966 donde la contaminación se presenta en los primeros cm de suelo
El material extraído se transportará hasta la zona de carga de las plantas de tratamiento donde se procesará inmediatamente. Una vez extraído todo el material previsto en el área, se procederá a una inspección radiológica de los terrenos superficiales (suelo y paredes laterales) que certifique que se ha alcanzado el objetivo de la intervención. Si no es así, se indicarán las partes por donde debe proseguirse la excavación hasta lograrlo. La maquinaria no debe salir de la zona de intervención hasta finalizar los trabajos en la misma.
La segregación de las tierras procesadas se efectuará con ayuda de equipos de medida de la concentración de actividad de 241Am que funcionarán en continuo durante los procesos de producción y sin comprometer sus rendimientos.
Una vez lleno cada contenedor con tierras afectadas, se cerrará de modo que se evite la dispersión de su contenido, se anotarán sus datos de documentación (en particular la concentración de actividad contenida), y se trasladarán al almacén temporal de contenedores llenos de la Zona 2. Los contenedores llenos de tierras afectadas en la Zona 6 se trasladarán mediante transporte ADR al almacén temporal de la Zona 2.
La carga de los contenedores de residuos radiactivos en los camiones se efectuará desde el muelle construido a tal efecto en la zona 2 con ayuda de palés y toros mecánicos. Los camiones deberán tener una capacidad mínima de 15 m3 que le permita alojar entre 10 y 12 contenedores. Considerando de nuevo que se espera producir diariamente entre 20 y 40 contenedores de residuos radiactivos, se estima que se precisarán entre 20 y 30 transportes pesados ADR cada semana.
Una vez concluida la extracción de las tierras en un área de actuación, verificados que los niveles de contaminación remanentes en todas las superficies producidas están por debajo de los criterios establecidos yrecogidas las muestras de suelo para acreditar el estado en que se deja esa actuación en particular, se autorizará el relleno de la zanja preferentemente con los residuos convencionales generados en el tratamiento de tierras de la misma parcela y que se habrán depositado en el parque limpio de la zona 2.En el caso que los datos obtenidos de las medidas no puedan asegurar el límite de dosis para los miembros de público, se contemplará la posibilidad de nuevas actuaciones sobre el terreno, y se establecerán restricciones de uso o controles administrativos necesarios en esas zonas para garantizar el cumplimiento de los límites de dosis a miembros de público. Una vez finalizada la intervención en cada una de las zonas se realizará un control radiológico final que se basará en las medidas efectuadas en las excavaciones practicadas para verificar los niveles radiológicos que se dejan y en el análisis de las muestras de tierras recogidas en esta verificación.
Tres riesgos de radiación al que deberán hacer frente los ‘limpiadores’ del terreno
Durante el desarrollo de las actividades previstas en el PRP existirán diversos riesgos radiológicos: Contaminación interna, debido a la resuspensión de partículas en el aire; contaminación superficial, debido al depósito de partículas en la piel de las personas; Irradiación externa, debido a la tasa de dosis producida por la actividad en la superficie de los terrenos. El riesgo de contaminación interna es con diferencia el más importante y se reducirá en lo posible mediante la adecuada planificación y ejecución de las tareas de modo que se evite la producción de polvo, controlando continuamente la concentración de actividad en aire y, en caso necesario, dotando a los trabajadores expuestos de la protección respiratoria que sea adecuada. Se evitará la dispersión de la contaminación fuera de las áreas de trabajo, para lo cual se dispondrá si es preciso de recintos cerrados que impidan la salida de la contaminación.
El riesgo de contaminación externa se controlará en los accesos a las zonas de trabajo mediante monitores adecuados y estableciendo protocolos de limpieza superficial que aseguren que las personas, ropas y enseres no presenten contaminaciones superficiales superiores a los niveles establecidos. El riesgo de irradiación externa es muy bajo incluso en las áreas con mayor contaminación superficial. No obstante, será controlado continuamente durante las operaciones mediante monitores de radiación y mensualmente mediante dosímetros personales oficiales.
Las exposiciones eventualmente recibidas por los trabajadores expuestos serán controladas mediante controles de dosimetría externa e interna efectuados por laboratorios de dosimetría debidamente acreditados ante el CSN.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
El Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) ha insistido en manifestar su oposición a la enmienda presentada en el Congreso de los Diputados por PSOE y Unidas Podemos a la Ley sobre Gestión de Residuos Radioactivos, pues ello conllevaría que se pueda ampliar el almacén de residuos radioactivos de El Cabril, que está ubicado en el término municipal de Hornachuelos, pero sin contar con el control y autorización del Consistorio de la localidad.
