Minas de uranio y fracking. Dos caras de la misma especulación en Castilla y León.

Después de estafar por valor de 2.500 millones a la empresa pública francesa del uranio, los tres ejecutivos responsables del fraude se instalaron en Berkeley, una compañía que pretende abrir en Salamanca la mina de uranio a cielo abierto más grande de Europa. Estos tres empresarios, que repitieron la operación con la estatal del uranio española, ya están fuera de Berkeley, pero pervivió su estilo de hacer negocios, más enfocado en la especulación en bolsa que en la extracción minera.

En una concentración en contra de la minera Berkeley, Rosa M. terminó hablando con un veterano del sector, un hombre que llevaba décadas trabajando en diferentes empresas mineras. Le arrojó tres nombres y un dato inquietante que ella, al igual que la mayoría de los asistentes, ignoraba: la minera Berkeley estaba íntimamente relacionada con UraMin, una empresa que había estafado al Estado francés unos años antes causándole pérdidas de 2.500 millones de euros.

Rosa M. apuntó los nombres en un papel: Ian Stalker, Stephen Dattels y James Mellon. Semanas después tropezó con el apunte y decidió darle una oportunidad.

Lo que encontró era mucho más grande de lo que podía esperar. Una trama de fraudes, estudios de viabilidad amañados, sobornos y movimientos especulativos que trazaban líneas desde el desierto de Namibia al Campo Charro de Salamanca, de Australia a Canadá, de Bruselas a París, de la Ciudad de Panamá a León, pasando por Ciudad del Cabo y Madrid, líneas que unían a la minera con altos cargos de la Junta de Castilla y León, con Miguel Arias Cañete o con el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela.

Los responsables de la estafa a Francia intentaron repetir la operación con la empresa estatal española de uranio, quedándose “en una especie de privatización encubierta” con reservas estratégicas de uranio del Estado

Rosa M. comenzó a sistematizar la información, la montaña de documentos y una avalancha de nombres cruzados, fechas y posibles líneas de investigación. Durante un año, utilizó las mañanas libres que le dejaba su trabajo vespertino para llegar finalmente a una conclusión: los mismos ejecutivos mineros australianos y canadienses que habían estafado a Areva, la empresa estatal de uranio francesa, desembarcaron poco después en Salamanca, donde intentaron repetir la operación con la empresa estatal española de uranio, Enusa, quedándose “en una especie de privatización encubierta” con reservas estratégicas de uranio del Estado.

Todo ello, según cuenta Rosa M. a El Salto, siendo “una pequeña empresa financieramente débil, sin experiencia en uranio ni en extracción minera en general, cuyo único objetivo declarado era cotizar y generar ganancias en la bolsa”.

Para organizar todo el material del que disponía —memorias anuales de la Berkeley, comunicados de bolsa, notas y artículos de prensa, informes de diversas compañías— tuvo que elaborar una cronología detallada de 33 páginas, con cientos de links. No hicieron falta filtraciones. Toda la información es de dominio público, está a disposición de quien quiera mirar y atar cabos. Lo que hizo Rosa M. es unir las líneas y darle sentido a todo lo que había detrás del Proyecto Salamanca.

Los orígenes

Antes de lanzarnos al inicio de esta historia, nos quedamos unos instantes más en el presente para comprender la dimensión de este escándalo. Si miramos hacia el distrito financiero de París podremos ver cómo el 28 de noviembre de 2017 la policía francesa allanaba la sede de la empresa estatal de uranio, Areva, una compañía en graves problemas económicos después de pagar un precio desorbitado por unas minas de uranio en África que no tenían ningún valor.

En Francia, el caso lleva años acaparando titulares, se han escrito libros y centenares de artículos en todos los medios. También en Canadá. En España, la trama apenas ha trascendido. Mucho menos se conoce que en el caso de Salamanca se repiten no solo los responsables sino también el modelo de negocio.

En Francia, el caso lleva años acaparando titulares, se han escrito libros y centenares de artículos en todos los medios. También en Canadá. En España, la trama apenas ha trascendido

La primera parada de esta historia es una reunión en un bar de Notting Hill en 2005. En este local londinense, el banquero canadiense Stephen Dattels y su amigo James Mellon decidieron iniciar una nueva aventura: invertir 50.000 dólares cada uno y comprar concesiones de uranio en África, según relató el propio Mellon en una entrevista. Como directivo y socio, se unió Ian Stalker, “otro conocido de las empresas mineras junior: las que compran y venden concesiones pero no explotan las minas”, según explica Rosa M. Así nació UraMin Inc.

Su concesión más valiosa era la mina de Trekkopje, situada en pleno desierto de Namibia. Un terreno rocoso explotado durante más de 40 años por diversas multinacionales, abandonado por su escasa concentración de uranio y los altísimos costes de extracción. Las negociaciones entre UraMin y la francesa Areva comenzaron en 2005 y se intensificaron en 2006.

Las contínuas buenas noticias —nuevos hallazgos que supuestamente triplicaban el uranio extraíble, avances en los permisos, estudios de viabilidad favorables— hicieron que el valor de las acciones de UraMin, que entonces tenía más direcciones fiscales que empleados —algunas de ellas en paraísos fiscales— se multiplicara por seis.

Cuando en 2007 la empresa francesa de uranio Areva compró el 100% de las acciones de UraMin por 1.800 millones de euros, defendía públicamente que Trekkopje se convertiría en la mina de combustible nuclear “más grande del mundo”. De hecho, llegó a pagar cinco veces más de lo hablado un año antes. James Mellon, personificado en la entrevista como un millonario de éxito, excéntrico y rockero, cuenta que lo celebró junto a sus socios a 123 metros de altura en el restaurante de la Torre Eiffel de París. No era para menos.