A este respecto y en un comunicado, el Ayuntamiento, gobernado por el Grupo Independiente de Hornachuelos (GIH), ha expresado su «asombro ante la contradicción en las declaraciones» esta semana de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha confirmado que El Cabril se ampliará, para dar cabida a los residuos que se generen por el cierre de las centrales nucleares, asegurando que estas actuaciones «requerirán diálogo con todos los municipios y vecinos afectados».
Pero, según ha señalado el Ayuntamiento de Hornachuelos, no habrá ningún diálodo si prospera la citada enmienda de PSOE y Unidas Podemos, «que pretende precisamente saltarse cualquier tipo de control por parte de los municipios afectados», en cuanto a «las ampliaciones, obras o reformas que se lleven a cabo en los almacenamientos de residuos ubicados en sus términos municipales».
En consecuencia, el Ayuntamiento de Hornachuelos, ante el anuncio de la vicepresidenta Teresa Ribera sobe la próxima ampliación de El Cabril, «en estos momentos solo se va a pronunciar sobre la enmienda presentada» por PSOE y Unidas Podemos.
De hecho, «en tanto que esta enmienda se esté tramitando y en el caso de que finalmente fuera aprobada, no tendría relevancia alguna la postura que el Ayuntamiento pudiera tener al respecto de la ampliación de las instalaciones o de cualquier otra cuestión relacionada con la gestión de los residuos radiactivos, ya que dichas actuaciones vendrían impuestas por la vía del interés general», al que alude la citada moción.
Por ello, en el Consistorio consideran «que todos los esfuerzos del Ayuntamiento en estos momentos deben centrarse en que no salga adelante la enmienda, más allá de hacer ahora declaraciones o establecer posturas sobre otras cuestiones, que no tendrían ningún sentido si el Gobierno saca adelante esta reforma de la Ley». LA ENMIENDA
En concreto y según ha recordado el Ayuntamiento de Hornachuelos, la enmienda indica que «las obras de construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desmantelamiento o cualesquiera otras que, en ejecución del Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno y con cargo al Fondo para su financiación, Enresa, por sí misma o a través de terceros, deba llevar a cabo para la prestación del servicio público esencial que tiene encomendado, constituyen obras públicas de interés general, que no están sometidas a ningún acto de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local».
Así, desde el Consistorio se ha aclarado que, «si finalmente se aprobase la declaración de interés general de las obras de Enresa, esto implicaría que la empresa tendría vía libre para realizar cualquier tipo de construcción sin tener que solicitar licencia de obra al Ayuntamiento y además significaría también que se vería liberada de abonar al municipio las tasas por licencia y el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)».
Ante esa posibilidad, «se han emprendido acciones por parte de esta Corporación a través de la AMAC (Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares), entre las que se encuentra el encargo de un informe jurídico y el contacto con diferentes grupos políticos, para intentar detener» lo que el Consistorio de Hornachuelos considera «una injerencia en las competencias municipales por la vía de la imposición».
Junto a ello, se han reiterado, «como se ha hecho cada vez que esta corporación ha tenido oportunidad, una serie de reivindicaciones, algunas de ellas históricas, que tiene el municipio con respecto a las compensaciones que considera que le corresponden por albergar en su término municipal estas instalaciones».
El Gobierno reconoce que planea ampliar el almacén de residuos radioactivos para que acoja los restos del desmantelamiento de las centrales nucleares de España
La historia del almacén de residuos radioactivos de El Cabril (el eufemismo usado por el Gobierno para no llamarlo directamente cementerio nuclear, como popularmente se le conoció) está llena de secretos. Todo lo que pasa en la Sierra Albarrana desde los años cuarenta ha sido contado en susurros y a cuentagotas. Incluso en plena democracia tuvieron que ser un valiente periodista y un aguerrido fotógrafo, Sebastián Cuevas y José Manuel De la Fuente, los que disfrazados descubrieran, con el cadáver de Franco recién enterrado, que la antigua Mina Beta de la Sierra Albarrana era un “cementerio atómico”. Este almacén nuclear llevaba décadas funcionando de una manera bastante artesanal: a Hornachuelos llegaban barriles con basura nuclear que unos operarios bajaban al corazón de una antigua mina.