Cuando se dieron cuenta de que habían sido estafados y que la mina comprada en Namibia no tenía ningún, la compañía francesa se había gastado cerca de 2.500 millones de euros

Para poder extraer el uranio de la mina de Namibia, Areva construyó una desaladora y una tubería para llevar agua desde el Atlántico a través de 50 km de desierto. Para cuando se dieron cuenta de que habían sido estafados, la compañía francesa se había gastado cerca de 2.500 millones de euros.

El 12 de diciembre de 2011, la dirección de Areva anunció que se retiraba del proyecto: las minas de UraMin contenían menos de la mitad del uranio esperado, los costes de explotación habían sido infravalorados y los estudios de viabilidad realizados por la consultora minera SRK estaban amañados. El diputado del Partido Socialista francés Marc Goua, miembro de la comisión de investigación creada para el caso, expresó su sorpresa por que Areva se hubiera fiado exclusivamente de un informe elaborado por SKR y pagado por la propia empresa UraMin. ¿Que qué tiene que ver todo esto con la Berkeley y el Campo Charro? La misma empresa, la consultora SRK, participó en la elaboración del estudio de viabilidad del Proyecto Salamanca cuando los mismos directivos que timaron a Francia intentaban repetir la misma jugada en España al frente de Berkeley. Pero no nos adelantemos.

“Es una historia fantástica. Nunca nos hubiéramos imaginado semejante recorrido. Empezamos en 400 millones [dólares de valor bursátil], y terminamos en 2.500 millones”, se jactaba Mellon

Después de conocerse que la mina de Trekkopje no era rentable, la cotización de la recién adquirida UraMin se descalabró en un 80% y el Estado francés se vio obligado a rescatar a Areva, por supuesto, con dinero público. Por parte de la compañía francesa, la investigación señala a la entonces directora, Anne Lauvergeon, por una posible connivencia. El hecho de que las acciones de UraMin duplicaran su precio días antes del anuncio de la compra aumentó las sospechas por parte de la comisión de que había una complicidad y un enriquecimiento ilícito también en la cúpula de Areva.

Los responsables de la venta fraudulenta y de preparar los informes todavía no han sido imputados. El medio francés Mediapart recogía la expresión eufórica de Stephen Dattels: “Es una historia fantástica. Nunca nos hubiéramos imaginado semejante recorrido. Empezamos en 400 millones [dólares de valor bursátil], y terminamos en 2.500 millones”. El modelo de negocio de estos tres ejecutivos se ha repetido en España en el Proyecto Salamanca.

El desembarco en españa

En 2006, la minera Berkeley había llegado a España buscando alianzas y comprando concesiones. En julio de 2008 firmó un preacuerdo con la empresa estatal de uranio, Enusa, el equivalente español de Areva, para hacer prospecciones en Salamanca y Cáceres en las reservas de uranio del Estado. La propia Enusa había abandonado esas minas en el año 2000 por su falta de rentabilidad.

Berkeley era una empresa desconocida, sin experiencia en minas de uranio, que contaba con un único aval: una pequeña participación de Areva, la gran empresa francesa, que poseía el 3% de las acciones de Berkeley, una participación de la que no tardó en deshacerse sin explicaciones cuando comenzó a conocerse el escándalo UraMin y que los responsables del fraude estaban instalados en la Berkeley.

Desde noviembre de 2008 hasta abril de 2009, cuando el Consejo de Ministros español aprobó el acuerdo definitivo entre la minera y Enusa, los rumores y noticias en medios hicieron crecer su valor en bolsa un 700%. Al igual que en el caso de UraMin, se produjo una “revalorización especialmente aguda” en los días previos a la firma del acuerdo con la estatal española, algo que llevó a los reguladores bursátiles a pedir explicaciones a Berkeley, según contó entonces el periódico económico Expansión.

Los tres ideólogos de la operación que vació la empresa pública francesa se hicieron con el control de la minera Berkeley en marzo de 2009 a través de Polo Resources

Aunque ya tenían una pequeña participación en Berkeley, los tres ideólogos de la operación que vació la empresa pública francesa —Stehen Dattels, James Mellon y Ian Stalker— se hicieron con el control de la minera en marzo de 2009 a través de Polo Resources. El 15 de mayo de 2009, Dattels se convirtió en director de Berkeley. Unos meses después, en noviembre de ese año, cedió su puesto en la cúpula de la compañía a su socio Ian Stalker, quien había dirigido UraMin hasta su venta a la empresa estatal francesa.

Desde un principio, remarca Rosa M., el acuerdo entre Enusa y Berkeley fue “desfavorable” para España: “Estamos en la misma época en la que se firmó el Proyecto Castor, cuando regalaban todo. Teníamos a Miguel Sebastián en el Ministerio, con una posición muy pronuclear y querían volver a abrir las reservas del Estado”.

Los estudios encargados por la propia empresa duplicaban las reservas de uranio con respecto a los estudios propios de esta sociedad española, todo gracias a “nuevas técnicas de exploración”

Fueron años de intensa actividad para Ian Stalker. Noticias de compras y acuerdos inminentes con Kepco, la principal compañía eléctrica de Corea del Sur, o con la minera rusa Severstal hicieron que las acciones siguieran su camino ascendente, pese a que todos estos supuestos acuerdos se quedaron en nada. La tarea de realizar el plan de viabilidad del proyecto recayó, al igual que en la mina de Namibia, en Ian Stalker. Para ello contó con una serie de empresas con las que ya había trabajado en la mina de Trekkopje: la consultoría SRK, Mintek y Turgis/Bara Consulting. Este plan sirvió de base para el informe de viabilidad definitivo, lanzado en 2016. Según cuenta Rosa M., este último informe réplica “casi en su totalidad” el esquema del trabajo coordinado por Stalker.

Los estudios encargados por la propia empresa duplicaban las reservas de uranio con respecto a los estudios propios de esta sociedad española, todo gracias a “nuevas técnicas de exploración”. Y afirmaban que los costes de extracción del uranio de Salamanca “era de los más bajos del mundo”.

La meta de los exsocios de Uramin, afirma esta activista, “era llevar a cabo una operación parecida a la de UraMin con Berkeley que culminara en una venta increíblemente ventajosa para los directores y accionistas”.

Pero esta vez no sería tan fácil. En marzo de 2011, el accidente de Fukushima enterraba toda posibilidad de que el uranio fuera a remontar su precio. Y a principios de 2012, Enusa anunciaba que rompía al acuerdo al no considerar creíbles los planes de viabilidad de Berkeley.

“Tras analizar el último estudio de viabilidad presentado por Berkeley, Enusa concluye que no se ha acreditado que la explotación del Dominio Minero del Estado en la provincia de Salamanca resulte viable y sostenible en el tiempo”, decía la empresa estatal en su comunicado del 17 de abril. La empresa encargada de suministrar uranio a las nucleares españolas añadía que había encontrado en las cuatro versiones del plan “deficiencias en la mayoría de los parámetros requeridos para los estudios de viabilidad según estándares generalmente aceptados por expertos internacionales en minería”.

Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, se opuso a la mina de Salamanca desde su cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En declaraciones para El Salto, explica que Enusa renunció al proyecto en 2012 “porque el precio del uranio era tan bajo que no había posibilidad de hacer rentables las inversiones”. “Cuando repuntó el precio de este mineral, la empresa australiana Berkeley, especializada en comprar y vender derechos mineros más que en explotarlos, decidió reactivar el proyecto”, apunta.

Leer la entrevista completa a Cristina Narbona: “El proyecto de la mina de uranio podría acabar provocando otro conflicto con Portugal”

Según un artículo publicado entonces por El Confidencial se trataba de una relación “viciada de origen, cuando la compañía pública tuvo que avenirse a reabrir una explotación por mandato gubernamental, pero contra su voluntad”, en referencia a la política pronuclear del entonces ministro de Economía, Miguel Sebastián, “de la mano de una compañía recién nacida cuyo único aval era estar participada por el gigante francés Areva”.

Pese a las malas noticias, los tres ejecutivos que venían de UraMin consiguieron vender más de la mitad de sus acciones cuando todavía no se había roto el acuerdo con Enusa asegurándose enormes ganancias.

Un acuerdo a puerta cerrada

Después de la ruptura con Enusa, “el proyecto quedó muerto entre 2011 y 2012”, cuenta a El Salto este veterano del sector minero. Berkeley cambió de estrategia. Con el nuevo Gobierno, unas buenas relaciones con el PP podían ser de gran ayuda, sobre todo si se acompañaban con una buena demanda judicial.

Uno de los directores de la Berkeley en esa época fue un viejo conocido del PP, José Ramón Esteruelas, el exconsejero delegado de la estatal de tabaco Cetarsa en fase de privatización, cargo que compatibilizó con la presidencia de Minas de Almadén y Arrayanes. Esteruelas también estuvo envuelto en un caso de corrupción en su época de director de Correos. Este empresario tenía una fluida relación con la Sociedad Estatal de Participación Industriales (SEPI), entidad pública que aún hoy es accionista mayoritario de la empresa estatal de uranio Enusa, Cetarsa y Correos.

El nuevo equipo se completó con Javier Colilla Peletero, al igual que Esteruelas, muy bien relacionado con el PP, según cuenta este conocedor del sector, y con experiencia en demandas multimillonarias.

“Javier Colilla tenía experiencia en esta clase de negocios: abrir minas ruinosas, con estudios de viabilidad amañados, y cuando les deniegan los permisos, pedir indemnización”, resume Rosa M.

Colilla Peletero, abogado y economista, ejercía desde 1994 como alto ejecutivo de Río Narcea Gold Mines, una minera canadiense que pretendió explotar oro sin mucho éxito —al menos en lo que se refiere a producción de lingotes— en la zona de Salave, Asturias, y demandó al Estado español por 100 millones de euros. Río Narcea es propiedad de la compañía Edgewater, que en un caso similar demandó a la Xunta gallega por 20 millones. Solo en costas judiciales, la Xunta ya ha tenido que gastar hasta la fecha 440.000 euros.

En 2012, Berkeley anunció una demanda a Enusa por valor de 150 millones de euros en un tribunal de arbitraje privado de París por una supuesta violación del contrato

En el caso de Salamanca, el resultado del trabajo de Colilla, “el conseguidor”, fue un acuerdo entre Enusa y Berkeley por el que la minera consiguió “darle la vuelta a la tortilla y recuperar la situación lamentable en la que estaba la empresa”.

En esos meses de 2012, Berkeley anunció una demanda a Enusa por valor de 150 millones de euros en un tribunal de arbitraje privado de París por una supuesta violación del contrato. En una operación que este conocedor del sector califica de “chantaje”, la minera consiguió firmar un acuerdo a puerta cerrada: a cambio de retirar la demanda, Berkeley consiguió una “privatización encubierta” de las reservas del Estado sin pasar por ningún tipo de concurso ni licitación, afirma este técnico.

Tras este acuerdo a puerta cerrada, la concesión pasaba de 30 a 90 años y Berkeley se quedaba con el 100% de consorcio y una serie de minas no explotadas anteriormente por Enusa. A cambio, Berkeley retiraba la demanda y renunciaba a la planta de concentrados que utilizaba Enusa, fundamental para poder abrir la mina.

El acuerdo, pese a sufrir notables cambios, nunca volvió a pasar por un Consejo de Ministros, algo que es ilegal según denuncia Podemos Castilla y León. “Enusa se va pero les cede lo que ellos querían”, resume este técnico que lleva décadas en el sector de la minería.