Han pasado 42 años justos desde que Sebastián Cuevas y José Manuel de la Fuente se la jugaran por arroyos, veredas, fincas de caza y caminos rurales del corazón de la sierra de Hornachuelos para publicar aquel icónico reportaje titulado Andalucía, vertedero atómico, en la revista Tierras del Sur. Muchos vecinos de Hornachuelos y del entonces próspero Valle del Guadiato leyeron así lo que escuchaban en las tabernas y le contaba algún familiar que trabajaba en la zona: que a la Sierra Albarrana estaba llegando la basura nuclear procedente de toda España. 42 años después, los vecinos se han enterado también por la prensa de una decisión que ya está tomada. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió en el Senado a la parlamentaria Pilar González que el Gobierno va a ampliar El Cabril para trasladar allí todos los residuos de muy baja, baja y media actividad procedentes del desmantelamiento de todas las centrales nucleares de España.
La historia de El Cabril arranca en 1947. En cada visita que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) organiza para la prensa en la Sierra Albarrana se repite el origen de la que hoy es la única solución al enorme problema que tiene España con la decisión tomada para desmantelar todas sus centrales nucleares: qué hacer con la basura generada. En 1947 el ingeniero Antonio Carbonell descubrió que en El Cabril había uranio. Eran los años cuarenta. Apenas dos años antes Estados Unidos había lanzado dos bombas atómicas en Japón que habían puesto punto y final a la Segunda Guerra Mundial. España entraba también en la carrera atómica. Se buscaba no solo la bomba (algo que nunca consiguió el régimen de Franco) sino el acceso a una fuente de energía que se sostenía barata.
En 1947, la Junta de Energía Nuclear (JEN) creada por el régimen franquista deslindó la zona. Y se comenzó a excavar lo que se llamó Mina Beta. Pronto se abandonó la extracción de uranio. El terreno era demasiado duro y los costes se disparaban. Entonces, el gobierno franquista se topó con un problema que ya estaba ocurriendo en el resto del mundo: qué hacer con los residuos nucleares que se generaban en las centrales. ¿La solución? Como en Europa, aprovechar minas abandonadas en zonas alejadas de la población y con escaso riesgo sísmico. En 1961 llegaron los primeros bidones al corazón de esta mina abandonada. Durante 20 años, hasta bien entrada la democracia, los bidones siguieron entrando a la zona.
El reportaje que cambió la historia de El Cabril
Hoy la Mina Beta está sellada y en su interior esconde los secretos de aquellos oscuros años. Pero a causa de esta decisión, y a que el suelo era ya propiedad de la JEN, el Gobierno decidió que el lugar para guardar los residuos radiactivos del país estaba al norte de la provincia de Córdoba, en un paraje supuestamente muy alejado de cualquier población pero con un altísimo valor medioambiental. Así nació El Cabril y así se fundó Enresa.
El reportaje de Sebastián Cuevas y de José Manuel De la Fuente provocó una enorme indignación ciudadana. Surgió una plataforma que rechazaba que Córdoba fuese un cementerio nuclear que en 1986, con el accidente de Chernóbil, regresó con muchísima fuerza.
En los años ochenta, el Gobierno reaccionó. La decisión estaba tomada. El Cabril iba a ser, sí o sí, el lugar elegido para depositar los residuos generados en España. Pero no los altamente radioactivos. Entonces no había ninguna central nuclear próxima al final de su vida y no se planeó qué hacer con esos enormes depósitos de combustible gastados. A El Cabril solo llegaba la basura radiactiva de los hospitales, de los laboratorios y también de episodios de contaminación radioactiva en España.
El 30 de mayo de 1998 hubo un grave incidente radioactivo en España. La planta de chatarra de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) tuvo un fallo. A derretir el material, el cesio-137 ardió y causó una nube radiactiva que fue detectada en Europa, pero no en Algeciras. La nube era 1.000 veces más potente de lo normal. Las cenizas radiactivas de aquel accidente están en El Cabril.
El debate sobre qué hacer con una central nuclear una vez desmantelada no se abrió hasta el Gobierno de Zapatero. La llegada de las cenizas de Acerinox empezaba a dar pistas. Europa ordenó una directiva de obligado cumplimiento a todos sus países para almacenar de manera segura y adecuada sus residuos nucleares. El objetivo era crear un único punto, llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC), al que llevar los grandes residuos radioactivos de las centrales nucleares. Sería, su nombre lo indica, temporal, antes de construir una gran infraestructura para almacenar ya de manera definitiva una basura que en algunos casos puede seguir siendo radioactiva dentro de miles de años.