La conexión local y europea

El cambio de estrategia se completó con un amplio trabajo de cabildeo en las instituciones europeas, pero también entre las administraciones de Castilla y León. Según cuenta a El Salto el portavoz de Stop Uranio, José Ramón Barrueco, “el que cortaba el bacalao” era el exvicepresidente de la Junta Tomás Villanueva. Este político del PP que facilitó los permisos autonómicos para la mina desde su Consejería de Economía y Empleo falleció en septiembre de 2017, un mes antes de que tuviera que declarar como imputado en el caso Perla Negra por prevaricación, cohecho, revelación de secretos, malversación y blanqueo de capitales; y dos meses antes de que tuviera que presentarse en los juzgados también como imputado por la Trama Eólica.

Berkeley se ganó el favor de los medios locales con la contratación de espacios publicitarios. También recabó apoyos de determinados sectores de la población cercana y de muchas de las administraciones locales con promesas de cientos de empleos y con todo tipo de aportaciones económicas: desde subvenciones a equipos de fútbol a patrocinios de eventos; desde contribuciones a pabellones deportivos a dinero destinado a los ayuntamientos “para facilitar la instalación de Berkeley en el municipio”, explica Barrueco. Según este portavoz de Stop Uranio, Villares del Yeltes, donde este activista ejerce como concejal, recibió 19.000 euros. Villavieja, 80.000 y Retortillo, 200.000.

La compra de terrenos fue otra de las técnicas utilizadas por la minera para ganarse favores. En el caso de un terreno de la madre del entonces alcalde de Retortillo (PP), Javier Santamartina, Berkeley pagó el doble de su precio, según denunció la Cadena Ser. De hecho, las oficinas de la empresa minera se han instalado en la finca que antes pertenecía a este alcalde del PP.

El 26 de diciembre de 2014, Manuel Lamela, exconsejero de la Sanidad madrileña, fue contratado como lobbista de la Berkeley en Bruselas. Su misión: convencer a Arias Cañete, comisario de Energía, para que dé luz verde al proyecto, algo que consiguió en pocos meses

“Trajeron a personas que establecieron unas relaciones sorprendentemente cordiales con las administraciones públicas, sobre todo con la Junta de Castilla y León. Se ha demostrado que esta gente contrató gente del PP, que está mediando, haciendo de lobby”, dice esta fuente del sector minero. El trabajo de lobby también llegó hasta lo más alto de las instituciones europeas.

El 26 de diciembre de 2014, Manuel Lamela —exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, imputado por su plan de privatización y segundo hombre de Miguel Arias Cañete en el ministerio de Agricultura— fue registrado como lobbista en Bruselas con un único pagador. ¿Ya os lo imagináis? Pues sí, la Berkeley. ¿Y la persona a la que tenía que convencer de que el Proyecto Salamanca era una buena idea? Parece una pesadilla, pero no lo es: nada menos que el mismísimo Miguel Arias Cañete, que había asumido como comisario de Energía un mes antes, según publicó entonces Infolibre y la Cadena Ser.

En mayo de 2015, la Comisión de Energía daba luz verde al proyecto con un dictamen que fue mutilado “a petición de la propia empresa”, según informó la Cadena Ser. Miguel Arias Cañete defendió que el proyecto minero respondía a la “estrategia energética de la Unión Europea” y alabó los “progresos realizados por la empresa”.

La validación de la mina Berkeley se suma a los numerosos casos de irregularidades que rodean la gestión de Cañete. Entre ellos, los conflictos de intereses por su participación en empresas petroleras y por haber aprobado, cuando era ministro, una amnistía fiscal que terminó favoreciendo a su esposa, regularizando la actividad de una empresa offshore que figuraba en los papeles de Panamá. Entre las tantas empresas que utilizaban el despacho de abogados de Mossack Fonseca en la capital panameña para evadir impuestos figuraba, dicho sea de paso, la propia Berkeley.

Por el acuerdo a puerta cerrada con Enusa, la minera se quedó con los derechos sobre una serie de reservas del Estado no explotadas en una zona cercana al complejo de Saelices el Chico. Entre ellas, las que tienen una mayor concentración de uranio son las minas de Alameda de Gardón y el Villar, según explica este conocedor del sector. El Proyecto Salamanca se completó con una serie de minas “liberadas”, que ya no pertenecen al Estado, como es el caso de las de Retortillo-Santidad.

Un modelo de negocio, un método que se repite

Pasaron los años de la primera legislatura de Mariano Rajoy, los exejecutivos de UraMin vendieron sus acciones obteniendo grandes beneficios, cambió la directiva de la Berkeley, Javier Colilla Peletero se convirtió en vicepresidente de la filial española, pero lo que no cambió fue “la filosofía de los exdirectivos de UraMin”, denuncia Rosa M.

“Hay que crear ilusión y dar buenas noticias, aunque sean de dudosa veracidad, subir las cotizaciones y buscar compradores”, según describe Rosa M. el modus operandi de la empresa: “Las buenas noticias y los estudios de viabilidad positivos van de la mano y abren la puerta a los permisos de las administraciones, que en el caso de Berkeley se han ido obteniendo con una facilidad sorprendente y condiciones más que favorables”.

“Las ganancias de los directivos es y ha sido desde un principio la principal razón de ser de la Berkeley; todo un ejemplo del daño social y ecológico que produce la economía de casino”

Cuando más permisos obtenga la compañía, continúa Rosa M. “más cotiza en bolsa”. Para esta activista convertida en investigadora, “las ganancias de los directivos es y ha sido desde un principio la principal razón de ser de la Berkeley; todo un ejemplo del daño social y ecológico que produce la economía de casino”.

Ya a finales de 2012, Berkeley había anunciado su intención de explotar la mina de Retortillo-Santidad y en los siguientes años desplegó un intenso trabajo de relaciones públicas. Las “buenas noticias” que volvían a darle aire a las acciones de la compañía no se hicieron esperar. En julio de 2013, consiguió un informe positivo del CSN. En octubre de ese año, una declaración de impacto ambiental favorable. Y el 25 de abril de 2014, la Concesión de Explotación para la mina de Retortillo. La junta de Castilla y León hablaba en las bases de la concesión de explotación de la “demostrada experiencia minera en varios países” de la empresa Berkeley.

El 25 de septiembre de 2015, el Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Energía daba la autorización para comenzar el proyecto minero.

Una vuelta más de tuerca

Pese a que los creadores de UraMin se alejaron de Berkeley en 2012, pervivieron los lazos entre ambas experiencias.

El plan de viabilidad definitivo, presentado en 2016, estaba basado en gran parte en el realizado por Ian Stalker —director de UraMin hasta su venta a Areva— y defendía que los costes de producción de las minas de Salamanca eran “de los más bajos del mundo”.

En la realización de este estudio participaron otros dos viejos conocidos de la estafa al Estado francés. Jim Pooley y Pat Willis habían sido los encargados al frente de Turgis Consulting de ejecutar el plan de impacto ambiental de la mina Trekkopje de Namibia. En 2013, la empresa pasó a llamarse Bara Consulting y participó desde octubre de 2015 en el plan de viabilidad de la mina de uranio de Salamanca, según se puede leer en su propia página web. También estuvo presente en ambos proyectos la sudafricana Mintek, tanto en la mina de la discordia en Namibia, como en el Proyecto Salamanca.

No fue hasta mediados de 2015, cuando las acciones de la filial española de la Berkeley comenzaron a recuperarse tras el batacazo de 2011. Las “buenas noticias” acumuladas resucitaron el interés y las expectativas del “sueño nuclear español” de la Berkeley.

La fórmula de dar “buenas noticias” y espolear el valor en bolsa de la compañía siguió dando buenos resultados. A finales de 2016 y principios de 2017, Berkeley anunció que había firmado un acuerdo con Curzon Resources por el cual esta empresa le compraría parte de la futura producción de uranio. La cotización en bolsa experimentó una gran subida y alcanzó uno de los puntos más altos en la historia de la compañía.

La historia vuelve a repetirse: buenas noticias con el efecto de subir las acciones y facilitar el acceso a financiación y conseguir más permisos que retroalimentan su valor en bolsa

Sin embargo, pasados los titulares eufóricos, pocos llegaron a enterarse de que Curzon Resources y su predecesora Interalloys apenas tenían capital y arrastraban desde 2014 pérdidas millonarias. Menos que su matriz, Salkeld Investment Limited, estaba en quiebra y que fue cerrada por las autoridades británicas el 5 de diciembre de 2017.

Para Rosa M. la historia vuelve a repetirse: buenas noticias con el efecto de subir las acciones y facilitar el acceso a financiación y conseguir más permisos que retroalimentan su valor en bolsa.

Cuando parecía ya claro que había sido “otro engaño”, cuenta Rosa M., un nuevo acuerdo milagroso que salvaba a la compañía y al “sueño nuclear español” volvía a darle fuelle a las acciones en bolsa de la Berkeley. En agosto de 2017, la minera anunciaba que había llegado a un acuerdo con el Sultanato de Omán que entraría en vigor el 31 de enero de 2018.

El acuerdo consiste en una inversión de 100 millones de euros que convierte a Omán en propietario del 37% de los derechos de explotación y de la futura producción de estas reservas de uranio del Estado español, con derecho preferente de compra de un millón de libras de uranio.

La inversión podría servir para salvar uno de los últimos obstáculos que tiene la Berkeley para empezar a producir, si es que esa es su intención: construir una planta de procesado del uranio, sin la cual de nada le serviría abrir la mina, cuenta a El Salto Paco Castejón, del Movimiento Ibérico Antinuclear. ¿Se trata de un nuevo movimiento especulativo o esta vez pretenden comenzar a extraer uranio con las implicaciones para el entorno y para la salud de los pueblos y ciudades cercanas?

¿Estafa o desastre medioambiental?

Según cuenta Castejón, la Berkeley tiene actualmente todos los permisos para abrir la mina “mañana mismo si quisiera”. Pero la mina, matiza, no puede operar sin otras dos instalaciones indispensables que no cuentan con permisos de las administraciones: una fábrica de concentrados para procesar las miles de toneladas de tierra que movería la mina y un cementerio para los residuos, altamente tóxicos. Berkeley no solo no tiene estos permisos sino que no ha adoptado las medidas necesarias para obtenerlos, señala Castejón.

“¿De qué depende que pongan a trabajar la mina?”, se pregunta Castejón, para dar inmediatamente después la respuesta: “De que sea rentable”. Según el documento emitido por la Consejería europea de Arias Cañete, la mina no sería rentable con un precio del uranio inferior a 56 dólares la libra (0,45kg). Lo que nadie duda es que con el precio actual, de unos 20 dólares la libra, extraer el uranio de las minas de Salamanca es una ruina.

“Incluso el primer país minero de uranio en el mundo, Kazajistán”, relata Cristina Narbona a El Salto, “tuvo que detener gran parte de su producción de este metal radiactivo” por los bajos precios después del accidente de Fukushima. Pero, recuerda, se trata de un mercado de “precios volátiles” en los que en pocos días podría duplicar su precio por una mayor demanda o caer en picado tras un nuevo accidente.

Se calcula que unas 2.500 encinas ya han sido cortadas, pero según el proyecto de Berkeley, se prevé que desaparezcan 30.000 arboles en la zona. Sergi Rugrand

¿Por qué entonces el Sultanato de Omán se mete en unas minas cuya rentabilidad ha desestimado quien mejor las conoce, en asociación con una empresa minera de dudoso pasado cuyos anteriores directivos han engañado ya a dos países europeos?

Rosa M. recurrió a software relacionales para encontrar una de las posibles explicaciones: el responsable de inversión minera por parte de Omán, Timothy (Tim) Keating fue directivo en la misma compañía australiana de exploración minera, Kore Potash, que nuestro viejo conocido Ian Stalker, el exdirector de operaciones de UraMin y Berkeley. ¿Casualidad? Es pronto para saberlo.