El desmantelamiento de las nucleares
El Consejo de Ministros designó, el 30 de diciembre de 2011, el municipio conquense de Villar de Cañas como sede del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su Centro Tecnológico Asociado. Hubo debate en el norte de Córdoba. Incluso se llegaron a tomar muestras del suelo de Los Pedroches, ya que los ingenieros consideran que el granito es perfecto para una instalación de este tipo, pero la contestación ciudadana y política descartó cualquier posibilidad de que el ATC acabase también en Córdoba.
Pero informes posteriores durante el Gobierno de Mariano Rajoy desaconsejaron usar el suelo de Villar de Cañas por los riesgos que suponía para un almacén de este tipo. Y eso en un momento en el que la decisión estaba tomada, con las primeras nucleares llegando al final de su vida útil y empezando a ser desmontadas. ¿Qué hacer entonces con los residuos nucleares?
Y es aquí donde de nuevo los vecinos de la zona se han vuelto a enterar por la prensa, después de meses de intensos rumores. El sexto Plan Nacional de Residuos Nucleares está a punto de cumplir y el séptimo está en borrador. El documento aún no es público, pero por lo que el Gobierno ha ido contando El Cabril va a volver a tener un papel fundamental.
De momento, Enresa ya trabaja en un gran proyecto para duplicar el número de celdas de almacenamiento de El Cabril con el objetivo de sepultar en ellas todos los residuos de hasta media actividad que se generan en el proceso de desmantelamiento de una central nuclear. Y eso, salvo el núcleo de la propia central, son muchísimos residuos: desde el escombro, hasta las arenas de alrededor, pasando por los trajes de protección que han usado los trabajadores o incluso su propio material.
A día de hoy, El Cabril tiene ya 22 de sus celdas llenas de residuos, en un espacio de 50.000 metros cuadrados. Aún tiene espacio en seis más. Además, tiene previsto construir otras cuatro celdas, la 29, la 30, la 31 y la 32, que ocuparían 130.000 metros cuadrados. Enresa prevé que con estas cuatro celdas haya espacio suficiente para acoger los residuos de los próximos años. Pero seguirá haciendo falta sitio para todo lo que generará el desmantelamiento total de las centrales nucleares españolas.
Por ello se trabaja en un proyecto en dos fases. En la primera, y con el horizonte puesto en 2028, se construirían 12 celdas más. La segunda fase, sin fecha, prevé otras 17. En total, serían otros 25 recipientes especiales en los que poder sepultar los residuos de media, baja y muy baja intensidad procedentes de todas las centrales nucleares españolas.
¿Y qué pasa mientras con los residuos de muy alta actividad? Hasta que no se construya un almacén central, todos se tienen que quedar en las centrales nucleares. El Gobierno sopesa construir tres almacenes de este tipo en toda España, y no uno, como recomienda Europa. En principio, El Cabril no está en sus planes. Pero ese es un plan que siempre ha estado encima de la mesa. ¿Llevar la basura radiactiva a varios puntos de España o aprovechar que ya existe un cementerio nuclear al norte de Córdoba para depositarla?
El Cabril está en el término municipal de Hornachuelos (uno de los más grandes de España) pero mucho más cerca de los pueblos del Valle del Guadiato. De hecho, para acceder hay que pasar por el Guadiato. Desde Hornachuelos es casi imposible hacerlo, si se quiere sobrevivir a una carretera con mareo asegurado. En el Guadiato siempre se ha denunciado, especialmente desde IU (formación que hoy está en el Gobierno de España), que su crisis industrial y su despoblación es una estrategia para convertir a El Cabril en el gran cementerio nuclear del sur de Europa.
Como siempre, los vecinos son los últimos en enterarse. El Ayuntamiento de Hornachuelos ha denunciado públicamente que está en contra del plan del Gobierno, que prevé declarar la ampliación de El Cabril de interés público y que evita, de esta forma, que sea el propio Consistorio el que dé la licencia de obras y actividad.
Además, los partidos de izquierdas en la provincia de Córdoba, históricamente muy combativos contra todo lo que supone El Cabril, miran con recele lo que están haciendo en Madrid sus compañeros de partido. Adelante Andalucía ya ha dicho que hará todo lo posible por “minimizar” la ampliación de El Cabril.