¿Se trata de otro movimiento especulativo o el capital que aportaría Omán permitiría construir la fábrica de concentrados que necesita la Berkeley? La intención de China, recuerda Narbona, de llegar a tener 232 reactores operativos en 2030, frente a los 35 que tiene ahora mismo, podría cambiar la situación. Lo único seguro es que con los precios actuales la mina no es viable.

“Una mina de uranio a cielo abierto es una brutalidad. Estás tratando con materiales radioactivos. Todo el polvo que se libera se distribuye por el medio ambiente”, explica Castejón

Si esta supuesta inversión del Sultanato supone el inicio de la explotación de uranio en medio del Campo Charro, se pasaría de un operación especulativa a un auténtico “desastre ambiental”, advierte Paco Castejón.

“Una mina de uranio a cielo abierto es una brutalidad. Estás tratando con materiales radioactivos. Todo el polvo que se libera se distribuye por el medio ambiente. En el caso de Retortillo contaminaría el río Yeltes, y el río Yeltes desemboca en el Duero… y toda la ribera del Duero recibiría la contaminación de la mina”, explica este físico nuclear. Castejón habla de las pruebas realizadas recientemente en los alrededores de las minas francesas de uranio de Níger donde “se ha visto contaminación de uranio a decenas de kilómetros, incluso a 100 kilómetros, en parte movida por el viento y en parte por la acción humana”.

¿Estafa o desastre ambiental? Quizá sea las dos cosas. Ya lo decía en 2012 un artículo publicado en El Confidencial sobre el “sueño nuclear español”: “En cualquier caso, sólo cabía esperar un final extraño para una historia donde todo fue demasiado raro desde el principio”. Solo se equivocaba en una cosa: no fue ese el final de la historia, todavía no sabemos cómo termina este “sueño” convertido en pesadilla.

¿Dinero de ida y vuelta?

 En agosto de 2017, el Fondo soberano del Sultanato de Omán (SGRF por sus siglas en inglés) acordó invertir 120 millones de dólares (unos 100 millones de euros) en Berkeley. En el marco de la operación, SGRF se reserva la opción de adquirir el 37% de Berkeley Energía, al tiempo que tendrá derecho al suministro de uranio de estas reservas.

El 2 de enero de 2018, la empresa española pública de inversión Cofides inició el proceso de selección de una gestora para el fondo de capital riesgo creado en colaboración con el Fondo de Reserva General del Sultanato de Omán.

Cofides aportará un millón de euros con cargo a sus recursos propios y 99 millones de euros con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior, que Cofides gestiona en exclusiva por cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Este fondo promoverá inversiones temporales y minoritarias en empresas españolas o accionistas domiciliados en España que contemplen planes de proyección internacional. Las áreas de interés geográfico de destino del fondo serán preferentemente Omán, países del Consejo de Cooperación del Golfo, África Oriental (especialmente Tanzania, Kenia, Mozambique, Uganda y Ruanda), Sur Asiático (con especial atención en India), Sudeste Asiático (Indonesia, Malasia y Vietnam) e Iberoamérica, si bien también podrá financiar proyectos en otros países.

Los principales sectores objeto del fondo serán los de materiales de construcción, manufacturas, minería, turismo, logística, salud, infraestructuras, energía y agroalimentación.

Copiado de:  elsaltodiario.com

Las aberraciones de la Dirección General de Minas de Castilla y León: una mina de uranio tiene un fuerte impacto ambiental y para la salud pública.

Los funcionarios de la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León al parecer no se enteraron, pero el Parlamento de Portugal si:  “forte impacto ambiental e na saúde pública”

La Asamblea de la República portuguesa aprobó este viernes pasado distintas resoluciones presentadas por todos los partidos políticos en el sentido de instar al Gobierno portugués a que tome las medidas necesarias para obligar al Gobierno español a parar los proyectos de explotación de uranio en Salamanca, hasta que sea consultada su población acerca de esa actividad y su repercusión en territorio luso.

 

Sede de la Dirección General de Energía y Minas y del Ente Regional de la Energía Avda. Reyes Leoneses, 11. – C.P.: 24008 León.

Aunque se apunte al gobierno de Madrid, los funcionarios de la Junta de Castilla y León tienen su responsabilidad al dar el pase a esta mina, como hacen prácticamente con cualquier industria o mineria contaminante o destructiva que quiera implantarse en Castilla y León.

Según ha informado la plataforma Stop Uranio, se rechazó una propuesta del Partido Socialista, que gobierna con el apoyo del resto partidos de la izquierda portuguesa, en el sentido de recomendar a su Gobierno que tome las “medidas adecuadas para proteger el territorio nacional, los valores naturales y ambientales potencialmente afectos por esta actividad”.

El resto de los partidos políticos votó en contra porque consideran que no hay que proteger nada, ya que no van a permitir que se abran las minas de uranio e instalaciones radiactivas que puedan afectarles.

Stop Uranio ha recordado además que el Convenio de Espoo obliga a evaluaciones conjuntas de actividades que pueden suponer riesgo ambiental para dos países que comparten frontera, o el artículo 37 del Tratado de Euratom que versa sobre el tratamiento de residuos radiactivos en territorios fronterizos.

En este sentido, desde el colectivo se ha asegurado que no le queda “otra salida al Gobierno español que mantener la suspensión indefinida de la planta de tratamiento de uranio de Retortillo”.

Será hasta que, además de “pronunciarse el Consejo de Seguridad Nuclear, la población u organizaciones portuguesas puedan alegar sobre cómo les afecta esa instalación radiactiva”.

Que gran país si tuviera buenos gobernantes.

En su momento la Consejeria de Industria y Hacienda quiso apoyar e incluso subvencionar la extracción de  “gas no convencional”, cuando hasta el más desinformado sabía que el fracking era una burbuja financiera.

Ahora una vecina de Salamanca ha tenido que abrir los ojos a los funcionarios de la Junta de Castilla y León que tantos títulos parecen tener en sus curriculums (esperemos que no como el de Cifuentes).