Mientras, el gran temor de los vecinos de la zona pasa por el transporte. La llegada de residuos nucleares a El Cabril no es fácil. El acceso desde Hornachuelos es una sinuosa carretera que nace desde el mismo pueblo y que atraviesa Sierra Morena. Desde el Norte, la carretera de Alanís de la Sierra (Sevilla) es, incluso, más sinuosa. El acceso natural es desde Fuente Obejuna. Los camiones cargados de residuos pasan por el mismo municipio y atraviesan varias de sus aldeas.
Por eso, la ampliación de El Cabril empieza a inquietar a los habitantes de estas zonas, pero también a agricultores, ganaderos y ecologistas. En 2019 Enresa informó de un incidente leve. Se había detectado una filtración de agua desde una de las celdas selladas. Los ecologistas siempre han hablado del gran riesgo que supone una instalación de este tipo en el corazón de Sierra Morena, en una zona que es fuente de arroyos, veneros y aguas subterráneas vital para el consumo humano y el regadío de miles de vecinos del Valle del Guadalquivir.
Desde 2018, Enresa ya tenía prevista la solicitud de autorización para aumentar la capacidad de almacenamiento de residuos nucleares en el centro de la Sierra de Albarrana
Ha sido ahora cuando la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha incidido en la necesidad de ampliar el centro de almacenamiento de El Cabril (Hornachuelos), el único de España que gestiona restos nucleares de media, baja y muy baja actividad. Sin embargo, esta idea se viene planteando desde hace tiempo, hasta el punto de que un informe de 2018, auspiciado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ya aconsejaba ese aumento de la capacidad del centro ubicado en la Sierra de Albarrana.
El estudio (Servicio Integrado de Revisión Reguladora -IRRS- y Servicio Integrado de Revisión para Programas de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado, de Clausura y de Restauración -Artemis-) señala en su apartado de sugerencias que la capacidad de El Cabril “es limitada” y que una vez la instalación se encuentra a más del 76% de su capacidad (aunque es porcentaje ya ha aumentado), “en un futuro cercano será necesario ampliar dicha capacidad de almacenamiento”.
Por ello, el texto sugiere que Enresa “debería considerar la finalización del proceso de solicitud de ampliación de la licencia en tiempo oportuno, a fin de asegurar una disponibilidad continua de la capacidad de almacenamiento requerida” y que este objetivo debe incluirse en la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos, un extremo que la empresa pública ya ha avanzado que hará.
Pero hay más, porque en ese análisis de 2018, Enresa ya admite que está trabajando en la ampliación de El Cabril. En otro de los apartados, los redactores del informe señalan que “será necesario enmendar la licencia actual de la instalación a fin de aumentar las cantidades de residuos que pueden almacenarse en este centro” y que “se ha informado al equipo del Artemis de que Enresa ha comenzado los trabajos preparatorios para la actualización de la licencia”. Es decir, que desde el verano de 2018 ya quedó clara la intención de aumentar la capacidad de este espacio por parte de la entidad gestora del mismo.
Enresa presentó hace unas semanas a la Secretaría de Estado de Energía el borrador del séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, en cuyo avance propone que la gestión de los residuos de muy baja, baja y media actividad (que engloba residuos procedentes de la operación y del desmantelamiento de centrales nucleares, y los producidos en hospitales, laboratorios e industrias) siga desarrollándose en El Cabril, en la provincia de Córdoba.
En relación con los residuos de muy baja actividad, en el borrador se constata que existe una capacidad autorizada superior a la necesidad de almacenamiento de este tipo de residuos prevista en el futuro. En cambio, para el caso de los de baja y media actividad, se contempla la necesidad de nuevas celdas de almacenamiento, fruto del desmantelamiento de las centrales nucleares. Prácticamente, lo que ha hecho Enresa en este avance es incluir las sugerencias que ya aparecen en el informe IRRS-Artemis del año 2018.
Pero además, a finales de febrero, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), a la que pertenece Hornachuelos, reclamó participación y diálogo para buscar la mejor alternativa al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).
La AMAC lamentó profundamente que el proyecto de construcción del almacén no se lleve finalmente a cabo. Y, ante este hecho, consideró “indispensable” estudiar profundamente las diferentes opciones ya que, de cumplirse el calendario previsto, se necesitaría una rápida ampliación de El Cabril.
La oposición a este posible aumento de la capacidad de almacenamiento viene de la mano de los colectivos ecologistas, quienes parece que solo están dispuestos a negociar una fecha de cierre de las instalaciones y apuntan que “Córdoba ya ha cumplido” en este sentido.
La energia nuclear en España 