La minera Berkeley no es más que un chiringuito financiero montado por 3 especuladores canadienses, que han estafado a la empresa pública francesa AREVA.

¿Porque no se enteran en las consejerias presuntamente competentes?

  • Carlos Martín Tobalina. Presidente  de la empresa  SIEMCALSA. Director General de Industria y Competitividad.

Se ha mencionado en el pelotazo urbanístico del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda conocido como ‘la Perla Negra’  (leer)

  • Ricardo González Mantero, es el vicepresidente y consejero-delegado de SIEMCALSA. Director General de Energía y Minas. Director del Ente Regional de Energía.

Mantero, está incluido en la lista de 43 nombres que debian comparecer en la comisión parlamentaria de investigación que intenta esclarecer la “trama eólica” y los pelotazos de la Perla Negra y Portillo.  (leer 1)   (leer 2)

Atentos que SIEMCALSA tiene como objetivos:

– Desarrollar la minería y fomentar la investigación y explotación de yacimientos, principalmente de Castilla y León.

– Participación en proyectos, estudios o actividades relacionadas con los recursos energéticos.

  • José Ángel Arranz Sanz. Director General del Medio Natural.

 

Bismarck: «Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a si misma y todavía no lo ha conseguido.»

 

Siguen las aberraciones de la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castila y Lón

Una de las últimas hazañas de la Dirección de Minas es el Permiso de Exploración Garoña en el norte de la provincia de Burgos, a menos de un kilómetro de la central nuclear de Garoña, que afectaria al parque natural Montes Obarenes- San Zadornil, al rio Ebro y al Embalse de Sobrón.

El parque es ZEPA y LIC, el Ebro zona IBA y todo el área  es zona protegida para el aguila perdicera por la Unión Europea.

A los funcionarios de Minas y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León “se la suda”.

El parque natural Montes Obarenes-San Zadornil

El parque desempeña, un papel destacado en la conservación de numerosas especies amenazadas, vulnerables o raras, como el visón europeo, el cangrejo de río autóctono o el águila-azor perdicera, y contribuye también a asegurar la supervivencia y continuidad de los procesos migratorios de otras especies, como las aves acuáticas y la paloma torcaz, que la utilizan como zona de paso e invernada.

En virtud de esta excepcional riqueza ambiental, la zona fue propuesta como Lugar de Interés Comunitario por la Comunidad de Castilla y León, el 18 de marzo de 1999, y designada como Zona de Especial Protección para las Aves por la Unión Europea, el 31 de agosto de 2000.  Formó parte del Plan de conservación del águila perdicera en Castilla y León para el periodo 2008-2011.

Los Montes Obarenes constituyen las últimas y más meridionales estribaciones de la Cordillera Cantábrica y se alzan como un gran murallón natural sobre las llanas tierras de La Bureba, en Burgos. Presentan un modélico relieve estructural de estilo jurásico y sus máxima altura es el Pan Perdido, con 1.237 metros de altura. Limitado al norte por el río Ebro, en su interior comprende las sierras de Oña, La Llana, Pancorbo, Arcena y los propiamente llamados Montes Obarenes.

Hay 2 parques naturales de montaña en Burgos. ¡Vamos a cargarnos uno de ellos!

Pocos espacios naturales pueden presumir de contener en su interior tanta riqueza cultural como el de los Montes Obarenes. Desde la historia y el arte que atesora la villa de Oña, con su excepcional monasterio medieval de San Salvador, hasta la pintoresca estampa de la ciudad de Frías, presidida por la desafiante silueta de su castillo y con sus casas colgantes y su no menos famoso puente fortificado sobre el río Ebro.

La empresa SIEMCALSA

El maravillos equipo de SIEMCALSA Avda. Rodrigo Zamorano, 6 Cp. 47151 Parque Tecnológico de Boecillo Boecillo (Valladolid)

En la Web de SIEMCALSA podemos dar un vistazo de la gente que trabaja desarrollando la mineria y los recursos geológicos en Castilla y León

 

Fuentes: noticiascyl.com

eldiario.es

 

El gobierno de Nadal-Rajoy reconoce que no ha traspuesto la Directiva Europea sobre “contadores inteligentes”desde 2012

La Directiva Europea 2012/27/UE de Eficiencia Energética no ha sido transpuesta en su totalidad a nuestro ordenamiento jurídico.

Por este motivo, la mencionada Directiva está denunciada en Bruselas, ya que la fecha máxima para su incorporación a la legislación Española era el 4 de junio de 2014.

MAFIA

El Gobierno publicó en el BOE de fecha 13 de febrero 2016 el Real Decreto 56/2016, mediante el cual hace una transposición parcial de la Directiva de Eficiencia Energética en lo referente a Auditoras Energéticas, Acreditación de Proveedores de Servicios y Auditores Energéticos y promoción de la Eficiencia del suministro de Energía, pero omite los artículos 9 y 10 que regulan la normativa de los Contadores Inteligentes de forma deliberada.

¿ Por qué son ilegales los Contadores Inteligentes ?

La Directiva Europea de Eficiencia Energética establece en sus artículos 9 a 11 las características y requisitos de los nuevos contadores de medida, de telegestión a distancia, o más conocidos como Contadores Inteligentes.

El Gobierno presenta mediante Participación Pública en su página web del Ministerio de Industria:

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE TRANSPONE LA DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 25 DE OCTUBRE DE 2012, RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, EN LO REFERENTE A AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, ACREDITACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y AUDITORES ENERGÉTICOS, PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS

Establece el artículo 9 de la Directiva Europea de Eficiencia Energética:

  1. Siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía, los Estados miembros velaran por que los clientes finales de electricidad, gas natural, calefacción urbana, refrigeración urbana y agua caliente sanitaria reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen exactamente el consumo real de energía del cliente final y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso.

Apartado e) Los Estados Miembros exigirán que se facilite a los clientes asesoramiento e información apropiados en el momento de la instalación de los contadores inteligentes, en particular sobre su pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento del consumo energético.

Pues bien, una vez presentada la literalidad de la Legislación Europea en relación a la materia que nos ocupa, El Gobierno presentó al Consejo de Estado el 12 de febrero 2015 el mencionado Proyecto de Real Decreto, emitiéndose Dictamen en fecha 23 de abril de 2015. Sabiendo que  estábamos denunciados en Bruselas, con un procedimiento en curso de investigación por parte de la Comisión Europea ¿Por qué esperó el Gobierno un año en publicar el Real Decreto 56/2016?

 

El Consejo de Estado emitió el Dictamen 145/2015 en el cual se puede comprobar lo siguiente:

La disposición adicional sexta señala que las empresas distribuidoras de energía eléctrica facilitarán a los consumidores asesoramiento e información apropiados en el momento de la instalación de contadores de telegestión, en particular sobre su pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento del consumo energético.

El Consejo de Estado procedió a dar Audiencia Pública conforme a la Ley Orgánica que regula el funcionamiento de este,  y con esta alegación que presentó IBERDROLA nos encontramos:

Efectúa una observación relativa a la disposición adicional sexta, que establece que “las empresas distribuidoras de energía eléctrica facilitarán a los consumidores asesoramiento e información apropiados en el momento de la instalación de contadores de telegestión, en particular sobre su pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento del consumo energético”. Se razona por IBERDROLA, S. A. que la instalación de contadores de telegestión no precisa de la presencia del consumidor y que de hecho en la práctica la mayor parte de las instalaciones se lleva a cabo sin dicha presencia. Por ello se solicita que la obligación de información pueda ser satisfecha de otro modo (por ejemplo, a través del envío de un folleto informativo por correo ordinario o electrónico), sin exigir que tal información se proporcione precisamente en el momento de la instalación.

 

Sin embargo, el Consejo de Estado indica en sus conclusiones generales que se ha de facilitar el cumplimiento de esta obligación Comunitaria. Bien sabe el Consejo de Estado que es la Directiva Europea la que  obliga ,  y que no tiene facultades una empresa de Suministro de Electricidad infringir en nombre del Estado un considerando de un artículo de una Directiva Europea.

O quizás si las tiene. Y con esta observación se confirma que finalmente el contenido del Real Decreto 56/2016 publicado en el BOE el 13 de febrero 2016, difiere respecto al presentado públicamente y entregado al Consejo de Estado en tan solo una cosa; Han eliminado la última incorporación a la transposición parcial; “contabilización de consumos energéticos”.

PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE TRANSPONE LA DIRECTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 25 DE OCTUBRE DE 2012, RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, EN LO REFERENTE A AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, ACREDITACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS Y AUDITORES ENERGÉTICOS, PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS ENERGÉTICOS.

Fuente:  plataforma.quieroauditoriaenergetica.org

Las obras del cementerio nuclear comenzarán antes de finales de año, o como cerrar el contrato antes de dejar el gobierno.

Madrid, 25 mar.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado hoy que las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) comenzarán antes de finales de año.

Así se ha pronunciado el ministro en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados después de que el grupo socialista cuestionase en una pregunta la idoneidad de la ubicación del ATC basándose en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que abordó esa ubicación.

“En ningún momento el CSN ha dicho que el emplazamiento del ATC no sea válido”, ha defendido el ministro, quien ha avanzado que su departamento espera conceder “la autorización de construcción previa” a la empresa adjudicataria de las obras en este primer semestre del año, de manera que la construcción pueda arrancar en el segundo.

El ministro también ha tenido que contestar a si el Gobierno va a dar el visto bueno a la reapertura de la central de Garoña (Burgos), así como a la renovación de la presidencia de Enresa.

Sobre la primera cuestión ha zanjado que Garoña se reabrirá o no conforme a lo que dictamine en CSN, y ha asegurado, en respuesta a un diputado de Bildu, que preguntaba cuántas grietas tiene la cúpula del reactor, que una reciente inspección de General Electric las “ha descartado”.

Respecto al presidente de Enresa ha indicado que Francisco Gil-Ortega dejó su cargo “por motivos personales” y ha sido sustituido por Juan José Zaballa, quien había hecho “una extraordinaria gestión de los Paradores Nacionales” antes de llegar a su puesto.

El diputado socialista por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha cuestionado la retribución, gastos y gestión de las cuentas del expresidente de Enresa y la preparación de Zaballa para ejercer este cargo.

Sahuquillo ha exigido que “se encomiende al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad contractual llevada a cabo por Enresa en relación al proyecto del ATC Villar de Cañas en Cuenca”, como ha pedido el PSOE a la Mesa del Congreso.

El PSOE exige la “paralización inmediata del cementerio nuclear” en Villar de Cañas, “por las dudas que suscita su emplazamiento” y “por la alarma generada ante los últimos movimientos sísmicos sufridos en la zona”.

Soria le ha contestado que si se conocen los gastos de Enresa es porque el Gobierno ha llevado a cabo una auditoría de sus cuentas, y que el expresidente no ha presentado ni un solo gasto sin justificar.

Además, el ministro ha defendido en la comisión la extracción de gas no convencional por la técnica del “fracking”, ya que, según ha indicado, “los riesgos que acarrea son gestionables”.

Respecto a esas afirmaciones, la mayoría de los diputados de la oposición le han acusado de llevar a cabo una “gestión ideológica, a medida de las grandes corporaciones eléctricas del país y en contra del interés general de los ciudadanos”.

“Sus decisiones estaban premeditadas y son decisiones puramente ideológicas y cortoplacistas, sin horizonte alguno”, le ha dicho la diputada socialista Pilar Lucio, quien le ha acusado de actuar “sin estrategia, sin diálogo, sin consenso y lo que es más grave, sin alma -ha dicho-“.

Fuente:  negocios.com